No tenía intención de asistir a la manifestación del 24-S , pues -a mi provecta edad y escasa proclividad a las manifestaciones callejeras- se sumaban mi desacuerdo con la política titubeante y confusa de actual equipo dirigente del PP, y mi desconocimiento de cuál era exactamente el objetivo de la convocatoria: ¿Demostrar la fuerza del partido en la calle, arropar a Alberto Núñez Feijóo en las vísperas del previsible fracaso de su investidura, protestar contra la amnistía, contra el separatismo y/o contra la política de Pedro Sánchez…? Sin embargo, tras conocer las declaraciones del presidente en funciones hechas en Nueva York, se disiparon todas mis dudas y llegué a la conclusión de que debía participar en ella, sí o sí, y unir mi débil voz al clamor de miles de españoles de bienm para oponerme de forma rotunda a la profunda injusticia de conceder una amnistía a unos sediciosos irredentos.

Sánchez afirmó que siempre había respetado el trabajo y la labor de la justicia (¿?) y subrayó que “una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial”. En su opinión, el golpe de Estado producido en Cataluña no era un delito, sino una “crisis política” de menor cuantía que debería haber sido resuelta por medios políticos, al margen de las obligada intervención de la justicia ante cualquier infracción de la ley. Pese a que él y su partido habían apoyado -con mayor o menor entusiasmo, pero sin reservas- la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la disolución de las instituciones catalanas, ahora ha dicho que ya en ese momento había mostrado al presidente del Gobierno su malestar, afirmación que Mariano Rajoy ha desmentido categóricamente y, respecto a la credibilidad de uno y otro, no hay color, ya que Sánchez es un mentiroso compulsivo. Ante la pregunta de si Junqueras llevaba razón al declarar que la amnistía ya había sido pactada en agosto dentro del ominoso paquete que permitió la elección de Francina Armengol como presidenta el Congreso, ni afirmó ni negó explícitamente, pero lo confirmó implícitamente, al señalar que lo que había hecho durante los últimos cuatro años había sido “devolver a la política lo que nunca debió salir de la política”. Añadió que estaba diciendo mucho y así era en efecto, pero -por más que se negara a pronunciar la nefanda palabra ”amnistía”, se entendía perfectamente cuál era la decisión que ya  había tomado de concederla.

Gran e inesperado éxito de la manifestación convocada por el PP 

Tras dar muestras de no saber lo que quería, el PP centró acertadamente su proyecto y adoptó como lema “Por la igualdad de los españoles”, en línea con el de la manifestación convocado por Sociedad Civil Catalana en Barcelona el 8 de octubre de “No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación” . Los organizadores esperaban una participación de unas 10.000 personas y se vieron gratamente sorprendidos cuando asistieron más de 65.000, según sus cálculos, o 40.000, según los de la Delegación del Gobierno. En cualquier caso, hubo una reunión multitudinaria, que se desarrolló en un ambiente festivom familiar y modélico, sin estridencias de ningún tipo. Puedo dar mi testimonio personal de que, pese a utilizar los codos, solo pude llegar al cruce entre las calles Goya y Alcalá, aquende el Corte Inglés, y a mis espaldas y a ambos lados de estas dos amplias avenidas había miles de ciudadanos. Ante la imposibilidad de ver u oír algo, decidí volver a casa y seguir la concentración a través de internet.

Lo que iba a ser en principio un acto de partido para arropar a Feijóo en su  tentativa de conseguir la investidura superó las siglas del partido y se convirtió en un acto masivo de protesta contra los planes del Gobierno de conceder una amnistía a los responsables del procès, en el que participaron muchas personas no vinculadas al partido, indignadas con la política de Sánchez. Como ha comentado Carlos Herrera, el PP se ha dado un chute de autoestima, al comprobar la unidad del partido, de la que no puede presumir el PSOE, en el que sus actuales dirigentes se dan el pico a lo Rubiales con los partidos que quieren destruir a España, y han entrado en abierta colisión con la vieja guardia socialista y sus líderes más señeros, que han criticado la inadmisible deriva hacia conculcación del Estado de Derecho. Según Jorge Bustos, cuando los Felipe González y los Alfonso Guerra tienen que salir a degañitarse contra el malversador de su herencia, el mutismo es ya solo la opción de los cobardes o de los cómplices. El ruido de la calle llega sofocado a los despachos de quienes detentan el poder y, aunque no se vea todavía, el murmullo ya se oye crecer. González dijo que se podían defender las ideas que se quisiera, pero no saltarse la legalidad, y la amnistía era inconstitucional, y Guerra afirmó que convertiría en represores a los demócratas y en demócratas a los felones, y que era la humillación deliberada de la Transición y la condena de la democracia.

Feijoo estuvo arropado por los presidentes de las 11 Comunidades Autónomas dirigidas por el PP, el presidente del Senado y los expresidentes Aznar y Rajoy. Actuaron de teloneros el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, quien manifestó que de ninguna manera iban a permitir que los separatistas y Sánchez acabaran con la España de todos. Aznar aseguró que la Constitución no era moneda de cambio para satisfacer golpistas y que nadie malversaría la libertad y la igualdad de los españoles, y Rajoy señaló que la amnistía era una enmienda a la totalidad de la democracia. Cerró el acto un complacido Feijóo, que reiteró que defendería la igualdad de los españoles aunque le costara la presidencia del Gobierno, y calificó de fraude que Sánchez no hubiera llevado en su programa la amnistía y ahora la promoviera para poder reeditar su Gobierno, lo que solo tenía un nombre: indignidad. Que la manifestación ha sido un éxito lo ponía de manifiesto el silencio casi total del “equipo de opinión sincronizada” al servicio del Gobierno.

 Serias incongruencias en la postura de Sánchez

Uno de los peores enemigos de Sánchez son las hemerotecas, que éste no ha podido alterar con el recurso a la Inteligencia Artificial, y sus continuadas contradicciones lo ponen en evidencia. V.gr.:1.-“Puigdmont, sí representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Ya va siendo hora de pasar página”; 2.- “A Vds, Sr. Casado, se les fugó Puigdemont y yo me comprometo, ahora y aquí, a traerlo de vuelta a España para que rinda cuenta ante la justicia”; 3.-“Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la justicia y trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad”. 4.-“La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general”; 5.-“Lo que pasó el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña fue un delito de rebelión”; 6.-”El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra dentro de la Constitución española. No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”.

Como ha observado Aznar, Sánchez siempre hace lo contrario de lo que dice. A saber: 1.-Puigdemont es ahora uno de los ”nuestros” y un fiel aliado. Efectivamente, había que pasar página, pero no hacia adelante sino hacia atrás, para concederle la amnistía; 2.-Sánchez cumplirá su promesa de traer a Puigdemont a España, pero lo traerá en un Falcon y con una guardia de honor de “mossos” liberados de servicio; 3.-El prófugo de Waterloo no solo no será juzgado, sino que será amnistiado y se le pondrá una alfombra roja para que vuelva a acceder a la presidencia de la Generalitat; 4.-Sánchez respalda a la Fiscalía porque la tiene a su servicio, pero no así los jueces del Tribunal Supremo (TS), que prevaricaron por juzgar y condenar injustamente a unos inocentes; 5.-Los graves delitos cometidos por los golpistas catalanes no solo no fueron rebelión, sino que ni siquiera fueron sedición -delito que Sánchez ha suprimido para complacer a sus nuevos aliados y, como la malversación, ha sido rebajada, se  han   convertido en simples faltas de orden público; 6.-Sánchez no solo va a aceptar la amnistía exigida, sino que la va a promover para aliviar penalmente a sus benefactores. Me acuerdo del chiste del gitano que va a confesarse y dice: ”Me acuso de haber robado un ronzal”, y el sacerdote le contesta “Eso no es pecado, hijo”, y seguía  así el diálogo: “Es que detrás del ronzal venía una mula blanca”. “!Ay; esa es la negra!”. “No, padre, la negra venía detrás de la blanca”. Pues bien, Sánchez comprará la mula blanca de la amnistía y la negra del referéndum de autodeterminación, además de los muletos de la deuda histórica, la condonación de la deuda del FLA y el pacto fiscal.

El presidente de Castilla/La Mancha, Emiliano García-Page, ha comentado que el PSOE y el Gobierno fueron a las elecciones del 23-J con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución, pero no han pasado ni dos meses y ahora si cabe, lo cual era extremadamente grave. Y no solo ha sido Sánchez quien ha incumplido su palabra, sino todo el Gobierno. En los informes para la concesión de indultos a los políticos condenados por sedición, elaborados por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo -un buen jurista experto en estos temas- se afirmaba lo siguiente: “A diferencia de la amnistía –claramente inconstitucional– que se reclaman desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito”. Añadía que, tras la sentencia en la que el TS condenó en 2019 a los responsables del procès , nadie en España dudaba de que la comisión de un delito -fuera quien fuera el que lo cometiera y ocupará el cargo que ocupara- traería consigo las consecuencias penales legalmente previstas. Estos informes fueron aprobados por el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Sánchez ¿Qué credibilidad pueden tener el presidente en funciones y su Gobierno?… La amnistía presenta aspectos jurídicos, políticos y morales.

Aspectos jurídicos de la amnistía

A algunos autores -como Enrique Calvet- no les preocupa que la amnistía sea o no constitucional, porque para ellos son más importantes sus aspectos políticos o morales. Quizás por deformación profesional, no estoy de acuerdo con esta opinión. Es cierto que Sánchez quiere constreñir la cuestión de la amnistía a un debate técnico entre juristas, en el que éstos pueden hacer distintas interpretaciones del Derecho, pero el fundamento jurídico es indispensable porque no puede haber democracia sin ley. La inmensa mayoría de los juristas -incluidos los del PSOE, hasta que Sánchez necesitó de los votos de JxC para lograr su investidura- han estimado que la amnistía propuesta no cabía en la Constitución, pero no son pocos los juristas “apesebrados” que mantienen la tesis “constructivista”  de la legitintimidad de la “mutación constitucional”.

Según Teresa Freixes, no existe ningún tipo de encaje de una hipotética amnistía en nuestro ordenamiento jurídico. Que el Congreso adopte una ley inconstitucional no anula su inconstitucionalidad, ni la transforma en legítima.  Una ley de amnistía supondría dejar impunes a los golpistas y reconocer que los actos con los que derogaron la Constitución y el Estatuto y organizaron un referéndum ilegal de autodeterminación no constituyeron delito. Amnistiar a los condenados por sedición y a los prófugos de la justicia provocaría, sin embargo, una gran inseguridad jurídica pues supondría que la repetición de tales actos no sería considerada ya delito. Para Germán Teruel, falta la premisa de pasado, ya que los sediciosos no fueron condenados por sus ideas, sino por violar el Código Penal a la sazón vigente, y también falta la premisa de futuro, porque los golpistas no solo no se han arrepentido de sus delitos, sino que han proclamado que los volverán a cometer. La amnistía es una institución completamente excepcional y solo puede ser concedida en circunstancias excepcionales, como  en casos de conflictos armados, descolonización, o tránsito de un régimen autocrático a otro democrático, y ninguna de estas circunstancias se dan en la actualidad en España. 

José Manuel Otero ha confesado que Adolfo Suárez le dijo que quería que se aprobara a la Ley de Amnistía de 1977 antes de que se adoptara la Constitución, lo que explicaba el silencio de ésta sobre la amnistía, a diferencia de la prohibición de los indultos generales. La ley provisional de indultos de 1870 -que sigue estando en vigor- fue adoptada en desarrollo de la Constitución de 1869, que establecía que el Rey necesitaba de una ley especial para conceder indultos generales o amnistías. De conformidad con el artículo 66 de la Carta Magna, las Cortes ejercen la potestad legislativa del Estado y tienen las competencias que le atribuyan la Constitución, y ésta no le concede expresamente la facultad excepcional de otorgar amnistías. Desde un punto de vista formal, una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 estableció que un Gobierno en funciones no podía proponer la concesión de indultos, por lo que, con mayor motivivo, tampoco estará capacitado para proponer la concesión de amnistías.

La cuestión de la constitucionalidad de una Ley de Amnistía será resuelta en última instancia por el Tribunal Constitucional (TC), y el actual no es demasiado de fiar, por su excesiva politización y su sumisión al Gobierno. Su presidente Cándido Conde-Pumpido -notorio por su inclinación a que magistrados y fiscales mancharan sus togas con el polvo del camino y adaptaran la ley a la realidad social- ha afirmado que los magistrados del TC ejercían sus funciones con la máxima imparcialidad y con el  máximo respeto al ordenamiento jurídico. ¡Ojala fuera así! Un caso clave es el de Campo: ¿Será consecuente como magistrado con su dictamen como ministro, cuando mantuvo que la amnistía era inconstitucional?

Aspectos políticos de la amnistía

Hay vida más allá del Derecho  Al margen de que sea constitucional o no ¿es legítima la amnistía? Para responder a esta cuestión, cabe a su vez preguntarse cuál es el motivo de su concesión y si ha recibido el apoyo del pueblo español. Según Freixes, procede de una compra de votos de los partidos independentistas para que Sánchez consiga su investidura, y los españoles no han podido expresar su opinión sobre el tema, porque ninguno de los partidos constitucionalistas llevaba en su programa electoral  propuesta alguna sobre amnistía e incluso el PSOE había mostrado su oposición a la concesión de la misma por considerarla inconstitucional. Ergo, el otorgamiento de una amnistía a los responsables del procès carece de cualquier tipo de legitimidad. Al no haber delitos políticos en una democracia, sus autores no pueden ser amnistiados.

La concesión de una amnistía tendría gravísimas consecuencias políticas, pues supondría reconocer que los políticos condenados por sedición no cometieron ningún delito , y por consiguiente, los jueces que los juzgaron y condenaron  cometieron un delito de prevaricación, y deberían ser sancionados por ello; que los políticos -por el mero hecho de serlo- gozaban de total inmunidad y podían delinquir libremente siempre que lo hicieran con una “intencionalidad política”; y que, gracias a esta impunidad  y al desmantelamiento de los medios de defensa del Estado -al suprimir el Gobierno el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos, y al rebajar las penas al delito de malversación-se incitaba a los sediciosos catalanes a que intenten un nuevo golpe de Estado, con la connivencia del Gobierno en esta ocasión, porque las condenas -si es que las hubiera-serían mínimas y, en el caso poco probable de que fueran procesados y condenados, serían rápidamente amnistiados de nuevo.

Pese a sus bravatas y amenazas, los independentistas catalanes acabarán cualquier caso por dar su voto a Sánchez para la investidura, porque nunca encontrarán un presidente como él tan entregado a la causa independentista, no por convicción, sino por vil interés. Parafraseando al hugonote Enrique IV, Pedro I de Cataluña y V de España podría decir, “Moncloa bien vale una amnistía”.

Aspectos morales de la amnistía

Con independencia de que esté en contradicción con la Constitución y sea políticamente inconveniente, la amnistía es profundamente injusta y contraria a la equidad. Según Juan Pablo Fusi, la concesión de una la amnistía es una cuestión moral, de principio, de dignidad nacional, pero no se aprecia su aspecto moral, sino su utilidad como mecanismo para acceder al poder. Supondría convertir a la democracia española en represora de los derechos humanos, lo que sería un auténtico dislate. Para García-Page, si la amnistía saliera adelante gracias a los votos de los independentistas beneficiados, carecería de base moral.

Como ha observado Juan Toledano en “El Debate”, en los últimos años Sánchez y el PSOE han venido vendiendo y subastando a España por parcelas, con la única finalidad de mantenerse en el poder. El PSOE no admite voces críticas y condena, e incluso expulsa de sus filas a quienes -como Leguina o Redondo- mantienen la posición que hasta ahora había mantenido el partido, a los que ha calificado de “disidentes”, “desleales”, “tránsfugas” y “traidores” -¿dónde están la libertad de expresión?- y exigen la sumisión incondicional a la voluntad del líder supremo. García-Page no puede ordenar a los diputados castellano-manchegos socialistas que voten en un determinado sentido, pero sí podría y debería pedirles que votaran en conciencia, pues -de conformidad con el artículo 67-2 de la Constitución-, “los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo”, pero esta disposición -como los semáforos en Nápoles- es meramente indicativa y escasamente cumplida, porque los parlamentarios siguen con fidelidad ovejuna las instrucciones de los aparatos de su partido. Incluso discrepantes -como García-Page, Lambán y los propios González y Guerra- no van más allá de las palabras para tranquilizar sus conciencias. Sin mencionar para nada a Sánchez, los antiguos líderes socialistas han alegado que el disidente era “el otro” -que un día dice una cosa y otro la contraria-, pues ellos no habían cambiado. 

En un editorial, “El Debate” ha mantenido que un eventual voto de los diputados socialistas a Feijóo nunca podría ser considerado como una traición a los principios socialistas, sino como una apuesta por su propia dignidad y una coherencia con el juramento o promesa que realizaron de cumplir y hacer cumplir la Constitución ¿Están seguros los diputados de que los españoles -incluidos los votantes socialistas- están a favor de amnistiar a quienes pretenden imponer la desigualdad entre los españoles? ¿Cómo pueden apoyar este copernicano giro en la postura del partido sin que haya habido debate, ni hayan recibido explicación alguna? Este cambio ha sido impuesto por un 5.7% de españoles que quieren dejar de serlo, e implica una infame compraventa de votos, en contrapartida por su apoyo a la investidura de Sánchez. Muchos militantes y simpatizantes del PSOE han expresado su profunda repugnancia ante el grado de influencia de las fuerzas separatistas sobre Sánchez, pero les falta el coraje para dar el paso requerido con el fin de actuar de acuerdo con sus principios y su conciencia, y siguen votando al PSOE porque en ellos prevalece el patriotismo de partido sobre el patriotismo de Estado. 

Por otra parte,-según Toledano- los diputados -seleccionados por Sánchez- venderán a sus votantes por un plato de lentejas.  Los que no estén de acuerdo con la amnistía no tendrían que votar a favor de Feijóo, sino simplemente abstenerse, como ya hicieron en 2016 con la investidura de Rajoy, sin que nadie calificara a de “desleales” o “disidentes” a los 68 diputados socialistas  que se abstuvieron, ni a los 15 que votaron en contra de la investidura, desoyendo las instrucciones de la Comisión gestora del PSOE, en la época del ” No es No” de Sánchez. Alguien tan interesado en la Memoria histórica y/o democrática, y preocupado por cómo será recordado por la posteridad,  pasará a la Historia dentro de la categoría donde figuran el Conde don Julián, Bellido Dolfos, Antonio Pérez y Manuel Godoy.

Según Rafa Latorre, si el sanchismo es para el militante socialista una experiencia tan liberadora, es porque ha prescrito la vergüenza. “¿Qué es progresista? ¿y tú me lo preguntas, Sánchez? Lo que sea preciso para gobernar”. Una vez más, se demuestra que la necesidad de Sánchez es fuente de legitimidad y “partera de la Historia reciente de España”. A juicio de Jiménez Torres,  lo único que cabe hacer en buena conciencia es señalar que quienes se escandalizan con todo esto no han perdido la cabeza, sino que ha sido el PSOE el que ha perdido la vergüenza. Hay que clamar  “!Basta ya!”, porque no podemos consentir que un político ahíto de poder venda en almoneda, por su exclusivo interés personal, la unidad y la integridad de España, la Constitución y el Estado de Derecho, y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Para el ex-magistrado del TS y del TC, Jorge Rodríguez Zapata, hemos llegado a una situación límite y tenemos que ejercer el derecho a resistir ante un intento de golpe de Estado desde dentro del Estado. Ni de entrada, ni de salida, ¡amnistía, NO!