Titulaba uno de mis artículos de hace unas semanas “Más bajo difícilmente podrá caer el presidente del Gobierno de España” y debo humildemente reconocer que me he equivocado por completo. Tomando prestado el grito de guerra de los socios de Pedro Sánchez, cabe reconocer que “sí, se puede”. Sánchez se ha mimetizado con sus aliados independentistas, y su Gobierno cada día se parece más al Govern de la Generalitat de Puigdemont, Torra o Aragonés. Las Cortes siguen con entusiasmo las nefastas pautas del Parlament y Meritxel Batet es una réplica de Carme Forcadell. La arbitrariedad y la chapucería imperan en uno y en otra, y la mayoría “frankensteiniana” oprime a la minoría democrática que representa la oposición, a la que acusa sin motivo de todos los males habidos y por haber, del golpe de Estado a la corrupción de las instituciones. En vez de gobernar, Sánchez se dedica a hacer oposición a la oposición y cabe preguntarse cómo es posible que quienes no ostentan el poder puedan realizar tantos desmanes, como Sánchez y su corte de los milagros le acusan cotidianamente, con el apoyo entusiástico de los medios de comunicación que, directa o indirectamente, controla el Gobierno. Arnaldo Otegui -el líder etarra que se cayó del caballo frente a Mondragón y se convirtió en un ferviente demócrata tras quitarse el pasamontañas- es un poco bruto, pero no sabe disimular, y ha hecho una descripción harto precisa de la situación actual. Según confesó a sus seguidores en la intimidad, “al Gobierno de Sánchez solo lo apoyamos los que queremos irnos de España”: a saber, antisistemas, independentistas y filoetarras. Estos son sus poderes, como diría el cardenal Cisneros. Los socialistas honrados deberían reflexionar y preguntarse si el actual PSOE sanchista es un partido de Estado, democrático e institucional.

Aunque esté hecho de retazos incompatibles entre sí, las piezas incoherentes que configuran al monstruo se ensamblan formando un todo de apariencia gubernamental ante el temor de que Sánchez -una bicoca para esta laya- pueda perder el poder. El presidente dispone de suficiente mayoría para legislar lo que quiera y llevar a cabo las mayores barbaridades que se le ocurran, pero -en su prepotencia y menosprecio a los ciudadanos- no le basta con hacer cosas malas, sino que disfruta haciéndolas mal. No solo se pone por montera la Constitución y las leyes, sino que lo hace con alevosía y nocturnidad, como estamos viendo con las reformas exprés -sin las mínimas garantías jurídicas- de normas básicas como el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Todo de una tacada y por la puerta de atrás, recurriendo al fraude político de las propuestas de ley presentadas por el PSOE y por Podemos, y a las enmiendas de ERC. Así, ha estado a punto de conseguir en horas 24, la eliminación del delito de sedición, la devaluación penal del de malversación y la reforma de la Constitución, de la LOPJ y de la LOTC en lo relativo a la elección de los miembros del TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y aún le queda, para culminar sus fechorías, modificar la LEC a fin de impedir que los diputados imputados tengan que abandonar sus escaños. Y lo peor es que todo esto no lo está haciendo por convicción, puesto que ninguno de esos arbitrarios cambios figuraban en el programa electoral del PSOE y están en flagrante contradicción con las reiteradas declaraciones solemnes del presidente del Gobierno –“?Cómo quiere que se lo diga? Jamás pactaré con Bildu”-, sino por aceptar los chantajes de ERC y de Bildu, y limpiar a sus dirigentes de las lacras de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo por la comisión de delitos de sedición y malversación. Y eso que el alto Tribunal los eximió magnánimamente del delito de rebelión, porque su actuación criminal fue solo una “ensoñación”. 

¡Menuda ensoñación! Realizar referéndum ilegales expresamente prohibidos por el TC, lanzar las masas a la calle para imponer sus designios mediante la violencia física y moral, derogar la Constitución mediante unas leyes autonómicas de desconexión, proclamar la República de Cataluña y decretar su independencia separándola de España. Con las modificaciones que está llevando a cabo Sánchez, estos gravísimos delitos -punibles en las legislaciones penales de todos los países democráticos- serían “pecata minuta”, pues pasarían a convertirse en simples alteraciones del orden público. Solo les falta que su aliado preferente, Oriol Junqueras, les informe de la fecha en la que sus fieles cometerán esta pequeña falta y obtendrán con total impunidad la independencia de Cataluña.

El Gobierno ha forzado la máquina al máximo con estas apresuradas reformas: Proposiciones de ley por parte de los grupos parlamentarios en vez de proyectos de ley presentados por el Gobierno, para eludir la elaboración de los informes preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal; procedimiento de urgencia y reuniones extraordinarias, incluso nocturnas; negativa a que comparecieran expertos penalistas y constitucionalistas; acortamiento de los debates y rechazo sistemático de las enmiendas de la oposición…

La Unión Progresista de Fiscales -que no es sospechosa de derechismo- ha expresado su firme oposición a la técnica legislativa utilizada por el Gobierno, que se ha privado de los preceptivos informes de los organismos jurídicos consultivos e impedido un debate público prudente y sosegado, que debería haber precedido a tan importantes cambios normativos. El Código Penal es una norma fundamental del Estado de Derecho y sus modificaciones no pueden ser realizadas de manera apresurada, y deberían llevarse a cabo atendiendo al interés general de todos los ciudadanos y con los más elevados estándares de técnica legislativa, lo que no es el caso de un Gobierno notorio por su chapucería jurídica, como ha puesto de manifiesto el fiasco de la Ley de «Sí es Sí”, que -por la incuria de la ministra Irene Montero y de  su Ministerio de la señorita Pepys- ha permitido la reducción de las penas a más de un centenar de condenados por violencia sexual.

El Gobierno culminó sus tropelías jurídicas con su pretendida modificación de la LOPJ y de la LOTC por la puerta de atrás, mediante enmiendas a una proposición de Ley Orgánica sobre la eliminación de la sedición, cruzando una línea roja que nunca debería haber traspasado por pura decencia. Ante estos disparates, el PP se plantó y recurrió en amparo ante el TC. La reacción del Gobierno y de sus aliados fue inaudita. Sánchez declaró que la derecha política, judicial y mediática trataba de amordazar a las Cortes, cosa que no había ocurrido en 40 años; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, exigió al partido que retirara su recurso que podría acarrear gravísimas e impredecibles consecuencias para la democracia –“No quiero ni imaginarme las consecuencias de que mañana el TC adopte una decisión en línea con la maniobra que está adoptando el PP. Serían consecuencias graves para la separación de poderes, para la normalidad institucional, y para la soberanía popular y el sistema democrático. Confío en que mañana el Constitucional adopte una decisión justa y con arreglo a la ley”-; y el portavoz socialista y presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia -haciendo gala tanto de desconocimiento de la Historia como de sectarismo- acusó al PP de tratar de nuevo de parar un Pleno y la democracia. “Hace 41 años lo hizo con los tricornios y hoy con las togas”. Si el Tribunal no se pliega a su voluntad, incumplirá la ley, tomará decisiones injustas y respaldará el golpismo del PP.

La prestigiosa ex-ministra socialista, Cristina Alberdi, ha reaccionado ante tales desvaríos afirmando que es intolerable acusar de golpismo a un partido que legítimamente presenta un recurso permitido por la ley. El Gobierno ha introducido reformas en leyes orgánicas, que deberían haber sido tramitadas mediante proyectos de Ley, con los preceptivos informes y tras haber escuchado a las partes interesadas, y está socavando los cimientos de la democracia y alterando el equilibrio institucional. No se pueden modificar las leyes orgánicas mediante enmiendas a una proposición de Ley con la que no guardan conexión alguna, rebajar la mayoría para las elecciones de los 3/5, ni quitar al TC el trámite del plácet a los candidatos a magistrados, porque está en la Constitución. Sánchez hace todo lo que decía que no iba a hacer, se contradice a sí mismo de un día para otro y cada vez lo hace más rápido.

¿Qué nefanda acción ha cometido el PP para provocar semejante alboroto? Pues simplemente ejercer un derecho que le reconoce la legislación, y no por la puerta de atrás sino abiertamente. Una de las funciones del TC es dirimir cualquier duda o queja que sz lz presente con respecto al modo de cómo se lleve a cabo un proceso de reforma de una ley fundamental y si el poder legislativo y el ejecutivo cumplen las normas establecidas. El PSOE -que tiene una memoria corta y selectiva- ha olvidado que en 2003 recurrió ante el TC la decisión del Gobierno de José María Aznar de introducir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndums ilegales mediante una enmienda a la Ley de Arbitraje, y el Tribunal le dio la razón. Ha olvidado asimismo que, en el periodo 2017-2018, el PSC recurrió al amparo del  TC diversas decisiones del Parlament, y el Tribunal le dio el solicitado amparo y prohibió en 2017 que se celebrará una sesión en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretendía exponer los resultados del referéndum  del 1-O. Ha olvidado finalmente que, a instancias de su Gobierno, se prorrogó en la presidencia del TC en 2008 a María Emilia Casas y al resto del Tribunal, y que la controvertida sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña fue dictada por un Tribunal que tenía cuatro de sus magistrados en una situación de prórroga durante dos años. Nadie se rasgó entonces las vestiduras por este anómalo hecho. ¿Por qué lo hace ahora el PSOE cuando cuatro de sus miembros están en una situación de prórroga de tan solo unos meses? 

Algunos ignorantes del PSOE y de Podemos han cuestionado la legitimidad del actual TC para tomar decisiones porque algunos de sus miembros tienen su mandato “caducado”. Como ha observado el profesor Carlos Flores, semejante afirmación es del todo errónea, pues los magistrados que llevan más de cuatro años en su puesto no tiene su mandato caducado, sino que éste ha sido prorrogado al amparo del artículo 17-2 de la LOTC, que les obliga a permanecer en sus puestos hasta que no sean sustituidos. Su mantenimiento tiene por objeto impedir que el Tribunal pueda quedar paralizado por la desidia de los partidos políticos que deben procurar su renovación. Esos magistrados tienen exactamente las mismas atribuciones que los demás.

Pese a las acusaciones infundadas del Gobierno y de sus aliados, sobre la falta de renovación del CGPJ y consiguientemente del TC, los magistrados no tienen culpa alguna, ya que su renovación corresponde a las Cortes. La Constitución establece que cuatro de los miembros el Consejo serán elegidos a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros (artículo 122-3). Lo mismo establece respecto a los magistrados del TC, cuatro de los cuales serán elegidos a propuesta del Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado por una mayoría de tres quintos, dos más serán nombrados a propuesta del Gobierno y otros dos a propuesta del CGPJ (artículo 159-1). Según la LOPJ, las Cámaras deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca en plazo. Según una resolución de la Presidencia del Gobierno del 2000, las Mesas del Congreso y del Senado acordarán la apertura de un plazo para la presentación de candidaturas y los respectivos presidentes -a la vista de las deliberaciones y del tiempo transcurrido desde el inicio del proceso electoral- propondrán la apertura de sucesivos plazos para la presentación de las candidaturas. Tanto el Reglamento del Congreso como el del Senado contienen disposiciones similares. 

Pese a ello -según ha señalado Ana Sánchez en “ABC”-, ninguna de las Cámaras ha activado el proceso. Tanto la presidenta del Congreso como los tres últimos presidentes del Senado han sido designados por el PSOE, cuyos diputados controlan las dos Mesas. La inacción de los distintos presidentes, que culpan de la situación a los grupos parlamentarios y afirman que abrir los plazos sería una decisión estéril, se ha producido a pesar de los insistentes requerimientos del presidente del TC y del CGPJ -especialmente durante el mandato de Carlos Lesmes- y suponen una auténtica dejación de poder. Según el profesor José María Vera, ningún sujeto sometido a la ley puede decidir no cumplirla y considerarla estéril. La renovación de las dos instituciones es responsabilidad de las Cámaras y éstas y sus presidentes  no han hecho nada para cumplir su mandato. Para Flores, la asunción de éstos de que el PSOE y el PP deben llegar a un acuerdo que vaya a ser ungido por ellos “a posteriori” explica, pero no justifica, su culposa inacción.

El PP no ha cuestionado la decisión del Gobierno de modificar el Código Penal, la LOPJ o la LOTC, sino el procedimiento incorrecto utilizado para la reforma de estas dos leyes, que lesionan los derechos de los diputados al ejercicio de sus funciones constitucionales. En su sentencia de 2003, el TC condenó al Gobierno de Aznar porque había recurrido para reformar el Código a una enmienda que no tenía conexión alguna con la Ley que se estaba tramitando ¿Existe alguna conexión entre el Código Penal y la LOPJ o la LOTC? Éste es un caso clarísimo de cómo el Gobierno de Sánchez aplica la ley del embudo.

El fondo del problema radica en la incapacidad del CGPJ de haberse renovado a su debido tiempo y permanecer durante cuatro años en una situación de provisionalidad que no le ha permitido elegir a los dos magistrados del TC que le corresponde. El Gobierno ha urdido todas las triquiñuelas posibles, como la restauración de las competencias del CGPJ solamente para elegir a los dos magistrados que le competen, y decidido actuar por las bravas al imponer el nombramiento de sus dos candidatos, el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo -cocinador de los indultos a los sediciosos catalanes- y Laura Díez -directora general de la Presidencia y colaboradora de la Generalitat-. Puede que estos nombramientos sean legales, pero no son éticos y no se puede imponer que entren en funciones cuando no se han designado los dos magistrados que corresponden al CGPJ. Al Gobierno no le basta ya nombrar jueces afines a su ideología,  sino que designa sin pudor a juristas que han estado directamente a su servicio, para evitar desagradables sorpresas si, los designados actuaran con independencia y no se plegaran a las órdenes de su mentor.

El PSOE y Podemos recusaron al presidente del TC, Pedro González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez -dos de sus miembros en situación de prórroga-, pero no así a los otros dos -Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares-, que se encontraban en idéntica situación, alegando que la decisión que se tomara les afectaría en la continuidad de su permanencia en el Tribunal. Como decía Orwell, todos los cerdos son iguales, pero algunos de ellos son más iguales que los demás. Xiol, al ser “progresista”, no se vería afectado y siempre actuaría con objetividad, a diferencia de sus otros dos colegas. Los magistrados de la minoría “progre” -tan demócratas ellos- exigieron al presidente que aplazaran la reunión, amenazando con ausentarse si no lo hacía, con lo que, al no haber quórum, no se  podría adoptar decisión alguna.  El Tribunal no entró a examinar las recusaciones por considerar que los recusantes carecían de legitimidad para hacerlo.

Por decisión mayoritaria de 6 a 5 votos, el TC afirmó que los diputados recurrentes en amparo habían alegado la vulneración al ejercicio de su derecho del cargo representativo, de conformidad con lo establecido en la Constitución (artículo 23-2), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de aquellos representados (artículo 23-1), como consecuencia de la introducción por parte de la mayoría parlamentaria de enmiendas a unas leyes orgánicas, que no guardaban conexión de homogeneidad con el texto enmendador. El Tribunal apreció que la vulneración de los derechos fundamentales alegada no carecía “prima facie” de verosimilitud, si se atendía a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que había de existir entre ellas y la iniciativa legislativa que se pretendía modificar. Igualmente consideró que la cuestión planteada en el recurso tenía especial trascendencia constitucional, al estimar que el asunto suscitado trascendía el caso concreto, ya que planteaba una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, y que tenían unas consecuencias políticas también generales. ”El Tribunal ha estimado la solicitud de medidas cautelarísimas formulada por los recurrentes en amparo y, en consecuencia, acordado suspender cautelarmente -conforme al artículo 56-6 de la LOTC- la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la LOPJ y la LOTC, introducidas en la referida proposición de ley orgánica, que deriva de las dos enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos[…], introducidas en el texto de la proposición de Ley Orgánica aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2022”.

Pese a lo que trata de confundir el Gobierno con sus mensajes tóxicos, el TC ha resuelto un recurso que no era de fondo sino de forma. En su impecable auto, el Tribunal solo ha pedido que se hagan las cosas de conformidad con los procedimientos establecidos. Aunque los presidentes de las dos Cámaras y Bolaños se han apresurado a decir que acataban la decisión -a diferencia de sus socios de Podemos que eran partidarios de ignorarla-, como ha señalado Andrés Trapiello, están echando tanta basura mitinera, que están preparando el camino para la insumisión institucional y el descrédito del TC. Sánchez ha insistido en que la mayoría conservadora del Tribunal había impuesto su criterio. Es curioso el doble estándar del PSOE conforme al cual, cuando una resoluciones le satisface -aunque sea adoptada por el voto de calidad de su presidente-, se trata de una decisión del Tribunal, pero -si no le place- es una decisión de la mayoría conservadora del mismo.

El fontanero jurídico del Gobierno, Bolaños -que ha sufrido en el Congreso unos varapalos impresionantes por parte de Inés Arrimadas y de Sergio Sayas- se ha quejado de que una decisión tan grave se haya adoptado en un tiempo tan breve y por una mayoría exigua. Al ministro le parece que el TC no ha tenido suficiente tiempo para pronunciarse sobre una cuestión tan sencilla como la de si se había seguido o no correctamente el procedimiento para modificar unas leyes orgánicas mediante enmiendas a otra ley. Le parece normal, en cambio, que una reforma tan compleja como la de los delitos de sedición, malversación y desórdenes públicos, se haga mediante un procedimiento de urgencia, sin informes de los organismos jurídicos consultivos y sin comparecencia de expertos.

La presidenta del Consejo Batet ha lamentado la suspensión de un procedimiento legislativo en curso -un hecho sin precedentes- y un cambió del modo de proceder seguido hasta ahora, que ponen en peligro la legitimización del sistema democrático. Más contundente aún, el presidente del Senado, Ander Gil, ha afirmado que es un paso de difícil retorno en la degradación de dicho sistema. Para vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por primera una vez en la historia de la democracia los representantes del pueblo habían visto parcialmente suspendida su actividad legislativa. Estas críticas carecen del más mínimo fundamento. El TC no está impidiendo a las Cortes que legislen, sino que atenten contra los derechos de las minorías parlamentarias a través de un procedimiento irregular. Tan solo ha supuesto una breve interrupción del proceso legislativo, para permitir que las Cámaras cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes. El Tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto y, prueba de ello, es que los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos ya están preparando -nuevamente de forma espuria- una nueva propuesta de ley para modificar la LOPJ y LOTC en los mismos términos de urgencia, negativa a recabar los informes preceptivos y ausencia de un debate parlamentario serio y riguroso.

El Senado presentó un recurso para que el TC autorizará que se votara la propuesta ya aprobada en el Congreso, pero el Tribunal lo ha rechazado. También la propia Fiscalía del TC, a instancias del Gobierno –“¿A quién pertenece la Fiscalía? Pues eso”- instó al tribunal a que se pronunciará sobre la recusación de González Trevijano y de Narváez, alegando que existía una indiscutible vinculación directa con el objeto en trámite parlamentario, y que se produciría una incidencia automática en la situación profesional y personal de los dos recusados. En una muestra de desvergüenza y cinismo -rayana con la prevaricación- Xiol ha votado a favor de la recusación de sus dos colegas, cuando él se encuentra exactamente en la misma situación. La propuesta del Ministerio Fiscal fue, sin embargo, rechazada por el tribunal por la “ratio” habitual de 6 a 5 votos.

Resulta preocupante que un auto tan obvio y acertado haya sido rechazado por cinco probos magistrados del llamado sector progresista. Las perspectivas de un nuevo TC, cuando finalmente se constituya, no pueden ser más alarmantes, con un presidente como Cándido Conde -ególatra, inflexible y politizado, que ha defendido que los magistrados debían mancharse las togas con el polvo del camino-, tres magistrados más radicales que progresistas -Ramón Sáez, Juan Carlos Campo y José María Bandrés-y  un trío de damas esclarecidas -María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán y Laura Díaz. Dada su amplia conexión con el Gobierno, no sería de extrañar que el TC pase a ser una sucursal más del mismo, como ya son la Abogacía del Estado, la Fiscalía General o el CIS.

¿Qué podría hacer la UE ante esta farsa que erosiona el Estado de Derecho en España? Nicolás Pan-Montojo ha publicado en “The Objective” un artículo titulado “Bruselas respalda la decisión del Constitucional de frenar los planes del Gobierno”, que resulta excesivamente optimista. Citando “fuentes comunitarias” no precisadas, ha comentado que -aunque la Comisión Europea eluda valorar en público las reformas de Sánchez- en privado ha sido muy crítica con ellas, y recordado que existen estándares europeos para la realización de reformas judiciales importantes, que requieren que se celebren consultas con todas las partes implicadas, y advierte del peligro que supone la adopción de una reforma exprés para cambiar los equilibrios en el Poder Judicial, como han demostrado las recientes sanciones impuestas a Hungría. Ante una reforma de este calado, el Gobierno español debería haber consultado al CGPJ, a los jueces y fiscales, e incluso a la Comisión de Venecia.

Araceli Mangas ha comentado, por el contrario, que no debemos confiar en Europa, que es una tortuga. No estoy en este caso de acuerdo con la insigne académica y creo que la Unión puede y debe desempeñar una función mediadora para ayudar a resolver el enfrentamiento provocado por Sánchez con el Poder Judicial. Ya ha tomado algunos pasos modestos, pero eficaces, como la crítica a la pretensión del Gobierno de bajar el quórum para la elección de miembros del CGPJ o su recomendación de que sus miembros judiciales fueran elegidos por sus pares. Ante la tentación del Gobierno de un Estado miembro de violar el Estado de Derecho, la Comisión Europea no puede permanecer “on the fence” y debería pronunciarse, aunque fuera de forma sumamente discreta. No puede ser tan estricta con Hungría, Polonia o Rumanía, y tan laxa con España. El problema es que el presidente del Gobierno goza incomprensiblemente de buena reputación en Bruselas, como muestran -en palabras de Emilia Landaluce- “las miradas licuadas con las que Ursula von der Leyen alaba a Pedro Sánchez”. Éste será sensible a cualquier recomendación o advertencia de la Comisión, porque necesita de ella para potenciar su figura durante su ejercicio de la  presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2023. Sánchez no hará el menor caso a cualquier presión que le hagan las fuerzas políticas españolas -salvo que provengan de ERC o de Bildu-, pero acogerá solícito las advertencias de la Unión.

Sánchez se parece cada vez más a Puigdemont y -como ha puesto de manifiesto Arrimadas en un discurso magnifico en el Congreso- ha asumido como propios todos los pronunciamientos básicos de los partidos separatistas, solo que en este caso lo hace desde la sede del Gobierno de España, y no hay esperanza de que vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución en toda la nación. “Cuando uno empieza a cuestionar la legitimidad de las instituciones, llega el caos”. Ojalá se equivoque, pero, con este personaje, todo es posible en La Moncloa.