Corría el año 1766, reinando Carlos III, «el mejor alcalde Madrid», antiguo Rey de Nápoles y Sicilia, cuando el pueblo español protagonizó un motín que ahora reverbera en lontananza como un espejo a propósito de las mascarillas del ministro de pandemias.

El Rey Carlos, ejemplo de promotor de la Ilustración, venía de serlo de Nápoles y de Sicilia, dos Reinos que ocupaban casi la mitad sur de la península itálica, incluida la bellísima región de Apulia (el tacón de la bota), que luego pasó a denominarse Reino de las Dos Sicilias.

Allí, Carlos III no sólo ennobleció y modernizó la herencia recibida con la construcción de palacios y el célebre Teatro de la Ópera napolitano de San Carlo, donde la exquisitez de su público, al contrario que ocurriría en la Scala de Milán, arruinó años más tarde la confianza de Caruso con su interpretación de «L’elisir d’amore», sino que además promovió también las excavaciones de las colonias enterradas por el Vesubio, como Pompeya y Herculano, y dotó a muchos pueblos y ciudades de un esplendor inusitado y casi versallesco.

Cuando Carlos llegó al trono de España emprendió parecida tarea modernizadora, comenzando por la capital, a la que proporcionó un nuevo trazado urbano y su primer alcantarillado e iluminación pública, bien que a expensas del bolsillo de los ciudadanos, que debían hacerse cargo del sebo que ardía en las farolas.

Para todo ello, el Rey Carlos se valió de su primer ministro, un siciliano de Mesina (moriría en Venecia con 86 años), inspector de aduanas, de nombre Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache (Squillaci), quien entre las muchas medidas modernizadoras de las costumbres españolas no se detuvo en acabar con el «¡agua va!», sino que tuvo la ocurrencia de prohibir mediante una orden ministerial el uso de capas largas y chambergos de ala redonda, con la excusa, tal vez razonable, de luchar contra el amparo que dichas prendas le propiciaban a la delincuencia callejera para el embozo y la ocultación de ferretería peligrosa y armas de fuego.

El caso es que la carestía de alimentos y el precio del pan tenían sumido al pueblo en las dificultades y el enojo, pero los alguaciles de Esquilache se ocupaban, en cambio, de multar y encarcelar a quien se atreviera a lucir por las calles sus capas largas y chapeus a la vieja usanza.

Pretendiendo incorporar a los españoles a la «nueva normalidad» dictada por aquel gobierno, la pasma de su tiempo se hacía acompañar a veces de sastres improvisados que acortaban y recosían las capas de los ciudadanos sobre la marcha y con cuatro toques de costura convertían los chambergos de ala ancha en ridículos sombreros de tres picos que aliviaban la faz de los encausados.

El pueblo de Madrid no se anduvo con minucias y acabó montando una revuelta que se extendió al resto del Reino y que exigía no sólo la renuncia, sino el destierro de su Primer Ministro, el docto y razonable Leopoldo de Gregorio, que tuvo que salir por patas del país por invadir, bajo una excusa razonable, un ámbito de la libertad individual tan inextinguible como la manera de lucir el rostro en plena calle.

La Historia sirve de enseñanza para quien la conoce, porque es la única fuente fiable de experiencia que acumulamos como grupo, pero sospecho que ni Sánchez ha oído hablar del célebre marqués siciliano, Iglesias tal vez crea que los motines se inventaron un 15-M y el ministro Illa aún debe pensar que las Dos Sicilias son parte de los paisos catalans… y poco más.

La revuelta popular de entonces resultó de una cuestión en apariencia anecdótica, tal vez no del todo arbitraria y puede que hasta razonable, pero los ensimismados nunca entienden que la línea que separa el abuso de poder del respeto por los ciudadanos es tan delgada que algún día tocarán la tecla que les haga saltar por los aires.

En el caso que nos ocupa, este gobierno de deconstrucción de la verdad y de reconstrucción de la estafa permanente, ha mentido ya tantas veces y de forma tan aleatoria que no es posible ni siquiera adivinar algo de cordura en la excusa de su lucha contra el virus.

No hay expertos suficientes en el mundo para justificar que mientras la tierra tiembla bajo los pies de España, un vicepresidente tenga los santos cojones como campanas de plantarse ante el Senado y escupir un ambicioso plan, en colaboración con su fanática esposa, que atienda a las mascotas de las denunciantes de violencia de género que se nieguen a salir huyendo de las presuntas palizas que recibe sólo por no dejar atrás al perro, al gato, al jilguero o a los putos peces del acuario. Un Gobierno que ampara a dos majaderos de esa clase sólo puede merecer el manicomio.

Esta tropa de saboteadores, de ese sanchicomunismo de estraperlo que predican, pretende que las españolas no se depilen los sobacos y que usen a Bob Esponja para empapar el suero de las menstruaciones, pero ahora rozan ya el frenopático o la revuelta callejera si aspiran a que nos embocemos en los espacios públicos por capricho de un decreto detrás de una mascarilla con más de 40 grados a la sombra.

El marqués de Esquilache, lo sabemos, acabó en el destierro, pero sus homólogos de ahora, el marqués de Galapagar, el Duque del Falcon y el Barón de las Pandemias y las Mascarillas, lo que parecen estar pidiendo a gritos es una algarada de la calle hasta meterlos en la cárcel.

He dicho.