El Partido Socialista, junto con sus amigos separatistas y de extrema izquierda, parece que le ha cogido el gusto a legislar sobre el pasado. La Memoria Histórica, obligatoria y unilateral, tendenciosa y maniquea, se ha convertido ahora en Memoria Democrática, pero sigue siendo tan amnésica como la anterior. Se trata de una Memoria selectiva, a veces creativa, que interpreta sus recuerdos en el sentido más favorable posible a los intereses del PSOE, del PCE, de ERC y de los nacionalistas vascos. ¡Qué casualidad! ¡Los mismos que han votado a favor de la ley! Pero obligar a la gente por ley a recordar algo es una manera subliminal de reconocer que ese recuerdo es más falso que Judas. Tan falso como los títulos académicos de algunos de los que lideran la cuadrilla. 

Sin embargo, el invento parece que les funciona, ante la poca combatividad de una Iglesia, que está dispuesta a todo con tal de que la dejen tranquila con su 0’7%, y la de los historiadores profesionales, que tal vez piensan que eso de que el BOE les dé prefabricados los resultados de las investigaciones históricas es un verdadero chollo. Además, seguro que muchos van a pillar cacho.

Mientras tanto, nos van dosificando poco a poco las humillantes exhumaciones de sus enemigos, a quienes se les sigue odiando más de ochenta años después. Sabemos que a las momias las carga el diablo. Odium inextinguibile et nunquam sanabile vulnus. La Memoria es tenaz en la medida en que el resentimiento es incurable. Primero fue Franco, ahora le toca el turno a Primo de Rivera y a Queipo de Llano. 

Pero, por lo menos Franco y Queipo lucharon verdaderamente en la Guerra y tomaron decisiones muy duras en la retaguardia, pero el pobre de José Antonio… Si tuvieran un poco de memoria o de vergüenza… Por lo visto, no tuvieron bastante con encarcelarlo preventivamente, de condenarlo y fusilarlo ¡por rebelión militar!, cuando llevaba meses en prisión antes de que esta se organizara, encima, tratando de establecer puentes con sus verdugos. Pero, qué más da, si era un facha. Para los nuevos Creontes, la tumba del enemigo forma parte del campo de batalla, y se puede profanar. Se debe profanar. Porque ellos lo valen.

La necrofilia de la izquierda se adivina en cada detalle de su mezquino proceder, de la eutanasia al aborto, de Paracuellos a Hipercor, de los excesos plañideros por un tipo de víctimas a su frívola indiferencia con las que no son de los suyos. También se aprecia en su paciencia alevosa para perpetrar sus venganzas. Ya sabemos que el objetivo final es el Valle de los Caídos, en su conjunto, y la Cruz que lo preside. Al parecer, este cuentagotas memorialístico alimenta sus expectativas electorales, lo cual da idea del estado moral e intelectual de la clientela que les apoya.

La excusa, como siempre, son las víctimas, en este caso, las del franquismo, como si hoy en día, en 2022, todavía existiera un colectivo victimizado de resultas de la Guerra Civil. Memoria, dignidad, reparación y justicia, pero no para las víctimas de la ETA, que todavía viven, sino para los nietos y biznietos de los que hace mucho que nos dejaron. Aunque muchos de ellos fueran chekistas, golpistas y torturadores. Fusilar fachas tiene su glamour, como bien sabía el Che Guevara, y torturar mujeres mola cuando estas son monjas. Quemar obras de Arte, organizar uno de los mayores genocidios religiosos de los que se tiene noticia en la Europa contemporánea tiene sentido cuando uno cree que su odio está justificado por agravios que nunca vio, pero que se imaginó.

¿Quién puede estar en contra de que se dé sepultura digna a los que yacen en cunetas y fosas comunes? Por supuesto, nadie. Pero para eso no hacen falta leyes de Memoria. Por un principio mínimo de humanidad, todo resto humano al que no se les haya enterrado de manera digna merece ser recogido e inhumado en el lugar que escojan sus familiares. Pero eso sirve para los caídos de un bando y también para los del otro, para las víctimas de la Guerra y para los asesinados por la mafia, para Marta del Castillo y para Yéremi Vargas. Incluso para los que fueron enterrados en cal viva.

Curiosamente, la sectaria ley de Memoria olvida unos hechos empíricos que vamos a tratar de resumir a continuación, a riesgo de que nos metan en la cárcel. La condena del franquismo parte del hecho escueto de que, el 18 de julio de 1936, el General Franco y los suyos se sublevaron contra el Gobierno legítimo de la República. Concedamos esa premisa a efectos dialécticos. Pero la ley pasa por alto que, en octubre de 1934, la propia izquierda en bloque (con participación de partidos que hoy están en el Gobierno) se había sublevado igualmente contra esa misma República, porque no aceptó el resultado de las elecciones. ¡Amigo!, hay elecciones y elecciones. Esto es como si un Jurado condenara a un hombre por haber propinado un puñetazo en el ojo a otro, negándose a considerar que la “víctima” le acababa de propinar un trompazo similar unos segundos antes.

En efecto, las elecciones de 1933 -elecciones por cierto perfectamente democráticas (aunque con muchos incidentes, ocasionados en su abrumadora mayoría por la izquierda revolucionaria)- habían sido ganadas por el bloque de centro-derecha. Los dos partidos vencedores fueron la CEDA de José Mª Gil Robles con 115 diputados y el Partido Radical de Alejandro Lerroux (entonces ya bastante centrista) con 102. 

A pesar de lo que había votado el pueblo español, el partido vencedor, la CEDA, se avino a permitir que fuera Lerroux el que formara Gobierno, no se fuera a enfadar la “democratiquísima” izquierda, que por entonces andaba encargando alijos de armas y proporcionando instrucción militar a sus juventudes. Juventudes controladas por el tito Stalin, nada menos. Pues bien, al año siguiente, en 1934, se produjo una crisis del Gobierno radical que se saldó con la dimisión de tres ministros lerrouxistas, y con la entrada en el mismo de miembros de la CEDA, tres ministros, por cierto, moderadísimos y casi meapilas, que solo podían alarmar a los que ya estaban alarmados, en Agricultura, Justicia y Trabajo.

Esta normal y casi timorata acción de relevo parcial en un Gobierno, normal en cualquier democracia puesto que eran ellos los que habían ganado las elecciones, fue tomada como pretexto por la izquierda para sublevarse violentamente y para pretender derrocar al Gobierno ante el peligro de “fascismo”. Ya sabemos que, para el zurderío, todo lo que no les gusta es, sencillamente, “fascismo” y el “antifascismo lo justifica todo. El golpe de Estado, básicamente socialista y separatista, perpetrado en nombre de la Revolución, causó entonces centenares de muertos, en lo que muchos consideraron el prólogo de la Guerra Civil. Y entonces fue Franco (mire usted qué cosas) el que combatió para defender la legalidad republicana frente a los golpistas alzados. 

Esos fueron los hechos. Y uno tiene derecho a preguntarse muchas cosas: ¿Tuvieron algo que ver ambos alzamientos, el de 1934 y el de 1936? ¿Fueron uno bueno y otro malo, o fueron los dos igualmente condenables? ¿No suele considerarse legítima defensa la respuesta proporcional a una agresión previa? Lo menos que podemos exigir es que nos dejen formarnos nuestro propio juicio, y que no nos impongan trolas oficiales.

Como sentenció justamente Salvador de Madariaga (probablemente otro “fascista”), “con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”. Eso mismo es lo que pienso yo.