El pasado 30 de julio, el PSC y ERC llegaron a un preacuerdo para nombrar a Salvador Illa presidente de la Generalitat, a cambio de la concesión a Cataluña de soberanía fiscal y otros privilegios de diverso tipo. En realidad no ha sido el PSC -que es un cero a la izquierda-, sino el PSOE de Pedro Sánchez, quien ha llegado a un acuerdo con los independentistas buenos y progresistas -por ahora-, para hacer al fantasmón de Illa “molt honorable”. Cataluña se encuentra entre el fuego de Sánchez y la sartén independentista, por la que luchan en una guerra fratricida los tirios de ERC y los troyanos de JxC para liderar al independentismo en la región. Sánchez está en el centro de la cuerda floja que tratan de tensar sus aliados independentistas, inclinándose en un equilibrio inestable hacia uno u otro de los hermanos separados para conservar el poder a cualquier precio. Se deja chantajear por el imperativo categórico de mantenerse en la Moncloa, para lo que necesita los votos de ambos. El problema es que lo que conceda a uno tiene que concedérselo aumentado al otro en una indecente subasta que llega hasta el infinito y más allá. Cuanto más débiles son los independentistas, mayores son sus exigencias para justificarse ante sus fieles, y éste está dispuesto a ceder hasta el pellejo con tal de mantenerse en el Gobierno, lo que supone un pozo sin fondo.

El siguiente paso indispensable era la aprobación del pacto por parte de las bases de ERC -unos 7.800 militantes, de los que solo han votado el 77%-, para lo que se contaba con la opinión favorable de la mujer fuerte del partido republicano, Marta Rovira, y de los actuales dirigentes del partido, y el “sí de las niñas” se consiguió el 2 de agosto por solo 550 votos de margen. España es un caso único, ya que -contando con 49 millones de habitantes, de los que 8 millones residen en Cataluña- el  futuro económico y político de la Nación lo han decidido 3.397 ciudadanos contrarios a España.

Antecedentes

El 12 de mayo se celebraron en Cataluña las elecciones autonómicas que fueron ganadas por el PSC de Salvador Illa con 872.959 votos y 42 escaños  (+12), seguido por Junts por Puigdemont, 674.896 (21.61%) y 35 (+3), y por  ERC, con  427.135 (13.68%) y 20 (-13). En un segundo plano, el PP consiguió 342.584 (10.97%) y 15 (+12) , Vox 248.554 (7.96%) y 11 (=), En Común 181.795 (5.82%) y 6 (-2), la CUP 127.195 (4.09%) y 4 (-5), y Alianza Catalana 117.928 (3.79%) y 2 (+2). 

Carles Puigdemont – que había resucitado cuando estaba en situación terminal, al otorgarle Sánchez la baza de una amnistía “ad personam- realizó su campaña dirigida a asumir el liderazgo del independentismo y su enfrentamiento con el presidente del Gobierno dio a los comicios un carácter plebiscitario. Puigdemont planteó su candidatura como una labor de restauración de su presidencia de la Generalitat y afirmó que se retiraría de la política si no la conseguía. Aragonés e Illa centraron su campaña en temas de gestión y de mejora de los servicios públicos, mientras que Sánchez y Puigdemont hicieron lo contrario. Sánchez necesitaba, de un lado, que el PSC lograra una clara victoria para poder  apropiársela y consolidar la posición del PSOE y, de otro, cuidar al máximo no molestar a los independentistas de los que dependía para mantenerse en Moncloa. De ahí que combinara un discurso basado en la gestión, con sus arengas en las que desarrollaba su teoría del fango y de los bulos de la derecha. Presionado por JxC, ERC tuvo que radicalizar su posición y exigir la celebración de un referéndum de libre determinación, la concesión a Cataluña de un régimen de soberanía fiscal y el blindaje de la inmersión lingüística. 

Por primera vez, Cataluña dejó de ser electoralmente independentista, al obtener mayoría los partidos contrarios a la independencia, pero el PSC -que es más nacionalista que socialista- menospreció a los partidos constitucionalistas situados a su derecha y se pronunció por la formación de un Gobierno “progresista” con ERC y los Comunes. El PSC -que había ganado las elecciones anteriores pero no pudo gobernar- debía liderar esta nueva etapa, ya que Illa era el único candidato viable y, de no conseguirlo, habría que celebrar nuevas elecciones. Puigdemont pretendía recuperar la presidencia de la Generalitat gracias al apoyo de las demás fuerzas independentistas y la abstención del PSC, y amenazó a Sánchez en caso de que no lo hiciera, con derribar su Gobierno. Descartada la “sociconvergencia” por las exigencias de Puigdemont y la apertura “ a dextra”, Illa quedó sometido a chantaje de ERC, que ha impuesto a Sánchez la concesión a Cataluña de una soberanía fiscal -paso previo a la soberanía política- a cambio de sus votos para que Illa accediera a la presidencia de la Generalitat. Illa merece ser presidente de la Generalitat, pero en ningún caso al coste exigido por ERC.

Concesión de soberanía fiscal a Cataluña

Ante el temor a una repetición de las elecciones y las excepcionales concesiones financieras y de otro tipo hechas por Sánchez, los mindundis de ERC han condescendido a otorgar la presidencia de a Generalitat a un falso constitucionalista, que está dispuesta a seguir una política más nacionalista que la de los propios independentistas. Prueba de ello es que ha permitido que se conceda la presidencia del Parlament a un miembro de JxC -pese a no contar los nacionalistas con mayoría-, que se modifique el Reglamento del Parlamento para que pudieran votar telemáticamente los diputados prófugos, o que se prohíba por ley autonómica la aplicación de la sentencia del TSJC que obligaba a impartir en español en las escuelas catalanas al menos un 25% de las asignaturas.

Pese a la transcendencia del Acuerdo -que supone una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, al derogar el sistema de autonómico de financiación-  ni Sánchez ni  Illa dijeron ni pío sobre su alcance y contenido, para no dar argumentos al voto en contra de los republicanos opuestos al pacto con el PSC. La pregunta que se ha hecho a las bases de ERC no puede ser más etérea y buenista. En ella no se menciona ni a Illa, ni al PSC, y solo ha faltado prometer a los militantes que les tocaría la lotería. El texto es un arquetipo de lo que no debería ser una pregunta en una consulta sobre un tema de tanta transcendencia: “¿Estás de acuerdo con que ERC vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución de conflictos políticos y el resto de medidas acordadas?”. ¡Y dos huevos duros!, como diría Harpo Marx. Resultaba difícil decir que no, pero aún así, ha faltado poco.

Tras el triunfo por los pelos del Sí en la consulta, Illa ha comunicado al presidente del Parlament, Josep Rull, que cuenta con los votos necesarios para ser investido -42 del PSC, 20 de ERC y 6 de En Común-, por lo que cabe esperar que éste convoque la próxima semana la correspondiente sesión de investidura. Hay un elemento que podría alterar esta previsión. Puigdemont ha afirmado que, si se celebraba semejante sesión, regresaría a España aún a riesgo de ser detenido. Este eventual suceso podría alterar el desarrollo  de los acontecimientos, porque la posible detención de Puigdemont podría lleva a Rull a aplazar la sesión de investidura. Mi opinión personal es que esta situación no se va a producir, pues -pese a que seria una magnifica oportunidad para sabotear la elección de Illa- Puigdemont no tiene madera de mártir y es más que probable que prefiera verlas venir y aguardar a que se resuelva favorablemente la aplicación de la amnistía a su fugaz persona. Otra circunstancia que podría empañar el trabajoso éxito de Illa sería la eventual rebelión de las Juventudes de ERC, contrarias al apoyo al líder del PSC, que pretenden debatir internamente el sentido del voto de la diputada que los representa, Mar Besses, que ha expresado su oposición a la investidura de Illa. Tampoco creo que esta eventualidad se produzca, porque es mucho lo que está en juego para ERC. Lo que está fuera de duda es que, si Illa consiguiera ser investido, se abriría un camino incierto para el mantenimiento del Gobierno de Sánchez, porque Puigdemont le retiraría el respaldo de los 7 diputados de JxC que permite su mantenimiento en el poder. 

Un cambio de opinión más del PSOE sobre concesión de soberanía fiscal a Cataluña

 El 15 de julio, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que no estaba de acuerdo con la concesión de un concierto económico a Cataluña y el PSC tampoco. El profesor Juan Torres -coautor en su día del programa económico de Podemos- ha afirmado en su artículo “Política sin principios, políticas de impostura”, que hacía tan solo un par de semanas, la vicepresidenta y vicesecretaria general del PSOE rechazaba la posibilidad de que se estableciera algo parecido a un cupo para financiar a Cataluña, porque no tenía encaje ni en la Constitución ni en el Estatuto, pero eso ha sido justo lo que se ha acordado con ERC. 

“¿Cómo es posible que ahora su partido -en el que es la segunda autoridad- o el Gobierno -del que es vicepresidenta- lo aceptan y a ella le dé igual? ¿Cómo puede ser igual 8 que 80 para una ministra de Hacienda? ¿Cómo puede ocurrir eso sin que tenga consecuencias de ningún tipo?”. Torres mencionaba asimismo que -para justificar su cambio de posición- Sánchez había alegado que, si Aznar transfería el 30% de IRPF a Cataluña era pacto de Estado, pero si lo hacía él, se rompía España. En ambas circunstancias había una falta de principios. En la primera, no se podía aceptar como algo bueno, lo que hacía 15 días se aseguraba que era malo. En la segunda, el presidente hacía trampa, porque lo que se planteaba era si la decisión -al margen de quien la tomara- era buena o mala. Que Aznar hubiera hecho daño a España no podía servir de justificación para que Sánchez tomara una medida semejante. Al PSOE le ha pasado exactamente igual que con la amnistía. No se podía decir que algo era negativo e inaceptable, y darlo por bueno al poco tiempo, porque interesara para obtener un beneficio. Esto equivalía a actuar sin principios, aceptar que alguien pueda hacer cualquier cosa o la contraria sin atender a que lo que se hacía pudiera tener una consecuencia u otra. Actuar afirmando que se luchaba por ideales, cuando se actuaba en virtud de cómo soplara el viento del interés propio en cada momento, era convertirse en un impostor, en una persona que se hace pasar por lo que no es. “Hacer política sin principios es una impostura que degrada la política y perjudica a toda la ciudadanía”.

Como ha observado  Daniel Gascón en “El País”, el preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Illa es una antología de premisas falsas y vaguedades que asume el marco mental del nacionalismo. El Gobierno ha asumido por completo el intolerable relato independentista: existencia de un reino de Cataluña, sustitución de la guerra de sucesión a la corona de España tras la muerte de Carlos II por una guerra de secesión entre Castilla y Cataluña, opresión de Cataluña tras la conquista de Barcelona por las tropas borbónicas en 1717, robo permanente de España a Cataluña y existencia de una considerable deuda histórica, origen del conflicto actual entre España y Cataluña en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto catalán, judicialización de la política y ”lawfare” contra los políticos nacionalistas con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del 1-O y la actuación de los jueces…

El razonamiento socialista está basado en una serie de falacias: 1) No son los territorios sino las personas los que pagan impuestos y, si los catalanes pagan más, es porque tienen más ingresos y no por residir en Cataluña; 2) Cataluña no está infra financiada, sino más bien al contrario, como demostraron Josep Borrell y Joan Llorach en “Las cuentas y los cuentos de la independencia”, y además los criterios de distribución autonómica siempre fueros acordados entre el Gobierno y la Generalitat e impuestos luego a las demás Comunidades; 3) los privilegios concedidos a Cataluña no son un paso para la federalización del Estado autonómico, sino que conducen a un confederalismo asimétrico totalmente ajeno a la Constitución; 4) el Acuerdo es bueno para Cataluña, para el PSOE y para Sánchez, pero es pésimo para el resto de España; 5) gracias a la supuesta política de diálogo con el independentismo no se ha acabado el procès, ya que tanto ERC como JxC han manifestado sin pudor que la soberanía fiscal es el paso previo a la soberanía política y que “lo volverán a hacer”; 6) no se mantiene el principio constitucional de solidaridad interterritorial, porque, en un sistema de suma cero, los que una Comunidad gana -y es evidente que Cataluña ganará mucho- será en detrimento de las demás Comunidades del régimen común. 

Con el estilo progubernamental  propio de la casa, “El País” ha editorializado que con este pre-Acuerdo ha quedado clausurada la etapa de política de bloques que ha dividido durante una década a los catalanes que están a favor y en contra de la independencia. “El incremento gradualista del autogobierno, mediante el diálogo político y el pacto, se impone sobre el unilateralismo rupturista” (¿?). Y lo que ha sido decisivo es el método que lo define, “basado en el diálogo y en el consenso, en vez de la confrontación y la disrupción”. ¿Ha habido realmente algún tipo de diálogo con las fuerzas constitucionalistas? Como ha señalado con ironía Gascón en el mismo periódico, “tranquiliza que la cesión de las competencias se negocie con quienes malversaron fondos públicos para atacar el orden constitucional, y dicen que lo volverán a hacer”.

Opinión bien distinta -y que comparto- tiene “El Debate”, que ha mantenido que las concesiones de Sánchez vienen dando cauce a las reivindicaciones separatistas de Cataluña para convertirse en Estado independiente, a cambio de votos para que el traidor siga como presidente del Gobierno. Nunca en la Historia de España la manada de los que han venido inventando las patrañas de sus supuestas identidades nacionales han estado tan cerca de conseguirlas. España vive el momento más grave de su Historia contemporánea, por lo que hay que reclamar la unidad de la ingente mayoría españoles que quieren seguir siéndolo -porque para ellos España debe ser la patria común e indivisible de todos los españoles- con el fin de formar un bloque sólido y eficaz frente a los desmanes del impostor Sánchez y la locura indecente de sus socios separatistas. El Acuerdo es otro cambalache dañino similar al que llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno, comprando con prebendas el apoyo de los diputados. En este caso, el precio es -amén de legalizar el boicot al español para imponer artificialmente el catalán- hacer de Cataluña un paraíso fiscal perjudicial para el conjunto de España, porque supone romper la unidad de caja, fraccionar la Agencia Tributaria, acabar con la solidaridad entre territorios, hacer inviable el equilibrio regional y condenar al empobrecimiento a los territorios menos prósperos.

Como ha señalado el profesor vasco Ignacio Zubiri, no es concebible que los políticos que consideran que España les roba vayan a asumir todos los impuestos generados en Cataluña para seguir teniendo los mismos recursos que antes. Cataluña va a reducir su aportación al resto de España en muchos millardos de euros. El Acuerdo es muy perjudicial para los españoles que residan en otras Comunidades Autónomas de régimen común, quienes  pagarán más impuestos y recibirán menos prestaciones. El Gobierno central puede tener problemas para financiar sus políticas públicas, incluido el pago de pensiones, por lo que el Acuerdo pone en riesgo el Estado de bienestar, acaba con la igualdad, limita la capacidad del Gobierno central para realizar políticas estabilizadoras, desmantela el sistema común de financiación de las Comunidades Autónomas, debilita el sistema fiscal español, aumenta el coste de gestión de las empresas, y facilita el fraude fiscal. El Gobierno además pacta bilateralmente con Cataluña cómo debe ser el régimen fiscal aplicable al resto de España.  

ERC exigió como condición primordial para votar a favor de la investidura de Illa la concesión a la Generalitat de una soberanía fiscal total, lo que suponía la capacidad de cobrar y gestionar la totalidad de los impuestos generados en Cataluña, la regulación de los mismos y la inspección, para lo que se concedía amplios poderes a la Agencia Tributaria catalana. El Gobierno reconoció la “singularidad” de Cataluña y la necesidad de concederle un tratamiento especial distinto a las demás Comunidades Autónomas de régimen común. Ofreció un concierto para que un organismo mixto compuesto por representantes del Gobierno central y de la Generalitat -algo previsto en el Estatuto- gestionara los impuestos cobrados en la región, pero Rovira lo consideró insuficiente y exigió la llave de la caja y la caja también, así como la plena capacidad de gestión de los impuestos. A cambio, se comprometía a contribuir con una cantidad a acordar -un cupo-en compensación por los servicios prestados por el Gobierno central -Asuntos Exteriores, Defensa, Comunicaciones y Transportes-, así como con otra suma para ayudar en la cohesión a las Comunidades menos desarrolladas. Los socialistas cruzaron sus líneas rojas ante el envite chantajista de ERC y fueron cediendo, unas tras otras, a todas sus exigencias.

A juicio de Torres, el Acuerdo modifica el sistema de financiación autonómica, la forma en que puede llevarse a cabo la política fiscal del Estado, y la posibilidad de que éste tenga en el futuro de llevar a cabo el resto de las políticas económicas y sociales, y afectará en general la marcha de la economía española en su conjunto y las condiciones de vida de todos los españoles, como contrapartida a que el candidato del PSC acceda a la presidencia de la Generalitat. El sistema que prevé el Acuerdo implicará menos ingresos para el Estado y un aumento de las desigualdades existentes entre sus territorios y sus poblaciones. Asimismo supondrá la sustitución del principio de solidaridad -a cada uno según sus necesidades y sus capacidades- por el de ordinalidad -dar más al que más aporte-. La fragmentación de los impuestos y de la Agencia Tributaría Estatal traerá como consecuencia mayor ineficiencia y menor eficacia, así como la disminución de su capacidad recaudatoria y redistributiva. Implicará, en la práctica, la conversión de España en un Estado cuasi confederal y la renuncia a los principios de solidaridad e igualdad supondrá un cambio radical de los principios inspiradores de las políticas económicas y sociales del Gobierno, y una mutación constitucional al margen de la Constitución. “Un Gobierno que revienta los principios de seguridad e igualdad, y destroza el cerebro, los pies y las manos del Estado central, impidiendo que éste lleve a cabo políticas de definición y ejecución común y de redistribución, es cualquier cosa menos un gobierno progresista. Tratar de gobernar a cualquier precio no es progreso, sino oportunismo y traición”.

El Acuerdo es impreciso y deja muchos puntos en el aire, sobre todo en la cuestión de la  contribución catalana a la solidaridad. El cupo dependerá de los ingresos fiscales en Cataluña, por lo que será variable. Se prevé prestar ayuda a otras Comunidades que “hagan un esfuerzo similar” y no especifica quién tiene la competencia para decidir al respecto. La solidaridad está “limitada” al principio de ordinalidad, por lo que Cataluña, al aportar más, recibirá más. Es obvio que Cataluña contribuirá menos que ahora, porque, de no ser así, ¿para qué cambiar el régimen? La disminución del caudal contributario de la segunda economía del país -Madrid y Cataluña tienen el 40% del PIB español- provocará que disminuyan los servicios públicos y haya Comunidades de primera y de segunda clase. Según José María Lugo, con el Acuerdo se vulneraría la Constitución, que solo prevé sistemas financieros específicos para el País Vasco y Navarra. El Gobierno dice con la boca pequeña que tendrá en cuenta las singularidades de todas las Comunidades, pero, si solo se tuviera en cuenta de Cataluña, sería un privilegio inaceptable y si, se extendiera a otras Comunidades, se produciría una situación imposible, porque no puede haber España 17 regímenes fiscales específicos. El cambio que se pretende debería realizarse mediante una reforma de la Constitución, lo que no resulta viable.

La concesión de la soberanía fiscal a Cataluña y su exclusión de régimen común resultan inaceptable para la inmensa mayoría de las Comunidades, incluidas las dos sometidas a este régimen gobernadas por el PSOE, como Castilla/La Mancha y Asturias. Emiliano Garcia-Page no ha aceptado la obscena soberanía fiscal para Cataluña que nunca figuró en los programas electorales del PSOE, y Adrián Barbón rechazó el pacto por ser contrario a los intereses de Asturias. Otros lideres autonómicos socialistas han hecho declaraciones similares pero son meramente testimoniales y, a la hora de la verdad, todos se cuadrarán ante el “capo” a toque de corneta, incluido García Page, del que dice Mariano Gomá que es buen esgrimidor que ataca y retrocede, se lanza y vuelve atrás, con un estoque de plastilina como el de los mosqueteros cobardes. A la oposición de algunos sectores del PSOE se han unidos varios partidos miembros de Sumar, como Izquierda Unida, Compromís o la Chunta Aragonesa. Para poder aplicar el Acuerdo habría que modificar la Ley Orgánica para la Financiación de las Comunidades Autónomas y el PSOE y ERC no cuentan en el Congreso con la mayoría requerida. Pero -acostumbrados como están a violar las leyes- cuentan con un plan B: mantener la LOFCA en vigor, pero no aplicarla en Cataluña, para la que se adoptaría una ley ordinaria o un decreto-ley que no requieran mayoría absoluta.

Cataluña se ha beneficiado tradicionalmente del victimismo y se ha quejado de la opresión y el robo por parte del Gobierno español, cuando ha ocurrido justamente lo contrario. La industria textil catalana -base de su progreso industrial- se pudo desarrollar  gracias al mantenimiento de unos elevados aranceles, costeados por los demás  españoles, que no podían importar textiles extranjeros y tenían que pagar precios más elevados por unos textiles catalanes de inferior calidad. Ya va siendo hora de que cambiemos el lema de “Espanya ens roba”, por el más adecuado de “Cataluña nos roba”.