Ya nadie puede llamarse a engaño: por si no era suficiente la forma en que llegó a la Presidencia del Gobierno el ambicioso y falto de escrúpulos Sánchez, apoyándose como argumento para su legal pero ilegítima moción de censura en una sentencia de un juez de esos de la ganadería de Garzón y la actual Ministra de Justicia, la que felicita a un comisario cloaquil por haber creado una red de prostitución para sacar información con la que poder luego extorsionar a políticos, banqueros y demás (“éxito asegurado”, asevera la exfiscal), en la cual, sin venir al caso, o sea al fondo del asunto, se introduce una alusión a que se le concede poca veracidad al testimonio del Presidente del Gobierno, o algo así (pero no se le deduce falso testimonio), frase en la que se apoya como simple excusa para, con el apoyo ya pactado de antemano y correspondientemente retribuido, de separatistas vascos y catalanes, comunistas y filoetarras, o sea, todos aquellos a los que interesa la demolición del Estado, entrar a saco en la Moncloa y hacer y deshacer, vía Decreto Ley (esa figura que anteayer tanto denostaba el quimérico inquilino.

Tampoco era suficiente con mentir descaradamente en todo momento y ocasión, comenzando con decir que se llegaba a Moncloa para convocar elecciones en breve y al día siguiente  afirmar (sin sonrojarse) que (como mínimo, porque cualquier cosa se puede esperar) va a apurar hasta el 2020 la legislatura.

Pues si esa ilegítima manera de llegar a formar un Gobierno y permanecer en el con una exigua cantidad de diputados no bastara para descalificarlo, el Gobierno Sánchez se supera día a día en su afán de mostrar sus maneras populistas y antidemocráticas: desde saltarse el Senado si esto le conviene a sus intereses,  o embarcarse en una empresa contra la lógica, el sentido común, la Iglesia y, sobre todo, la familia para dar gusto a la feligresía podemita profanando la tumba de Franco, o presionar descaradamente al poder judicial en la cuestión de los separatistas presos y adelantar que, sin ningún lugar a dudas, si la sentencia no les gusta, concederán el indulto, o hacer modificar mediante la presión a la abogacía del Estado la calificación, que esta venía manteniendo desde el principio, en el proceso contra los golpistas, de solicitar penas por delito de rebelión a reducirlas a las de sedición, mucho menores, lo cual deja en muy mal lugar, no solo a la abogacía del Estado, sino al propio Estado Español de cara a un futuro recurso de los procesados ante el Tribunal europeo de Estrasburgo, nada propenso, como se ha visto recientemente con la sentencia en que da la razón a Otegui, a acudir en ayuda de España frente a sus problemas internos, y otros muchos hechos, gestos y maneras que sería imposible relatar aquí por falta de espacio y que indican su talante dictatorial y su propósito firme de perpetuarse en el poder y proceder paulatinamente a un cambio de régimen, del Estado Constitucional actual (con sus muchos defectos) a un régimen de corte bolivariano.

Pero el acto definitivo para que el que no quisiera darse cuenta de todo ello, se caiga del guindo de una vez por todas, ha sido la comparecencia de la noche del mismo día en que el Tribunal Supremo sentenció que fueran los clientes hipotecarios los que pagaran el impuesto de actos jurídicos documentados, rectificando otra de un par de semanas antes que decía justo lo contrario, que la pagaran los Bancos. No voy a negar aquí que el funcionamiento y la manera de proceder en este caso del Supremo ha dejado mucho que desear, pero, a mi parecer,  lo definitivo, lo aterrador de este caso, es que un Presidente del Gobierno que lleva meses zicateando con sus apariciones públicas, se apresure a ponerse ante las cámaras la misma noche de la sentencia aludida para decir: Da igual lo que diga la Justicia, la sentencia no me gusta y mañana la modifico. Le faltó decir: ¡Y VIVA LA SEPARACIÓN DE PODERES!.

En realidad lo que literalmente dijo el plagiario Sánchez fue: “hoy ha hablado el poder judicial, hoy y mañana hablará el ejecutivo” y anunció que aprobarían un Decreto Ley para que paguen los Bancos. Si eso no es, aparte de populismo del más barato, chavismo puro, que venga Dios y lo vea.

Galopamos hacia un Estado de régimen comunista de corte bolivariano: la Ley soy yo, y si las decisiones de la justicia no se adaptan a mis deseos, las cambio, porque la justicia también soy yo. Es la misma línea del PSOE del 34 y del 36, nada nuevo para los que conocen la historia de ese partido siempre nefasto para España. Han vuelto donde solían.