“El problema es que la propia historia del PSOE en asuntos electorales, heredada del caciquismo de finales del XIX y principios del XX, no ayuda a convertir automáticamente en bulo cualquier crítica al respecto”
El pucherazo consistía -así, en pretérito imperfecto- en la manipulación electoral mediante la retención de papeletas de votación, que se guardaban en los “pucheros”, entendidos como las “vasijas de barro o de otros materiales, con asiento pequeño, panza abultada, cuello ancho, una sola asa junto a la boca, y, por extensión, otros tipos de vasija”, tal y como recoge el diccionario de la RAE.
Si reproches e invectivas ha generado la Ley de Memoria Democrática: los nuevos oriundos de la pasada semana, agarrémonos fuerte que las curvas ya se otean en el inmediato horizonte.
La petición de la Fiscalía -informa The Objective– de imputar por presunto fraude electoral (irregularidades en 32 solicitudes de voto por correo en Albaida del Aljarafe durante las municipales de 2019) a Rocío López, teniente de alcalde del municipio y Secretaria de Infancia del PSOE sevillano, ha reavivado un debate incómodo sobre la calidad democrática en España en un momento especialmente sensible. No se trata únicamente de un caso local ni de una cuestión estrictamente judicial: la controversia se inserta en un clima político enrarecido donde confluyen decisiones de gran calado institucional, discursos de deslegitimación preventiva y una creciente desconfianza ciudadana basada en la aversión a los indignos comportamientos que a diario se vienen mostrando, en directo o en diferido, desde las salas del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de la Ramón Rubial en Ferraz.
Según se ha conocido, el Ministerio Público aprecia indicios suficientes para investigar, además de a otros involucrados, a la concejal albaideja por supuestas anomalías vinculadas a procesos electorales. Aunque la presunción de inocencia debe prevalecer, la dimensión política del caso resulta innegable, especialmente por la doble condición de la afectada como cargo municipal y dirigente orgánica en una estructura provincial relevante, la socialista. La reacción de su partido, que ha optado por el silencio, contrasta con la contundencia de la oposición, que ha encontrado en este episodio un argumento más para cuestionar el afecto hacia la legalidad del socialismo patrio.
El contexto en el que emerge este caso es particularmente significativo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó recientemente que, hasta el 31 de marzo de 2026, casi dos millones y medio de personas (el proceso sigue abierto) han solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Este dato, de enorme impacto demográfico y político, refleja el alcance de una norma que dice buscar -así lo venden- una reparación de agravios históricos pero que también -y no cabe duda de que ése es el principal motivo, conocido ya el trápala muñidor de La Moncloa- tiene implicaciones contemporáneas, especialmente en términos de la pretendida ampliación a la carta del censo electoral o de la teoría del reemplazo como ya ha anunciado la líder podemita, Irene Montero.
Es aquí donde las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, adquieren relevancia: su advertencia de que el presidente Pedro Sánchez intentará “robar” las elecciones de 2027 mediante el control de la televisión pública y el CIS no solo eleva el tono del debate, sino que podría introducir, si finalmente no se sustancia, un elemento de deslegitimación anticipada de futuros resultados electorales.
Si bien conviene subrayar que España cuenta con mecanismos robustos de supervisión electoral y con instituciones independientes encargadas de garantizar la transparencia, la percepción ciudadana no siempre se rige por los mismos parámetros que la legalidad formal. En un entorno mediático fragmentado y altamente polarizado, la reiteración de acusaciones -aunque carezcan de respaldo probatorio- tiene efectos duraderos. El problema es que la propia historia del PSOE en tramas electorales, heredada del caciquismo de finales del XIX y principios del XX, no ayuda a convertir automáticamente en bulo cualquier crítica al respecto.
La combinación de estos factores -un caso judicial que afecta a una dirigente socialista, un aumento significativo de inminentes nuevos ciudadanos españoles y un discurso político que cuestiona la neutralidad institucional- configura un escenario complejo. Por un lado, existe el riesgo de que casos individuales sean instrumentalizados para generalizar sospechas sobre el conjunto del sistema. Por otro, la proliferación de mensajes que ponen en duda, con más o menos pruebas, la limpieza de los procesos electorales puede erosionar la confianza pública, un pilar esencial de cualquier democracia consolidada. Confrontar ambos aspectos debería resultar fácil si la dirección de Ferraz no fuera, como la de La Casa Blanca, un ejemplo de manual de trastorno antisocial de la personalidad.
El caso de Albaida, en este sentido, actúa como catalizador de tensiones preexistentes. Si finalmente se confirma la existencia de ilegalidades (delito electoral), el impacto político será considerable y obligaría -así, en condicional- a una revisión interna en el seno del PSOE, algo que se vislumbra imposible en el lodazal en que ha convertido al histórico partido el enamorado esposo de Begoña.
Aunque el proceso de concesión de nacionalidad sigue unos criterios legales establecidos y no implica automáticamente la incorporación inmediata al cuerpo electoral, sí que estará vigente para los comicios de 2027 con su inscripción en el Registro Civil y el alta en el censo electoral (en el CERA como residentes en el extranjero). La magnitud de las solicitudes y el empacho de Sánchez de agotar la legislatura sin aprobar un solo presupuesto, no deja de ser un poderoso argumento para alimentar sospechas sobre posibles alteraciones del equilibrio político.
Más allá del desenlace judicial, lo relevante es la necesidad de preservar un debate público basado en hechos verificables y no en sospechas generalizadas. La democracia no solo se sustenta en normas e instituciones, sino también en la confianza compartida de que el juego político se desarrolla dentro de reglas aceptadas por todos. Cuando esa confianza se resquebraja el coste es difícil de revertir. ¡Y en estas andamos!
En los próximos meses, a medida que avance tanto la investigación judicial como el proceso de concesión de nacionalidades y se acerque la convocatoria de las elecciones en 2027 (cerca de tres millones de nuevos compatriotas, distantes un océano, compartirán censo con nosotros), será crucial observar si los actores políticos optan por rebajar la confrontación o, por el contrario, profundizan en una estrategia de polarización. De esa elección dependerá en buena medida la salud del sistema democrático en España.
¿El pucherazo consiste -así, en presente de indicativo- en la manipulación electoral mediante la retención de papeletas de votación, que se guardan por decenas en la misma casa? ¿En pucheros o en Correos?
