Una de las mayores sorpresas que me llevé cuando entré a trabajar en la Caja de Ahorros, fue el saber que en su balance no aparecía el capital social. Esto chocaba con mis conocimientos contables, pues cualquier alumno de inicio de carrera o de un módulo de Formación profesional, rama administrativa, sabe que lo primero que se aprende es a constituir una empresa con esta partida, reflejo de la aportación inicial de sus socios, pero es que ¡las Cajas no tenían propietarios a quienes rendir cuentas! Hubo intentos en los noventa de introducir “cuotas participativas” (un sucedáneo de las acciones), pero nunca hubo voluntad política porque sonaba a privatización.
Dicho de otro modo: la única forma que había de hacer crecer su recursos propios (diferencia entre lo que tenían, Activo, y lo que debían, Pasivo) era mediante el incremento de sus reservas, gracias a sus beneficios.
Hasta mediados de la primera década de este siglo, el crecimiento descomunal de las Cajas en inversión (tamaño de su balance) no se había acompañado de un aumento de sus recursos propios (al no haber capital social sino fondo fundacional, no podía haber ampliaciones de capital, y los beneficios iban destinados a obra social, preferentemente). El Banco Central Europeo a través de los acuerdos de Basilea, estaba preocupado por este “apalancamiento” (pocos recursos propios y muchos recursos ajenos), y quiso poner orden en todas las instituciones financieras, obligándoles a fortalecer su solvencia haciéndoles ver que necesitaban más “capital regulatorio”, lo que llevó a las Cajas a emitir unos títulos que tenían el tratamiento contable de neto patrimonial, pero que no eran acciones: las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas.
Estos títulos, que no eran ahorro a plazo fijo sino inversiones financieras, fueron vendidos a clientes que creían comprar “algo parecido” a los plazos fijos, cuando en realidad eran inversiones sujetas a una cotización fluctuante, carentes de un mercado amplio, y que sólo pagarían intereses si había beneficios. Se cumplía el viejo dicho de que las Cajas no tenían clientes, sino creyentes. En mi opinión, ni el Gobierno (ejecutivo) ni el Congreso (legislativo) aprobaron ninguna regulación para permitir la privatización de las Cajas y que estas pudieran captar libremente capital en los mercados, porque ello hubiera supuesto su profesionalización y la salida de los políticos de sus órganos.
Tampoco los sindicatos alzaron la voz para que se diera este giro, porque las condiciones de trabajo en las Cajas eran mucho mejores que en los bancos, y veían la privatización como un paso atrás en sus conquistas laborales.
Los bancos, competencia natural de las Cajas, también tuvieron problemas (Popular, Pastor, Valencia,…) pero los grandes actuaron con la táctica de Napoleón: “No distraigas a tu enemigo cuando veas que se está equivocando”, y el Banco de España, presidido por un técnico más inclinado a seguir las directrices del gobierno que de aplicar rigurosas medidas (como sí se hizo en 1987 cuando se limitó la concesión de créditos) no puso freno a este crecimiento desmedido, y se limitó a mirar para otro lado: ¿quién apaga la música en medio de una fiesta?
Para colmo, la tormenta perfecta se desencadenó con el boom del ladrillo: en un año se construyeron en España más viviendas que en Alemania, Francia e Italia juntas; los particulares podían obtener suculentas ganancias con “pases” (cesión de la opción de compra mientras se construían las viviendas); bancos y Cajas financiaban el cien por cien del precio, ya de por sí inflado, de las viviendas, no el 80 % como hasta entonces; los clientes solicitaban tasadores que elevaban la valoración del inmueble al margen de criterios objetivos; algunos ayuntamientos modificaban la calificación del suelo, de rústico a urbanizable, tras un cambio de su titularidad…
Hasta que la burbuja inmobiliaria pinchó, y utilizando la expresión de Warren Buffett «sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo»: llegaron los morosos, los impagados, los desahucios, las deudas que superaban el valor real del inmueble, el pánico de los clientes de preferentes y obligaciones subordinadas que veían que su inversión había reducido su valor, y las fusiones con ERES para aligerar plantillas sobredimensionadas, con unos gastos de personal insoportables: las cúpulas se habían abotargado con jefes provenientes de la administración autonómica y local, que a sus cuantiosos sueldos unían, en ocasiones, las dietas en consejos de administración de empresas participadas, en las que, por cierto, también había algunos sindicalistas, y eran premiados con tarjetas de pago escasamente controladas.
Los grandes bancos, mientras tanto, procedían a ampliar su capital social mediante la entrega de acciones que suplía el pago de dividendos, y compraban Cajas a precio de saldo. Las Cajas grandes absorbían a las pequeñas, y se convertían en bancos, y al final sólo quedaron dos en toda España: la de Pollensa (Mallorca) y la de Onteniente (Valencia), que sobrevivieron gracias a no abandonar su vocación local y ser gestionadas con la máxima prudencia.
Andalucía pudo haber tenido en su momento una gran Caja de Ahorros, como producto de la fusión de Cajasol (occidental), Unicaja y General de Granada (orientales), complementaria en cuanto a sucursales y beneficiosa para el sistema financiero andaluz, pero por motivos que aún no han trascendido, esa unión no se produjo.
Y hasta aquí lo que puedo redactar en tres artículos sobre un tema que daría para escribir más de un libro. Las Cajas, prácticamente, desaparecieron como tales, pero, curiosamente, los que sí continúan al frente de algunas fundaciones vinculadas a ellas en su origen, son los mismos que las gobernaban cuando se fueron a pique: ¡qué habilidad…(Política)!
Alberto Amador Tobaja: aapic1956@gmail.com
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