Por Javier Hernández García
Aquel 14 de abril se conocieron los resultados de unas elecciones municipales que perdieron los republicanos, pero ocuparon con violencia los gobiernos civiles.
“El modelo de democracia» que según Rodríguez Zapatero significó la Segunda República, fue proclamada por los republicanos en el año 1931 sin haber ganado las elecciones, al tiempo que asaltaban el Poder.
El recuento de votos de las elecciones de febrero de 1936, elecciones tras las que el Frente Popular tomó el poder, fue el siguiente:
Total, de votos emitidos: 9.716.705
Votos al Frente Popular 4.430.322
Votos a las derechas, 4.511.031
Votos al Centro: 682.825
Votos en Blanco y nulos 91.641.
El Frente Popular, sin esperar al fin del recuento y proclamación de resultados, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, se apoderó de los documentos electorales… Un verdadero golpe de Estado.
Pero, aún más, huelga decir, y esto es muy importante, que esas elecciones municipales no eran un referéndum sobre la forma de Estado, cosa que no pensaron los republicanos en ningún momento. Tampoco fueron unas elecciones a Cortes Constituyentes, sino, simplemente, unas municipales. Nadie dijo que eso era un plebiscito popular ni un referéndum.
En la primera vuelta, que fue el 5 de abril del 31, los resultados fueron los esperados: resultaron electos 14.800 concejales monárquicos y 1.832 republicanos. O sea, que las candidaturas monárquicas ganaron de calle.
Una semana después, el 12 de abril, tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones municipales. El resultado, que es algo que ocultaron los republicanos y que no se publicó hasta después de proclamar la II República, fue más abrumador aún, favorable a los monárquicos. Salieron elegidos 5.775 ediles republicanos frente a 22.150 monárquicos, pero esta diferencia enorme, en muchas de las capitales de provincia fue una diferencia a favor de los republicanos. Y concretamente lo fue en Madrid, donde un concejal del partido socialista que se llamaba Andrés Savorit Colomer, consiguió que votaran por su partido millares de difuntos mediante un pucherazo espectacular.
Hoy, mientras un juzgado de Tarragona ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Plataforma Elecciones Transparentes (hoy, convertida en asociación) y que apuntaría a que el partido en el gobierno habría realizado fraude electoral en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, seguimos un plan de ruta parecido.
Aquellos republicanos de entonces obligaron a salir de España a Alfonso XIII al sumarse a la acción el General Sanjurjo, Director de la Guardia Civil, que, inconsciente de a quiénes apoyaba, le dijo al Rey que no podía garantizar el Orden Público.
Supongo que la Socialista María Gámez, actual directora de la Benemérita, ha hecho ahora lo mismo que SanJurjo en 1.931 y ha socavado la presunción de inocencia del Rey, no queriendo garantizar que los cientos de publicaciones infames sobe el emérito se puedan parar ni garantizar su seguridad.
El día 19 de noviembre de 1.931, aquellos golpistas republicanos declaraban en el Parlamento, sin ninguna acusación concreta, la condena al exilio de Alfonso XIII:
«Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.
Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.
De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles.
Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España, y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones».
En ejecución de dicha sentencia, el Gobierno dictó las órdenes conducentes a su más exacto cumplimiento, “al que coadyuvarán todos los ciudadanos, tribunales y autoridades”.
Así pues, los republicanos condenaron al Rey de España sin ningún delito y con insinuaciones de que se había enriquecido con las carreras de galgos.
Alfonso XIII no tenía galgos.
Con su abuela Isabel II, los mismos republicanos habían hecho años antes lo mismo.
Desde los 12 años que fue violada por el presidente de las Cortes, Salustiano Olózaga, pasó por las manos del general Serrano y de todo el que pudo maltratar a aquella pobre mujer, hasta el punto de casarla con su primo homosexual, Francisco de Asís, que «era de pasta flora, y orinaba en cuclillas como las señoras».
Mujer maltratada desde la niñez hasta la náusea y que no pudo encontrar paz espiritual hasta que no salió de España, ha quedado por la infame propaganda patria como una ninfómana.
Hoy, el rey de España parece ser que, otra vez enriquecido con ‘carreras de galgos’, no imputado por ningún tribunal, ni español ni del mundo, ha sido condenado a base de insinuaciones insidiosas por el mismo frente popular del 36.
En plena pandemia un anciano con miles de padecimientos físicos, necesitado de atenciones médicas, y que podría ser atendido por la ley de dependencia como Echenique, que ha dejado la vida por España y que trajo la democracia cuando heredó un estado totalitario, y con la que hoy esos demócratas le atacan como auténticos fascistas, sale de España ante el silencio cómplice de una derecha cobarde del PP que aún se atreve a pactar el Consejo General del Poder Judicial con los que están desmantelando el estado de derecho y la Constitución.
Al rey no le juzgarán, no se conoce ningún delito. Aceptar un regalo no es un delito. Pero es que, además, cuando miles de esos regalos hoy están en Patrimonio Nacional, donados por el Rey, es menos delito aún y hasta el propio presidente del Gobierno disfruta de ellos.
Sin condena judicial, sólo les falta una declaración institucional y una condena en el Congreso por parte de este nuevo frente popular. Ya lo están haciendo, cambiando nombres de calles, avenidas y parques, sin que exista una sola imputación al rey.
Se sabe que fue Carmen Calvo la que amenazó a la Casa Real en nombre del gobierno para que saliera de España. Sabemos que la socialista María Gámez no ha garantizado la seguridad del Rey. Sabemos que su hijo, en la necesidad de ganar tiempo, para España y la institución monárquica y la Constitución, ha tragado.
El 31 de diciembre de 1931 ante los sucesos de Castilblanco, Sanjurjo, el golpista, exclamaba “Yo no sabía que quedaban en España pueblos salvajes. Ni en las peores cabilas africanas”.
Esperemos que María Gámez Gámez, no tenga que exclamar lo mismo.
