El pasado 3 de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consiguió nombrar a Isabel Perelló -magistrada del Tribunal Supremo (TS) desde 2009- presidenta de dicho Tribunal y del Consejo. Se ha necesitado para ello más de cinco años, y se ha requerido la mediación de la vicepresidenta de la Unión Europea, Vera Jourova, y del consejero de Justicia, Didier Reynders, quienes han avalado curiosamente una forma de dudosa legalidad, dado que -según la Constitución- sus miembros serán nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes Generales y -de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial- el CGPJ se renovará en su totalidad cada 5 años contados desde la fecha de su constitución, y los presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. Sin embargo, el acuerdo para la renovación ha sido adoptado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y los presidentes de las dos Cámaras han incumplido sus obligaciones y se han abstenido de intervenir en la elección de los vocales.

El acuerdo logrado para la renovación implicaba una designación paritaria entre vocales progresistas y conservadores -diez por cada grupo- y, por primera vez en muchos años, han sido los vocales, y no los políticos, los que han elegido a su presidente. Una vez elegido el nuevo CGPJ, se han requerido tres  meses adicionales. El Gobierno -que no debería haber metido baza en el tema- exigía que se nombrara a una mujer progresista y los miembros del grupo liberal asumieron esta pretensión y apoyaron a dos candidatas que reunían estas características, Pilar Teso y Ana Ferrer. La pretensión de que la presidenta fuera una mujer resultaba comprensible por ser la primera vez que se produciría, aunque el hecho de la feminidad no se encuentra entre los méritos que los vocales del Consejo deberían tener en cuenta a la hora de pronunciarse, y mucho menos el del progresismo, que no garantiza la calidad del jurista.

El grupo conservador -bajo el complejo de la inexistente superioridad moral de la izquierda- daba por bueno que el presidente tuviera que ser progresista y, en consecuencia, apoyó a Pablo Lucas, presidente en funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS y prestigioso jurista de talante liberal, aunque no alineado de forma sistemática con el Gobierno. Ante las objeciones de que debería nombrarse una mujer, el grupo propuso a Carmen Lamela, miembro de la Sala de lo Penal. Tras tres meses de debates, continuaba el empate a 10 entre progresistas y conservadores, pues Ferrer no corrió mejor suerte que Teso y, ante la situación de punto muerto, se realizó un último esfuerzo y se incluyeron nuevos magistrados que no habían figurado en la lista preseleccionada de 7 candidatos. El grupo conservador presentó la candidatura de Perelló, miembro de la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia, que consiguió atraer los dos votos de los vocales propuestos por Sumar y cuatro de los respaldados por el PSOE, mientras que otros cuatro vocales de este grupo mantuvieron hasta el final su apoyo a Ferrer. Gracias a ello -y aunque fuera a la hora 25- el rey Felipe VI pudo inaugurar el 5 de septiembre el Año Judicial con la participación de la flamante presidenta del TS. 

Discurso de la presidenta Perelló ante la cúpula judicial

Todos esperábamos con sumo interés, no exento de inquietud, las primeras palabras de la nueva presidenta, que han resultado en general satisfactorias para la inmensa mayoría, excepción hecha de los círculos cercanos al Gobierno, que se han sentido señalados por las impecables de Perelló, debido a su acoso a, y descalificación de, los jueces. No fue -según Ángela Martialay- una intervención muy técnica, ni de gran carga jurídica, pero sí un claro aviso de los pilares sobre los que pivotaría su mandato: apoyo a la labor de los jueces, férrea defensa de la independencia judicial frente las injerencias políticas, reivindicación del mérito y la capacidad para el ascenso en la carrera judicial, y ensalzamiento de papel de la mujer en la Administración de Justicia. 

“Quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan. Las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección, a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales”. Perelló fue categórica: “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho” y, en un Estado de Derecho, “nadie está por encima de la ley”. Expresó su compromiso – y el del CGPJ- de cumplir con la  función esencial de velar por la independencia judicial, que es la piedra angular de un Estado de Derecho y constituye un baluarte de los principios contenidos en la Constitución, entre los que figuran los de que los jueces son independientes y únicamente están sometidos al imperio de la ley. 

Aunque la presidenta fue muy diplomática y habló en términos generales, sus palabras condenaban implícitamente la política seguida por Pedro Sánchez, su Gobierno y su Partido, de intentar controlar el Poder Judicial, y de menospreciar y descalificar a los jueces y tribunales -incluido el TS- cuando dictaban sentencias que no les placía. Perelló reconoció el derecho a la discrepancia con las decisiones judiciales en el debate jurídico, pero la discrepancia y la crítica no tenían nada que ver con las descalificaciones y los insultos, que socavaban la legitimidad y la reputación de la Justicia. Sánchez ha criticado la sentencia del TS en el caso del procès y asumido el relato de los independentistas que la consideraba una decisión política, injusta y vindicativa, y de ahí la necesidad perentoria de conceder a los implicados en el intento de secesión una amnistía lo más amplia posible para restaurar la justicia violada. Todos y cada uno de los ministros están presionando a los tribunales y a los jueces para que apliquen la amnistía sin excepción alguna, sobre todo a raíz de la decisión del TS de  no considerar incluida en ella la malversación y negarse a aplicarla a Carles Puigdemont y a otros implicados. La vicepresidenta María Jesús Montero advirtió a los tribunales que no podían cambiar el espíritu del legislador, ni hacer una presentación fuera del contexto planteado por los legisladores. La ministra-portavoz, Pilar Alegría, ha manifestado que tanto el texto de la Ley de Amnistía como la voluntad de las Cortes eran absolutamente claros y meridianos, y que ahora correspondía a los jueces su aplicación. El insigne jurista Óscar Puente ha afirmado que no había por dónde agarrar la interpretación de la Ley que ha hizo el TS. Señaló que el Gobierno había hecho lo que podía y debía, y ahora lo que le tocaba a la judicatura era hacer lo que le correspondía, y vaticinó que el Tribunal Constitucional (TC) tumbaría el criterio del TS ¿Por qué estará tan seguro? ¿Les suena el nombre de Cándido Conde Pumpido?  

A ello cabe sumar la cacería implacable del Gobierno contra cualquier juez que dicte una sentencia o una resolución que no le convenga al Gobierno -llámense Llarena, García-Castellón o Peinado-, lanzándoles insultos y descalificaciones desde la Moncloa, la portavocía del Consejo de Ministros o la portavocía del PSOE . La vicepresidenta Teresa Ribera reprochó a García-Castellón cierta querencia a pronunciarse siempre en una misma dirección y en momentos particularmente oportunos, después de que el juez insistiera en investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso “Tsunami Democratic”. 

Pero la palma se la está llevando el juez Peinado por haber admitido a trámite la querella presentada contra Begoña Gómez por una serie de delitos e iniciado una investigación y, sobre todo, por haber citado como testigo a su consorte Sánchez. Ya en su Epístola a los Adefesios, el presidente del Gobierno calificó la investigación de su esposa como “un atropello tan grave como burdo”. Exigió a Peinado declarar por escrito invocando sus privilegios institucionales, pero el juez se lo negó, alegando que era llamado a declarar no en calidad de presidente del Gobierno, sino de esposo de la investigada. Peinado se trasladó a la Moncloa y Sánchez no solo se negó a declarar -lo que estaba en su derecho-, sino que presentó una querella contra el juez por prevaricación, duplicando la que ya había sido presentada por la defensa de Gómez. Los ministros se lanzaron -cuan colegiales en búsqueda de premio- a ver quién criticaba más y mejor la inconcebible actuación contra el Presidente-Sol. Bolaños, “persecución política despiadada”; Albares, “la mezquindad más absoluta”; Puente-que se apunta a todas a la hora de hacer méritos-,” un viaje a ninguna parte, burdo y miserable, y una nulidad del libro”; Morant, “una causa construida a base de bulos”; Sáiz, “un esperpento”; Redondo, “juez que quiere ser una estrella y pasar a la posteridad”; Urtasum, “un ataque”; Grande-Marlaska -juez de profesión, aunque cada día lo parezca menos-, “un retorcimiento de la ley”; Robles -también jueza-, “un juez que busca hacer un paseíllo”… 

Probablemente influida por este alud de descalificaciones, Perelló afirmó que quería expresar su apoyo a todos los jueces del país. Señaló que ”podéis contar con el  respaldo del CGPJ. Podemos sentirnos orgullosos por la labor que desempeñáis cada día con vocación y entrega, en condiciones que, por lo general, son muy precarias”, y subrayó en especial , la “excelencia” con la que había actuado el TS. Cabe esperar que el nuevo Consejo empiece a enseñar tarjetas amarillas -e incluso rojas- a futuros difamadores de los jueces. En momentos en que caen chuzos de punta sobre la Zarzuela -incluso desde personas y círculos cercanos al Gobierno, destacó el compromiso de la Corona con la Justicia y los valores fundamentales consagrados en la Constitución, y concluyó su intervención expresando su agradecimiento a Felipe VI por su constante apoyo a la misma en todos estos años. ¡Chapeau¡

Reacciones al discurso de Perelló

Las reacciones de los medios de comunicación al discurso de Perelló han sido por lo general bastante elogiosas. “El Mundo”  ha señalado que poseía un extraordinario valor por su férrea defensa de la independencia de los jueces frente a las injerencias políticas, desde una posición apartidista, como requiere la crisis en la que se encuentra la Justicia ante los ataques recurrentes del Gobierno. “ABC”  ha comentado que Perelló recalcó una serie de verdades sobre el  papel de los jueces en un Estado de Derecho, que -en condiciones normales- habrían sido obvias, pero que -como la situación era excepcional- sonaron como un “Basta ya” del Poder Judicial a la campaña de acoso político que están sufriendo los jueces. Asumió compromisos públicos que cualquier espectador imparcial asociaría sin problemas a episodios de intromisiones recientes en la independencia judicial. No era difícil inferir de su afirmaciones el rastro de las injerencias del Gobierno en la aplicación judicial de la Ley de Amnistía, de las querellas al juez Peinado por sus decisiones en el caso de Begoña Gómez, o los ataques a los tribunales por la aplicación de la Ley del “Sí es Sí. Según “La Razón”, la presidenta del  TS afirmó que ningún poder del Estado podía dar indicaciones a los jueces, defendió la independencia judicial, instó a evitar los ataques injustificados a los jueces, y recordó que nadie podía estar por encima de la ley. Para “La Vanguardia”, la Ley de Amnistía planeó sobre el primer discurso de la nueva presidenta del TS, quien pidió al Gobierno que no diera instrucciones a los jueces.

La principal nota discordante la ha dado-como ya va siendo habitual- el otrora prestigioso diario “El País”, que consideró lamentable que Perelló no sumara a la reivindicación sobre la independencia de los jueces, la exigencia del respeto de éstos a la imparcialidad que se les supone, “que tantas veces ha quedado en entredicho”. Señaló que a socavar la reputación de la Administración de Justicia también han contribuido sus propios integrantes y de ahí que el CGPJ tuviera que asumir la tarea de restaurar la disciplina profesional respecto a la independencia de los jueces con respecto a la política. Subrayó en su editorial que no se podía olvidar que la derecha política se había embarcado desde hacía un año en una guerra contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo a cuenta del anuncio de la tramitación de la Ley de amnistía a los implicados en el procès. “La independencia judicial no está en peligro, ni la Ley de Amnistía ha supuesto el fin de la democracia, más bien al contrario” (¿?) El Poder Judicial ha demostrado que es posible  la aprobación de una ley sin necesidad de recurrir a las instancias superiores, tan solo forzando una interpretación creativa del texto legal” (¿?). 

No puede ser más desafortunado y lamentable el editorial de “El País”, con el que estoy en desacuerdo en su práctica totalidad, por las siguientes razones: 1) Parece ser que para el periódico los graves problemas que enfrenta España en el ámbito judicial no son la insuficiencia de la separación de poderes y el peligro que se cierne sobre la independencia del Poder Judicial, la imposición de una Ley de Amnistía que consagra la desigualdad de los españoles ante la ley y concede impunidad a unos políticos que han pretendido separar a Cataluña de España, o la politización de la justicia, sino la falta de imparcialidad de los jueces y su intromisión en la política. 2) Me parece ridícula la afirmación de que la oposición a la Ley de Amnistía en contra de las decisiones legítimas del Poder Legislativo y del Ejecutivo ha partido de la derecha judicial, cuando  ha provocado el rechazo de la mayoría del pueblo español, incluidos numerosos votantes socialistas. 3) Tampoco sé en qué manera la Ley de la Amnistía -que es inconstitucional, inequitativa e injusta- puede redundar en beneficio de la democracia. 4) La independencia judicial está en peligro cuando el Gobierno trata de controlar el Poder Judicial, controla la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado y los utiliza como instrumentos suyos, o trufa el TC con antiguos ministros altos cargos de la Administración, que votan a toque de trompeta “pumpidiana”, con resultado de 7 a 4, cualquiera que sea el tema que aborde el Tribunal. 5) La judicialización de la política es tan criticable como la politización de la justicia, pero ésta resulta mucho más nefasta que aquélla, ya que la influencia de los jueces sobre la política es harto limitada, a diferencia de la que puede ejercer los políticos, especialmente cuando se trata del Gobierno. 6) Puede que haya algunos jueces que no sean imparciales, pero -a diferencia de lo que da a entender el periódico- se trata de una ínfima minoría, que apenas tiene incidencia sobre el funcionamiento de la Justicia. 7) Es sumamente peligroso que el Gobierno pueda incumplir impunemente una ley -la LOFCA, por ejemplo-, mediante una “interpretación creativa” de su texto legal. Conde-Pumpido y su panda son expertos en la materia, como han mostrado con la anulación de varias de las sentencias sobre el caso de los ERE. Mediante esta “creatividad”, el TC condonará el engendro de la Ley de Amnistía y podrá modificar la Constitución por la puerta trasera.   

Discurso del Fiscal General del Estado, García Ortiz

No hay rosa sin espinas, ni Quijote sin Sancho. El breve (5 folios), enjundioso y acertado discurso de Isabel Perelló se vio contrastado por la prolija (35 folios), menesterosa y desacertada disertación de Álvaro García Ortiz, al que se vio durante la sesión inaugural del Año Judicial nervioso, excitado y descompuesto. No le faltaban motivos porque está a punto de ser investigado por el TS por la eventual comisión de un delito de revelación de secretos, por el que ha sido demandado por el afectado, Alberto González, y por el Colegio de Abogados de Madrid. El del actual Fiscal General del Estado es un caso único en los anales de la historia de la Fiscalía en el mundo. García Ortiz ha sido considerado por el CGPJ no idóneo para desempeñar su cargo, ha sido condenado por el TS por desviación de poder, y está a punto de ser imputado ante el Supremo a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sánchez ha dado su pleno apoyo a su escudero y éste ya ha anunciado que no pensaba dimitir aunque fuera finalmente investigado. En su intervención, puso abiertamente de manifiesto la herida por la que sangraba, y trató de justificar su actuación y la de Begoña Gómez, dos objetivos ajenos a las funciones de un fiscal general.

García Ortiz presentó, como es tradicional, la Memoria Anual de la Fiscalía, a la que definió como un instrumento contra infundios y mentiras, sin concretar qué tenían que ver las estadísticas de diligencias penales con la lucha contra la desinformación. Condicionado por el caso Begoña Gómez y por el suyo propio, advirtió del peligro que pueden tener las acusaciones populares, en las que en ocasiones se pervierte el esquema natural y lógico, en el que solo deberían llegar ante los tribunales aquellas investigaciones en las que concurrieran poderosos indicios de responsabilidad criminal. Cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tenía acceso a él, un interés particular -político, religioso corporativo, económico, o mediático- que, de ser mal utilizado, podría llegar a ser ilegítimo y perturbador. Al permitirse el acceso a los tribunales sin filtro alguno, aumentaba el riesgo de investigaciones prospectivas. Arremetió contra los comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa, así como contra la desinformación, la mentira y el infundio, “unos de los riesgos más importantes para nuestra democracia y para nuestra convivencia”. 

El fiscal general reclamó un cambio del modelo procesal penal, tendente a dejar las investigaciones en manos de la Fiscalía en vez de en los Juzgados de Instrucción, alegando que el sistema actual no funciona. Su encendida defensa de esta modificación no hizo más que aumentar los recelos hacia el nuevo modelo procesal propuesto. Cabe preguntarse qué ocurriría si se adoptara ese modelo; y la respuesta apunta a que los dos últimos fiscales generales han cubierto la práctica totalidad de los puestos en la cúpula del Ministerio Fiscal con miembros de la Asociación Progresista de Fiscales, con lo que se seguiría esta tónica. Con la tendencia al corporativismo entre los cuerpos profesionales y el principio de que “perro no come perro”, García Ortiz podría sentirse seguro ante una eventual investigación.

Según “El Mundo”, el inocultable contraste entre las palabras de Perelló y de García Ortiz permite comprobar que los designios del Gobierno sobre el CGPJ no se han cumplido. El llamamiento a la independencia enarbolado por ésta brilló de forma especial tras el discurso trufado de servilismo al poder que pronunció aquél. “Sus ataques a la acusación popular -figura clave en las investigaciones a la mujer y al hermano del presidente- solo se explican desde esa pulsión mediocre, la única que le mueve , y al mismo tiempo la razón de su descrédito. Como si protagonizara un reality, el fiscal general empleó su discurso para hablar de sí mismo y, al borde de la imputación por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, arremetió ridículamente contra la desinformación, la mentira y el infundio”.

La elección y el primer discurso de la presidenta del TS nos ha dejado un buen sabor de boca, pues se se ha mostrado que se puede ser progresista sin que ello suponga alinearse de hoz y coz  con los intereses de un Gobierno supuestamente progresista y respaldar todas sus fechorías, como hacen en el TC los “conde-pumpidos” que  subordinan sus conocimientos jurídicos a sus convicciones ideológicas o políticas. Si examinamos las últimas sentencias del Tribunal, nos encontramos con una continua división del voto entre 7 y 4 magistrados, siempre los mismos, y si analizamos las sentencias de la mayoría y los votos particulares de la minoría, comprobamos que éstos exceden en rigor y calidad jurídica a aquéllas. Los magistrados afines al Gobierno no necesitan afinar sus argumentos jurídicos, porque cuentan con el rodillo de la mayoría –“quo nominor leo”-. Habría traído consecuencias catastróficas que hubiera sido elegida presidenta del CGPJ y del TS una de las supuestas “conde-pumpidistas” que -con todo derecho y merecimiento- aspiraban al puesto, porque el TS es el único bastión que aún resiste al intento de control total del  Poder Judicial por parte de Sánchez. Doy mi voto de confianza a Isabel Perelló -con la que comparto el privilegio de haber residido en el Colegio Mayor “César Caelos”- en la esperanza de que no nos defraudará, ni a mí -modesto funcionario jubilado-, ni a la mayoría de los españoles.