Tras la celebración de las elecciones generales, cuyos resultados han dejado una España difícilmente gobernable, se ha subido el telón del drama o tragicomedia de la gobernación de nuestro país, en la que parten como favoritos para formar un nuevo gobierno Frankenstein-2 el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y su cohorte de aliados “freakies” tradicionales, a la que se ha añadido un partido dirigido por un prófugo de la justicia que huyó tras fallar su intento de golpe de Estado posmoderno con el que estuvo a punto de lograr la independencia de Cataluña.

Para ello, cuenta con el apoyo de un eficaz aparato político y mediático, que ha conseguido imponer un falso relato basado en tres grandes falacias:

1) El PSOE y sus aliados ganaron las elecciones del 23-J. Frente a toda evidencia, Sánchez y sus ministros celebraron con euforia la noche de autos su triunfo electoral en la sede de Ferraz, bajo el lema guerracivilista de “No pasarán”. Aunque no fuera tan contundente como la debacle de las elecciones autonómicas y municipales, no por ello ha dejado de ser una derrota. Es cierto que el PSOE ganó algunos votos y un diputado en relación con las generales de 2019, pero todos sus aliados -salvo Bildu, que ganó un diputado- perdieron votos y escaños: Sumar 7, ERC 6 y PNV 1, desapareciendo del mapa parlamentario el Partido Regional de Cantabria, Nueva Canarias, Teruel Existe y la CUP. El PP ganó 48 escaños y fue el partido más votado.

2) Frankenstein-1 fue un benéfico Gobierno de coalición de la izquierda progresista, como lo será asimismo el Frankenstein-2 que está cocinando Sánchez, pero  mantener que el PNV y JxC son partidos progresistas de izquierda es una broma pesada  que toma por bobos a los españoles. De los aliados de Sánchez, solo Sumar y ERC  pueden ser considerados de izquierdas y Bildu no es de izquierdas ni de derechas, sino un partido soberanista controlado por los testaferros de ETA, que cuenta en sus filas con terroristas irredentos condenados por delitos de sangre. Aunque se trate de ocultar púdicamente, el socio fundamental del Gobierno presente y futuro del PSOE es el nacionalismo independentista más asilvestrado.

3) La derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox son un mismo partido, heredero universal del franquismo, que pretende implantar el fascismo en España. A la par que se ha blanqueado el terrorismo ETA -del que Bildu sí es heredero universal-, se ha demonizado a Vox hasta lograr presentarlo como el mayor peligro que se cierne sobre España, y este falso mensaje ha sido aceptado por las democracias europeas y por sectores de la UE. En Europa pueden gobernar partidos de ultraderecha en Polonia, Hungría, Italia, Austria, Bélgica, Suecia o Finlandia sin que nadie se rasgue las vestiduras, pero Vox, que -a diferencia de otros socios y aliados de Sánchez- no se ha salido hasta ahora ni un milímetro de la Constitución y está integrado en el Parlamento Europeo en el Grupo Conservador y Reformista- es el máximo peligro para España y para Europa. “Vade retro, Abascal”. “Spain is different”.

Prolegómenos de la formación de las Mesas de las Cortes

Con la constitución de las Cortes el pasado 17 de agosto, se produjo el primer asalto del combate entre el púgil del PSOE, Pedro Sánchez el “Resiliente” y el del PP, Alberto Núñez Feijoó el “Coitadiño”, bajo el arbitraje del colegiado catalán Carles Puigdemont, el “Prófugo de Waterloo”, en el que, si bien aquél ganó por los puntos los distintos “rounds”, éste logró la victoria por k.o. técnico, con la inestimable ayuda del árbitro. Se había creado los últimos días un falso ambiente de suspense y de incertidumbre, alentado por los partidos componentes del Gobierno Frankenstein-1 y los medios de comunicación afines, pues se trataba de la historia de una victoria anunciada -al estilo García Márquez-, gracias a la coalición fraguada en la penumbra belga de un cartel de los 21 partidos perdedores de las elecciones generales.

Se había llegado a la situación única en la historia política en que la formación del Gobierno dependía de un delincuente fugitivo de la justicia, que -por mor de la geometría electoral- pasó de ser un apestado a convertirse en el rey del mambo, y al que el presidente del Gobierno en funciones y su cohorte frankensteiniana acosaban con halagos y promesas. Se convirtió en el ansiado mesías al que ofrecieron oro, incienso y mirra a cambio de que les prestara los votos de los siete diputados de su partido, Juntos por Cataluña, indispensables para establecer una Mesa del Congreso “progresista” y formar acto seguido un Gobierno Frankenstein-2. “Puchi” se ha divertido estos días como un enano al ver cómo personajes y personajillos otrora despreciativos lo halagaban con entusiasmo y bailaban al son de su tenora.

Puigdemont tenía tres alternativas posibles: abstenerse y permitir que fuera elegida presidenta del Congreso Cuca Gamarra, y se formara una Mesa controlada por la derecha extrema y la extrema derecha; votar a favor de la candidata socialista, Francina Armengol, y de la formación de una Mesa controlada por los partidos izquierdistas; o votar contra las dos y crear una situación de caos que forzara una repetición  de las elecciones. Esta última opción era descartable, porque las urnas las carga el diablo, JxC tenía posibilidades de perder y Puigdemont podrá ser un delincuente y un frívolo, pero no es tonto. El apoyo a la derecha también era descartable, porque -pese a las afinidades socioeconómicas- las diferencias ideológicas eran insalvables  y, sobre todo, Puigdemont no está dispuesto a pasar ni un solo día en la trena, situación que podría producirse si se constituyera un Gobierno del PP y de Vox. La única alternativa posible y previsible era, pues, la de girar su dedo cesáreo en dirección del PSOE y de una candidata afín a y cómplice del nacionalismo.

La opción pro-socialista ofrecía a JxC y al independentismo catalán la garantía de que no pasaría por la cárcel y sería amnistiado y plenamente rehabilitado; la probabilidad de celebración en Cataluña de algún tipo de consulta que abriera el camino hacia la independencia; una serie de demandas que diseñaran un nuevo marco de relaciones entre Cataluña y España; el fin de la represión y la desjudicialización de la política española en relación con el procés; e importantes concesiones económicas y financieras con cargo a los bolsillos del contribuyente español. Hábil y astutamente, Puigdemont había multiplicado sus críticas y descalificaciones a Sánchez para subir las apuestas y ejercer presión sobre él en momentos de ansiedad, por el temor a perder el poder. Le ha llamarle mentiroso e incumplidor, y ha extendido sus diatribas a todo el arco parlamentario. “No tenemos ninguna  confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni nos enfrían”. En consecuencia, exigió “hechos comprobables antes de comprometer ningún voto”. Ya no le bastaban promesas ni gestos menores, sino el cumplimiento previo de una inflexible lista de exigencias. “Los puntos cardinales de nuestra posición no han variado por más presiones y carreras de última hora que haya”. La realidad que nos ha traído hasta aquí “es el resultado de una profunda desconfianza basada en hechos reales, que no va a desaparecer por un acuerdo”.

La firme e intransigente posición de Puigdemont ha tenido efectos colaterales, pues ERC -que se había mostrado dispuesta a apoyar la candidatura socialista- tuvo que endurecer su posición para no quedar descolgado dentro del soberanismo y aumentar sus exigencias. A la par, hizo la poco creíble afirmación de que todavía no había alcanzado ningún acuerdo con la coalición progresista y que no cabía dar por hecho que sus votos fueran para el PSOE. A las irrenunciables exigencias de autodeterminación y  amnistía -por el momento aparcadas hasta las negociaciones sobre la investidura- ERC añadió otras demandas de menor cuantía, como la creación de Comisiones de investigación sobre el espionaje a los independentistas, el desbloqueo de la propuesta de una Ley de amnistía presentada en la anterior legislatura -rechazada  por el informe desfavorable de los letrados de la Cámara por estimar que sobrepasaba los límites de la Constitución- o el uso en el Congreso y en la Unión Europea de las lenguas cooficiales españolas: catalán, euskera y gallego. Sánchez ha tenido que pasar por el aro y asumir el compromiso de atender a todas estas reivindicaciones adicionales.

Elección de las Mesas las Cortes

La elección del Presidente y de la Mesa del Senado no ofrecía ninguna sorpresa dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. Fue elegido Pedro Rollán por 144 noto a favor y 114 en blanco. El candidato de Vox, Ángel Pelayo, recibió 3 votos testimoniales de su partido. Fueron elegidos vicepresidentes Javier Maroto (PP) y Guillermo  Fernández Vara (PSOE), y secretarios Eva Ortiz, Marimar Blanco, Ángeles Luna y Francisco Fajardo -dos de cada partido-.

El PSOE escogió como candidata a la presidencia del Congreso a la expresidenta de la Comunidad Balear, Francina Armengol, calificada por Carlos Alsina de “candidata-guiño”, porque con ella pretendía contentar y atraer a los partidos nacionalistas, ya que se trata de una política del sector más izquierdista del PSOE, que mantiene excelente relaciones con los partidos independentistas, como demostró al formar un gobierno de coalición con Més -franquicia de ERC en el archipiélago- y con Podemos. Armengol adoptó medidas controvertidas al imponer el conocimiento del catalán a los funcionarios y empleados de la Administración, con lo que provocó numerosas bajas, especialmente en la Sanidad pública. Fracasó junto con sus aliados en las últimas elecciones autonómicas y fue sustituida por un Gobierno del PP dirigido por Margarita Prohens. Sánchez la ha recuperado para la causa nacional, la seleccionó como diputada y la ha premiado al permitirle que ocupe la  presidencia del Congreso. Ya en 2016, Armengol mantuvo que España era “un Estado plurinacional, multilingüe y diverso”, y que se debería aceptar con tranquilidad esta realidad. Sánchez confía en ella para reforzar los puentes con las diversas sensibilidades del independentismo.

Una vez descubierto el secreto de Polichinela de que JxC apoyaría  la candidatura de Armengol, el artificial suspense creado se desinfló como un “soufflé”, y puso en evidencia la errática política seguida por el PP, pese a haber conseguido el disputado voto de Coalición Canaria, que hizo aumentar ligeramente las parcas expectativas de Feijóo, que se deshicieron por completo cuando los siete votos de Junts se impusieron con creces sobre el solitario escaño de CC y proporcionó  a Armengol la mayoría absoluta con 186 votos. El PSOE cedió a su socio Sumar dos de los cinco puestos que tenía en la Mesa, mientras que el PP renegó de su compromiso y no le cedió a Vox ni una mala secretaria, lo que provocó la justificada indignación de Abascal y el voto testimonial a su candidato Gil Lázaro. Gracias a esta sansirolada, los populares entraron en la sesión de investidura con 172 votos y salieron con 129. Este fiasco pone de manifiesto el escaso nivel político del núcleo dirigente del PP -los Bendodo, Tellado, González Pons y Gamarra- y el difuso liderazgo de Feijoo ¿no saben sumar estos genios de la estrategia? Si es harto improbable que el PP consiga la mayoría absoluta ¿con quién va a pactar si aspira a gobernar? ¿con Puigdemont y con Otegui? Cierto es que Vox tampoco se lo pone fácil, pues -tras hacer un alarde de generosidad y ofrecer al PP sus votos sin contrapartida alguna- mantiene su exigencia dea entrar en el Gobierno de la Comunidad de Murcia, donde -al faltarle al López Miras solo dos escaños para lograr la investidura- bastaría con su abstención, por lo que parece evidente que habrá que repetir las elecciones. Vox también muestra signos de incoherencia ¿Por qué lo que ha sido posible en las Baleares no lo es en Murcia?

Armengol ha mostrado en su primer discurso en el Congreso su cara más amable y hecho un llamamiento al diálogo, virtud que apenas practicado durante su etapa como presidenta de la Comunidad Balear. También ha entrado de hoz y coz -quizás de forma un tanto ligera- en el controvertido tema del uso en el Congreso de las lenguas cooficiales de España, sin duda por exigencias del guión. Precisamente, una de las condiciones exigidas por Puigdemont para apoyar a la candidata del PSOE era que el Gobierno se comprometiera a que se pudieran utilizar las lenguas cooficiales españolas tanto el Congreso como en las instituciones de la Unión Europea. No se explica por qué es tan restrictiva y no incluye en el saldo fin de temporada al valenciano, al bable, al aranés, al panocho, al caló y al árabe-andalusí. 

Según el artículo 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial  y las demás lenguas españolas serán también oficiales “en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Así pues, el castellano es la única lengua oficial en todo el territorio español y las demás lenguas oficiales lo son -junto a dicho idioma- únicamente en las Comunidades donde se consagre dicha oficialidad, y no creo que el Congreso forme parte de ninguna de estas Comunidades. Los diputados no gozan del derecho a utilizar sus lenguas vernáculas en el Congreso y solo mediante un gesto de gracia se les puede autorizar a hacerlo, como ha ocurrido en el Senado, pero, para ello, habría que incluir esta posibilidad en el Reglamento del Congreso. Sin embargo, mecida por el entusiasmo de su victoria, la flamante presidenta de la Cámara se ha tomado algunas libertades en esta cuestión, al asegurar que, desde ya, se podrá perorar en la Cámara en catalán, euskera o gallego, aunque no en valenciano, pese a que éste conste como cooficial en el Estatuto de la Comunidad de Valencia. Sin tener en cuenta el parecer de la Mesa o de la Junta de Portavoces, afirmó que “quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá su uso desde esta primera sesión constitutiva”.

En paralelo -y de forma súper urgente- el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, envió en la madrugada del día 17 una carta a la secretaria general del Consejo Europeo en la que le solicitaba la inclusión del catalán, el euskera y el gallego -lenguas españolas distintas del castellano que hoy gozan de estatuto oficial en España- en el régimen lingüístico de la UE, mediante la modificación  del Reglamento n°1 que regula dicho régimen. Sin embargo, es errónea la afirmación del ministro, porque estos tres idiomas no son cooficiales en el conjunto de España, sino solo en sus respectivas Comunidades. “Se agradecería  –ha instado Albares- el inicio de los procedimientos de modificación previstos en el Consejo, así como la inclusión del asunto en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de 19 de septiembre de 2023”. Hay pese a elloprisa por pagar la deuda no vaya a ser que se enoje el prófugo y ponga más obstáculos a la investidura de Sánchez. De momento, se ha mostrado satisfecho al comprobar que el Reino de España había cumplido su compromiso. “Es un hecho, no una promesa”.

El profesor de la Universidad de Barcelona, Rafael Arenas, ha manifestado que no da crédito al envío de semejante misiva, porque -según el artículo 21 de la Ley 50/1977, “el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo, y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar -salvo casos de urgencia debidamente acreditador o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique- cualesquiera otras medidas”. El Gobierno  de Sánchez no puede adoptar iniciativas de contenido político porque su legitimidad cesó con la celebración de las elecciones. Pese a ello, ha tomado decisiones que no suponen una gestión ordinaria ni una cuestión de trámite, sino la modificación del Reglamento lingüístico de la UE. Esta petición va mucho más allá de lo que puede hacer un Gobierno en funciones y supone una utilización ilegítima de las instituciones en las negociaciones que se están desarrollándose para formar Gobierno. “Hacerlo cuando el Gobierno está en funciones no es legal ni legítimo. Es una barbaridad, una más”.

Además de suponer un nuevo abuso de poder del Gobierno en funciones, la misiva de Albares ha sido un brindis al sol, que -aunque sorprendentemente haya satisfecho a los independentistas- tiene escaso recorrido, porque requiere la anuencia de todos los miembros de la Unión, y no cabe dar el sí por supuesto. ¿qué opinará Francia, el Estado más centralizado de la UE, que se enfrenta a las reivindicaciones políticas y lingüísticas de  bretones, vascos, catalanes, provenzales y corsos,  y hasta ahora se ha opuesto a ellas? No es solo un problema político, sino también técnico y económico. Irlanda ha renunciado a su derecho a que se considere el gaélico como lengua oficial de la Unión y se ha conformado con que solo se traduzcan a esta lengua los documentos más importantes. Aún así, hay problemas en encontrar intérpretes y traductores fiables para pasar del gaélico al finlandés o al maltés. Por otra parte, es más que probable que los virtuosos halcones del norte se opongan a costear unos de gastos innecesarios.

La sesión inaugural del Congreso se continuó con la lamentable ceremonia de las promesas de acatamiento de la Constitución, con la que -ante la complacencia de las nacionalista presidenta de la Cámara- independentistas y ultraizquierdistas se ciscaron en la Carta Magna, en el jefe del Estado, en España y en los españoles. +

Este dispárate ya había sido cautelarmente condonado por la  inicua decisión del Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, de que basta con que digan “Prometo”. Así, los diputados de ERC lo han hecho para “la consecución de la República catalana”, los de JxC por“ lealtad al pueblo de Cataluña  y al mandato del 1 de octubre”, los de Bildu “hasta alcanzar la República vasca”, Juan Antonio Valero “por la lucha antifranquista”, Ester Gil por “por una España plurinacional y feminista”… Los independentistas han convertido el Congreso en un circo, en el que predominan los payasos y los equilibristas con la legalidad.

Reacciones a la apertura de las Cortes

Según el siempre complaciente aliado del Gobierno “El País”, las condiciones del pacto para la formación de la Mesa del Congreso no han supuesto ninguna cesión a las reivindicaciones independentistas de fondo. “La nueva legislatura se inclina así claramente a favor de una mayoría progresista capaz de sumar también otros apoyos transversales”. “ABC”, en cambio, ha señalado que el Congreso se ha constituido bajo los designios de un sedicioso golpista procesado por corrupción y Sánchez no puede seguir actuando como si fuera normal lo que es una  anomalía institucional y judicial. El acuerdo con los independentistas comprende la elaboración de una ley sobre la lengua catalana para que ésta sea plenamente oficial en todas las instituciones del Estado, incluida la justicia, la apertura de sendas Comisiones de investigación sobre el espionaje del CNI a los independentistas en el caso “Pegasus’ y sobre los atentados yihadistas de 2017, y la desjudicialización de la justicia, para la que el Estado “se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las vías legales necesarias”. Este acuerdo es humillante para un Estado puesto que permite contemplar su sistema judicial como un órgano represivo impropio de una democracia.

Para “El Debate”, el mero hecho de negociar con partidos y dirigentes que solo están dispuestos a llegar a acuerdos si les sirven para consolidar sus posiciones anticonstitucionales es ya escandaloso, y cerrar esos pactos supera las líneas rojas más elementales exigibles a un aspirante a presidente del Gobierno, y lo sitúan como un elemento desestabilizador del Estado de Derecho, cuando no en una amenaza. Y esto es solo el comienzo, porque todos los respaldos Sánchez han dejado muy claro que las condiciones realizadas son apenas el preámbulo de lo que el PSOE deberá aceptar si Sánchez quiere garantizarse la investidura: una amnistía general y un referéndum de independencia.” Es una extorsión indecorosa en la que Sánchez se comporta como un secuestrado dispuesto a pagar lo que le pidan, aunque el viaje conceda o legitime lo que no está en su mano y es incompatible con la idea constitucional de una España de libres e iguales, sometidos a las mismas reglas y unidos en un proyecto único”.

Tras la visita de Armengol y de Rollán a Felipe VI para informarle sobre la apertura de las Cámaras, se ha abierto el segundo acto del proceso dirigido a la investidura del presidente del Gobierno. El Rey iniciará sus contactos con los partidos políticos y los dirigentes independentistas -con su habitual grosería y menosprecio por las instituciones- han anunciado que no acudirán a la Zarzuela, por lo que el monarca carecerá de información de primera mano para poder evaluar la situación. Proponga como candidato a la investidura a Feijóo o a Sánchez, será objeto de crítica.  Aunque los aliados Frankenstein -de los que Sánchez depende para mantenerse en el poder- hayan afirmado rotundamente que el acuerdo logrado es tan solo un aperitivo procesal, que la negociación de verdad empieza ahora, y que mantendrán sus exigencias irrenunciables a la amnistía y a la autodeterminación, es de temer que Sánchez se pliegue a cualesquiera condiciones que exijan los independentistas con tal de mantenerse en el poder, aunque trate de camuflar sus concesiones merced al hábil trapicheo jurídico de Conde- Pumpido. Si se mantiene la tónica seguida durante el primer acto -y puede que así sea por convenir a todos los frankensteinianos- es más que probable que Sánchez sea investido presidente y forme un Gobierno Frankenstein-2, corregido y aumentado, a un inasumible coste. Lo que mal empieza, mal acaba y -como ha observado Carlos Herrera en la COPE- se atisba el mecanismo de desguace de las instituciones españolas. Según Cayetana Álvarez de Toledo, “el proceso de ruptura y liquidación de la España constitucional continúa, acelerado y agravado”.