Cuando yo era joven y abría mis ojos por primera vez a la política, un grupo musical -Jarcha- triunfaba con una popularísima canción que llegó a ser el himno de toda una generación: “Libertad sin ira”. Muchos la recordarán; la pueden buscar en internet aunque, si tienen interés, tal vez deben darse prisa en oírla, antes de que la censure este Gobierno de progreso que padecemos. En ella se nos decía:

“Dicen los viejos que en este país

Hubo una guerra,

Que hay dos Españas que guardan aún

El rencor de viejas deudas”.

Lo decían como si la guerra aludida fuera, allá en 1976, una cosa ya superada y casi anacrónica; una cuestión sobre la que no merecía la pena volver:

“Pero yo solo he visto gente
Muy obediente, hasta en la cama.
Gente que tan solo pide
Vivir su vida, sin más mentiras y en paz:

Libertad, libertad
Sin ira, libertad,
Guárdate tu miedo y tu ira

Porque hay libertad
Sin ira libertad,
Y si no la hay, sin duda, la habrá”.

En aquel momento no se me hubiera pasado por la imaginación pensar que alguna vez la letra de la canción iba a quedar desfasada en el sentido en que lo está hoy. Y, efectivamente, es lo que está ocurriendo: los dirigentes políticos que dirigen el Reino de España en 2021, cuarenta y cinco años después de la canción, guardan aún un insaciable rencor por una vieja deuda que nunca han perdonado contra media España.

Mirando las cosas con objetividad, lo primero que se constata es que hace falta ser muy totalitario y tener una mentalidad muy tiránica para tratar de legislar sobre el pasado, imponiendo una versión oficial e indiscutible sobre un acontecimiento histórico. Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a tanto, aunque ya Orwell predijo, como en una distopía imaginativa, por dónde iban a ir las cosas. 

El hecho de que los acontecimientos regulados por ley sean relativamente recientes en el tiempo añade una especial temeridad a este sinsentido, puesto que una visión monolítica del pasado supone necesariamente un ataque a la memoria personal, no ya de los protagonistas -puesto que, por razones biológicas, estos ya no están entre nosotros- sino de sus familias y de los testimonios directos que dejaron. Porque una guerra civil deja siempre una gran secuela de experiencias y de emociones relacionadas con ellas que pasan de generación en generación. Mi memoria personal, recibida de mis padres y de mis tíos, desde luego, no me la van a cambiar estos mentecatos por mucho BOE y muchas amenazas penales que se saquen de la manga.

La gran excusa que con la que se pretende “justificar” semejante despropósito es la llamada “victimología”, la misma que está causando múltiples estragos en Occidente en muchos ámbitos. En este caso, se trata presuntamente de proteger y resarcir a unos hombres y mujeres honrados e indefensos que sufrieron todo tipo de restricciones de derechos durante la época franquista. Da igual que para esa supuesta “protección” haya que pisotear la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra y hasta la libertad de conciencia de millones de españoles. Su fin justifica los medios empleados.

Por otro lado, conocemos bien el talante y las circunstancias de muchas de esas víctimas que, por la misma razón antes esgrimida, hace ya algunos años que fallecieron. A ellos les manifestamos todo nuestro respeto; a sabiendas de que no fue lo mismo Agapito García Atadell que Melchor Rodríguez García, ni Julián Besteiro que Francisco Largo Caballero. Pero también se nos ocurre acordarnos de esas asociaciones memorialistas que desde hace varios lustros pastan del presupuesto público, buscando desesperadamente por todas las cunetas restos humanos que poder arrojárselos a la cara de alguien; aunque de momento no encuentran muchos y, a veces, los que aparecen no son de su agrado. A mí me cuesta llamar “víctimas” a esta gente. 

También tenemos presentes a otras supuestas “víctimas” del franquismo, los gudaris de la ETA, que tanto padecieron durante la oprobiosa dictadura. También estos, a su vez, causaron otras víctimas inocentes que, en este caso, el Gobierno prefiere olvidar, aunque sus procesos judiciales aún no hayan prescrito. Por supuesto, esa gentuza etarra solo merece el apelativo de “asesinos” y no nos cabe en la cabeza que alguien con buena fe los pueda ver como inocentes corderitos. Parece todo un despropósito sin pies ni cabeza.

Pero nuestra indignación alcanza su nivel máximo cuando comprobamos cómo la versión oficial que estos desalmados pretenden imponer desde el BOE es falsa de cabo a rabo. La versión de la guerra como el enfrentamiento maniqueo entre unas fuerzas exquisitamente democráticas y un bando golpista y retrógrado es una trola que muchos historiadores de prestigio han denunciado. Las fuerzas “republicanas” que lucharon en la guerra eran golpistas convencidos y confesos, cometieron matanzas masivas (incluso entre ellos) y perfectamente planificadas, y destruyeron a mansalva el patrimonio nacional como talibanes vandálicos que eran, en todos los asuntos que tuvieron entre manos. 

Y vemos cómo, desde esta perspectiva, todo cuadra, porque nadie haría una ley sobre el pasado si este fuera tan evidente. El descaro de esta norma radica en que atribuye un injustificado premio a partidos de entonces que tuvieron muchísima culpa en el origen del conflicto, los cuales casualmente coinciden con los mismos que sustentan al Gobierno actual: PSOE, PCE, ERC, PNV… Formaciones que entonces, aún más que ahora (que ya es decir), eran inmorales, totalitarias, racistas, guerracivilistas y corruptas hasta la médula. El bando que entonces resultó vencido se siente ahora lo suficientemente fuerte como para buscar la revancha, dinamitar la Transición, deslegitimar la Monarquía, minar la Constitución y torpedear la convivencia democrática que teníamos ya arraigada desde hacía muchos años. 

Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de un importante detalle. Que la izquierda nunca habría ido tan lejos en este asunto si algunas instancias supuestamente concernidas por esta estafa -el Partido Popular o la Iglesia católica- hubieran dado señales de vida inteligente, señalando algunas incoherencias de este proyecto liberticida que encabeza ese peligro público que atiende al nombre de Pedro Sánchez.