En las últimas semanas me han llamado la atención dos noticias que aparentemente no tenían nada que ver, pero que estaban, sin embargo, más relacionadas de lo que parecía a primera vista. De un lado, el considerable descenso de la natalidad tras la pandemia en los países del sur de Europa, incluida España; de otro, la falta de acuerdo entre los países miembros de la UE sobre cómo hacer frente a la crisis de refugiados tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán.

Descenso de la  natalidad en el mundo

Hasta hace poco, uno de los grandes problemas a los que se enfrentaba el mundo era el de la superpoblación, pero, en un breve período de tiempo, han virado las tornas y ahora empieza a preocupar el fenómeno contrario de la despoblación, no sólo en Europa, sino hasta en China. Un estudio publicado en “The Lancet” ha advertido que casi todos los países del planeta podrían sufrir una importante reducción de sus poblaciones en las próximas décadas. Este drástico cambio se ha debido a la creciente disminución de la tasa de natalidad y de la fertilidad de la mujer. Ello es debido en parte a la pandemia del coronavirus, que ha provocado un menor número de nacimientos y producido saldos negativos de población. El Covid-19 ha contribuido efectivamente a la aceleración del proceso de despoblación, pero no ha sido su única causa, dado que el proceso se había iniciado con anterioridad a la expansión de la pandemia. 

Como consecuencia de la mejora económica generalizada, ha aumentado la esperanza de vida de la población, lo que resulta muy positivo siempre que vaya acompañada de un incremento del índice de natalidad, pues –en caso contrario- se produciría un “envejecimiento poblacional”. Pero –según el Observatorio Demográfico del CEU- la natalidad ha descendido a niveles nunca vistos en siglos. Para mantener el nivel poblacional, la tasa de hijos por madre no pude bajar de la cifra de 2,1, pero muchos países han superado dicho tope y la tendencia descendente es general. Se ha pasado del “baby boom” al “baby bust”, lo que está creando gravísimos problemas sociales, que se agudizarán si no se aportan soluciones transversales a este problema.

A juicio del Director del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Christopher Murray, la mayor parte del mundo transita hacia el declive natural de la población, con la creciente disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. El pico máximo de la población mundial se logrará en 2064 al alcanzarse los 9.700 millones de habitantes y, a partir de ese momento, se iniciará el proceso de disminución que reducirá dicha población a 8.800 millones a finales de siglo. A este proceso reductor se añade la inversión de la pirámide poblacional, ya que, al incrementarse el número de  mayores de 65 años y reducirse el de personas en edad  laboral, se producirá un enorme cambio social, y –al aumentar la población pasiva y disminuir la activa- se generará un importante desequilibrio, que repercutirá en los ámbitos del trabajo, de la seguridad social y de la asistencia sanitaria, y pondrá en peligro la sostenibilidad de los sistemas socioeconómicos.

Un caso digno de mención es el de la República de Corea, que -a partir de 2015- inició un rápido proceso de disminución de su población como consecuencia del incesante desplome de su tasa de natalidad y del aumento de la longevidad de sus habitantes. Si en 2017 la tasa de  nacimientos de hijo por mujer era de 1,26, en 2020 se redujo a 0,84. Ese mismo año, la tasa de natalidad no pasó del 6,24% y se produjeron 32.757 más muertes que nacimientos. Según Jesús Fernández-Villaverde, de mantenerse ese ritmo, Corea bajaría su población, de 53 millones en 2020, a 12 millones  en 2100.

El proceso de despoblación está afectando incluso a la República Popular China, que es el país que peor y más rápidamente envejece. La esperanza de vida pasó de 43 años en 1960 a 76 en 2020. La causa de esta disminución gradual de población se debe principalmente a la política de hijo único seguida durante décadas en el país, lo que ha provocado una disminución de nacimientos del 37%. El Gobierno chino se ha dado cuenta demasiado tarde y ha autorizado la búsqueda de la “parejita”, pero los efectos positivos de esta medida no se han hecho sentir aún. Por otra parte, la práctica frecuente  de los “abortos selectivos” para tener hijos varones ha traído como consecuencia que haya 41 millones más hombres que mujeres, lo que ha supuesto una contribución adicional a la reducción de nacimientos. Según un estudio de la Universidad de Washington, en China se va a producir una “bomba demográfica”, pues alcanzará un máximo de 1.400 millones en 2023 y luego empezará un descenso de la población que la hará bajar a 732 millones a finales del siglo. 

También afectará el decrecimiento demográfico a la UE, especialmente a los países mediterráneos como Italia, España, Grecia y Portugal, Se estima que Italia será la peor parada, porque –con una tasa de fecundidad por debajo de 1,2 hijos por mujer, se  reducirá su población en cerca de la mitad, pasando de los actuales 61 a 28 millones de habitantes en 2100  Y España le sigue a corta distancia en este negativo “ranking”.

Débil tasa de natalidad de España

España batió su récord de natalidad en 2008 con 519.779 nacimientos y, desde esa fecha, la cifra ha ido paulatinamente descendiendo hasta llegar en 2020 a  338.435,  al producirse 153.000 fallecimientos más que nacimientos. El índice del número de hijos por mujer es de 1,18, lo que está muy por debajo de la tasa de 2,20 requerida para mantener el nivel actual de población. En paralelo, la esperanza de vida ha subido a  los 83,6 años, y hay ya más mayores de 65 años que jóvenes, con lo que se está produciendo la inversión de la pirámide poblacional. Si en 2020 el porcentaje ha sido del 39% en los que tienen entre 0 y 19 años, el 54% en los comprendidos entre 20 y 65 años, y el 7% en los mayores de 65, para 20150 dichos porcentajes alcanzarán el 27%, el 57% y el 16% respectivamente.

Las concausas de esta situación son múltiples y variadas, siendo unas similares a las existentes en otros países de nuestro entorno y otras propias y específicas de España. La más obvia es la incidencia de la situación laboral. El paro, la precariedad y la baja calidad del empleo y los bajos salarios hacen que muchas parejas se planteen la cuestión de si traen hijos al mundo o atrasan lo máximo posible su advenimiento. La crisis del Covid-19 ha agudizado el problema y algunas mujeres están congelando sus óvulos para utilizarlos en el momento oportuno, pero la fecundidad disminuye  partir de los 35 años y puede que luego sea demasiado tarde. La media de las mujeres españolas tienen su primer hijo –y a menudo el único- a los 32,3 años, el número de partos de mujeres mayores de 40 años ha crecido en un 63%, y el 23,2% de los nacidos son de madre extranjera. A esto hay que añadir el alto coste de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, lo que hace que las parejas jóvenes no dispongan de un hogar adecuado o su pago –en forma de hipoteca o alquiler- se lleve una parte excesiva de sus ingresos.

Las mujeres están está cada vez más educadas y mejor informadas de sus derechos, recurren habitualmente a los anticonceptivos –que son aceptados de facto incluso por la Iglesia católica-, y pueden planificar su maternidad. El progresismo imperante en la sociedad y en el Gobierno, y la creciente influencia del feminismo, han exacerbado el tema hasta el punto de que se ha impuesto el mantra de “nosotras parimos, nosotras decidimos”. Esto afecta especialmente al controvertido tema del aborto, y la tendencia imperante lleva a reconocer todos los derechos a la gestante y a negárselos al “nasciturus”.

Cuando al  redactarse de la Constitución se debatió el tema del derecho a vivir, surgieron discrepancias sobre si el feto podía ser considerado persona. Para consagrar su protección, se llegó a una fórmula salomónica de compromiso, al establecer su artículo 15 que “todos tienen derecho a la vida”, en contraste con las disposiciones relativas a los derechos fundamentales en las que se utilizó la expresión “toda persona”. En la Ley de 1985, el Gobierno despenalizó el delito de aborto en los casos de violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud física o mental de la madre. Este último supuesto fue amplísimamente interpretado, hasta el punto de que un 97% de la “interrupción de los embarazos” se basaban a la sazón en dicho supuesto. En 2010, el Gobierno introdujo con la “Ley Aido” el supuesto de aborto libre durante las 14 primeras semanas del embarazo, y transformó lo que era un delito en un derecho de la mujer. El PP recurrió ante el Tribunal Constitucional, que –once años después- sigue sin dictar sentencia, lo que resulta irresponsable, incomprensible e intolerable. En su sentencia de 1985, el Tribunal afirmó que “los derechos de la mujer no pueden tener primacía sobre los del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional”. El TC no se ha atrevido a reiterar esta acertada opinión, pero tampoco ha tenido el valor de revocarla, y ha optado por renunciar a su obligación de juzgar y dejar la situación en el limbo. La laxitud en la interpretación de las leyes sobre el aborto ha hecho que aumente considerablemente su práctica, con la consiguiente incidencia negativa en la tasa de natalidad.

También ha influido el cambio que se ha producido en la jerarquía de valores como consecuencia del consumismo, del relativismo, y de la dilución de los principios religiosos y humanistas. Para las jóvenes parejas –que sienten que les falta “seguridad vital”-, al nacimiento de un hijo se anteponen la consolidación y mejora del empleo, o la adquisición de la vivienda, de un coche, de toda la gama de electrodomésticos, e incluso de una mascota. Según el estudio de la Universidad de Washington anteriormente citado, la fertilidad de las mujeres “seculares” es inferior la de las “religiosas”, pues si bien ha disminuido en todas ellas, lo ha hecho a un ritmo diferente, pues, mientras en las segundas la tasa ha pasado del 3 al 2,2, en las primeras ha caído del 2,8 al 1,5.

En muchos países europeos se están tomando medidas para fomentar la natalidad y –aunque modestos- se están obteniendo resultados positivos. España debería hacer lo mismo, pero su Gobierno no parece interesado en ello, y las familias españolas  son las terceras en Europa que menos ayuda reciben del Estado. El Gobierno debería adoptar  urgentes medidas para fomentar la natalidad, sean de tipo personal –apoyo psicológico y moral a las madres gestantes, respaldo a la gestación asistida, y desincentive del aborto-, social –consolidación del empleo, conciliación laboral y aumento de las guarderías-, y económico –prestaciones a las familias numerosas, desgravaciones fiscales y gratuidad de servicios como la educación o el transporte público-. Al presentar una proposición no de ley para fomentar la natalidad –rechazada por el Congreso por el simple hecho de haber sido presentado Vox-, la diputada Rocío de Meer acusó al Gobierno de invertir más en muerte que en vida.

La inmigración como única opción posible para mejorar la situación

Debido a  la impresionante disminución de la natalidad en España y a la falta de voluntad del su Gobierno de tomar las medidas adecuadas para frenarla, no queda más opción válida para paliar en parte la crisis de la despoblación que recurrir a la inmigración, que ha conseguido mitigar por el momento el saldo poblacional negativo, que ha  ascendido en 2020 a 153.167 personas. Según Christopher Murray, ante la situación existente, los Estados tendrán que abrir sus fronteras a los emigrantes, aunque ello no sea suficiente a nivel global, ya que la repoblación en un lugar supondrá la despoblación en otro. Sin embargo –como ha observado el profesor del London University College, Ibrahim Abubakar- aunque las predicciones sean la mitad de precisas de lo previsto, la inmigración no es una sólo una opción, sino una necesidad. Será crucial la distribución de la población en edad de trabajar para que los países puedan  prosperar o se marchiten.

Es fundamental que el Gobierno adopte con urgencia un plan racional de fomento de cierta inmigración, cosa que hasta ahora no ha hecho. En la época de prosperidad económica, aumentó considerablemente en España la inmigración procedente de los países de Iberoamérica y de Europa Oriental, lo que permitió mantener un ligero saldo demográfico positivo,  pero -tras la crisis financiera de 2008- el Gobierno no hizo nada para retener a estos inmigrantes, buena parte de los cuales regresaron a sus respectivos países. Ahora resulta imperativo adoptar un plan selectivo de inmigración legal y controlada -lo supone impedir la llegada ilegal y descontrolada de emigrantes- y el establecimiento de unas prioridades en la aceptación de los mismos. Nada de “performances” demagógicas como la triunfal acogida en Valencia de los refugiados rescatados por el buque “Aquarius”, ni de pancartas buenistas dándoles una bienvenida no seguida de efectos, sino una aplicación generosa de  la Ley de 2009 sobre el derecho de asilo y una lucha implacable contra los traficantes de seres humanos. Pese a la propaganda del Gobierno y los compromisos por él asumidos con la UE, España sólo acogió a 18 refugiados sirios.

El orden prioritario debe estar encabezado por los emigrantes iberoamericanos por su fácil adaptación al país,  por obvias razones de idioma y de cultura, y -en vez de ponérseles pegas- habría que darles toda clase de facilidades. La segunda prioridad debería ser para los europeos que no sean miembros de la UE, y la tercera para los subsaharianos no musulmanes. No tengo nada contra el Islam como religión, pero si como código de conducta moral, social y político, especialmente cuando se antepone la ley islámica –la Sharia- sobre las partes más espirituales del Corán similares a la Biblia. De la interpretación que del Corán hacen los radicales –como los wahabitas o los yihadistas, que han convertido el Islam en una ideología con un trasfondo religioso y un objetivo político-, resulta especialmente rechazable el espíritu de la yihad y de condena del infiel, y -sobre todo- la completa dominación de la mujer por parte del varón. 

Son numerosas las citas del Corán que incitan a la yihad, uno de cuyos objetivos es propagar el Islam por todos los medios, incluida la violencia. Las más significativas son las suras 4-84 (“Combatid por Alá. y puede que Él contenga el ímpetu de los infieles”), 4-89 (“Si no marchan por el camino de Alá, atrapadlos y matadlos donde quiera que los encontréis”), 8-12 (“Infundiré terror en los corazones de los que no creen ¡Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos!”),  y  2-190 (”Matadles: esa es la retribución de los infieles […] Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a la apostasía y rindan culto a Alá”). La yihad es un mandato imperativo de carácter universal y permanente hasta que toda la humanidad se convierta al Islam. El Corán es para Javier Villa un “arma de combate”, y el  yihadismo, para Julia Kristeva, “una especie de perversión del Islam que libera pulsiones, no de vida, sino de muerte”.

La superioridad machista deriva principalmente de la sura 4-34, en la que se afirma que ”los  hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia de Alá que ha dado a uno sobre otras. ¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles! Si os obedecen, no os metáis con ellas”. La mujer no puede  tomar decisión alguna sin el refrendo de un varón y su testimonio vale la mitad del de un hombre. Éste es el principal obstáculo para la integración de los musulmanes en las sociedades occidentales, como se ha puesto de manifiesto con los fracaso producidos en Alemania –turcos-, Gran Bretaña –ciudadanos de la antigua India y africanos anglófonos-, Francia –magrebíes y africanos francófonos- o Bélgica –marroquíes-, pese a las diversas políticas de multiculturalidad que se han seguido con ellos y a las múltiples concesiones que se les han hecho. En Bélgica, por ejemplo, ya nacen hoy día más marroquíes que belgas, y hay barrios-ghetos –como el de Molenbeek en Bruselas- en el que la policía no se atreve a poner los pies.

Prácticas “tradicionales” en países musulmanes como la poligamia, la ablación, la pedofilia, la tortura, la lapidación o la amputación de miembros no son de recibo en Occidente, pero algunos inmigrantes pretenden imponer sus costumbres y tradiciones en el país de acogida. El problema se agrava porque –como ha observado Marcos de Quinto- los izquierdistas, en vez de invitar a los inmigrantes a que se integren en nuestra cultura y costumbres, pretenden que seamos los españoles los que adaptemos las nuestras a sus “sensibilidades”. Así, recientemente en Valencia, la Comisión Fallera ha llegado al absurdo de indultar la “cremá” de una falla que contenía una media luna para no ofender a los musulmanes, ante las amenazas de algunos pacíficos ciudadanos. La situación en España no es, sin embargo, comparable a lo que ocurre en los Estados citados, pero empieza a haber problemas en Cataluña, donde  la Generalitat ha impulsado la inmigración de marroquíes para evitar la de hispanoamericanos, porque tienen el grave defecto de hablar español. 

En Ceuta y Melilla, España se enfrenta con la pretensión marroquí de incorporarlas al reino, a la espera de que caigan como frutas maduras gracias al proceso demográfico favorable a los musulmanes, el aumento del islamismo y la crisis económica provocada por la asfixia de las dos ciudades. Tiene el problema de la devolución de los menores entrados ilegalmente en Ceuta, que la Justicia está dificultando, pese a la sentencia del TEDH que determinó que la devolución de unos asaltantes en Melilla se debió a su conducta ilegal. Hay que rechazar la tesis de que, una vez en territorio español, quienes hayan entrado de forma ilegal tienen derecho a permanecer en él, porque de la injusticia no puede nacer el derecho. En cualquier caso, conviene evitar la inmigración de musulmanes y, en caso de aceptarla, se les debería advertir de que tendrían que abandonar las prácticas inaceptables y respetar las leyes y las costumbres españolas, y que -de no hacerlo- serían devueltos a sus países de origen. 

Otro problema grave es el de los refugiados de Siria y de Afganistán. La Comisión Europea –que no tiene competencias en materia de migraciones- intentó resolver el problema sirio estableciendo en 2015  un Plan de Acogida  de 160.000 refugiados, que estableció unas cuotas de admisión en los Estados miembros, pero la mayoría de ellos se negaron a aceptarlas, y  Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia rechazaron acoger refugiados musulmanes. La UE tuvo que firmar en 2016 un impresentable acuerdo con Turquía –contrario al Derecho Internacional y al Comunitario- para que este país retuviera a los refugiados sirios en su territorio a cambio de €6.000 millones. La UE optó por retener a los demandantes de asilo en un país que no es seguro –el Tribunal de Justicia de la UE ha considerado lícita la expulsión de refugiados irregulares  a “países seguros”- y donde las libertades fundamentales y los derechos humanos no están garantizados. Según Antonio Lucas, la Unión entregó volquetes de seres humanos expulsados –sin destino ni derechos- a un tipo como Rezep Erdogan, para que se encargara de sacarles de encima el marrón por unas perras. 

En 2020, la UE adoptó un  Pacto sobre migración y asilo que proponía una “solidaridad a la carta”. Los Estados podrían escoger el tipo de apoyo que estuvieran dispuestos a ofrecer a los refugiados y, si los acogían, recibirían ayuda financiera de la Comisión. Se pasó de un régimen de “cuotas de acogida” a otro de “cuotas de retorno”.  Como ha señalado  Raquel González, no hay crisis migratoria en Europa, sino una crisis  de acogida, un fallo estructural de la gestión de las políticas de migración y de asilo de la UE, que presta oídos sordos a los campamentos de Moria y al Mediterráneo, y refuerza tanto la devolución de refugiados como la guarda de las fronteras de la Unión.

 Tampoco ha llegado la UE a un acuerdo sobre los refugiados afganos y decidido proteger eficazmente sus fronteras e impedir las entradas no autorizadas, y que sean los países vecinos de Afganistán los que lleven el peso de la acogida, a cambio de una compensación económica. La UE ha renunciado una vez más a sus principios fundacionales. Como señaló Juan Antonio Carrillo, era imprescindible regular la inmigración desde la óptica de los derechos humanos, en vez de desde las perspectivas del mercado. De no ser así, la UE sería la Europa de los mercaderes y no la que se caracterizara “por la preminencia de la persona y los derechos humanos”.

En una entrevista con Carlos Herrera, el Papa Francisco ha afirmado que, ante  las crisis migratorias, la UE debería centrarse en cuatro claves: “acoger, proteger, promover e integrar”, y añadido que países como España o Italia contaban con muchos pueblos vacíos, los Estados europeos deberían ver cuántas personas podrían aceptar, para liberarlos de los “diablos educados”, que eran los más poderosos. Estas palabras son acertadas desde un punto de vista moral, pero no necesariamente político. Está bien que los Gobiernos sean generosos –como el de Angela Merkel, que acogió más de un millón de sirios en Alemania- y otra distinta que estén obligados a acoger un número indefinido de extranjeros. En tanto que entidades soberanas, los Estados tienen el derecho y el deber de controlar el acceso a su territorio. El Papa -que es también el jefe de un Estado- fue más allá de la prudencia al afirmar que era necesario “poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera a imponer la democracia a los pueblos”. ¿Acaso hay que regocijarse del triunfo de los talibanes y de que haya vuelto el régimen de opresión de la mujer en Afganistán? El Islam político y la democracia son términos antitéticos, pero el Papa no parece compartir esta opinión.