En 2022, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo la elaboración de un Informe sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Dicho Informe fue presentado en octubre de 2023. La Conferencia Episcopal Española encargó al bufete de Abogados Cremades & Calvo-Sotelo otro Informe sobre dichos abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica española, y la Conferencia, a su vez, ha elaborado otro documento basado en la información recibida. Según los datos de un sondeo de la Agencia GAD3 recogidos en el informe del Defensor del Pueblo, el 1.13% de los abusos cometidos se produjeron en el ámbito de la Iglesia y un 0.6% fueron realizados por sacerdotes o religiosos. Pese a ser esta cuestión una parte ínfima del gravísimo problema de los abusos sexuales a menores, ya que la inmensa mayoría de los casos se produce en el marco de las familias y su entorno, saltó a la opinión pública porque algunos periódicos -como “El País”- extrapolaron de forma artificial y maliciosa los datos obtenidos. La encuesta fue realizada a 8.013 españoles y los citados periódicos -no Ángel Gabilondo- hicieron una curiosa regla de tres. Si el 1.13% de los encuestados habían sufrido estas prácticas, 445.000 personas habrían sido victimizadas en el ámbito religioso, y sí el 0.6% había sufrido abusos por parte de sacerdotes y religiosos, la suma de ciudadanos agredidos sexualmente por personas consagradas ascendería a 236.000.

Condena sin paliativos de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica

Durante años se han cometido abusos sexuales en el seno de las distintas -Iglesias, incluida la Católica, y España no ha sido la excepción, por mínima que sea porcentualmente esta aberración, ya que no se trata de un problema de cantidad, sino de calidad. Por mínimos que sean estos porcentajes, se trata de conductas sumamente graves, que resultan totalmente inaceptables y deben ser condenadas y sancionadas. Además de la gravedad del pecado -que puede también constituir delito-, se producen en estos casos circunstancias agravantes.

1) Las víctimas son los niños, a los que Jesús dedica una atención especial según el Evangelio: ”Y al que escandalizara a uno,  de estos pequeñuelos que cree en mí, más le valiera que le colgasen una piedra de molino del cuello y lo hundieran en el alta mar” (Mt. 18, 6); 2) Los autores son personas consagradas que, por el hecho de serlo, deberían ser ejemplares y, por el contrario, destrozaron la confianza  que en ellos tenían depositada las propias víctimas, a las que causaron dudas sobre sus creencias e incluso el rechazo a la religión que profesaban; 3) Se produjeron abusos de superioridad, de confianza y de prevalencia del cargo -artículo 22-2°, 6° y 7° del Código Penal-. El  prestigio social de la Iglesia, responsable de la educación de tantos niños, la obligaba a actuar con la máxima contundencia y transparencia para depurar todas las responsabilidades por estos episodios inaceptables.

Buena parte de a jerarquía eclesiástica solía pecar más por omisión que por acción, al no dar importancia a los abusos. Consideraba que se trataba de un simple pecado y no llegó a estimar que podría tratarse también de un delito, se preocupaba por conceder el perdón al infractor, -al que encubrían y ,a lo sumo, cambiaban de destino-, se despreocupaba de la víctima e ignoraba las secuelas morales que se le pudieran causar. Por el buen nombre de la Iglesia, había que evitar el escándalo y se echaba tierra encima, sin ser conscientes de que con ella podían enterrar a unos inocentes.

La situación cambió con el Papa Benedicto XVI, sobre todo a raíz de los escándalos que se produjeron en Estados Unidos y en Méjico -especialmente en el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, cuya conducta fue considerada delictiva por el Vaticano-. El Papa condenó los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, pidió perdón por ellos y declaró que habría tolerancia cero con los mismos. Esta actitud ha sido seguida e intensificada por el Papa Francisco.

El actual pontífice escribió en 2018 una Carta al Pueblo de Dios, en la que reconoció que la pederastia eclesial era un crimen que generaba hondas heridas de dolor e impotencia en las víctimas y en toda la comunidad, creyente o no. Señaló que nunca se haría lo suficiente para pedir perdón y reparar los enormes daños causados. Había que generar una cultura capaz de evitar que esas situaciones se volvieran a producir, se perpetuaran o se encubrieran. Condenó tales atrocidades y se comprometió a erradicar esa cultura de muerte. Pese a que el dolor de las víctimas era un gemido que clamaba al cielo y llegaba el alma, durante mucho tiempo había sido ignorado o silenciado. “Con vergüenza y arrepentimiento como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde debíamos que estar y no actuamos a tiempo, al no reconocer la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas”. El Papa afirmó que solucionar el problema era un deber de solidaridad cristiana e invocó la epístola de San Pablo a los Corintios en la que decía que, si un miembro de la Iglesia sufría, todos los demás sufrían con él.

En 2019, el Papa Francisco dictó el motu proprio “Vox estis lux mundi”, en el que estableció las reglas de carácter universal para luchar contra los abusos sexuales en la Iglesia. Impuso la obligación a todos los fieles de denunciar estos abusos y a sus autores -incluidos los Obispos-, mandó crear en todas las diócesis mecanismos para facilitar la tramitación de las denuncias y el trato de las víctimas, y ordenó a los obispos y a los directores de las congregaciones religiosas que colaboraran con la justicia civil en caso de que se hubiera cometido algún delito. Este protocolo de actuación se acaba de actualizar y se ha extendido la posible responsabilidad al personal no religioso.

Comisión de abusos sexuales en la Iglesia católica española

Aunque no con tanta intensidad como en otros países, en España también se han producido abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, especialmente en las comunidades religiosas, y la jerarquía no ha estado a la altura de las circunstancias. En el Informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, se afirma que no era cuestión de hacer un juicio a dicha Iglesia, pero en realidad es lo que se ha hecho. Resulta desproporcionado e injusto centrar la crítica sobre el abuso sexual de menores únicamente en dicha Iglesia. Es un grave problema social y moral que, en la inmensa mayoría de los casos, se produce en el ámbito de las familias  y de su entorno. También se genera en otras comunidades cristianas y musulmanas, en movimientos juveniles como los “boy scouts”, en centros escolares y en entidades deportivas. ¿A qué se debe esta preocupación por investigar a la Iglesia católica en la que solo se ha producido entre el 0.6% y el 1.13% de los casos de pederastia? Curiosamente, Gabilondo -que ha sido fraile antes que cocinero- ha afirmado en su Informe que la Iglesia católica es la institución en las que más progresos se han realizado en la lucha contra los abusos sexuales de menores.

Basándose en los datos de la encuesta de GAD3, el Informe concluye que un máximo de 1.13% de los encuestados sufrieron abusos en el ámbito de la Iglesia. El problema ha surgido cuando algunas publicaciones han extrapolado estos datos y llegado a resultados insólitos. El propio director de la Agencia, Narciso Michavila, declaró a Carlos Herrera que era una encuesta de alcance limitado y que las extrapolaciones realizadas eran absurdas, y Gabilondo tampoco incurrió en esa irresponsable frivolidad. Recibió el testimonio de 487 víctimas -el 84% varones- y llegó a la conclusión de que hubo entre 1.000 y 2.000 victimas. Destacó el impacto devastador que los abusos sexuales habían tenido en las vidas de las víctimas y acusó a la Iglesia de negar los mismos o de minimizar el problema durante décadas. Debería la Iglesia apoyar a las víctimas, indemnizarlas y participar en la creación de un Fondo de reparación.

La Conferencia Episcopal consideró valiosas las recomendaciones del Informe, que estudiarían con atención. Rechazó las extrapolaciones hechas por los periódicos y  manifestó su disposición a participar en el Fondo propuesto, siempre que hubiera otros contribuyentes y que las indemnizaciones se destinaran a todas las víctimas y no solo a las causadas en el ámbito de la Iglesia. Su presidente, el cardenal Omella, reconoció que la Iglesia no había actuado bien en la cuestión al limitarse a apartar a quienes cometían los abusos cambiándoles de destino o de diócesis. Volvió a pedir perdón a las víctimas y destacó que el objetivo de la Conferencia era que estos abusos no se volvieran a producir y señaló que, desde que se adoptaron nuevos protocolos,  habían descendido de forma drástica. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, declaró que la Iglesia debería tomar buena nota del Informe del Defensor del Pueblo y que España tenía una deuda con las víctimas de esas terribles agresiones. Al Gobierno, por lo oído, solo le preocupa el 1.13% de las víctimas producidas en el seno de la Iglesia católica.

Sorprendentemente, las críticas más duras a la Iglesia católica no figuraban en el Informe del Defensor del Pueblo, sino en el encargado por la Conferencia Episcopal al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que empezaba por afirmar que, aunque se hubieran producido abusos sexuales fuera de los entornos de la Iglesia -que, sin duda, eran mayores en número, no por ello se aminoraba el drama de los abusos que se habían producido en sus dominios. “Las medidas que ha tomado la Iglesia española han sido tardías, desigualmente asumidas, tomadas casi siempre como reacción a los acontecimientos y globalmente insuficientes”. Críticó acerbamente la ocultación, relativización e incluso la negación de los abusos por parte del clero de no menos de un millar de casos, que afectaron al doble de víctimas durante décadas en España; “La cultura de la ocultación solo terminará cuando exista la conciencia completa de los responsables máximos de la Iglesia de que la dignidad de cualquier persona está por encima de otros bienes institucionales”. El reconocimiento de estos abusos solo se  había empezado a producir a partir de 2020, pero era aún muy dispar entre las diferentes diócesis y congregaciones. Por todo ello, la auditoría recomendaba encarecidamente a la Conferencia Episcopal  que “reconozca y condene explícitamente los hechos, proclame la superación de la cultura del silencio y de la ocultación, e indique su voluntad de abordar esta realidad de los abusos, de prevenirlos y de erradicarlos en su ámbito”, así como que asumiera la responsabilidad por los daños producidos y remediara sus acciones negativas. Debía reparar a las víctimas en su daño a nivel personal, dándoles voz, escuchándolas, afirmándolas como sujetos de derechos y alentando la solidaridad con ellas. En cuanto a las indemnizaciones, aconsejaba que los responsables eclesiásticos que ofrecieran garantías de que éstas no determinarían la ocultación del delito, ni la renuncia por parte de las víctimas a sus derechos. Recomendó la creación de un Fondo de 50 millones de euros para indemnizar a las víctimas y la convocatoria de un acto público de reparación de las mismas.

Además de la tardanza en la entrega del Informe, desagradó sobremanera a la Conferencia el carácter desabrido de la crítica y el tono de superioridad moral aleccionadora de la misma, que sin duda excedía del ámbito de un informe jurídico a instancia de parte. El informe iba más allá de señalar los hechos objetivos y en él se hacían interpretaciones subjetivas que -por válidas que pudieran ser- excedían del contexto de un informe forense, que debería haberse limitado a exponer los hechos, precisar los abusos cometidos por los miembros de la Iglesia y  sugerir posibles soluciones, sin tratar de imponerlas, porque eso no entraba dentro de su cometido. Era a la Conferencia demandante del Informe a la que correspondía extraer sus consecuencias y tomar las decisiones pertinentes para solucionar o aliviar el problema, incluidas las compensaciones morales y las indemnizaciones pecuniarias.

La Conferencia Episcopal replicó con un Informe titulado “Para dar luz”, en el que señalaba algunos errores cometidos por el bufete, como el de contar por duplicado quejas y demandas que se habían presentado simultáneamente en España y en el Vaticano. Discrepó del número de casos sustanciados por el bufete y solo admitió 806 casos de abusos, de los que 205 quedaron probados, 70 casos eran verosímiles aunque no hubieran sido probados, 75 estaban pendientes de resolución o en investigación, 280 no habían sido probados, y 24 quedaron excluidos, 13 archivados y 3 considerados como denuncias falsas. 

Afirmó que los abusos sexuales eran considerados pecados y delitos, y como tal debían ser tratados. La constatación de su existencia había suscitado en la Iglesia un movimiento sin precedentes en tres direcciones: conocer la realidad de los abusos y el daño producido en tantas personas desde hacía décadas, reparar dichos daños en la medida de lo posible, y establecer las medidas necesarias para evitar que los abusos volvieran a repetirse. Reconoció que la realidad de los abusos sexuales contra menores no era un problema exclusivo de la Iglesia, sino que constituía uno de los problemas más graves que afrontaba la sociedad y que buena parte de él seguía estando oculto. Concluía el estudio con la afirmación de que “lo hasta aquí presentado supone ya una luz en el mundo oscuro de los abusos sexuales a menores, pero siempre quedará trabajo por hacer”, y la Iglesia se comprometía a hacerlo.

Dentro de la situación de confusión que se ha creado en torno a este grave problema, hay muchos puntos que precisan ser definidos, como el de qué se debe entender por “persona que ha sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia”. Voy a poner como ejemplo una experiencia personal. Cuando tenía 14 años y estudiaba 4° de bachillerato en el Colegio de La Salle de Almería, llegó procedente de Estados Unidos el Hermano Guillermo para darnos clases de Inglés. El que llamábamos “Brother William” era un poco “toquetón” y le gustaba acariciar a los niños. Un día que estaba estudiando en clase, noté que alguien estaba acariciando mi cara y, como reacción instintiva, di un manotazo hacia arriba y las gafas Truman del profesor saltaron por los aires. El hermano William no volvió a molestarme, aunque se vieron afectadas a la baja mis notas en Inglés. ¿Puedo considerarme yo una víctima de abusos sexuales por parte de la Iglesia? Ha habido casos muy graves de abusos, pero también ha habido personas que se han aprovechado de la coyuntura para beneficiarse, especialmente en Estados Unidos, donde muchas diócesis tuvieron que declararse en bancarrota tras pagar elevadas sumas para indemnizar a las víctimas.

La petición perdón a las víctimas por parte de la jerarquía eclesiástica -que ya se ha hecho- debería ir acompañada del compromiso de prevenir la repetición de estos abusos y de colaborar con la justicia para sancionar los delitos que se cometan. El Gobierno debe velar por ello e investigar los abusos que se produzcan en cualquier institución y no limitar sectariamente las investigaciones a la Iglesia católica ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Va a investigar, por ejemplo, los abusos sexuales cometidos en las mezquitas y en las comunidades musulmanas, donde abundan las violaciones de los derechos fundamentales de los menores, especialmente de las niñas? Lo dudo. El Gobierno supuestamente progresista que disfrutamos es tan duro con los débiles como débil con los fuertes, aún cuando éstos lo sean por mor de la aritmética electoral y por la necesidad imperiosa de sus votos para la supervivencia política del amado líder.

Descristianización de la Navidad

La Europa actual ha renegado de uno de sus principales títulos de gloria, cual es -junto a la filosofía griega- el humanismo cristiano. Cada día se descristianiza más, mientras tolera acomplejada la expansión del islamismo, no solo como religión -lo cual sería perfectamente razonable-, sino también como como praxis  social y cultural, al aceptar la aplicación de la “Charia”, con su corolario de prácticas contrarias a las leyes y las costumbres europeas, como la poligamia, la, dominación de la mujer, la ablación o la justicia coránica. Hay barrios-guetos en París, Londres o Bruselas donde la policía no se  atreve a poner los pies, por regir la ley de la jungla urbana del islamismo radical.

Esta descristianización se aprecia de forma palpable en la mutación de la Navidad. Todo un Magnífico Señor Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha incurrido en el más clamoroso ridículo al felicitar al personal por el “fin del otoño”, que abre paso a un nuevo año, mediante la reproducción de una hoja seca, que puede aparecer cualquier cosa. Otros eruditos a la violeta han ofrecido sus parabienes por el solsticio de invierno o porque la Navidad había llegado al Corte Inglés y a otros grandes almacenes, que se lucran con una festividad familiar tan entrañable.

Los Reyes Magos de Oriente -los castizos Melchor, Gaspar y Baltasar-, que ofrendaron al Niño Jesús oro, incienso y mirra, han sido sustituidos por intrusos como Father Christmas, Papá Noel, Santa Claus, la Befana o el Olentzero, pasando por alto que lo que durante siglos se ha celebrado en estas fechas no es otra cosa que el nacimiento de Jesús de Nazaret.

Como ha comentado Javier García Luengo en ”ABC”, en estos tiempos en que la desacralización de la Navidad ha llegado hasta el extremo de intentar rebautizar estos entrañables días con el aséptico nombre de “fiestas de invierno”, resulta especialmente agradable recorrer las salas del Museo del Prado para reencontrarnos con tantas pinturas consagradas a los diferentes episodios históricos que ahora volvemos a recordar. Estas obras -realizadas por los más grandes artistas de diferentes escuelas y estilos- tienen en común el habernos legado ese patrimonio devocional fundamentado en los valores humanos y cristianos, que siempre han vertebrado a nuestra vieja Europa, valores que aún seguimos celebrando, sí, en Navidad. Desde “La Anunciación” de Fray Angélico  a la “Sagrada Familia” de Rafael, pasando por los pastores realistas de Murillo y “La adoración de los Reyes” de Velázquez, en la que el genial pintor sevillano se retrató a sí mismo y a otros miembros de la familia. Ahora, gracias a la labor de inculturación de los Gobiernos socialistas, en cuyos planes de estudios va desapareciendo la Historia de España y la Historia Sagrada, a las nuevas generaciones no le dicen nada estos cuadros.

Como uno de los últimos mohicanos de nuestro país, yo -que soy un anticuado retrógrado, aunque consecuente con la Historia de la Humanidad-, cometeré la osadía políticamente incorrecta de desear a mis lectores unas muy felices Pascuas, en conmemoración del 2023° aniversario del nacimiento del hijo de Dios ¡Feliz Navidad!