Los días 4 y 5 de diciembre se ha celebrado en Madrid la XIII Reunión Hispano-marroquí de alto nivel (RAN) de forma prácticamente clandestina por su ausencia de información. Fue convocada con solo unos días de antelación sin previo aviso, no se informó de ella a los medios de comunicación, no se permitió la presencia de periodistas en la reunión y no hubo rueda de prensa a su término. Las respectivas delegaciones fueron presididas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y por el primer ministro marroquí, Aziz Ajannnuch, y en ella participaron una decena de ministros, entre los que no figuraba ninguno de Sumar, pues -según declaró la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz,  “No vamos a ceder ni un centímetro de tierra saharaui”, y concluyó su proclama con un “hoy y siempre ¡viva el Sahara libre!  No sé lo que abarca el término “vamos”, pero es evidente que no comprende a todo el Gobierno del que forma parte.  

En la XII RAN, celebrada en un país donde no existe la libertad de expresión y  de prensa, los periodistas recibieron toda clase de facilidades para cubrir la reunión -incluida una rueda de prensa final en la que pudieron hacer preguntas y obtener respuestas-, mientras que, en la que ha tenido lugar estos días en la capital de un Estado cuyo Gobierno presume de transparencia, ha reinado la más completa oscuridad, como si estuviéramos en Rusia, China o Cuba. Para enterarse de algo de lo ocurrido, hay que acudir a la web de la Presidencia del Gobierno, donde se ha incluido el texto de la Declaración Final de la Reunión. La Asociación de la Prensa de Madrid ha afirmado en un comunicado que el comportamiento del Gobierno restringía de manera peligrosa la libertad de información ¿A qué se debe esta opacidad, que sigue la línea de la ausencia de explicaciones sobre el cambio operado en la posición española en la cuestión del Sáhara Occidental, tras la inexplicada misiva de Sánchez a Mohamed VI? ¿Tiene el Gobierno algo que ocultar? Parece ser que mucho. 

Acuerdos adoptados por la XIII RAN

La Reunión se ha centrado en cuestiones económicas y se han concluido 14 Acuerdos internacionales “no normativos”, incluidos un tratado internacional, 11 memorandos de entendimiento -de escaso contenido práctico- y 2 declaraciones de intenciones. Lo más grave es que el Gobierno español ha consolidado el marco político trazado por Marruecos en relación con el Sáhara Occidental, por él asumido al reiterar que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible de la “controversia”, pasando de la descolonización de un territorio no autónomo a un problema interno de Marruecos. 

En el p° 8 de la Declaración se indica que “el presidente del Gobierno ha  reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sáhara Occidental, expresada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022”, en la que Sánchez -que se identifica con España, como un Luis XIV cualquiera- apoyó el Plan de Autonomía presentado por Marruecos en 2007, por considerarlo como la base más seria, realista y creíble para arreglar el conflicto sahariano. “En este sentido España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2025, apoyando plenamente la labor del Secretario General y de su Enviado Personal para facilitar y celebrar negociaciones, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, y acoge con beneplácito cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta a la propuesta de autonomía, que subraya que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible para una solución mutuamente aceptable”. 

Según Ignacio Cembrero -en su artículo “Sánchez apoya una versión sesgada a favor de Rabat de la última resolución de la ONU”, publicado en “El Confidencial”-, el Gobierno de España ha dado un contundente espaldarazo a la resolución del Consejo de Seguridad relativa al reconocimiento del Plan de Autonomía de Marruecos como la base de negociación más adecuada para resolver el eterno conflicto del Sáhara. La Declaración no recoge, sin embargo, ninguno de las grandes reivindicaciones formuladas por las autoridades marroquíes, como el traspaso a Marruecos del control del tráfico aéreo sobre el Sáhara Occidental, el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio, ni el reparto de aguas territoriales entre Canarias y el continente africano. Yo no sería tan taxativo en relación con el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara ocupado. En la Declaración se dice que España acoge con satisfacción la iniciativa real para facilitar el acceso de los países del Sahel al océano Atlántico a través del Sáhara Occidental, y acepta implícitamente que Marruecos pueda manejar ese territorio a su antojo, aunque no sea la potencia administradora. España no ha aceptado explícitamente la soberanía de Marruecos sobre el territorio que ocupa ilegalmente, como tampoco la ha hecho el Consejo de Seguridad que, en la resolución citada, incluye una contradicción, al alegar la necesidad de mantener el objetivo de la libre determinación del pueblo saharaui y apoyar al mismo tiempo la propuesta marroquí que le niega el ejercicio de ese derecho, pero sí implícitamente y cada día está más cerca de la formulación de un reconocimiento explícito.

La Declaración Final -que contiene 119 párrafos- es excesivamente retórica y está plagada de la prosa lisonjera y vacua que la diplomacia española suele prodigar a Marruecos, al afirmar que saluda “la dinámica de apertura, progreso y modernidad que vive Marruecos, gracias a las reformas de modernización guiadas por S.M. el Rey Mohamed VI” –p° 6-. Llega a congratularse en el p° 62 de “la calidad de la cooperación operativa entre sus respectivas administraciones aduaneras” (¿?), cuando en Melilla no se ha celebrado ni una sola operación comercial en los últimos cuatro meses y en Ceuta se pueden contar con los dedos de una mano. Habla de una cooperación ejemplar en la lucha contra la migración irregular y los dos países se comprometen en el p°  44 a reforzar su cooperación en la lucha contra este tipo de migración. “España saluda a la cooperación ejemplar y leal de Marruecos en estos ámbitos”(¿?).  ¡Que se lo pregunten al Gobierno canario!. Se ha decidido crear una Alta Autoridad de Cooperación Industrial, orientada a la inversión productiva y a la innovación -p°  64-. También se ha acordado un MoU para coordinar la organización de eventos conjuntos en materia deportiva, con vistas al Campeonato Mundial de Fútbol de 2036, que tendrá una importante vertiente socioeconómica, y será una oportunidad única para consolidar y profundizar en los lazos que unen a los dos continentes -p° 9-.

Las dos partes han recordado que los principios de soberanía nacional e integridad territorial y la protección de los derechos humanos son piedras angulares de la convivencia pacífica entre los pueblos -p° 13- y apoyan la soberanía y la integridad territorial de Ucrania -p° 34-, pero lo que es válido en Europa no parece que lo sea en África, al menos en lo referente al Sáhara Occidental. Para Europa la legalidad estricta y para África el relativismo jurídico. Por otra parte, Marruecos está violando cotidianamente los derechos humanos de los saharauis, por lo que ha sido condenado tanto por el Parlamento Europeo, como por la Unión Africana. Haced lo que yo diga, no lo que yo haga.

Lo que parece no haber sido tratado en la XIII RAN

Ante la opacidad informativa del Gobierno, no sabemos si la Reunión ha abordado temas muy importantes pendientes, como la delimitación de los espacios marinos entre Canarias y el litoral marroquí y las costas saharianas, el reconocimiento de la jurisdicción marroquí sobre las aguas del Sáhara y el derecho de los pesqueros españoles a faenar en el banco sahariano, tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que han  declarado la nulidad de los Acuerdos pesqueros entre la Unión y Marruecos por extender su aplicación a las aguas de un territorio que no le pertenece, la propuesta marroquí de un Acuerdo para establecer una Zona de Desarrollo Conjunto en torno al montículo sumergido Tropic, el incremento de la emigración irregular a Canarias desde el Sáhara ocupado, o la normalización del tránsito en la frontera de Marruecos con Ceuta y Melilla y el normal funcionamiento de las aduanas marroquíes.

Lo que sí parece haberse tratado ha sido -aunque solo sean conjeturas- la actualización del Plan de Autonomía propuesto en 2007 por Marruecos, tan alabado por los países occidentales -incluida España- y por la propia ONU como base de una negociación para poner término al conflicto. La propuesta marroquí -insertada en cinco someros folios vagos e imprecisos- es una cáscara vacía carente de contenido, pues no establece las competencias que se transferirían  a las “provincias del sur”. El mismo Mohamed VI es consciente de la endeblez de su Plan, que es difícil que cuele por su carácter absolutamente centralizador, y ha prometido actualizarlo y completarlo. El Plan otorga al Gobierno central el control de las relaciones exteriores la defensa, la seguridad, la Hacienda Pública, la minería, la pesca y el comercio internacional, y mantiene la primacía absoluta del sultán en política exterior, defensa y asuntos religiosos. Solo concede a la Comunidad Autónoma limitadas competencias administrativas locales en materia de infraestructuras, transporte, vivienda, sanidad y educación. Marruecos está buscando modelos de autogobierno que le sirvan de referencia para ofrecer una “autonomía genuina”, entre los que se encuentran los Territorios Franceses de Ultramar, Escocia, Irlanda del Norte y -especialmente- España.

Incluso si tuviera una auténtica voluntad de descentralizar -que está por ver-, el monarca se encuentra con una misión casi imposible, dadas ausencia de democracia en el país, la absoluta concentración del poder en su real persona, y la posible repercusión de la concesión de una auténtica autonomía en otras regiones oprimidas como es el caso de El Rif. Sería la cuadratura del círculo. La diplomacia marroquí, sin embargo, ha logrado un éxito rotundo al haber centrado la atención internacional en un Plan de Autonomía de Chichinabo, ofrecido -más bien impuesto- a un territorio no autónomo, pendiente de descolonización y militarmente y que ocupa de forma ilegal.

¿Cómo puede una potencia ocupante imponer unilateralmente un modelo de descolonización que excluye la independencia, cuando ésta es una de las opciones establecidas por la ONU como posibles? Según la resolución 1541(XV), puede considerarse que un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud de gobierno propio cuando a) pasa a ser un Estado independiente y soberano; b) establece una libre asociación un Estado independiente; o c) se integra a un Estado independiente (principio VI). La integración debe ser el resultado de los deseos libremente expresados por los pueblos del territorio, plenamente enterados del cambio de su estatuto, con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos (principio IX-b). Cualquiera de estas fórmulas es perfectamente legítima. El Frente Polisario acepta que el pueblo saharaui se pronuncie sobre la autonomía, siempre que pueda optar asimismo por la independencia, pero Marruecos rechaza no solo una consulta en la que se ofrezca la posibilidad de la independencia, sino también la negociación directa con el Polisario. Su Plan es el único horizonte aceptable. 

Como ha señalado Carlos C. García en su artículo “El desafío de Marruecos   ante la ONU: cómo lograr un autogobierno creíble para el Sáhara”, publicado en “Mundiario”, se trata de un bloqueo político deliberado, como viene realizando desde hace años. Así desplaza el problema desde la ocupación ilegal hacia la ingeniería institucional, y desde el derecho a decidir del pueblo saharaui a la capacidad de Marruecos de modernizar su Administración. Marruecos podrá revisar su propuesta cuantas veces quiera pero, mientras no incluya la independencia como opción en una consulta libre, seguirá utilizando un instrumento político para perpetuar el ”statu quo”, abusando del “uti possidetis”. Siendo el Sáhara Occidental un territorio autónomo pendiente de descolonización, ninguna propuesta unilateral de Marruecos puede sustituir el derecho a la autodeterminación. Discutir si Rabat sabe nadar antes de enseñar a hacerlo al Sáhara Occidental pierde de vista el hecho de que la piscina no es suya. Marruecos ha conseguido con habilidad -con la connivencia de EEUU, Francia y Gran Bretaña, y la anuencia de España y de la propia ONU- colocar su Plan de Autonomía en el centro del debate internacional. Es urgente devolver el foco a donde debería estar: La libre determinación del pueblo saharaui y la evidencia de que ningún modelo autonómico puede blanquear una ocupación ilegal. Como establece la resolución 2625(XXV), sobre  los “Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, el establecimiento de un Estado soberano e independiente, o cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo, constituye una forma del ejercicio del derecho de autodeterminación de ese pueblo (Principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos).

Polémica entre Marruecos y el Frente Polisario sobre la libre determinación

Creo que merece la pena comentar la polémica suscitada entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el alcance y contenido del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. El ministro marroquí de Relaciones Exteriores, Nasser Bourita, ha hecho una serie de afirmaciones incorrecta sobre el tema, a las que ha replicado acertadamente el representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Mohamed Omar 

1.-Adulteración del derecho de libre determinación: Según Bourita, la autodeterminación es poco más que una expresión de la voluntad de las partes, pero para Omar es un derecho colectivo de los pueblos, consagrado en la Carta de la ONU y reafirmado en resoluciones fundamentales de la Asamblea General, como la 1514(XV), relativa a la “Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales”, y la 1541 (XV) sobre “Principios que deben servir de guía a los Estados miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el artículo 73-e) de la Carta”. En efecto, la libre determinación es una norma imperativa del Derecho Internacional, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 19 de julio de 2024, la libre determinación es un derecho fundamental inalienable e indivisible, que no puede ser cedido, transferido o arrebatado. Su esencia reside en la expresión genuina por medio democráticos reconocidos de la voluntad del pueblo interesado sobre su estatuto político, sin injerencia exterior alguna.

2.-Ejercicio de la autodeterminación a través del referéndum: Bourita ha afirmado qu0 ene ninguna disposición se establece que el derecho a la autodeterminación se exprese necesariamente a través de un referéndum. En opinión de Omar, el ministro marroquí confunde la autodeterminación, que es un derecho, con el referéndum, que -como han establecido el Consejo de Seguridad y la Asamblea General- es un medio para que los pueblos puedan ejercer dicho derecho. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General establecieron una misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara occidental (MINURSO), cuyo mandato fue renovado en la última resolución del Consejo.  El propio Hassan II declaró el 27 de septiembre de 1983, que Marruecos estaba dispuesto a celebrar un referéndum “mañana mismo si así lo desean”, a dar las facilidades necesarias para que los observadores garantizaran la celebración de consultas justas, equitativas y auténticas, y a aceptar los resultados del referéndum (Doc.A/38/PV.8). Después el monarca cambió de opinión al ver que la ONU no aceptaban que pudieran votar los colonos marroquíes emigrados al Sáhara, por lo que bloqueó la celebración de un referéndum con las excusas más variopintas y hasta ahora.

3.-Sustitución del criterio de “pueblo” por el de “población»: Bourita ha estimado que había que sustituir el concepto estrecho e impreciso de “pueblo saharaui”, por el más amplio y preciso de “población residente en el Sáhara”, llegando a decir que no existía el pueblo saharaui. No se trata de una inocente disquisición semántica, sino de un claro intento de permitir a los inmigrados marroquíes votar en caso de celebrarse un referéndum y excluir de la votación a los saharauis exiliados, que residen fundamentalmente en Argelia. Omar le ha contestado que el pueblo saharaui era el único titular del derecho a la libre determinación en el Sáhara Occidental. Según ha establecido el TJUE en su sentencia de 4 de octubre de 2024, “la mayoría de los habitantes actuales del Sáhara Occidental no pertenecen al pueblo que tiene derecho a la autodeterminación, que es el pueblo del Sáhara, y este pueblo -que en su mayoría ha sido desplazado- es el único titular del derecho a la autodeterminación; en relación con el territorio del Sáhara Occidental, el derecho a la autodeterminación pertenece a dicho pueblo y no a los habitantes del territorio en general, entre los que solo el 25% son de origen saharaui, según las estimaciones presentadas por la Comisión ante el Tribunal” -p° 120-. Por otra parte, la Asamblea General ha declarado en diversas ocasiones que el Frente Polisario es el legítimo representante del pueblo saharaui y el TJUE le ha reconocido esta condición cuando ha admitido sus recursos.

Conclusiones

En una entrevista reciente, la corresponsal diplomática de “La Razón”, Macarena Gutiérrez, me preguntaba de qué había servido la total entrega y sumisión de Pedro Sánchez a Mohamed VI, el cambio radical en la posición de España sobre el Sáhara Occidental y el reconocimiento implícito de Marruecos sobre su territorio, y mi respuesta fue, “absolutamente ninguna”. La celebración de la última RAN ha confirmado mi opinión. España no ha conseguido ninguna contrapartida a su actitud entreguista de asumir las tesis de Marruecos sobre el Sáhara occidental.

En el ámbito económico, España ha salido poco beneficiada pese a ser   la principal inversora en el país vecino. Los grandes contratos se los llevan las empresas francesas, como ha ocurrido últimamente con el suministro de trenes y material ferroviario en el que España se ha tenido que conformar con las migajas. Los productos agrícolas marroquíes compiten deslealmente con los españoles al disfrutar de un régimen preferencial concedido por la Comisión Europea, y el intercambio comercial de Ceuta y Melilla con Marruecos – pequeño pero importante para la zona fronteriza- ha quedado reducido a un mínimo por el bloqueo de las aduanas marroquíes.

Mucho más grave es lo que ocurre en el ámbito político. A cambio de haber reconocido implícitamente la inexistente soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, el Gobierno español no ha conseguido el reconocimiento marroquí de la soberanía ancestral de España sobre Ceuta y Melilla, de la que goza desde antes de que existiera el Reino de Marruecos. La gran concesión que Mohamed VI parece limitarse a  “consolidar” la soberanía española sobre Canarias, siempre que el Gobierno español acepte la jurisdicción marroquí sobre las aguas territoriales del Sáhara y  comparta con Marruecos la eventual explotación de los recursos minerales del montículo Tropic.

El Gobierno español debería reconsiderar la decisión adoptada por Sánchez sin contar con las Cortes,  con la oposición -¡por supuesto! y ni siquiera con su propio Gobierno, y cuyas razones para cambiar de forma radical la postura española se ha negado a ofrecer al Parlamento y a la opinión pública española. Mal estuvo que España abandonara su responsabilidad como potencia administradora del Sáhara Occidental y cediera su administración a Marruecos y a Mauritania -lo que provocó un conflicto armado que dura hasta nuestros días-, pero, cuando el Gobierno comunicó al secretario general de la ONU que renunciaba a la citada responsabilidad, dejó constancia  de su opinión de que la descolonización del territorio no se culminaría hasta que se hubiera expresado válidamente la opinión del pueblo saharaui sobre su futuro, cosa que no se ha producido. Aunque no resulta viable que España reasuma su condición de potencia administradora –que aún mantiene “de iure”-, sí debería mantener su compromiso y respetar el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU que consagran el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación.