Donald Trump está convencido de que, al ser el presidente más poderoso del mundo, puede hacer lo que le plazca, sin tener más límite ético o político que su propia voluntad. Por eso, el 2 de abril de 2025 -fecha que calificó de “Día de la Liberación”- compareció en la Casa Blanca con un gigantesco panel en el que figuraban los aranceles que impondría a todos los países, “quo nominor Donald” –“porque me llamo Donald”. Confesó que “arancel” era su palabra favorita y, en consecuencia, lo iba a aplicar “velis, nolis” a cualquier Estado, amigo o enemigo. Así lo hizo y creó el caos comercial y político en todo el planeta. Sin embargo, la Constitución de EEUU y el sistema político estadounidense cuentan con un sistema de contrapesos –“checks and balances”-, entre los que figura la Corte Suprema. Pese a que este Tribunal -mayoritariamente integrado por magistrados conservadores- había apoyado hasta ahora de forma sistemática las políticas y acciones del autócrata -permitiéndole eludir la acción de la justicia en casi un centenar de casos, y que culminó en una ominosa sentencia que declaró su inmunidad total con efectos retroactivos-, ha llegado un momento en que ha dicho “¡Basta ya!”, al anular la decisión presidencial de imponer “urbi et orbi” aranceles “ à gogo” y frenar en seco la política comercial del presidente, demostrando que los contrapoderes aún funcionan en EEUU y mostrando su independencia, pese a las tremendas presiones ejercidas por el presidente y por su Gobierno.

Nulidad de la política arancelaria de Trump

El 20 de febrero de 2026, la Corte -por 6 votos a 3- declaró la nulidad de los aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense al resto del mundo, por considerar que Trump excedió sus competencias al basarse para ello en una Ley de Emergencia Económica -IEEPA-, que no le otorgaba un poder que reside en el Congreso. Según la sentencia, usar esa Ley para imponer gravámenes globales – los aranceles son al fin y al cabo impuestos- violaba la Constitución, porque -aunque la Ley confería al presidente amplios poderes- no le autorizaba a imponer gravámenes sin la autorización del Congreso. “El presidente afirma tener la facultad extraordinaria de imponer lateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. Considerando la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe contar con una autorización clara del Congreso para poder ejercerla”.

Como ha observado Judith Arnal, el fallo no cuestiona la posibilidad de que el Congreso delegue poder arancelario en el Ejecutivo, pero exige que esa delegación sea expresa, clara y sujeta a límites, con topes cuantitativos y temporales, o sujeta a requisitos procesales, tales como investigaciones previas o audiencias públicas, y la IEEPA no contiene ninguna de estas restricciones. Como le ha recordado  “The Wall Street Journal”,los estadounidenses iniciaron su Revolución para independizarse de Inglaterra porque creían que solo sus representantes, y no el Rey, tenían autoridad para gravar con impuestos a los ciudadanos.

En la vista previa de noviembre de 2025, la mayoría de los jueces criticaron la posición del Gobierno. Solo Samuel Alito, Brett Kavanagh y Clarence Thomas mostraron sintonía con el Gobierno y votaron en contra de la sentencia. La explicación de Neil Gorsuch -nombrado por Trump- fue impecable: “Para quienes consideran importante que la nación imponga más aranceles, entiendo que la decisión de hoy resulte decepcionante. Lo único que puede ofrecerles es recordar que la mayoría de las grandes decisiones que afectan a los derechos y responsabilidades del pueblo estadounidense -incluido el deber de pagar impuestos y aranceles-se canalizan a través del proceso legislativo por una razón. Sí, legislar puede ser difícil y lleva tiempo; y sí, puede resultar tentador eludir al Congreso cuando surja un problema acuciante, pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo era precisamente el propósito mismo de su diseño. A través de ese proceso, la nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo y no solo la de una fracción o de un hombre. Allí, la deliberación modera el impulso y el compromiso forja las discrepancias hasta convertirlas en soluciones viables. Y como las leyes deben obtener un apoyo amplio para sobrevivir al proceso legislativo, tienden a perdurar, permitiendo a las personas corrientes planificar sus vidas de un modo que no pueden cuando las reglas cambian de un día para otro”. Concluía: “Si la Historia sirve de guía, llegará el día en que se apreciará el proceso legislativo como el baluarte de la libertad que es”.

Según ha comentado Lluis Bassets en “El País”, al fin la Corte Suprema ha parado los pies a Trump y su sentencia ha herido de muerte una pieza central de su política exterior, utilizada como arma de castigo y extorsión de su diplomacia agresiva, en vez de como una herramienta contra los desequilibrios comerciales, tal como debía ser su función. El Tribunal ha puesto freno a la concentración presidencial de poderes y devuelto al Congreso las competencias en materia de fiscalidad, en la que se sitúan los aranceles. Ha rehabilitado la separación de poderes y reivindicado la vitalidad del Estado de Derecho, al responder con eficacia a la apelación de pequeños empresarios importadores, que recurrieron su arbitraria imposición de aranceles, que son impuestos. Trump ha usado profusa y abusivamente de éstos como arma política para someter a quienes no acepten sus exigencias ajenas al comercio y considerado el desequilibrio en la balanza comercial como una emergencia nacional. Para Pablo Suanzes, la Corte ha propinado el mayor revés a la Administración de Trump desde su regreso al poder.

La sentencia no ha afectado a los aranceles sectoriales impuestos por EEUU porque no están basados en la IEEPA, sino en la Ley de Comercio de 1974. La Corte no se ha pronunciado sobre la eventual devolución a las empresas de los aranceles indebidamente aplicados y lo ha dejado a la decisión de Tribunales inferiores. El Gobierno estadounidense podría enfrentarse -según Bloomberg-a la devolución de $170.000 millones y las reclamaciones aumentan a diario. Trump ha estimado que se podrían plantear por esta cuestión litigios jurídicos que pueden durar hasta 5 años.

Reacciones a la sentencia de la Corte Suprema

Trump ha sido el mayor sorprendido por la inesperada sentencia de “su” Corte -3 de los 9 jueces vitalicios han sido nombrados por él-, al considerar que, como presidente de EEUU, podía hacer lo que quisiera con los aranceles. Ya en enero, había advertido que una sentencia que no avalara su política arancelaria constituiría la mayor amenaza de la Historia para EEUU y destruiría al país. Las devoluciones derivadas de un fallo adverso ascenderían a cientos de miles de millones de dólares, y -si se sumaban las inversiones de empresas y países para esquivar aranceles- el coste llegaría a billones de dólares. “Si la Corte Suprema falla en contra ¡estamos jodidos!”. Por eso, su reacción no ha podido ser más visceral. Dedicó una conferencia de prensa a descalificar a la justicia y a insultar a los jueces. Calificó la sentencia de “terrible, defectuosa, radical y escrita por personas sin inteligencia”,  y a los magistrados de “desgracia para la nación, necios, perros falderos, serviles, antipatrióticos y desleales a la Constitución”. El presidente reaccionó con ira al fallo y prometió dar una respuesta inmediata mediante otra orden que impusiera aranceles del 10%. “El fallo es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos jueces, por no tener el coraje de hacer lo que es correcto para nuestro país”. Trump se basó en la opinión de Kavanagh de que podía seguir su política arancelaria recurriendo a otras leyes. Al día siguiente, declaró que, “tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer por la Corte Suprema de los EEUU, tras muchos meses de reflexión, les ruego que esta declaración sirva para indicar que yo, como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% impuesto a países, muchos de los cuales han estado estafando a EEUU durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), a nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%”. Y escribió en “Truth Social” que el estúpido fallo de la Corte contra su política arancelaría le había otorgado en realidad mayores poderes, que podía usar para hacer cosas absolutamente terribles a otros países. “Cualquier país que quiera jugar con esta ridícula decisión del Supremo, especialmente aquellos que han estafado a EEUU durante años, se enfrentarán a un arancel mucho más alto y algo peor del que ya aceptaron”.

El Gobierno de Trump se ha basado en la “Trade Act” estadounidense de 1974, cuya sección 122 otorga al presidente la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales. Puede imponer aranceles de hasta el 15% durante un periodo máximo de 150 días, siempre que sean uniformes para todos los países y, transcurrido ese tiempo, cesarán de tener vigencia, salvo que sean aprobados por el Congreso. El Gobierno podrá recurrir a esta disposición cuando las importaciones de otros países restrinjan indebidamente el comercio exterior de los EEUU y afecten negativamente a su economía, impidiendo el acceso justo y equitativo a los suministros y al desarrollo de un comercio abierto y no discriminatorio entre las naciones. No parece que haya sido este loable objetivo el que ha llevado a Trump a establecer unos aranceles del 15% a todos los países. También podría recurrir a la sección 301 para realizar investigaciones con el fin de identificar prácticas comerciales desleales -mecanismo que Trump utilizó contra China en su primer mandato- o a la sección 232, que permite imponer aranceles si las importaciones representaran una amenaza para la seguridad nacional. Cabría recurrir a la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que habilita al Gobierno a imponer gravámenes de hasta el 50% cuando se produzca una discriminación contra el comercio estadounidense. El problema es el de probar que existe esa discriminación, cuando es evidente que quien está discriminando es el Gobierno de EEUU. Todas estas posibles medidas son sin perjuicio de la competencia del Gobierno para imponer aranceles sectoriales sobre ciertos productos como el acero, el aluminio, los automóviles o los productos agrícolas.

Se plantea el interrogante de qué ocurrirá con los Acuerdos concluidos por EEUU con determinados países o grupos de Estados, como es el caso de la Unión Europea. Precisamente el Acuerdo entre EEUU y la UE -impuesto por Trump y aceptado por la Comisión Europea como un mal menor-, debería haber sido aprobado estos días por el Parlamento Europeo, pero -como declaró el presidente de la Comisión de Comercio, Bernd Lange- nadie entendía nada en el caos arancelario “made in Trump, y había muchas preguntas abiertas y una creciente incertidumbre, por lo que decidió aplazar la consideración del tema hasta que se aclarara la situación. La Comisión Europea expidió un comunicado en el que solicitaba al Gobierno de EEUU plena claridad sobre las medidas que pretendía adoptar y le exigió que cumpliera el Acuerdo firmado -pero que aún no ha entrade en vigor-, al igual que haría la UE. Como ha afirmado la Comisión, “nos mantenemos fieles al Acuerdo. Un Acuerdo es un Acuerdo –brillante conclusión de sus Servicios Jurídicos-, pero tiene que ser respetado también por la otra Parte”. Lange ha señalado que, con la aplicación de un arancel global del 15%, hay productos europeos que tendrán que soportar gravámenes del 25% y hasta del 30%, cómo en el caso de los quesos. Este arancel solo se podrá aplicar durante 150 días y después nadie sabe lo que podrá pasar, dada la volatilidad de Trump, que probablemente tampoco lo sepa. 

Según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la situación actual no favorece la consecución de un comercio y una inversión trasatlánticos justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos, como se indicó en la Declaración conjunta UE-EEUU. “La Comisión velará siempre por que los intereses de la UE estén plenamente protegidos. Las empresas y los exportadores de la Unión deben contar con un trato justo,  previsibilidad y seguridad jurídica”. Los productos comunitarios deben beneficiarse del trato más competitivo, sin aumento de aranceles más allá del límite acordado previamente. “Cuando se aplican de manera impredecible, los aranceles son inherentemente disruptivos, socavan la confianza y la estabilidad a los mercados globales, y crean más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”.

Están apareciendo ciertas diferencias de criterio entre la Comisión y algunos sectores del Parlamento, en cuyos grupos parlamentarios va creciendo la idea de que no conviene aprobar el Acuerdo, postura que parecen compartir los Grupos parlamentarios populares, socialistas y liberales. La Comisión estima que le conviene que se aplique el Acuerdo por eso de “Virgencita de Lourdes, que me quede como estoy” o de “Más vale pájaro en mano, que ciento volando”, especialmente con un cazador tan imprevisible como Trump y, por eso, presiona al Parlamento para que lo apruebe cuanto antes. Como ha declarado el Comisario de Comerc-io, Maros Sefkovic -, es imprescindible que mantengamos el proceso en marcha para aplicar nuestros compromisos en virtud de la Declaración conjunta y no dar argumentos a Washington de que Bruselas no cumple sus compromisos internacionales. Ha expresado su deseo de que el Acuerdo se apruebe en la sesión de marzo, aunque parece poco probable. “Nuestra estrategia es mantenernos unidos, serenos y comprometidos con  el Acuerdo, al tiempo que ampliamos la red de Acuerdos con otros socios”. Alabó el Acuerdo celebrado con Mercosur y se quejó por las trabas que el Parlamento había puesto para su aprobación, con su decisión de remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE, lo que atrasará su aprobación un par de años. Lange ha manifestado que resistirá las presiones de la Comisión para que el Parlamento apruebe el Acuerdo con EEUU y advirtió de que, si Washington no aportaba claridad, los miembros de la UE deberían considerar la adopción de contramedidas frente las imposiciones estadounidenses. La ruptura está del lado de EEUU, que ha violado por tercera vez un Acuerdo, que debe respetarse para devolver la certidumbre a las empresas europeas. La UE mantiene el diálogo con los representantes de EEUU, pero la toma de decisiones en el país no se basan en un proceso democrático, ya que Trump decide solo, por lo que la situación es inestable. Si en la próxima semana no se aclara la situación, “tendremos que reflexionar sobre contramedidas, contra aranceles, por ejemplo”.

¿Aceptará EEUU mantener lo establecido en el Acuerdo y no imponer a la UE los aranceles globales del 15%? Con esta salva de nuevos aranceles, el Gobierno norteamericano ha violado el Acuerdo. Si los aplica a los miembros de la UE, al tener carácter general y ser igual para todos los países del mundo, se eliminaría la teórica ventaja competitiva que le daba a la Unión el Acuerdo. Según el ministro de Economía Carlos Cuerpo, el 60% de los productos exportados por España a EEUU están ahora ligeramente mejor, 10% está ligeramente peor y el 30% más o menos igual. 

En su día, la Comisión alegó que el trato logrado era el mejor que se podía conseguir, ya que se evitó el arancel de un 30% con el que Trump había amenazado inicialmente a la UE, pero ésa era su postura de partida. Comprendo que la negociación no era nada fácil, porque Trump contaba con la ventaja adicional de la total dependencia de Europa del paraguas militar de EEUU, pero el negociador Sefkovic cedió de entrada al chantaje estadounidense y no estuvo a la altura de las circunstancias, porque ni siquiera contrapuso las medidas de represalia que podía adoptar la Unión -€93.000 millones-, que habían sido minuciosa y cuidadosamente elaboradas por los servicios de su Comisaría. No negoció, sino que asintió, se dio por derrotado de antemano y cedió sin apenas batallar. No sólo aceptó la imposición de unos aranceles desiguales y desequilibrados -15+ a 0-, sino que encima se comprometió a que la UE importara productos energéticos -petróleo y gas- por valor de $750.000 millones y a invertir   $600.000millones en EEUU hasta 2029. Como ha señalado María Sahuquillo -en su artículo “Bruselas exige  a EEUU que cumpla el Acuerdo comercial que Trump firmó con la UE”, publicado en “El País”-, la Comisión ha pedido estabilidad, porque teme tener que volver a negociar con Trump y que crezcan voces dentro del Consejo Europeo que exijan que se recurra medidas de represalia frente a la abusiva imposición estadounidense. Como ha manifestado la portavoz de la Comisión, Paula Pinho, “lo que estaba cubierto por el Acuerdo desde julio del año pasado debería seguir estándolo”. 

Personalmente, no soy partidario de la aprobación de un Acuerdo que es bastante desfavorable, porque EEUU impone unos aranceles del 15% a los productos europeos que importe, mientras que los productos estadounidenses pueden entrar en la Unión con 0 aranceles, y además mantiene sus aranceles sectoriales sobre las exportaciones españolas de acero y aluminio -50%-, automóviles y sus componentes, y productos agrícolas. Además, la UE se ha comprometido a aumentar sus compras de productos energéticos y material militar a EEUU, y a invertir millones de euros en el país. 

Narcisismo de Trump

Trump está aún más desquiciado de lo normal tras el varapalo que le ha infligido la Corte Suprema, como ha puesto de manifiesto su triunfalista y disparatado discurso -de 108 minutos de duración- sobre el Estado de la Nación, pleno de populismo, provocaciones, imprecisiones, medias verdades y enteras mentiras. El presidente se enfrenta a unas elecciones a media legislatura que no se le presentan favorables ante su pérdida de popularidad -según una encuesta de Ipsos para el “Washington Post”, solo un 39% de los ciudadanos aprueban su gestión, frente al 47% que la desaprueban- , debido principalmente al escaso desarrollo económico, a pesar de sus falsas afirmaciones en sentido contrario. Su discurso empezó y terminó invocando con triunfalismo el futuro brillante que el pueble elegido estadounidense merece. “Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor y más rica y fuerte que nunca; La nación más increíble y excepcional que jamás haya existido sobre la faz de la tierra”. Añadió que, cuando el mundo necesitaba coraje, audacia visión e inspiración, seguía recurriendo a EEUU, “cuando Dios necesita una nación que obre sus milagros (¿?)… Nuestro futuro será más grande, más brillante, más audaz y más glorioso que nunca”. Impertérrito, afirmó que los estadounidenses estaban ganando, que los precios estaban bajando y que los aranceles eran un éxito y proporcionaban ingentes sumas de dinero al erario público. Lo que no iba bien era culpa de la herencia recibida, calificando de locos y enfermos a sus rivales políticos, a los que acusó de destruir el país. Cargó contra la oposición, los críticos, los inmigrantes, los extranjeros y las políticas de igualdad y diversidad. Trump tendió una hábil trampa dialéctica a los diputados demócratas, cuando -tras afirmar que su objetivo era proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los inmigrantes ilegales- les pidió que se levantaran si estaban de acuerdo y, como no lo hicieron, los acusó de tratar mejor a los criminales inmigrantes ilegales que a sus propios ciudadanos. “El estado de nuestra nación es fuerte. No paramos de ganar”. Como ha observado Suanzes, Trump mintió, buscó  chivos expiatorios y distrajo la atención sin ofrecer soluciones a los desafíos apremiantes del país, cuyos representantes -que llegaron divididos a la Cámara- lo salieron de ella aún más. 

El presidente está haciendo todo lo posible y lo imposible para ganar las elecciones, recurriendo a todo tipo de triquiñuelas: intentar prohibir el voto por correo o desprestigiarlo, modificar las circunscripciones electorales para beneficiar al partido Republicano, pasar el control de las elecciones de los Estados federados al Estado federal…Siempre con el mantra de que Joe Biden le robó las elecciones -pese a haberlas ganado limpia y ampliamente- y preparando el terreno para negar su validez en caso de que las pierda. Nada para las ansias de poder de Trump, aunque una Corte conservadora haya puesto coto a sus arbitrariedades, porque la ley es igual para todos y ser conservador no es óbice para defender la justicia frente a sus violadores, demostrando así que los contrapoderes de la democracia funcionan en EEUU. 

Es bien conocida la anécdota del rey de Prusia, Federico II, el Grande, cuando -al ser condenado por la Justicia por pretender derruir el molino de un campesino que estropeaba las vistas desde su palacio de Postdam- exclamó con admiración: “!Todavía hay jueces en Berlín!”. La Historia se repite, a veces para bien y, tras la sentencia de la Corte Suprema anulando los aranceles “trumpianos”, cabe afirmar que “!Aún hay jueces en Washington!”, a pesar de las enormes presiones del “rey” Trump. Es curioso como, pese a las siderales diferencias entre éste y Pedro Sánchez, ambos son almas gemelas y tienen muchas cosas en común: apetito desordenado de poder que hay que mantener a cualquier precio, menosprecio de la oposición a la que niega la alternancia en el poder, dominio de los tres poderes y pretensión de controlar a los jueces, ninguneo del legislativo, uso de la mentira como base de su Gobierno…Sánchez pretende ser la némesis de Trump, pero es una mala fotocopia suya y comparte sus defectos. 

Desde España contemplamos con sana envidia lo ocurrido en EEUU y recordamos con satisfacción como, tras la sentencia de la Audiencia Provincial hispalense en el caso de los ERE, pudimos decir  “Todavía hay jueces en Sevilla” y, tras la sentencia del Tribunal Supremo condenatoria del Fiscal General del Estado, “Todavia hay jueces en Madrid”. Hay, sin embargo, un pero importante, ya que el Tribunal Constitucional de los Conde-Pumpido y las Montalbanes, -que no es una institución propiamente judicial y está rendido al Gobierno- se ha autoerigido en Cámara de apelación de las sentencias del Supremos y asumido su superioridad sobre el máximo órgano judicial de la Nación, actuando -según Rafa Latorre en- como habilitador del acaparamiento del poder del Ejecutivo y no como el freno de su tentación usurpadora ¿Podemos seguir diciendo con rigor y solvencia que “aún hay jueces en Madrid”?…