Lo digo en serio: dan mucho más miedo la inoperancia y negligencia del Gobierno que el riesgo de contagio del covid19.

No hubo un plan, jamás lo hubo, y Fernando Simón es el culpable inmediato como director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias de minimizar y permitir que se instalara entre nosotros con esa velocidad de contagio la pandemia y también de que no se adoptaran las medidas adecuadas. Y el ministro Illa y Sánchez son los responsables de que todas las que se adoptaron fueran las equivocadas.

Si la elección era tan simple como salvar vidas o salvar la economía, este gobierno de ineptos ha fracasado estrepitosamente en ambas cosas, convirtiendo a España en el país con mayor tasa de muertos por millón (por citar uno solo de todos los posibles ranking) y el segundo, después de Italia, con la economía más destruida del planeta.

No sólo no avisaron y se alentaron las concentraciones masivas cuando todavía era el tiempo de haberlo evitado, sino que cuando se quisieron promover medidas optaron por el confinamiento absoluto de la población, sin entender ya desde entonces que a medio plazo el sistema sanitario que pudiera salvar vidas se haría insostenible sin la economía que lo sustenta.

Han convertido de este modo el PIB20 en un segundo virus tan letal como el primero, o tal vez más, con un ‘rebrote’ sostenido del desastre económico que nos durará por varias generaciones.

El virus covid19 nos llegó de China, pero Sánchez y Simón -las SS- lo han envenenado y transformado en su laboratorio liberticida del Wuhan de la Moncloa en un virus inexpugnable al que no serán capaces de hacerle frente ni el BCE ni el FMI en comandita.

Como en cualquier otro país, pudo haberse optado por maximizar los esfuerzos en una cosa o en la otra, pero el sanchicomunismo idiota bajo la batuta del incompetente y negligente Simón, escogió despeñarnos por ambas cataratas y nos ha dejado sin opciones ni esperanzas ni consuelo.

De ser cierto que Simón ejerció en Burundi como epidemiólogo en las fechas en que me desempeñé como reportero en la vecina Ruanda, casi estoy por incluirle entre las posibles causas de la insostenible situación de aquel país entonces y 25 años después, no sólo en lo que se refiere a epidemias, sino también en cuanto al abuso de poder para la confrontación entre rivales. Tanta inoperancia mata. Y mucho.

Resulta fácil entender que si hubiese habido un plan, las autoridades tendrían que haber salido a la caza y captura de las cadenas de contagio, confinando a la población de más alto riesgo (por ejemplo, las residencias de mayores y en general la población de más edad, donde la letalidad, capaz de colapsar la red hospitalaria por sí sola, era mucho más elevada) y cribando los vectores de contagio de la primera línea de batalla, sanitarios, ejército y fuerzas de seguridad que además de contagiarse permanecieron en sus puestos sin protección adecuada, multiplicando la epidemia a través de compañeros de trabajo y, a su vez, a familiares, pacientes de otras patologías y demás gente de su entorno.

No en vano, cinco generales de la Guardia Civil y más del 30% de la tropa alojada en el cuartel central de Guzmán el Bueno, en Madrid, han sido víctimas del contagio hasta verse obligados a poner ante el plasma a ese general Santiago que desveló (quién sabe si distraídamente) las irredentas y atrabiliarias órdenes recibidas.

Entre tanto, y esto no es de capitán a posteriori, sino una guía para lerdos, se tendrían que haber realizado test masivos entre el resto de la población para, una vez detectados, ir aislando sus círculos cercanos, uno a uno, para evitar así un confinamiento catastrófico y absurdo para la economía; es decir, para la vida.

La geolocalización vía teléfonos móviles que anunció el Gobierno no es útil para otra cosa que para detectar no tanto el posible incumplimiento de la orden de confinamiento para ponerles una multa, cuanto para cribar en el big data si en una zona, un barrio, un pueblo o un edificio de apartamentos se estaría acumulando una incidencia superior de positivos confirmados o sospechosos que pudiera merecer la pena cribar con más detalle y para desinfectar o extremar las medidas de separación entre sus miembros.

Pero en España esto tampoco se ha hecho y han convertido aquel anuncio en una mera propaganda que asusta a la población en general para permitirles implementar un estado pseudo carcelario cercano al Big Brother orwelliano.

Las órdenes arbitrarias a la Guardia Civil, la discriminación calculada en la persecución contra unas y otras religiones, las amenazas sobre presuntos bulos que era el Gobierno quien los impulsaba a través de redes de bots contratados por distintos ministerios, la persecución de las banderas y las caceroladas, la constante manipulación en las «panzertelevisionen» sobornadas…, todo un despliegue fabuloso al servicio de una «nueva normalidad» que carece de definición porque Sánchez e Iglesias, con la inestimable ayuda de Marlaska, la van definiendo día por día mientras la Fiscal General del Estado, la militante y ex ministra que cenaba con Villarejo y con jueces prevaricadores y que vislumbraba pedófilos en sus pesadillas más siniestras, silba al techo como si la legalidad en España no estuviese en el estado más ruinoso que pueda recordar este país desde la primavera de 1936, cuando un dirigente de su propio partido ordenó la eliminación de los tres líderes de la oposición y ejecutaron a uno de ellos. Los otros dos tuvieron tiempo de salir huyendo aquella misma noche.

Esto, le guste oírlo o no al lector, está para salir corriendo.

He dicho.