Los acontecimientos de la pasada semana protagonizados principalmente por Carles Puigdemont han opacado considerablemente la solemne apertura del año judicial, en la que se ha puesto de manifiesto el caos en que está sumido el Poder Judicial.

Apertura del año judicial

El 7 de septiembre, bajo la presidencia del rey Felipe VI, se inauguró el Año Judicial 2023-2024, con la participación del presidente en funciones del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín, y del fiscal general en funciones, Álvaro García, y la presencia de los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, y de la ministra de Justicia, Pilar Llop. El Poder Judicial también está en funciones, al verse contaminado por la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No asistió el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con la excusa del COVID, pero el año anterior tampoco lo hizo, sin excusa alguna, lo que muestra que su único interés en relación con la Justicia es el de someterla al Gobierno. Los más altos representantes de la judicatura y de la fiscalía pudieron comprobar una vez más, con rubor, el estado comatoso -Marín lo calificó de calamitoso- en el que se encuentra actualmente la justicia en España y, con temor, que si Sánchez finalmente accede al chantaje de Puigdemont, la situación empeorará aún más.

Marín podría haberse ahorrado su discurso y limitarse a leer el pronunciado un año antes por Carlos Lesmes, que sigue estando de plena actualidad. Señaló en su día el expresidente que la justicia española estaba siendo sometida a tales tensiones que podían abocarla a la inoperancia. Reiteró por cuarta vez la urgente necesidad de renovar el CGPJ de acuerdo con la legislación vigente, si bien indicó que ésta no era conforme con los estándares europeos, por lo que su reforma era ineludible y debería abordarse con la mayor urgencia posible. Calificó de agravio que el Consejo pudiera designar a los miembros del TC pero no a los del TS. Denunció que la  desjudicialización podría producir una burla de la ley, ya que ello llevaría consigo “el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos, por el hecho de su capacidad de influencia política”. Lesmes presagiaba ya la concesión de una amnistía a la sediciosa clase política catalana.

El actual presidente eludió hacer referencia expresa a la amenaza de la amnistía, si bien afirmó que en nuestros días las democracias morían no solo por un golpe de Estado o una revolución, sino también por el “lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa”. Destacó el grave riesgo que suponía para la democracia española la incapacidad de los partidos políticos de renovar la cúpula del CGPJ y la imposibilidad del Consejo de hacer nombramientos, especialmente en el TS, que vivía una situación desoladora.

El primer problema sigue irresoluble ante la incapacidad de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. El sistema de elección de los miembros judiciales del CGPJ por sus pares -que fue sustituido por el PSOE en 1985 mediante la elección por las Cortes- ha politizado notablemente su renovación, sobre todo a raíz de la malhadada sentencia del TC de 1986 que consideró que este cambio era acorde con la Constitución. No obstante, advirtió –“excusatio non petita, acusatio manifesta”- que la lógica del Estado obligaba a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder y, señaladamente, el Poder Judicial. La lógica del Estado, como era de temer, no ha funcionado en este caso y los partidos políticos -especialmente los mayoritarios, pero también otros, como el PNV, CiU o IU- se han aprovechado del intercambio de cromos y, en función de su fuerza parlamentaria, han colocado a sus candidatos en el Consejo. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders recomendó renovar urgentemente el CGPJ conforme a la normativa vigente, pero proceder acto seguido a su cambio de conformidad con las directrices del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia, a ser posible antes de que se iniciara la presidencia rotatoria española del Consejo Europeo. Sánchez se ha negado a aceptar esta posibilidad, pues mantiene que el actual sistema de elección es el más correcto. Si aceptara las directrices europeas, bastaría con un compromiso firme del Gobierno de  modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, en tal caso, el PP aceptaría renovar el Consejo. La pelota está, pues, en el tejado del Gobierno. Lo mismo ocurre con el tema de los nombramientos. Marín mantuvo que era insostenible la situación por la falta de nombramientos de los altos cargos de la judicatura, especialmente en el TS -donde hay 23 vacantes-, a causa del cerrojo impuesto por el Gobierno, al cambiar la LOPJ para prohibir al Consejo  que pudiera realizar esa labor mientras estuviera en funciones. La situación se resolvería en un pispás si el Gobierno modificara dicha Ley para regresar al “statu quo ante”.

Intervención del Fiscal General

 Álvaro García hizo una intervención anodina, en la que destacó más lo que no dijo que lo que dijo. El fiscal general trató de justificar su controvertida actuación en los 13 meses que lleva en el cargo, afirmando -en contra de la verdad- que todas las decisiones que adoptaba su Fiscalía estaban sometidos a los principios de motivación, publicidad y consenso, pero -bien  al contrario- ha seguido la práctica de su predecesora, Dolores Delgado, de solo nombrar para los altos cargos a miembros de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales. Se ha enfrentado con la mayoría de los fiscales, por los arbitrarios ascensos y nombramientos que ha realizado, especialmente los relativos a su protectora Delgado, a la que ha nombrado fiscal jefe de la Sala Militar y de la Memoria Histórica, nombramientos ambos que han sido recurridos ante el TS. En relación con el segundo, la mayoría de los miembros del Consejo Fiscal se negaron a hacer el preceptivo informe sobre la candidata, que fue designada sin contar con él. García ha adoptado un papel de víctima y manifestado que la dependencia jerárquica que rige la Fiscalía había provocado reticencias a la hora de valorar su actuación ya había sido utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre la misma.

García defendió también las directrices que dictó a los fiscales sobre la  interpretación que deberían dar a las reducciones de condena provocadas por la nefasta ley del ”Sí es sí”, adoptando el criterio restrictivo mantenido por el Gobierno, que fue finalmente rechazado por el TS. También apoyó con entusiasmo otorgar a los fiscales la dirección de las instrucciones penales hasta ahora en manos de los jueces. He mantenido que la situación debería continuar tal cómo está y, tras conocer la tesis de Sánchez de que la Fiscalía General forma parte del Gobierno, se ha consolidado mi opinión en contra del cambio. Cabe imaginar cuál sería la instrucción de un proceso contra unos posibles y probables golpistas catalanes, dirigida por los fiscales adictos a Sánchez.

Entre las omisiones en la intervención de García destaca su silencio sobre la posible adopción de una Ley de Amnistía. El fugitivo Puigdemont y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, han exigido la adopción de una Ley de Amnistía, seguida de un referéndum de autodeterminación, en contrapartida a su apoyo a la investidura del presidente en funciones. La vicepresidenta Díaz visitó oficialmente en Bruselas a un prófugo de la justicia y le ofreció normalizar sus relaciones con el Gobierno y otorgar una amnistía a los encausados por el procès, si JxC apoyaba con sus diputados la candidatura de Sánchez. Ante estos casos tan graves que afectan la seguridad jurídica de España, ¿el fiscal general no tiene nada que decir?

 Graves consecuencias de una eventual Ley de Amnistía

No sé si Sánchez es consciente del grado de bajeza ética y moral al que ha llegado, al subvertir los valores de un Estado de Derecho, denostar y desprestigiar a los jueces, y arropar a los delincuentes. Su proceso de desjudicialización de la política ha llevado a la condena de unos Tribunales que -a su juicio- se ensañaron con unos patriotas que solo querían expresar su voluntad mediante el voto, y les aplicaron la venganza en vez de la justicia. Este proceso ha ido ” in crescendo”: concesión de unos indultos injustificados e injustos,  derogación del delito de sedición por el que los políticos independentistas fueron condenados, reducción de las penas por el delito de malversación en el que incurrieron todos los dirigentes de la Generalitat… Ahora, para seguir manteniéndose en el poder, se muestra dispuesto a doblegarse al chantaje de Puigdemont y conceder una amnistía general a todos los implicados en el referéndum ilegal del 1-O, en la declaración unilateral de independencia y en todos los actos de terrorismo callejero realizados en protesta por la sentencia condenatoria del TS. 

Del “pasar página” y condonar y olvidar los delitos cometidos por los independentistas, cabe deducir que éstos no delinquieron y actuaron de forma democrática y legítima, que el Gobierno central se excedió al aplicar el artículo 151 de la Constitución, y que los jueces prevaricaron al condenar a unos inocentes. Según está malévola interpretación, los magistrados Marchena, Berdugo, del Moral, Palomo, Varela, Martínez Arrieta, Gómez de la Torre, Ferrer y Llarena, y los fiscales Zaragoza, Madrigal y Cadena serían responsables de prevaricar por dictar a sabiendas sentencias o resoluciones injustas -artículo 446 del Código Penal- y deberían ser juzgados y condenados a penas de prisión, así como a indemnizar a los políticos injustamente procesados por los daños que les fueron causados. Sería el mundo al revés, pero con Sánchez cualquier cosa es posible con tal de mantenerse en el poder.

No obstante, aunque Sánchez sea el principal responsable de esta anómala situación, no es el único, pues también lo son los militantes y votantes del PSOE que han condonado a sabiendas con su voto las arbitrariedades del Gobierno de coalición. Incluso los escasos políticos socialistas que han criticado la eventual concesión de una amnistía -con notables excepciones como las de Nicolás Redondo o Francisco Vázquez- han reconocido que han seguido votando al PSOE, no siendo coherentes con sus principios. Cuando por mor de los resultados de las elecciones generales del 23-J el mantenimiento de Sánchez en el poder depende de los siete disputados votos  de JxC, el presidente en funciones ha mandado a Bruselas su vicepresidenta, Yolanda Díaz, para mendigar a un prófugo que le conceda sus votos a cambio de una amnistía. Como ha señalado José María Ruiz Soroa, nunca se había visto que unos votos se intercambiaran por un perdón total por unos graves delitos, sin que tales votos se orientaran a atender al interés general de la Nación, sino el interés particular del presidente del Gobierno. Para el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que un Gobierno se rebaje ante un delincuente que puede garantizar la supervivencia política de Sánchez, del PSOE y de Sumar, es una de las cosas más repugnantes que recuerda. “Han entregado la dignidad del país y la han puesto en manos de un delincuente que derogó la Constitución y el Estatuto, y provocó un conflicto civil”.

A título de muestra, allá van los testimonios de tres periodistas del sector progresista. Para Antonio Elorza, es el mundo al revés: el sedicioso triunfa y los defensores de la democracia reciben la condena, envuelto todo ello en el falso disfraz de diálogo en Cataluña. Según José Luis Cebrián, si el Gobierno y el PSOE consuman la deslealtad a la Constitución que supone el olvido de los delitos de separatismo, este 11 de septiembre puede marcar el principio del fin de nuestra democracia. Antonio Caño ha estimado que Ley de Amnistía es una invitación a los separatistas a que vuelvan a declarar la independencia, esta vez con el apoyo del Gobierno central, y ha preguntado si queda algo de dignidad y de sentido del honor en el socialismo español. “Aún estamos a tiempo de aumentar la presión social para impedir la catástrofe que se avecina”. 

Curiosamente es la misma sugerencia  realizada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que ha gritado “!Basta ya!” y hecho un llamamiento a la movilización de la sociedad civil contra la posible concesión de amnistía de los delitos del procès.“Es preciso activar todas esas energías para librar una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho […] No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido la cabeza que acepte, como hipótesis, una amnistía que, además de dar impunidad, legítime una gravísima intentona sediciosa, y es una invitación a volverlo a hacer”.

El Gobierno está histérico por las severas críticas que está recibiendo, a sinistra  y a diestra, como lo prueba la reacción de su portavoz, Isabel Rodríguez, que ha acusado a Aznar de golpista por haber hecho un llamamiento a la rebelión nacional.  La hoy vicepresidenta Díaz -hoy qué has cortejado a un golpista y ha prometido la amnistía ha tenido el cuajo de acusar hoy a Feijóo y al PP hora de promover una rebelión nacional por oponerse a una ley que exonera a los golpistas, y de preparar una dinámica de instituyente (¿?). Como ha observado Santiago González, el Gobierno considera progresistas a los golpistas catalanes y está dispuesta a amnistiar sus delitos para que puedan reincidir, y califica de golpista Aznar por convocar a la sociedad civil a manifestarse contra dicha amnistía, y ha dicho con sorna -parodiando a Gustavo Adolfo Bécquer- “¿Y tú me lo preguntas? Golpista eres tú”. Carlos Herrera se ha preguntado si convocar una manifestación de protesta contra una ley era golpismo, rebelión o alzamiento, y comentado que el Gobierno se considera con derecho a decidir quién se puede manifestar y quién no.  

Sociedad Civil Catalana -otra institución golpista y fascista- ha convocado para el 8 de octubre en Barcelona una manifestación bajo el lema “No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación”. Me solidarizo con dicha manifestación y me uno espiritualmente a ella, con la esperanza de que sea tan exitosa como la que se celebró ese mismo día en 2017, aunque esta vez los socialistas brillen por su ausencia.

La última palabra la tendrá el TC

Sánchez -que dos días antes de las elecciones declaró que los nacionalistas exigían amnistía y autodeterminación y no la habían tenido ni la tendrían, porque ambas estaban fuera de la Constitución- dice ahora que solo el TC es competente para decidir si una Ley de Amnistía es o no constitucional y, con vistas a ello, ha formado un Tribunal a su imagen y semejanza, bajo la égida de un jurista con prestigio, aunque sin escrúpulos. Hoy como ha señalado Guillermo Fernández Vara, no hay que hablar de si la amnistía es buena o mala, justa o injusta, sino de si cabe o no  en la Constitución. Resulta paradójico que, tras insistir en que el conflicto de Cataluña era un problema político que se debería desjudicializar y resolver por medios políticos, el Gobierno politiza la justicia y remite la solución de un conflicto político a una instancia judicial, aunque sea a un Tribunal hecho a la medida del César. Según Juan Claudio de Ramón, en la alquitara del TC se pueden destilar hasta los alcoholes más duros. 

En opinión de Jorge Bustos, el “Cándido” de Voltaire creía vivir en el mejor de los mundos, mientras que el presidente del TC cree vivir en el mejor de los Estados de Derecho, pero cándidos serán cuantos sigan pensando que la agenda del Tribunal tiende a la mínima apariencia de higiene jurídica y no a la voluntad del poder del hombre al que Cándido debe su alto sillón. El optimismo de la voluntad  constituyente no conoce fronteras legales. “Si la fe del Cándido de Voltaire en las maravillas de este mundo resistía la visión del mal, la fe del Cándido de Sánchez en el uso alternativo del Derecho resiste cualquier demanda aberrante del separatismo. Basta aplicar la cándida teoría del armario: Si el Poder Ejecutivo necesita que un vaso sea definido jurídicamente como un armario -es decir, que una amnistía ‘ad hominem’ a cambio de votos sea bendecida por la Constitución-, Cándido esgrimirá que los vasos no deben definirse por su morfología de vaso, sino por su funcionalidad de continente. Argüirá que si uno puede introducir una servilleta en un vaso, igual que puede introducirla en un armario, entonces ambos objetos resultan ‘de iure’ perfectamente intercambiables,  y sentenciará que, en términos constitucionales, un vaso no es en efecto otra cosa que un armario”. Al no ser una ciencia exacta, el Derecho se presta a toda suerte de interpretaciones en base a argumentos más o menos sofistas, y al final prevalecerá la voluntad política del juzgador. Para Raúl del Pozo, ya se sabe de antemano lo que el TC va a decir y -al estar controlado por un hombre de Sánchez- la amnistía saldrá muy barata, y la declaración de independencia de Cataluña le saldrá gratis.

El TC acaba de hacer una pirueta que solo debería sorprender a los incautos. Tras aceptar a trámite el recurso “trumpista” del PSOE contra la resolución del TS de denegar la revisión de los votos nulos emitidos en la Comunidad de Madrid, ha rechazado por unanimidad la demanda socialista. Ha aprovechado así la oportunidad para mejorar su controvertida imagen y presumir de “neutralidad” al haber rechazado una demanda del Gobierno, y ha reserva sus argucias sofísticas para cuando le llegue el recurso sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. 

Sánchez, en su inmensa egolatría, está muy preocupado por saber cómo pasará a la Historia. Puedo adelantarle que, si continúa con su política de concesiones a los golpistas catalanes y les concede una amnistía exculpatoria, será considerado como un político felón para quien eran legítimos cualquier deslealtad o atentado contra el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley, con tal de mantenerse en el poder.