Las medidas encaminadas a afrontar las graves crisis que puedan afectar a instituciones fundamentales de la sociedad, suelen tener como objetivo preferente salvar la institución. Y si entre las causas de la crisis está el deterioro de las relaciones entre las personas que integran la institución, resulta decisivo buscar la superación de los posibles enfrentamientos entre las partes mediante la reflexión y el diálogo, con el fin de suavizar posibles posiciones demasiado enconadas. Mientras más importante sea la institución en crisis, mayor esfuerzo e interés habrá en recuperarla. Y cuando se trata de una institución verdaderamente trascendente para toda la sociedad, hasta el Estado se involucrará en ello ofreciendo sus propios medios para el salvamento.

Pero sorprendentemente, todos estos principios quiebran cuando se trata de crisis suscitadas en unas instituciones tan esenciales como son el matrimonio y la familia; ya que el unívoco mensaje que desde hace un tiempo se lanza por las más altas instancias políticas, sociales y culturales, así como por sus influyentes terminales mediáticas, es todo lo contrario: fomentar la división alentando a que se denuncien mutuamente los cónyuges y acrecentar las circunstancias agravantes que los puedan enfrentar, así como eliminar y acortar los trámites de separación para acelerar cuanto antes la ruptura del vínculo en el mínimo plazo de tiempo, no sea que les dé por reconciliarse y salven su matrimonio.

No contentos con la presunción de culpabilidad procedente de la nefasta y sectaria ideología feministra de género, que considera a todo hombre sospechoso de las más terribles agresiones heteropatriarcales, pareciera que el interés primordial que se persigue fuera la destrucción del matrimonio y la familia. Y especialmente, de esas familias integradas por un hombre, una mujer y los hijos habidos de ambos por medios escandalosamente naturales.