A mí me parece que Díaz Ayuso se equivoca al sacar a colación al Rey en el asunto de la firma de los indultos, aunque bien pudiera ser que se haya retorcido lo que dice y su planteamiento no apunte a la Corona sino al Gobierno de Pedro Sánchez, que le pone en un brete y le va a obligar a jugar un papel mucho más que dudoso y discutible. Y si es esto, Díaz Ayuso acierta.

La firma del Monarca sancionará el documento porque así lo dispone la Constitución, pues la Justicia se imparte en su nombre y hasta las sentencias equivocadas llevan implícita su rúbrica, sin que ello le haga cómplice siniestro de las sentencias erradas, falsarias o prevaricadoras.

En todo caso, lo que se agravaría es el error o el delito de quien imparte las medidas de gracia bajo la firma del Jefe del Estado por hacer uso inadecuado de la misma a pesar de las advertencias del Tribunal Supremo manifestadas con toda claridad en su informe preceptivo.

Pero el Gobierno sostiene que ya no es hora de la ley ni de la Justicia, sino de la política y en ese sentido sí que lleva razón Ayuso porque están sometiendo el papel de la Corona a las eventualidades mucho más que discutibles de los provechos personales y partidarios de un Gobierno que declara sin ambages sus deseos de desbordar la Constitución y que espera el momento oportuno para tumbarla, no como una aspiración o un deseo lejano de reformarla, sino como un declaración de intenciones o como un programa de gobierno que no ponen por escrito pero que sus miembros verbalizan a diario, aunque lo mismo daría que lo pusieran por escrito habida cuenta el valor de la palabra del presidente y de los miembros de su Consejo de ministros.

El papel del Rey en la Constitución está fijado no tanto de manera imperativa como dispositiva y sí, le toca firmar en cumplimiento de sus funciones, aunque nada se prevé para el caso de que se niegue a hacerlo si reuniese todas las características de incurrir con ello en una manifiesta ilegalidad (piénsese en alguna otra que no sea la pena de muerte, por ejemplo), asunto que en este caso aún tiene recorrido mediante un recurso a posteriori contra la decisión del Gobierno y que éste se apresura a solventar en instancias superiores europeas modificando el delito de sedición y tratando de establecer con ello una doctrina espuria, más política que jurídica, pero que le serviría para salvar por los pelos los serios argumentos sobre la ilegalidad arrasando a su vez el principio de autoridad del órgano supremo de la Justicia española.

Una víctima directa de los indultos no será el Rey por presunta y malinterpretada complicidad, pero sí el juez Manuel Marchena, que juzgó con escrupulosidad y extremadas garantías procesales a los golpistas, así como los miembros de dicha Sala de lo Penal y con ella todo el Tribunal Supremo.

Así resulta fácil contemplar a qué las prisas que tenía Pedro Sánchez por entrar a saco en el CGPJ y modificar a su gusto la composición del Alto Tribunal, motivado por el calendario que se le avecinaba de conceder indultos políticos en beneficio no de los valores constitucionales, entre ellos la unidad territorial de la Nación española, sino de su mero prolongarse en el cargo sin necesidad de enfrentarse a las sediciosa maniobras del independentismo.

Se resisten todos a hacerle caso a Ortega y Gasset (ahora ya tampoco a Ramón y Cajal, a Menéndez Pidal, a Marañón, ni a Juan de la Cierva) cuando describió que la patología de una parte de la política catalana es un asunto que sólo puede «conllevarse» y que no admite negociación posible en el fondo de las materias relativas a la Hacienda, la Justicia y la Seguridad (Interior y Defensa), porque en el tuétano de esas cuestiones no hay nada más que sea troceable sin atentar contra la soberanía de los españoles como conjunto.

A Pedro Sánchez le va la perpetua componenda porque su objetivo no es la ‘conllevancia’, sino la permanencia suya misma en el pilotaje de la Moncloa, aunque se derrumbe el mundo y no tenga una sola solución a los problemas de España y de los españoles, que pueden morirse, arruinarse, cambiarse de sexo o eutanasiarse si les place, siempre y cuando eso le permita seguir ocupando el colchón de Patrimonio del Estado y tomar cerveza y vinos caros en Lanzarote, en las Marismillas o en el Pazo de Meirás si hace falta.

Y al Rey, que lo zurzan, porque en su proyecto de una nueva Constitución no figura otra coronita que la marca de cerveza.

He dicho.