El que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 2009, Manuel Chaves, se enfrenta a diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación

Chaves prestará declaración este lunes, en plena Feria de Abril de Sevilla, ante el tribunal de la Sección Primera que enjuicia desde hace más de cuatro meses en la Audiencia Provincial a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedieron ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2001 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Con el turno de Manuel Chaves, que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por parte del Ministerio Fiscal, las declaraciones de los acusados encara su recta final, pues tras el expresidente será el turno del último de ellos, Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo, de Innovación y exdirector de finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía, entidad encargada del abono de las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L en virtud del convenio marco de 2001 entre el ente instrumental y la Consejería de Empleo.

De esta manera es la segunda ocasión en la que el expresidente de la Junta de Andalucía será interrogado sobre su posible responsabilidad en el caso de los ERE, después de que el 14 de abril de 2015, este pasado sábado se cumplieron tres años, declarara ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

Chaves compareció en calidad de «imputado» en relación con los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas» de Andalucía, «así como las prestadas a personas físicas», según rezaba el auto de citación.

En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez Mercedes Alaya, que investigaba por entonces la matriz de esta causa, Mercedes Alaya, acusaba indiciariamente a Chaves y a los otros cuatro aforados nacionales, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, en esta causa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivotaba la instrucción en el alto tribunal.

El expresidente de la Junta, según recoge el acta de su declaración, apuntó que, en diez años de debates presupuestarios, ninguno de los centenares de diputados que pasaron por las cortes andaluzas hicieron observación alguna de ilegalidad respecto del sistema de «transferencias de financiación» que se utilizó para tramitar las ayudas socio-laborales y por las que se allegaban fondos de la partida 31L a IFA/IDEA para el pago de las mismas.

A juicio de Chaves, según dijo, es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados hayan visto absolutamente nada ilegal. El expresidente negó también haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas.

Chaves explicó que nunca despachó con un director general, que únicamente lo hacía con consejeros y que ninguno de ellos le puso de manifiesto la existencia de ilegalidades. «La Presidencia siempre delegaba en el consejero de Economía en relación con la información sobre los presupuestos», ha insistido Chaves.