En la fase final del estado de alarma y el acceso a la “nueva normalidad”, cabe destacar tres hechos trascendentes: el abandono de las personas mayores, la ocultación de los muertos y la exaltación de los vivos.

Abandono de las personas mayores

Las principales víctimas de la pandemia del Covid-19 en España han sido las personas mayores, especialmente las que residían en residencias de ancianos. Aunque el Gobierno no ha facilitado las datos sobre los fallecimientos de este sector de la sociedad, se estima que más del 60% de las victimas pertenecen a dicho sector. Ni el Gobierno ni las Comunidades Autónomas saben con exactitud el número de residentes que han muerto a causa del coronavirus. Aunque el Gobierno sigue sin dar cifras oficiales sobre el número real de víctimas, pese a que desde el 18 de abril las  Comunidades estén obligadas a comunicar a diario al Ministerio de Sanidad las producidas de sus residencias, se estima ascienden a 19.514 personas, 9.794 sobre las que se realizaron pruebas PCR y otras 9.720 con síntomas compatibles con el Civid-19.

 Según Lourdes Bermejo, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría, las personas mayores han sufrido de discriminación por razón de edad. El Gobierno y las Comunidades se echan las culpas sobre la responsabilidad de lo ocurrido, pero todos ellos han contribuido en mayor o menor medida a esta lamentable situación, aunque uno más que otras. Para Ana Pastor, las personas residentes en centros de mayores has ido las víctimas del retraso del Gobierno en tomar las decisiones oportunas. Las medidas de aislamiento y protección llegaron tarde y, salvo excepciones, ha quedado patente la falta de coordinación asistencial con los centros sociosanitarios.

Resulta evidente que el principal responsable es el Gobierno, que asumió el mando único en la lucha contra la pandemia y, en especial, su Vicepresidente, Pablo Iglesias, Ministro responsable de Derechos Sociales. El 19 de marzo el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que Iglesias asumía la responsabilidad sobre los temas sociales, incluido el seguimiento de los centros de mayores y éste asumió el mando único al respecto. Como el 4 de junio ha aseguró el Gobierno en respuesta a una cuestión parlamentaria planteada por el PP, Iglesias era fundamental para coordinar las políticas sociales necesarias para hacer frente  a una emergencia como la que, por desgracias, se encontraba España. Sin embargo, el Vicepresidente tiene la rara habilidad de pedir perdón por cuestiones de las que no es responsable –como los crímenes de Billy el Niño o los abusos a menores- y de eludir su responsabilidad en temas que sí son de su incumbencia –como las residencias de ancianos-, echando las culpas a las Comunidades Autónomas, en especial, a las de Madrid y Castilla/León.    

Según Alberto Núñez Feijóo, cuando tuvieron problemas con una residencia llamaron a la Vicepresidencia y les contestaron que el temas era competencias de las Comunidades, y se limitaron a mandarle unidades de la UNE para que las desinfectaran. El mando único en las residencias no ha funcionado y el Gobierno ha estado inexistente a tales efectos. Como ha observado Cristian Campos, si pides responsabilidad a Iglesias en su calidad de máximo responsable de las residencias, responde que él no gestionaba nada, y si se la pides por haberse saltado varias veces la cuarentena, dice que lo hizo porque era fundamental para coordinar las cuestiones sociales. Eladio del Prado ha señalado  que un Vicepresidente responsable del mando único con control absoluto sobre las Comunidades, responsable de los asuntos sociales –incluidas las residencias- ha estado perdido en combate y no ha adoptado decisión alguna sobre el sector residencial, salvo la promesa de una subvención de €300 millones, aunque –según el Presidente de la Federación de empresarios de la Dependencia, Ignacio Fernández Cid- no han recibido ni un céntimo de ese dinero. Como ha señalado la Presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, Cinta Pascual, Iglesias estuvo en todo momento informado de la situación en las residencias a través de las Delegaciones del Gobierno, pero no hizo nada  -ni siquiera cuando estimó que la Comunidad de Madrid estaba realizando una actividad criminal con los ancianos- y delegó su responsabilidad en las Comunidades, sin facilitarles los medios adecuados para hacer frente a ellas. 

Para exonerar su responsabilidad, Iglesias echó la culpa de las muertes en las residencias de Madrid a la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, basándose en que su propio Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, había manifestado que el protocolo sanitario de la Comunidad era poco ético y seguramente ilegal. En un acto manifiesto de deslealtad contra su propio Gobierno, Reyero, no sólo hizo semejante afirmación ante la Asamblea de Madrid, sino que denunció a Amnistía Internacional la actuación del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con lo que dio munición al Vicepresidente para que pidiera la dimisión de Díaz Ayuso por haber realizado actos criminales. ”La muerte de mayores es gravísima  y podría tener consecuencias penales. Como hemos visto en Madrid y en Castilla/León, es un auténtico escándalo, si no un crimen”.  Del Prado se ha preguntado cómo era posible que el responsable de lo ocurrido en las residencias fuera tan miserable para atreverse a hacer tan infames acusaciones. Feijóo comentó que nunca hasta entonces que se había criminalizado a unas Comunidades Autónomas en una sesión del Congreso. El Gobierno dio su anuencia tácita a estas graves acusaciones, salvo la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que expresó su desacuerdo con la afirmación de su colega y que no iba a entrar en disputas para echar a nadie la culpa sobre las muertes. Con un gesto que la honra, pidió perdón a los ancianos y afirmó que había cuestiones que no deberían ser objeto de debate, y había que tratar de encontrarles solución, en vez de ponerse de perfil.

Según ha declarado la Presidente de la CEAP, Cinta Pascual, diversas Comunidades adoptaron procedimientos para no trasladar a hospitales a los usuarios de residencias de mayores. En Cataluña, la Generalitat  instó a tratar a los ancianos contagiados en las residencias y no trasladarlos a centros hospitalarios, y se recomendó que no hubiera traslados de los pacientes con muy mal pronóstico o corta esperanza de vida. En la Comunidad Valenciana, los protocolos adoptados de por hospitales dejaban fuera a muchos residentes por sus perfiles, como nivel de demencia, enfermedades previas o esperanza de vida inferior a un año, con lo que se `privaba de la asistencia hospitalaria a buena parte de los residentes. Los protocolos de Aragón discriminaban por la edad para hacer traslados de las residencias a los hospitales, pues se mantuvieron en las residencias o en sus domicilios a las personas mayores de 80 años con enfermedades graves o los pacientes con demencia o escasa perspectiva de vida. En Castilla/León, se atendió a los residentes “in situ”, sin trasladarlos a los hospitales y sólo se trasladaron a ellos a las personas que precisaran cuidados de tal intensidad que no pudieran ser prestados en las residencias.

Respecto a Madrid, la Consejería de Sanidad –que envió a los hospitales un controvertido borrador de protocolo “por error”-, Ruiz Escudero ha mantenido que nunca se llegó a aplicar, que siempre siguieron criterios estrictamente médicos y que se produjeron  10.300 derivaciones de pacientes de residencias a centros hospitalarios. El Presidente de la Sociedad Española de  Geriatría, José Augusto García Navarro, salió a quite al afirmar que había que analizar clínicamente cada caso y que, cuando a veces no se ingresaba a los ancianos, no era por negarse a tratarlos, sino por estimar que el traslado era peor que dejarlos en sus residencias. La mayoría de los residentes padecían otras patologías, que habrían podido agravarse con la derivación a unos hospitales colapsados. En cualquier caso, la tasa de muertes en residencias que ha presentado la Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional, y las tres Comunidades con tasas más elevadas –Navarra, Extremadura y Aragón- están regidas por Gobiernos del PSOE y de Podemos. Como ha observado Willy Toledo, el Gobierno ha dedicado cientos de horas para hablar de los fallecidos en las residencias de Madrid y ni un segundo a los muertos en las Comunidades donde gobierna. Esto no es casualidad. Esto se llama manipulación

El problema ha sido que el asunto se ha politizado en Madrid con la deslealtad de Reyero y la demagogia de Iglesias. Si el Consejero de Políticas Sociales no estaba de acuerdo con la política sanitaria seguida por su Gobierno debería haberlo denunciado en el seno el Gobierno de coalición y no abiertamente ante la Asamblea y, si no obtenía satisfacción a sus propuestas, debió seguir la actitud honrosa de la Directora General de Salud Pública, Yolanda  Fuertes, que presentó su dimisión. Reyero ha seguido manteniendo su actitud crítica hasta el último momento –apoyado por el ambicioso Vicepresidente, Ignacio Aguado-, pero ha votado, subiéndose la mascarilla hasta los ojos, en contra de la reprobación de su némesis Ruiz Escudero. El PP/ha propuesto un Plan Cajal de Estado para la Sanidad, que establezca un nuevo modelo de asistencia sanitaria a los usuarios de las residencias, que potencie la coordinación entre el personal sanitario de las residencias, los centros de salud y los especialistas en geriatría.

Iglesias también quiere modificar el modelo, pero en un sentido radicalmente contrario, pues ha esbozado un plan de nacionalización de las residencias –que están en su inmensa mayoría en manos privadas-, por el módico precio de €10.000 millones. Supongo que si el coste resultara demasiado elevado, siempre tendría a mano el recurso a la confiscación, para satisfacer el interés general de los españoles. Aparte de haber declinado su responsabilidad en relación con las residencias de mayores, el Vicepresidente no ha aprendido nada de la pandemia, donde se ha puesto de manifiesto que las residencias gestionadas por empresas privadas han funcionado mucho mejor que las gestionadas por la Administración pública y han contado con menos bajas. Así, en Álava por ejemplo, los fallecimientos en las residencias gestionadas por la Diputación Foral han triplicado los producidos en las residencias privadas.

Iglesias ha puesto de manifiesto su talante “ancianicida” al comentar que había gente de más de 70 y pico años  que tenían que seguir el ejemplo de Ratzinger e irse “a Castelgandolfo, a la mierda o a donde quiera”. Yo, que he pasado con creces el fatídico limite de los 70 años, no pienso complacerle y dirigirme a cualquiera de los destinos sugeridos en su exquisita exhortación, pero creo que habría muchos compatriotas que estarían encantados con que él sí lo hiciera.

Ocultación de los muertos

A Pedro Sánchez le molestan los muertos, que son muy inoportunos, y ha procurado esconderlos en la medida de lo posible. Por eso, le sentó tan mal la impresionante foto de Fernando Lázaro que publicó  en portada ”El Mundo”, el 8 de abril, bajo el titular de “El Palacio de Hielo: La gran morgue de España. La imagen de la pandemia”, en la que se veían cientos de ataúdes geométricamente alineados. El diario justificaba la publicación de la patética fotografía alegando que, cuando la muerte tomaba proporciones industriales, se corría el riesgo de convertirla en estadística. Era humano huir del sufrimiento, pero era infame tratar de ocultarlo. Lázaro criticaba la actitud del Gobierno, que no quería saber nada de muertos. Sólo palmas, balcones y enfermos recuperados, y transmitir un mensaje que rodeara y blindara a Sánchez.

Esa era la labor encomendada al portavoz sanitario del Gobierno, el Dr. Fernando Simón, que ha fallado en sus pronósticos más que una escopeta de feria y se ha convertido en el mascarón de proa protector de la ola de las críticas a su jefe. Ha resultado realmente grotesca la danza de la muerte escenificada por el Doctor, con la aparición y desaparición de cadáveres, como si se tratara de una obra teatral de Enrique Jardiel Poncela. Se ha tratado –según Francisco Rosell- de una deliberada estrategia del Gobierno –impulsada por el “gurú” Iván Redondo- de hibernar la cifra de los fallecimientos hasta que se celebrara el 16 de julio el tardío homenaje a las víctimas. Lo absurdo de esta maniobra ha sido puesto de manifiesto por Vicente Vallés en los telediarios de Antena-3. Pese a que como decía, el Consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, su Comunidad enviaba cada día al Ministerio de Sanidad, en tiempo y forma, la situación sanitaria, el contador de fallecidos ha permanecido estancado durante varios días, si no semanas. Cada fallecido tenía nombre y apellidos y había que tener dignidad con los muertos. Como ha comentado amargamente Feijóo, España no merece un Gobierno que no le diga a los españoles el número de fallecidos habidos durante la pandemia y, según la diputada popular Rosa Romero, no podemos consentir que los muertos desparezcan de nuestra memoria.

El PP presentó una proposición no de ley para que se celebrara una auditoría para establecer el número real de muertos, pero ha sido rechazada por el Congreso. Podemos justificó su negativa a que esos datos ya eran facilitados por las Comunidades Autónomas y que la información exigida era imposible de dar de forma inmediata y requeriría un mínimo de 8 ó 9 meses (¿?). El PSOE acusó al PP de “generar un bulo” y de utilizar a las víctimas para sus interés partidarios. EL PNV le echó un capote al Gobierno, al afirmar que la insuficiencia de los datos no suponía una voluntad de ocultación.. Ciudadanos, por su parte, instó al Gobierno a que cuadrara los datos que le facilitaban a diario las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Sanidad ha desoído los consejos de la OMS y sólo incluye en la lista de fallecidos a los que recibieron una prueba PCR, pero no a los que murieron con síntomas de coronavirus pero no recibieron la prueba. Como ha comentado con ironía Maite Rico, “sin PCR no hay muerto que valga”. Pese a que el Instituto de Sanidad Carlos III, el Instituto Nacional de Estadística y la propia OMS han cifrado en unos 45.000 el número de los difuntos por Covid-19, Simón se ha plantado y no ha pasado de la cifra de 28.315, que considera “realista”. En cuanto los “otros” –los fantasmas de la  famosa película de Alejandro Amenábar-, puede producirse alguna variación de un 20, 30 o 50%, poquito arriba, poquito abajo. En el colmo de la desfachatez, ha afirmado sin demudársele la color que “nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora”. Son unos muertos que vagan por la laguna de Estigia, sin el que barquero Caronte/Simón pueda localizarlos. “Requiescant in pace”.

Según la encuesta de Sigma-2, el 73% de los encuestados desconfiaba del recuento de las víctimas y el 46% ha rechazado la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno. Estos altos porcentajes reflejan la percepción de la inoperancia del Gobierno, que ni siquiera ha sido capaz de contabilizar el número de fallecidos con las debidas garantías. Su credibilidad, sin embargo, no parece haberse resentido, ya que mantiene el grado de apoyo últimamente obtenido al compensarse la previsible bajada de Podemos con el ligero aumento del PSOE. Y lo curioso es que este continuado respaldo se basa en el poco convincente argumento de que cualquier otro Gobierno lo hubiera hecho igual o peor. Esto no resulta verosímil porque sería sumamente difícil que un hipotético Gobierno de la oposición hubiera podido superar los logros del actual, que ha batido los records mundiales de muerte por habitante, contagio del personal sanitario y previsión en la caída del PIB. El pueblo español es propenso al masoquismo y no es fácil superar esta tendencia.

Exaltación de los vivos

Los efectos nefastos de la pandemia han producido un efecto inducido desde el Gobierno de exaltación de los vivos, especialmente del “vivo” por antonomasia, que es su Presidente. En vez de asumir sus errores, hacer autocrítica y pedir perdón por sus catastrófica gestión de la crisis, Sánchez ha sacado pecho y ha alardeado ufano de que, gracias a él, se han salvado 450.000 vidas -ni un más ni una menos, mientras el recuento de fallecido se convierte en meramente hipotético. Como ha observado Rafa Latorre, resulta asombrosa la exactitud  con las que conoce las vidas salvadas, quien ha sido incapaz de precisar cuál ha sido el número de muertos. ¿Cuántas vidas más habría podido salvar si, en vez de alentar la participación en las manifestaciones del 8-M hubiera decretado el estado de alarma dos semanas antes?

Sánchez ha convocado con gran retraso un supuesto homenaje a las víctimas, que es más bien un auto-homenaje a la actuación de su Gobierno. En el Decreto que proclamó el luto oficial con este motivo se dice que “es proporcionado expresar el convencimiento de que la valoración de los ciudadanos en las decisiones públicas es la apuesta fecunda para el futuro”. ¡Tres “hurrahs” por el Presidente! Se te ha ido un poco la mano, Iván, porque es difícil borrar los muertos por Decreto. Desde el principio, Sánchez ha huido de los muertos y ahora pretende escamotearles el protagonismo en su funeral. Según Manuel Arias Maldonado, España se dispone a homenajear a las víctimas de la pandemia sin haberlas sabido o querido contar ¿Tiene sentido rendir un homenaje en estas condiciones? Habría sido deseable una mayor generosidad en el cómputo de las víctimas, pero ello hubiera supuesto a una admisión de responsabilidad que no rinde beneficio político alguno. “Lo que cuenta a estas alturas es el efecto que las acciones del Gobierno produzcan entre los vivos, y quien prefiera la rectitud ética o la precisión matemática que se dedique a otra cosa”.

En un impactante artículo titulado “Funeral a lo Pedro Sánchez”, Eduardo Álvarez ha señalado que el Gobierno ha tenido la ocurrencia de organizar una despedida en vez de un funeral de Estado  “¿Se merecen los españoles el bochorno de ver cómo lo más parecido a un funeral de Estado se convierta en otro aquelarre político? El Presidente no sabe distinguir entre actos de Estado y actos de Gobierno. “Confundiendo una vez más sus atributos de Presidente de Gobierno con los de Jefe del Estado, Pedro Sánchez ha patrimonializado un homenaje a las víctimas que hubiera podido ser una emocionante ocasión de concordia y lo ha convertido en otra función partidista”. 

Según Arcadi Espada, las víctimas del corona virus no han muerto en nombre de ninguna causa alta y grave, sino por enfermedad, y no hay ningún honor en ello. Hay dolor, duelo y memoria, lo que integra un funeral, pero en la neolengua del Gobierno “funeral” es una palabra tan prohibida, como prohibido estuvo a los españoles ver los  ataúdes de las víctimas. En el homenaje no se ve tanto al muerto como al honor por el que murieron, y el que no haya honor en este caso, al Gobierno le importa un pimiento.. “Homenaje” no sólo desplaza a “funeral, sino también a otra palabra que debería haberse pronunciado y aún no se ha hecho, la palabra “perdón”. No va a haber un acto de homenaje a los muertos, sino una “pachanga” para celebrar a los vivos.

Sánchez ha mostrado, por otra parte, una gélida indiferencia hacia los enfermos y los muertos por el Covid-29 , rayana con la insensibilidad. Como ha preguntado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ¿alguien ha visto a Sánchez o a Iglesias cerca de los ciudadanos, en las calles de Madrid, en los hospitales o en las residencias de mayores? La única miembro del Gobierno que ha estado a la altura de las circunstancias ha sido la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que visitó el hospital de IFEMA y la morgue del Palacio de Hielo. Vox ya ha anunciado que nó participará en un acto exculpatorio del Gobierno y el PP si asistirá al acto, aunque su portavoz, Álvarez de Toledo, lo ha devaluado al calificarlo de “homenaje al muerto desconocido”.

En otro alarde de autocomplacencia, el tándem Sánchez /Redondo ha lanzado la increíble y costosa campaña publicitaria “¡Salimos más fuertes!”. Según Ana Pastor, cuando escucha estas palabras se le pone el vello de punta, pues son muchos los que se han ido y ya no están con nosotros. Ha lamentado que el Gobierno haya optado por la propaganda y no admitas sus errores en la gestión de la pandemia.  Como ha señalado Gabriel Tortella, hemos perdido 45.000 vidas y demostrado que no sabemos o queremos contar los muertos. Muchos empresarios y familias se han arruinado, las colas para recoger comida dan la vuelta a la manzana, y la deuda pública y el desempleo se han disparado. La recuperación tardará años y exigirá fuertes sacrificios. Las denuncias y los pleitos se multiplican, durarán años y provocarán odio, miedo y desesperación “¿Es esto ser más fuertes?” Para Javier Rupérez, nadie ha ganado nada, salvo el conocimiento de nuestras propias fragilidades, pero esto no hace a nadie más fuerte.

Según Manuel Aragón, el Gobierno de Sánchez  ha hecho una utilización exorbitante del estado de alarma, porque las situaciones de excepción no permiten intentar resolverlas mediante una dictadura constitucional, sino sólo proporcionan un reforzamiento de los poderes del Estado, que no autoriza la derogación completa de las garantías constitucionales. En opinión de José Ignacio Torreblanca, el Gobierno ha provocado una crisis institucional. al interferir en el CIS, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, la Abogacía del Estado, la CNI y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Ha abusado del gobierno por Decreto-ley, invadido competencias que no le eran propias y subvertido á jerarquía normativa, y todo ello a espaldas de las Cortes, sin rendir cuentas, suspendiendo el portal de transparencia y recurriendo a ruedas de prensa amañadas, y ha dado  una brutal vuelta de tuerca al presidencialismo y a la concentración de poder en la Moncloa. Sánchez ha aprovechado la coyuntura del estado de alarma para fortalecer su poder presidencial, restringir las libertades básicas, escapar a la fiscalización parlamentaria, instrumentalizar las instituciones e instalarse en una deriva iliberal de corte cesarista, según “El Mundo”. Pregonar estas verdades en alta voz o hacerlas llegar a la UE supone –a juicio del Gobierno- la comisión de un delito de alta traición. Para David Jiménez Torres, el Gobierno ha tratado de estigmatizar  cualesquiera críticas a su labor calificándolas de “crispación”, cuando criticar no es una anomalía, sino una de las pocas señas de normalidad democrática que van quedando. El Gobierno tiene la obligación de “hacer política” en aras del bien común y buscar acuerdos con los principales partidos de la oposición, pero Sánchez pretende hacer a Casado lo que hizo en 2019 con Rivera: culparle de no querer concertar acuerdos con el Gobierno. Sin embargo, la realidad desmiente estas afirmaciones. El PP ha apoyado  la declaración del estado de alarma y sus tres primeras prórrogas, la adopción del Ingreso Mínimo Vital y el Decreto sobre la nueva normalidad. Se ha opuesto a la creación de una Comisión para investigar a Felipe González y respaldado la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo Sin embargo, el Gobierno sigue menospreciando al PP e identificándolo con Vox, como representantes de la ultraderecha, y quejándose hipócritamente de que, a causa de  su oposición a lograr acuerdos, se ha visto obligado a echarse en brazos de los separatistas catalanes y de Bildu. El PP no puede dar un cheque en blanco al Gobierno, aceptar sus triquiñuelas y convertirse en la muleta del PSOE, como está haciendo Ciudadanos.

El principal problema al que ahora se enfrenta el Gobierno es el de la recuperación económica, que resulta harto problemática, dado que –como ha estimado el FMI-, el PIB español sufrirá este año una caída del  12.8%. Para ello resulta indispensable la ayuda de la UE y, para conseguirla, tendrá que presentar un Plan de Recuperación Nacional, que sería inaceptable si se siguieran los criterios intervencionistas y estatalizadores de su actual socio de Gobierno. Concuerdo con Luis María Ansón, cuando afirma que no abriga esperanzas en que los españoles resuelvan la situación económica desde dentro y que sólo la UE podrá liberar a España de la que se avecina. Los halcones o “frugales” de la UE –a través del Primer Ministro holandés, Mark Rutte- ya han advertido que los países que reciban fondos de la Unión tendrán que comprometerse a realizar profundas reformas en materias como las pensiones, el mercado laboral y la política fiscal. Angela Merkel –que ha adoptado una posición muy razonable- ha señalado que tiene que haber condicionalidad. No se exigirá austeridad, pero sí reformas estructurales para la mejora de la competitividad. Según Borrell, la ayuda europea no será gratis, pues estará condicionada a que los fondos se destinen a reforzar el sistema sanitario y a la recuperación social y económica,.

El Gobierno ha hecho un llamamiento al PP para que cierre filas y le apoye en las negociaciones con la UE, a fin de que no haya condicionalidad e Iglesias ha calificado de “traición” que haya tal condicionalidad para la entrega de fondos europeos. Dado que ésta será inevitable, habrá que tratar de que sea lo más razonable posible. El PSOE tendrá que hibernar las propuestas económicas de Podemos, e Iglesias empieza a pasar por el aro, como prueba que haya aceptado diluir su plan de impuesto a las grandes fortunas. La aproximación entre PSOE y PP y el apoyo de éste –e incluso de Vox- a la candidatura de Calviño son una buena señal. Su eventual nombramiento fortalecerá su posición frente a Iglesias y obligará al Gobierno a seguir una política económica más acorde con las directrices de la Comisión Europea.