En política hay quienes consideran que la tarea consiste en poner los medios necesarios para facilitar la vida a los ciudadanos y que ejerzan en libertad sus derechos con la menor obstaculización posible por parte de nadie, en especial por parte de las diferentes administraciones, que ya de por sí resultan bastante molestas cada vez que se ejercitan en la exacción y la rebatiña de dinero y tiempo.
Son los menos, de acuerdo, pero haberlos haylos. Sin embargo, son casi infinitos aquellos que consideran que a la política se llega para imponer a los demás lo que podemos y debemos hacer o dejar de hacer mediante prohibiciones ajustadas a su universo moral y a su capricho. Y encima te lo explican, porque consideran que su labor consiste en modificar los paradigmas sociales y adaptarlos a su cosmovisión personal, por lo general marcadamente moralista, que evalúa el bien y el mal en su conjunto y ad futuram, imponiendo así sus pautas particulares al resto de los ciudadanos.
No lo hacen, tal vez, por causar daño, sino por una suerte de convicción personal exacerbada que les hace sentirse autorizados o impelidos a modificar determinados códigos hacia lo que ellos consideran que es bueno o malo. De todo ello se desprende un inefable tufo a soberbia y a niñaterío adolescente, que abunda de forma desesperante entre las filas de Podemos y de la izquierda en general, quienes contemplan la política como una empresa llamada Caprichos S.A. destinada a implantar una única manera de mirar las cosas (la suya) inundada de argumentos extravagantes, biblias de una demagogia canónica que aplican lo mismo para implantar una ley de memoria histórica que un proyecto de acogida de mascotas para mujeres que denuncien malos tratos o desde la aplicación de estimulaciones sexuales a bebés de 0 a 6 años hasta la introducción de una presunta perspectiva de género en la enseñanza de las matemáticas y que se pueda pasar de curso con todo suspendido.
A mí, por ejemplo, se me podría ocurrir que ningún ex director de Instituto o ninguna ex dirigente sindical pudiese ocupar jamás un puesto de responsabilidad en la política. Es más, apuesten a que yo mismo sería capaz de escribir un prolijo catálogo de razones más o menos sesudas y enjundiosas para justificar esa propuesta y sólo poner el nombre de la ministra Yolichari Díaz o el de Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad y otras obscuridades más de la Junta de Andalucía, serviría para rellenar muchas páginas de argumentos a favor de lo que digo.
Tal vez habría gente que no coincidiría con algunos o muchos de mis argumentos, pero eso es lo de menos, porque, al fin y al cabo, si he sido elegido por cuatro años (así piensan semejantes calabazas con verbo), yo haré lo que me dicte mi deseo a ese respecto y aplicaré a la sociedad lo que crea más oportuno para que todos se adapten a lo que considero conveniente. Y es que creen que la política consiste en eso, en cambiarnos el paso e imponernos su relato moral y cotidiano del mundo.
No sé de dónde se abastece esa especie de superioridad individual auto otorgada, ágrafa y que traen de casa, pero si yo, que soy el que manda, opino que lo mejor es que nadie prepare paellas en su domicilio, pues impondré que cada paquete de arroz se compre presentando el DNI o pasaporte y quedará inscrito en un registro nacional de sospechosos. Y así con todo.
Escribí aquí mismo el otro día sobre el caso de la mencionada consejera de la Junta, engreída, fatua e irrespetuosa, que cree que los espectáculos cómicos taurinos no debieran existir (a propósito de discapacitados físicos y de risas inadecuadas, la consejera podría haber optado por sugerir que Echenique no pise el hemiciclo del Congreso de los Diputados), lo cual constituye una opinión tan respetable como la mía, que considero que las ex directoras de Instituto debieran cambiar de tinte y de champú y dejar de invadir la vida de la gente, salvo que ni su opinión ni la mía debieran producir ningún efecto ni ser llevadas a su cumplimiento, porque en ambos casos devienen de una creencia particular que avasalla y aplasta los puntos de vista y los derechos de terceros.
Y cuando digo «terceros» no me refiero a impecables mayorías ni a irreductibles minorías, sino al derecho legítimo mismo de cualquier persona a que los políticos no se entrometan en la voluntad de los individuos y a que no se estigmatice la particularidad ni se tipifique la diferencia. En definitiva, que resultar elegido en una lista de un partido no otorga ni el menor atisbo de razón o de decencia para imponer sus apreciaciones ni prohibir los deseos ajenos, porque la política no debiera ser un instrumento para la ingeniería social sino una mera herramienta para, ya digo, garantizar la libre voluntad y protegernos del abuso de poder.
En ese marasmo, pronostiqué hace mucho que los llamados «delitos de odio» serían un cáncer para el Estado de derecho y para la democracia, pues de inmediato se ponen al servicio del capricho y de la extravagancia de los ofendiditos, que se sienten alienados o abusados por las opiniones discordantes y establecen como ofensa la mera discrepancia, cosa que en este feminismo igualitarista han llevado al paroxismo, pero también entre los yihadistas de la fe climática y de los otros, como ocurre ahora también con las vacunas.
Es decir, nos sobreabundan los talibanismos, entre ellos el de género, que impide hasta debatir sobre los datos que ocultan y no permiten cuestionar ni las ocurrencias que emiten gratuitamente con un desprecio memorable por la realidad, como cuando alguien afirma que «no existen mujeres que maten a sus maridos ni parejas» (negacionismo fetén, ágrafo y decididamente indocumentado) y entonces los sindicatos exigen el cese de… quienes señalan que eso es absolutamente falso.
He dicho.
