Apenas en septiembre de 2016, la entonces secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, una multimillonaria heredera que acudía al Salón de Plenos del Congreso de los Diputados con una criatura recién nacida en brazos, mientras la tata dominicana la esperaba fuera, declaraba en Radio Nacional de España que «Si en España sólo votase la gente menor de 45 años, Pablo Iglesias ya sería presidente del Gobierno desde el año pasado».

Horas después, ante el revuelo que se armó, Bescansa se puso el disfraz de socióloga pretendidamente impoluta para matizar que cuando dijo eso no estaba emitiendo ningún «juicio de valor», sino que se trataba de una afirmación basada en datos sociológicos, lo que vendría a ser equivalente a decir que si no existiesen mujeres en el mundo no se registrarían crímenes machistas o que si en EE.UU. no hubiese ni indios ni afroamericanos no existiría el Ku Klux Klan.

Tres años y medio después de aquello, en su primera comparecencia tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus, el aludido Iglesias se presenta como el valedor y responsable dentro del Mando Único de todo lo que ocurra en las residencias de mayores de toda España.

Unos días después, la hecatombe, la catástrofe, el caos se apodera de dichas residencias, que acumulan casi el 70% de todas las muertes generadas por la pandemia en lo que constituye una masacre colosal, con reiteradas órdenes de no permitir el traslado de esos enfermos a instituciones hospitalarias, la recomendación de practicar triajes por razón de edad y la denegación de suministros de protección imprescindibles o de cualquier otra medicación paliativa que no sea la de aportar a los profesionales sedantes y morfina con los que acompañar a la moribundia generalizada.

En total, no menos de 17.000 fallecidos oficiales en este sector por la enfermedad, sin contar otros muchos miles de otras patologías no adecuadamente atendidas. O sea, un pogromo forzado de mes y medio que guarda semejanzas con la actividad de cualquier campo de concentración y las cámaras de gas del régimen nazi.

A partir de ahí, Pablo Iglesias se desmarca y nunca más vuelve a mencionar aquella asunción de responsabilidades que se atribuyó a través del plasma gubernamental ante toda España. Antes al contrario, su siguiente comparecencia la dedicó, con voz fingidamente paternalista de curita benefactor, a informar «a los niños y las niñas» del horario de salidas programado para pasear por ese Gobierno, en el que se diría que Iglesias ejerce lo mismo de «carnicero de Matthausen» que del «hombre de los caramelos».

Con semejante secuencia de hechos, no tengo ni la menor duda de que cualquier Tribunal Penal Internacional que ocasionalmente se pudiese abrir para estudiar lo sucedido, permitiría encausar a semejante personaje por la posible relación causa-efecto entre el análisis electoral realizado por la cúpula de su partido comunista y el desarrollo posterior de los acontecimientos bajo su responsabilidad.

Por menos que eso, en Tutsilandia y Hutulandia fueron procesados y condenados en primera instancia a perpetuidad multitud de dirigentes tras el genocidio ruandés, entre ellos el autor del panfleto, Hassan Ngeze, que en diciembre de 1990 -también casi cuatro años antes de la masacre- recogía en la Revista Kangura «Los Diez mandamiento del Bahutu»; así como varios dirigentes de la Radio Televisión Libre de la Mil Colinas (RTLMC), como Ferdinand Nahimana, director, y Felicien Kabuga, hombre de negocios que financió aquel abrasivo disparate mediático.

Hasta la fecha, el susodicho no ha dado ni una sola explicación ni existe la menor referencia en cuanto a las responsabilidades que quiso asumir como vicepresidente segundo. Lo que sí ha hecho, en cambio, es continuar in crescendo su tarea de demonización del adversario político que apela al guerracivilismo, a la exclusión y señalamiento de quiénes son y quiénes no son dignos de llamarse demócratas y a la deshumanización del rival, calificándolos de «parásitos» -del mismo modo que la RTLMC denominaba «cucarachas» a los tutsis-, ya sea por lucir un apellido compuesto o por pertenecer a una clase social distinta a la del proletariado.

Pablo Iglesias, que es una especie de Jesús Gil con tres panfletos leídos, mucho más cinismo, menos barriga y una melena, quizá debiera ser investigado y eventualmente procesado antes de que le veamos en la TV con un programa propio sumergido en un jacuzzi y rodeado de una guardia de vestales revolucionarias que se titulará «Aló, vicepresidente».

He dicho.