Si la República Checa acaba de superar en renta per cápita a la hasta hace poco octava potencia económica mundial, con un 2,9% de desempleo incluso con la pandemia en todo lo alto, y las repúblicas bálticas están a punto de alcanzarnos, digo yo que los votantes del PSOE, de Podemos y demás excrecencias zurdas debieran hacer un somero repaso de cuánta basura dogmática inservible acumulan en el cubo de basura de su ideología.

Así las cosas, casi se hace aconsejable poner un límite, un tapón, a la cantidad de excentricidades que una democracia de buen tono europeísta pueda permitirse y creo que así debe interpretarse la condena realizada por el Consejo de Europa en 2019 respecto del comunismo y del fascismo/nazismo, que no sólo se sostiene por el número de muertos causados por sendos movimientos ideológicos, sino por la aberración continua y la perversión que supone para el sostenimiento de los derechos y libertades integrados en el corpus aceptado de la declaración de los derechos humanos.

El comunismo jamás ha respetado los derechos elementales de los seres humanos ni de los ciudadanos desde el punto y hora en que su deforme comprensión del derecho de propiedad arruina por completo la consecución de cualquier otro objetivo relacionado con las libertades y con el derecho a la persecución de la felicidad que proclama el acta fundacional de los EE.UU..

En la misma lógica, aunque a menor escala, cabe inscribir las ideologías que comparten su apoyo argumental a la meta de la igualdad, más aún cuando se trata en realidad de un apoyo al igualitarismo más rancio, ladrón, opresivo, corrupto y pernicioso que abrasa toda otra lectura de la declaración de derechos universales.

En España, la jauría igualitaria ha llegado al paroxismo, tanto por las manifestaciones públicas de sus secuaces como por la inclusión de sus enunciados y propósitos en la legislación vigente.

Así, mientras en EE.UU, la presión igualitaria, o por ejemplo la identitaria, se han convertido en martillo social de los ‘herejes’ recurriendo a la condena social con toda clase de formas de presión contra los que no respeten la estrechez idiota de sus postulados de género o de raza, en España esto mismo se ha llevado al disparate de introducirlo también en el corpus normativo, arrasando, de paso, algo tan elemental y principal para un estado de derecho como la presunción de inocencia.

Es curioso, sin embargo, y debiera ser motivo de reflexión hasta para los más radicales e incautos, que una legislación tan ‘avanzada’ (la Montero dixit, o la Calvo pixie) como la española -tan avanzada, digo, que nadie nos ha seguido en el empeño y los hemos perdido de vista-, no haya sido copiada por nadie hasta la fecha habida cuenta el disparate que suponía introducir a tontas y a locas fórmulas pretendidamente jurídicas que destrozan el sistema y derrumban todo el edificio jurídico de una Nación.

Ni siquiera Argentina ha llegado a tanta mendacidad normativa, por más que las algaradas y el ruido sean colosales, y en no pocas ocasiones muchos grandes medios de comunicación de diversos países han advertido de la peligrosidad legal que existe en España al respecto de estas materias, donde un turista puede ser acusado y atrapado por el sistema jurídico con cualquier excusa banal, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, aunque mucho menos si en lugar de un turista hablamos de un inmigrante ilegal.

Tan aberrante determinación en España ha obligado en los últimos tiempos a modificar el conocido nombre de los Juzgados de Violencia de Género por el de Juzgados de Violencia contra la Mujer, puesto que bajo la primera denominación a los togados se les imposibilitaba llevar a cabo la pretendida tarea, ya que, según el nada sospechoso «Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres y contra la violencia doméstica», el concepto de violencia de género engloba, no como en España, toda violencia ejercida por alguien de un género cualquiera contra otra persona perteneciente a un género distinto. Por ejemplo, de una mujer hacia un hombre o de un transexual hacia una lesbiana y no sólo de un hombre contra su pareja femenina o mujer de su entorno.

Para terminar de volcar el cubo en este desparrame general de la izquierda, un nuevo proyecto de ley, esta vez sobre igualdad de trato, como antes fue sobre libertad sexual, asoma la patita en la lontananza del Ministerio de Irene Montero. En la ocasión anterior, el proyecto de ley quedó almacenado en la basura gracias a la finalización del período de sesiones y merced a las consideraciones que emitieron tanto el Consejo de Estado como los colegios de abogados, los fiscales y hasta el ministro de Justicia contra un texto ajurídico, contradictorio, contra legem, preñado de ideología y rebosante incluso de erratas gramaticales. Una auténtica basura, vaya, que no mereció más trámite.

Ahora vuelven a la carga con esto de «la igualdad de trato», principio de sobra contenido en la Constitución Española y desarrollado en todas las demás leyes conexas dentro del aparato legal de nuestra democracia, pero que logrará (ya lo ha hecho) indignar también incluso al feminismo más galopante y recio de Lidia Falcón, lo cual no deja de ser una portentosa habilidad y un indicio nítido de los errores que contiene el proyecto.

Repito que hay una manera muy simple de comprobar si es nuestro hijo el que lleva cambiado el paso o es el resto del pelotón el que camina fuera de compás: no nos sigue nadie, ni en la subida de la presión fiscal, ni en el escaso apoyo a los autónomos, ni en el recorte de libertades, ni en la restricción de la libertad de elección educativa, ni en el deseo de repartir las ayudas europeas… Vamos a contrapié y directos hacia el comunismo, aquel oprobio del que huyen a toda costa la República Checa y las repúblicas bálticas. O sea, nos hundimos.

He dicho.