La amnistía planteada en el acuerdo entre el PSOE y JxCat (el partido del prófugo Puigdemont) denotan las enfermizas ansias de poder de un ególatra con complejo de autócrata que busca perpetuarse en el cargo aún a costa de dar el jaque mate a la democracia española y tensionar el país, rompiendo la convivencia entre españoles. 

La amnistía ha sido (no en balde) denunciada por todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista Jueces para la Democracia, socavando los principios más elementales del sistema democrático y el Estado de Derecho como son la separación de poderes y la igualdad ante la ley, pues no deja de resultar curioso que la misma izquierda que hace bandera de la igualdad, ahora decida que la ley debe aplicarse a todos salvo si necesita su voto para seguir en el gobierno, liberando a unos pocos de sus responsabilidades penales y dejando en evidencia la trayectoria de Sánchez y de sus propios ministros, ya que el líder del PSOE apoyó en su día que se aplicase el 155 en Cataluña, y tanto él como sus ministros (Illa, Ábalos e Iceta, entre otros) se mostraron rotundamente en contra de la amnistía, diciendo el propio Marlaska que no tenía cabida en la Constitución o la vicepresidenta Carmen Calvo, que fue más explícita al decir que no se podía plantear porque suprimía uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. 

El acuerdo firmado con los golpistas catalanes aboga por crear comisiones de investigación parlamentarias, que acaban con la independencia judicial, pues el Parlamento revisaría las sentencias dictadas por los jueces en aplicación de las leyes dictadas por el propio poder legislativo cuando se considere que se ha dado una judicialización de la política, algo que abre la puerta a las peores arbitrariedades, pues se aplicaría a aquellos que maten para conseguir la independencia de una parte del país como hacía ETA o en los casos de malversación de fondos, como hicieron los propios sediciosos con Puigdemont y Junqueras a la cabeza cuando destinaron el dinero de todos los contribuyentes para la convocatoria de un referéndum ilegal, y lo que es peor, los propios jueces acabarían procesados por prevaricación si así lo estima la mayoría del Parlamento en aras de su propia conveniencia política. 

Las leyes de amnistía son medidas excepcionales que se plantean en momentos de cambio de régimen como sucedió en 1977, cuando se decidió hacer borrón y cuenta nueva de los crímenes cometidos en la Guerra Civil por ambos bandos, algo que implicaba que Carrillo, autor del genocidio de Paracuellos, entrase por la puerta grande de la política española y tuviese garantizada su supervivencia política, del mismo modo que los terroristas de ETA que habían atentado durante el Franquismo fuesen liberados bajo la absurda apreciación de que eran “guerrilleros antifranquistas”. No obstante, una vez muerto Franco, ETA siguió matando cuarenta años después porque no luchaba contra una dictadura sino contra España, algo que siguieron haciendo buena parte de los etarras liberados por dicha ley. 

Los mayores impulsores de aquella amnistía (que ahora se dice que se hizo para los “franquistas”) fue la izquierda, de hecho, en las manifestaciones que organizaban durante la Transición el lema que coreaban era “libertad, amnistía y estatuto de autonomía”, a lo que se suma que el líder de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, calificó la Ley de Amnistía como “el mejor recuerdo que se podía llevar del Parlamento”, de modo que la única fuerza que no aprobó la ley fue Alianza Popular, que se abstuvo, precisamente porque también se liberaba a los terroristas de ETA encarcelados, que lo estaban no por unos ideales sino por perpetrar asesinatos. 

El PSOE (que siempre tuvo prominentes sombras a lo largo de su historia) ha dejado de ser el partido de la socialdemocracia y el centro-izquierda para convertirse en una plataforma al servicio de las ambiciones de Sánchez y su camarilla de acólitos, transgrediendo todas las líneas rojas que se marcó ante la complacencia, pasividad y justificación de buena parte de sus votantes, que no les importa que el que debería ser un partido de Estado asuma tesis antidemocráticas que como ciudadanos nos hacen débiles y completamente indefensos frente a los abusos del poder político contra nuestras libertades, de modo que la tesis suscrita por el PSOE en su acuerdo con los separatistas implica asumir que los jueces condenaron a los implicados en el referéndum ilegal por su ideología y sus actos políticos. 

Puigdemont, Junqueras y otros muchos no han sido enjuiciados por su ideas sino por perpetrar una serie de delitos tipificados en el Código Penal, tales como sedición y malversación, pues lo contrario sería asumir las tesis de Arzalluz, que decía que nunca consideraría a ETA criminales porque luchaban por un ideal. En este sentido, además de Cataluña, en España tenemos otro gobierno nacionalista, bajo las siglas del PNV, en las Vascongadas. ¿Ha sido procesado Urkullu? A pesar de ser nacionalista, no ha sido citado por los tribunales porque no ha cometido ningún delito, e incluso yendo más lejos, cuando se planteó el Plan Ibarretxe (que preveía un Estado Libre Asociado, como Puerto Rico, que no tiene cabida en la Constitución), el radical lehendakari no fue procesado porque una vez que lo planteó en el Congreso y fue rechazado por la mayoría parlamentaria, paró ahí y volvió a Vitoria, mientras que en Cataluña, pese a no estar permitido por la ley, decidieron continuar aún a costa de quebrar la legalidad. 

La democracia no consiste únicamente en votar, de lo contrario sería una apariencia, sino que se basa en el imperio de la ley, y las leyes deben aplicarse porque son expresión de la voluntad popular expresada en las urnas, teniendo una legitimación democrática directa al ser dictadas por las Cortes Generales que han sido votadas por el pueblo español en elecciones periódicas, y decir que a estos sujetos que tratan de condicionar la gobernabilidad de España han sido detenidos por sacar urnas es una bazofia equiparable a decir que a un violador se le detiene por tener relaciones sexuales. ¿Fue democrático que Sócrates fuese condenado por una asamblea a beber cicuta? ¿Sería legal plantear una votación para discriminar y privar de sus derechos a un grupo racial o religioso como ha sucedido en el pasado? ¿Sería legal que un pueblo sacase urnas para votar su independencia del resto de España como se planteó en Cataluña? ¿Lo sería plantear un referéndum sobre la implantación de la pena de muerte en España? 

 Si no se está de acuerdo con la ley, siempre se puede plantear su reforma siguiendo los cauces marcadas por la misma, siendo el caso de la propia Constitución, que ha sido la única aprobada en referéndum en nuestra historia, algo que no sucedió con la Constitución de la Segunda República (tan reivindicada por la izquierda), de hecho, no está de más recordar que en la región en la que la Carta Magna de 1978 recibió más apoyos fue precisamente en Cataluña, y lo que la amplia mayoría de catalanes y españoles votaron reconocía al pueblo español en su conjunto como cuerpo soberano, lo que implica que un andaluz pueda decidir sobre cuestiones que afectan a un catalán del mismo modo que un catalán pueda decidir sobre materias que afectan a un andaluz, y los mismos nacionalistas que han condicionado la gobernabilidad de España ahora no quieren que el resto de los españoles tengan nada que decir porque han tratado a España como una colonia. No hay más que recordar en fechas lejanas como 2010 cuando CIU, el partido de Pujol y Artur Mas (que eran presentados como los “moderados” frente a los separatistas de ERC), hizo un vídeo de campaña en el que representaban a España como un ladrón que le robaba la cartera a Cataluña y acuñaban el lema “La Cataluña productiva sostiene a la España subsidiada”. 

En un Estado social los más ricos tienen que ayudar a los más pobres, y lo que Sánchez está dispuesto a aceptar es una involución que nos devuelve al Antiguo Régimen, acabando con la idea de una nación de ciudadanos libres e iguales, en la que las regiones más ricas se desentiendan de las más pobres, viendo premiado su comportamiento ilegal y su desafiante desobediencia al Estado, mientras que el resto que se han mantenido leales a la Constitución se ven (una vez más) perjudicadas.