El que fuera presidente de la Junta ha asegurado que conocía que la Junta concedía ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por las crisis pero «no cómo» se daban o su gestión, al tiempo que ha subrayado que cualquier ayuda que se otorgaba «estaba en la ley y eran legales»
«Difícilmente puedo pensar que en la Consejería de Empleo o de Educación se pudiera establecer un procedimiento –de concesión de ayudas– conscientemente ilegal o para vulnerar la ley», ha manifestado el que fuera durante 19 años presidente de la Junta de Andalucía.
Chaves, que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por parte del Ministerio Fiscal, ha ratificado su declaración en 2015 ante el Tribunal Supremo y ha explicado que, ante las importantes crisis de empresas con repercusión política y social como Delphi o Santana, de las que se hablaba en el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo andaluz trabajaba en dos líneas, salvar a la empresa y proteger a los trabajadores.
Ha admitido que se ha reunido con comités de empresas o sindicatos, un acto de «normalidad democrática», estableciendo en éstas que se procediera a la creación de una mesa de negociación para llevar a cabo un plan industrial, que podía contener ayudas sociolaborales.
Si el plan fallaba, «había normas» para establecer y conceder ayudas a los trabajadores. «Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, de la misma manera que se daban becas. ¿Cómo se daban?. No lo sabía, pues no correspondía a mi ámbito político de decisión», ha expresado.
Chaves ha indicado que conoció las transferencias de financiación –instrumento utilizado para allegar fondos de la partida 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para pagar las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo, siendo ministro y que éstas no se debatían en el Consejo de Gobierno de la Junta, que en la elaboración del presupuesto trabajaba con una media de 140 programas y miles de aplicaciones, por lo que no podía conocer todos los programas presupuestarios.
Precisamente sobre éstas, ha afirmado que se ha debatido en la causa si las transferencias de financiación eran o no adecuadas, cuestión que «no sé», precisando que «están en la ley». Al hilo de esto, ha explicado que éstas se recogían en la Ley de Presupuestos de cada año que aprobaba el Parlamento, aseverando posteriormente que «una ley no puede ser legal».
Chaves, al igual que el expresidente José Antonio Griñán en su declaración, ha admitido que no conocía el programa 31L, con el que pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas, sólo que pertenecía a la Consejería de Empleo. Del mismo modo, tampoco conoció ni fue informado el convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que la primera, vía transferencia de financiación, allegaba fondos al ente instrumental con cargo a la 31L para el pago de las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo.
Ha declarado que en el Consejo de Gobierno «no se discutieron nunca» las modificaciones presupuestarias, que sí pasaban a la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento, recordando a este respecto que desde la Cámara de Cuentas, en la cuenta general de la Junta, «no hubo nunca un reproche» a su uso. Para que llegaran al Consejo de Gobierno tenían que contar con todos los informes preceptivos.
Chaves, que ha indicado que las ha leído con posterioridad, ha señalado que «no he visto síntoma de alerta o alarma» en éstas. «Nadie se oponía al acuerdo» sobre el Control Financiero Permanente, que era el «arma o instrumento» de la Intervención General para el control de las empresas públicas.
