La hecatombe de la pandemia del Coviv-19 ha alterado gravemente todos los ámbitos de la vida en España, incluido el ámbito de la educación, tanto escolar como universitaria. La estructura educacional del Gobierno nacional ya se había transformado formalmente antes del inicio de la crisis en el mercado persa que se produjo con motivo de la constitución del II Gobierno de Pedro Sánchez. En el intercambio de cromos ministeriales, había que ofrecer una cartera a un representante de “En común-Podemos”. La persona escogida fue el profesor de Sociología, Manuel Castell y, para hacerle un hueco en el Gobierno, se desgajó la cartera de Universidades de la de Investigación y se creó un Departamento ministerial con competencias bien exiguas. Dado que la educación “in toto” había sido transferida con anterioridad a las Comunidades Autónomas y que las Universidades gozaban de su propia autonomía, la labor del profesor Castell quedaba reducida a la expedición de títulos universitarios con validez en todo territorio español y poco más. 

No sé si se ha debido a esta exigüidad en sus competencias o a la creencia de que se encontraba en un año sabático, el flamante y capitidiminuido Ministro del ramo ha estado desparecido en combate, hasta el puntos de ser considerado –según los sondeos- el miembro menos conocido del Gobierno, y mira que hay desconocidos en este macro-Gobierno de 22 lumbreras 22, que hay que recurrir a Wikidepia para saber quién es quién. Castell se ha lavado “ponciopilatescamente” las manos y se ha desentendido del problema del cierre del curso académico en las universidades de toda España, dejándolo en las manos de cada una de las Universidades. Debería haber dictado algunos criterios orientadores y tratado de lograr un consenso con el Consejo de Rectores sobre el cierre del complicado curso académico, pero no lo ha logrado, si es que lo ha intentado. Ha concentrado toda su energía en sacar a la luz pública un proyecto de Decreto de reforma de la Universidad para incorporar a ella a las empresas, objetivo encomiable, aunque el momento no sea precisamente el más oportuno.

Los estudiantes universitarios se hallan desconcertados y sumidos en la mayor incertidumbre sobre su futuro inmediato, como se ha puesto de manifiesto en una carta abierta de un estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro Guzón, publicada en el periódico “ABC”de hoy, bajo el título de “Nos exigen más que cuando las clases eran presenciales”..Según ha señalado el corresponsal, los primeros días tras la declaración del Estado de Alarma estuvieron llenos de incertidumbre porque no sabían qué hacer y no recibían respuesta alguna de las Universidades sobre la continuación del curso. Las distintas Facultades no se lo habían puesto fácil y las medidas finalmente adoptadas resultaban asfixiantes, porque se les exigía más que cuando tenían clases presenciales, pese a que la mayoría de los profesores habían pasado a dar -por vía telemática- tan sólo una o dos clases a la semana, en vez de las tres habituales. Tenían que preparar su propio material y seguir el ritmo normal, y los profesores les encargaban cada vez  más trabajos. Pretendían dejar de dar clase en un mes y examinarlos en junio-julio de todo el programa, sin haber explicado la materia durante más de tres semanas.

Puedo confirmar las legítimas inquietudes expresadas por el estudiante Guzón, en mi calidad de abuelo de sendos nietos que están estudiando en Universidades madrileñas: una en la Complutense y otro en la Autónoma. Durante largo tiempo, las Facultades respectivas no han dado señales de vida y, cuando al fin se han decidido a informar a los estudiantes por vía telemática, lo han hecho de forma incompleta e insatisfactoria. Siguiendo la socorrida práctica de pasar la “patata caliente”, el Ministro se la ha pasado al Consejo de Rectores., éste a los Decanos de las Facultades y éstos a los profesores, que han actuado –los que ha actuado, porque algunos han dado la callada por respuesta- de acuerdo a su leal saber y entender. Se han creado “reinos de Taifa” universitarios con emires autónomos que hacen o no hacen lo que les place. Algunos han dado clases teóricas vía intranet y han encargado multitud de trabajos y casos prácticos, en muchos casos sobre materias que no han sido explicadas. En fin, un auténtico caos universitario en consonancia con el caos generalizado que reina en el conjunto del Estado español.

En mi calidad de profesor universitario me siento avergonzado y escandalizado, porque lo que está pasando, y lo  considero muy poco serio y no concorde con la Academia. Comprendo que la situación es sumamente complicada, que ha sobrepasado a todas las instituciones y que no es de fácil solución. No se trata de dar un aprobado general, como ha solicitado el Sindicato de Estudiantes y a lo que parece sensible la Ministra de Educación, Isabel Celá, en su ámbito de educación escolar. El Ministro de Universidades, no sabe, no contesta. Hay que mantener las clases mientras sea posible y preguntar en los exámenes especialmente sobre las materias explicadas durante las clases presenciales.

Se ha actuado mal de forma generalizada y se ha perdido un tiempo precioso que va a resultar muy complicado recuperar. Hay que buscar fórmulas razonables que respeten el rigor y prestigio académico con el deber ético de no causar perjuicios innecesarios a los estudiantes universitarios, que están siendo los más perjudicados por la anómala situación. Ante la excepcionalidad de las circunstancias concurrentes, hay que que procurar hacer una “faena de aliño” con las garantías mínimas para salvar el prestigio del festival universitario, y dejar el grueso de la corrida para el próximo cursos, si el coronavirus lo permite.