Sr. Don Didier Reynders

Comisario de Justicia

Comisión Europea 

BRUSELAS (BELGICA)

Estimado Comisario Reynders:

Le presento mis excusas por distraer su atención, pero el asunto es extremadamente grave, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez está atentando contra el Estado de Derecho en España y violando los principios básicos de separación de poderes y de independencia del poder judicial, en contra de la normativa española y europea. El Gobierno está a punto te presentar en las Cortes una Ley para conceder una amplia amnistía a los políticos y ciudadanos catalanes que dieron un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de España en 2017, realizaron actos de terrorismo y atacaron a la policía. Algunos de ellos fueron condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, pero fueron indultados por el Gobierno a pesar de la opinión en contrario del Tribunal.  Otros -como el antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, huyeron del país para eludir la justicia española y son considerados prófugos. Puigdemont fue elegido eurodiputado, pero el Parlamento Europeo ha suspendido su inmunidad y está pendiente de ser extraditado a España, si el Tribunal de Justicia de la UE rechaza el recurso presentado por sus abogados.

En las elecciones generales de 23 de julio, el Partido Socialista (PSOE) fue derrotado por el Partido Popular (PP), pero a su líder, Alberto Núñez Feijóo, le faltaron tres votos en el Congreso y no puedo ser elegido presidente del Gobierno. Sánchez – cuyo partido había quedado en la segunda posición en las elecciones- presentó su candidatura, pero para ser elegido requería los votos de todos los partidos nacionalistas, incluidos los siete votos de “Junts por Catalunya”. Para lograrlos, el PSOE ha firmado un Acuerdo con Junts por el que sus diputados apoyarán la candidatura de Sánchez a cambio de la concesión de una amnistía -y eventualmente la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña-, así como de considerables concesiones económicas, financieras y de otro tipo, tales como reconocer que los Tribunales españoles habían recurrido al “lawfare” contra ciudadanos de Cataluña por sus ideologías independentistas, o que el Congreso podría crear Comisiones parlamentarias  para supervisar -y eventualmente derogar- las decisiones y sentencias de jueces y de tribunales. Pese a no haber ido tan lejos como España, Polonia y Hungría han sido condenadas por la UE.

Existe un precedente importante, que sin duda conocerá. En 2019, el presidente de la Comisión Europea, Claude de Juncker, afirmó en Bucarest que, si el Gobierno rumano llevaba a cabo su proyectada Ley de Amnistía, ello sería un paso atrás en el Estado de Derecho, y valores esenciales de la UE se verían adversamente afectados. La Unión presionó al Gobierno rumano y la amnistía no llegó a ser concedida. Espero que la Comisión Europea siga este importante precedente.

Ha surgido un inmenso clamor en todos los sectores de la sociedad civil española contra este humillante Acuerdo y contra la posibilidad de que el Gobierno conceda una amnistía ilimitada a unos delincuentes que, no solo no se han arrepentido de sus crímenes, sino que, por el contrario, se han jactado de que volverán a cometerlos. Jueces, fiscales, abogados, profesores, diplomáticos, funcionarios, médicos, inspectores de Hacienda y policías han alzado sus voces en contra de la concesión de una amnistía, y cientos de miles de ciudadanos han salido a las calles para manifestar su oposición a una decisión de Sánchez que es injusta, inconstitucional e ilegal. Algo mal habrá hecho cuando las cuatro Asociaciones de Jueces y las cuatro asociaciones de fiscales -que suelen discrepan entre ellas-han reaccionado unánimemente contra la pésima conducta del Gobierno y se han opuesto tajantemente a la concesión de una amnistía, que supone una intromisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo en el Poder Judicial,  y una violación del sagrado principio dr independencia de la justicia, 65 diplomáticos jubilados -la inmensa mayoría de ellos antiguos embajadores- han publicado una declaración titulada “No en mi nombre, ni en el de España: no a la amnistía, no a la autodeterminación”. Le adjunto a una copia de dicha declaración.

Acogimos favorablemente la carta que ha dirigido a los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, en los que les alertaba de los riesgos de conceder una amnistía que podría quebrar los valores fundamentales de la UE, y les pedía que le facilitaran amplia información sobre el alcance personal, material y temporal de la proyectada Ley. Hemos quedado asombrados con la cínica respuesta de Bolaños de que no podía facilitar esa información porque su Gobierno era un Gobierno en funciones y no tenía nada que ver con la Ley, que era competencia de las Cortes.  Este ”ministro en funciones” -la eminencia gris detrás de esta oprobiosa Ley-es el que ha firmado un Acuerdo con el presidente de ERC, Oriol Junqueras -condenado por el Tribunal Supremo e indultado por el Gobierno-, conforme al cual, a cambio del apoyo de los diputados de este partido a Sánchez, el Parlamento aprobará una amnistía y el Gobierno condonará 15,000 millones de euros de la deuda que la Generalitat tiene contraída con el Estado español.

Supongo que será consciente de que Sánchez y su Gobierno en funciones están violando los artículos 2 y 19 del Tratado de la UE y, en consecuencia, espero que la Comisión Europea aplique las disposiciones del artículo 7 de dicho Tratado y sancione a España, como ha hecho con Polonia y con Hungría.

Atentos saludos

Dr. José Antonio de Yturriaga

Embajador de España

Profesor de Derecho Diplomático en la UCM 

Ex-jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores

Madrid, 13 de Noviembre de 2023