Resulta inevitable para alguien que haya trabajado treinta años en una Caja de Ahorros, el no evocar aquellas instituciones, hoy prácticamente desaparecidas del panorama financiero español, cuando se habla de nuevas fusiones bancarias como la de Bankia con Caixabank, o la de Liberbank con Unicaja, todas ellas entidades que tuvieron su origen en las extintas Cajas de Ahorros.

Sin ánimo de realizar un ejercicio de nostalgia, ni tampoco de hacer una exposición histórica, sí considero conveniente compartir con mis lectores algunas reflexiones al respecto sobre las razones de su auge y posterior decadencia.

Lo primero que deseo expresar es que se ha escrito en exceso desde una visión sincrónica de las Cajas, es decir, de la interpretación de una época concreta (sus últimos años, desde el estallido de la crisis de 2007 hasta la conversión en bancos de la mayoría de ellas), y no se ha hecho apenas nada desde una perspectiva diacrónica, de su papel en la Historia económica de España desde la constitución de la primera, la de Jerez de la Frontera en 1834, hasta los últimos tiempos, ¡casi doscientos años!, por no mencionar la Fundación de los Montes de Piedad asociados a muchas de ellas desde siglos antes.

Cuando ingresé por oposición en una Caja de Ahorros sevillana en 1981, estas entidades estaban en una fase de crecimiento exponencial: Los decretos de Fuentes Quintana en agosto de 1977 les permitían realizar cualquier operación que llevara a cabo la Banca: Descuento de efectos, operaciones de Comercio exterior, concesión de líneas de crédito, etc.

La formación requerida para ingresar era cada vez más exigente. Los egresados de las primeras promociones de licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales  de la Universidad de Sevilla, de finales de los setenta y principios de los ochenta, encontramos la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra carrera, con un sueldo que superaba al de los empleados de banca, y ello porque en el caso de las Cajas, al no tener accionistas a quienes pagar dividendos, el beneficio revertía en la plantilla y en su Obra Social, propia o en colaboración.

Un dulce tan goloso (excelente remuneración, decisiones de inversión en empresas participadas, cuantiosas partidas en publicidad en los medios, obra social con la que premiar a artistas de la cuerda o a alcaldes afines,…) no pasó desapercibido para la clase política, que encontró en la ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) de agosto de 1985, primer gobierno de Felipe González con mayorías absolutas en Congreso y Senado, el vehículo ideal para desembarcar en estas instituciones.

Con dicha ley, en cuyo preámbulo se hablaba de la intención de “democratizar las Cajas de Ahorros”, lo cual sonaba a música celestial, entraron en las Asambleas, consejos de administración y comisiones de control, políticos con escaso o nulo conocimiento financiero, relacionados con los municipios o autonomías donde la Entidad estuviera implantada, representantes sindicales ( ) y los llamados “compromisarios”, que eran clientes elegidos por sorteo ante notario, que se votaban entre sí, previa postulación de los que cada partido político consideraban como más “idóneos” para representar al resto.

Esta politización de los órganos rectores contaba con dos pilares fundamentales: El presidente, nombrado por la asamblea general, casi siempre un hombre fiel a su partido, que por estas latitudes era el PSOE (con la excepción de Cajasur, dependiente del obispado de Córdoba, y Caja de Jerez hasta 1993, con preponderancia del Partido Andalucista), en el centro de España era el PP, en el País Vasco el PNV, y en Cataluña, Convergencia y Unió (había para todos); y el Director General, un técnico cualificado (inspector de Hacienda en excedencia, profesor universitario o , en cualquier caso, un hombre asesorado por sus staffs), buen conocedor de la legislación vigente, que se guardaba de no vulnerar, y capaz de lidiar con las inspecciones del Banco de España.

El contrapeso era una plantilla bien formada técnicamente, conocedora de su mercado (barrio o pueblo), y defensora a ultranza de un puesto de trabajo con una serie de ventajas (remuneración, horario, formación continua en línea con el resto de las Cajas a través de la CECA, planes de pensiones, convenio colectivo mejor que el de la banca) sin parangón en otros sectores económicos, y que en muchos casos hacía compatible sus tareas con la venta de seguros como agentes, la llevanza de gestorías por las tardes, o clases en la universidad como profesores asociados.

Si a ello le añadimos el entorno de los años noventa, con el horizonte del euro en el 2000, la implantación de las nuevas tecnologías, un escenario donde las Cajas habían adelantado a los bancos en captación de pasivo (cuentas corrientes y libretas de ahorros) y una capilaridad (presencia en todos los barrios y pueblos de España) envidiable, ¿qué pasó para que se dilapidaran unas instituciones centenarias que muchos de nuestros jóvenes ya ni recuerdan? Intentaré contarlo la próxima semana (continuará).

Alberto Amador Tobaja: aapic1956@gmail.com