Incapaces de encarrilar siquiera, después de 23 días, la crisis sanitaria hacia alguna puerta de salida, cada nueva medida que improvisa el Gobierno se encuentra con el precipicio de la economía.

No sólo fue el doloso comportamiento previo del Gobierno, ni la pésima gestión que viene haciendo con casi todos los poderes otorgados unánimemente por la oposición, sino que a sus añadidos posteriores (de dudosa legalidad) en los sucesivos decretos, suma toda una panoplia de errores y mentiras imposibles de ocultar, por más que haya sobornado de urgencia con 15 millones a las Panzer Televisionen y a los Psoentzgruppen para que le construyan a diario un relato de silencios, ocultaciones y omertá.

Miente el Gobierno en las cifras que ofrecen los ministros y dirigentes que comparecen ya en fila india cada día ante las pantallas, abrumándonos con su constante presencia (varias veces por jornada) con un ruido monocorde que recuerda al de una cacerolada de datos y expresiones sin significado.

La palabra ha perdido su valor y los ciudadanos cada vez son más conscientes de la estafa. Sólo S.M. el Rey, cuando comparezca, tendrá el poder de convocatoria necesario para que los españoles se sienten a escuchar.

A estas alturas, los decretos del Gobierno han sobrepasado con creces los límites previstos para el estado de alarma y, a juicio de muchos expertos, desbordan las costuras constitucionales si no se aplica el estado de excepción. 

El derecho al trabajo, la libertad de movimiento,  el de reunión, la libertad de culto y hasta el de expresión, entre otros, están ahora mismo suspendidos, amenazados  o sometidos a un marcaje pre o postdemocrático.

Pero las alarmas han saltado cuando el subcomandante lagarterano Iglesias, por dos veces en 24 horas, ha hecho sonar, aunque de manera ágrafa y asilvestrada, la flauta que pone en riesgo el derecho a la propiedad privada, apelando para ello de forma teatral, pero no gratuita, al artículo 128 de la Constitución, en el que se recoge que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», artículo genérico que, en una interpretación extensiva, puede atribuirse al reforzamiento del concepto del «Estado social de Derecho» y que, de manera más restrictiva, pudiera hacer pensar en un hipotético estado de guerra.

Sin embargo, al bolivariano que se tiñe la coleta para salir en pantalla con una coquetería impropia de la situación (aunque, esto sí, con una americana tres tallas más grandes que se diría prestada de urgencia por el estilista del Pancetas), el artículo 128 parece originarle sueños de una voluptuosidad leninista expropiadora irresistible.

Con la crisis sanitaria, decía, aún sin encauzar, el Gobierno ha pretendido adentrarse en el destrozo de la economía que sus propias medidas han originado. Y lo ha hecho como un rinoceronte en una cristalería, desvelando, a su vez, una batalla sin cuartel entre, al parecer, la ortodoxa funcionaria europeísta Nadia Calviño y ese espejo delirante del Ché de Galapagar.

Sea cual fuere la batalla dentro del Gobierno entre esta suerte de señorita Rottenmeier y la horda bolivariana, la realidad no se inmuta y sigue ahí.

El panorama económico que ha dejado el virus (y los decretos del Gobierno) se asemeja mucho al de un paciente que hubiese sufrido un ictus grave o alguna otra clase de accidente colosal.

La parálisis es profunda y casi absoluta, pero las normas sanitarias (el mercado) aconsejan al paciente iniciar cuanto antes ejercicios de rehabilitación. El médico rehabilitador (el Gobierno) ha de exigir al paciente que efectúe sus esfuerzos y le ayudará e incentivará a ello, pero no usurpará las funciones que corresponden al enfermo, so pena de que nunca alcance a recuperarse ni logre volver a hablar o a ponerse en pie.

Al principio, sí, ha de infundirle y prestarle las atenciones necesarias para que no se caiga y recupere la movilidad de sus miembros, pero ha de ser el enfermo el que realice poco a poco sus ejercicios que le conduzcan a la rehabilitación… o tal vez nunca más volverá a andar.

Por su parte, el Peter Pan bolivariano pretende que el paciente se tumbe en la cama y repose con tranquilidad y no haga ningún movimiento, porque el Estado, convertido en ama de cría, le proveerá y cuidará para siempre en el País de Nunca Jamás.

En definitiva, no es Peter Pan, sino el capitán Garfio, y desea ver a España postrada en una silla de ruedas, como una reedición terminal de su amigo Echenique diciendo siempre sí a todo.

He dicho