Entre las innumerables instituciones y entidades que Pedro Sánchez ha logrado controlar en España figura como una pieza clave de su política autocrática el Tribunal Constitucional (TC). Para ello ha contado con la ayuda inestimable de Cándido Conde-Pumpido (CCP), que ya era miembro del Tribunal, y de otros magistrados progresistas como Ramón Sáez y María Luisa Balaguer, a los que sumaron tres antiguos empleados del Gobierno, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la exdirectora general de Presidencia, Laura Díaz, y la expresidenta del Observatorio de la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán. Para consolidar aún más la mayoría progresista, se incorporó al grupo María Luisa Segoviano, que engatusó al PP para que la apoyara, alegando ser un verso suelto en el progresismo, si bien ha mostrado ser una estrofa bien amarrada al poder. Al no cubrirse la vacante de Alfredo Montoya,  el TC ha quedado compuesto por siete magistrados progresistas y cuatro del sector conservador: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y César Tolosa. Dando muestra de su falta de neutralidad, CPC rompió el criterio hasta entonces seguida, de que la vicepresidencia fuera desempeñada por un miembro veterano del sector contrario al de la presidencia y nombró para el puesto a Montalbán, que contaba con escasa experiencia en el Tribunal. El sector auto considerado progresista impuso desde entonces el rodillo mayoritario y las decisiones suelen ser adoptadas por siete votos a cuatro. CCP dio asimismo pruebas de su sectarismo al informar a sus allegados de que jamás votaría a favor de una propuesta de Vox, lo que demostraba que, para él, lo importante no era  lo que se solicitara, sino quién lo solicitaba.

Incondicionalidad progubernamental de Conde-Pumpido

Para el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, CCP es más peligroso para España que Carles Puigdemont, porque, mientras éste está prófugo en Bélgica y carece de credibilidad, aquél ocupa uno de los puestos más importantes e influyentes en el Estado español, desde el que puede condicionar la política de su Gobierno. Como debe haber perdido hace tiempo a su abuela, ha presumido de su papel fundamental en la resolución de los problemas de España. Resolvió el conflicto con ETA en el País Vasco cuando fue fiscal general del Estado y ahora, desde su puesto en la presidencia del TC, va a resolver el conflicto existente entre Cataluña y España.

Los planes de CCP han sufrido, sin embargo, un inesperado traspiés cuando la Sala de Vacaciones del TC-integrada por Espejel, Tolosa y Díaz- rechazó el pasado día 11 admitir a trámite el recurso presentado por Puigdemont contra el auto dictado por el magistrado instructor del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, quien ordenó su detención tras haber confirmado su procesamiento por los delitos de malversación agravada y de desobediencia. Hablando en términos futbolísticos -influido por el desarrollo del campeonato mundial de féminas-, Espejel y Tolosa hicieron una pared y aquélla lanzó un disparo que sorprendió a la cancerbera Díaz y se coló por la escuadra. El arbitro principal, CCP, quiere anular el tanto y que se repita el partido, para lo que ha pedido al segundo arbitro que recurra ante el Tribunal Superior de Deportes. 

En el artículo sobre “El problema no es Puchi, es Pumpido”, publicado en “El Debate”, Maite Alcaraz ha afirmado que Puigdemont no levantaría el pulgar sin contar con la garantía de que el TC le permetiría romper España y, de paso, irse de rositas. Para ello, Sánchez ha puesto al mando del Tribunal al más fanático de sus peones, que tendrá la última palabra cuando se recurra la Ley de Amnistía, que a buen seguro, impulsará el Gobierno. Sánchez le reclama que vuelva a vulnerar la decisión de la Sala de Vacaciones del TC y admita el recurso del fugado. El soldado Conde dispara todos los dardos de Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez y no dejará ninguna vía por explorar para satisfacer las facturas que pase el prófugo al cobro.

CCP es la pieza maestra sobre la que reposa el proyecto disolvente del  sanchismo. Sin él, la claudicación socialista sería imposible, y con él lo es todo, incluida cualquier fórmula imaginativa para que se celebre en Cataluña un referéndum -llamado probablemente con otro nombre-, gracias al cual una parte de los españoles decida  sobre el resto y se culmine la quiebra de España bajo las trampas del “país de países”, de la “nación de naciones” o de la “plurinacionalidad”. CCP tiene ahora el encargo de encajar el chantaje soberanista en una consulta que sirva además para que Bildu y el PNV se sientan pagados. Cuando ese referéndum se celebre, CCP habrá culminado la obra que arrancó en 2006, cuando se pasó por el forro de su polvoriente toga la decencia jurídica para deponer las armas democráticas ante Otegui y convertirlo en el hombre de paz de Rodríguez Zapatero y en el sostén de la gobernación de Sánchez. “La aberración es sideral. El defensor de la legalidad, encargado como fiscal general de acusar a los delincuentes, pisoteó su deontología profesional para mirar hacia otro lado. En la doctrina de Conde-Pumpido, todas las leyes son interpretables y los Tribunales tienen que ser permeables al mando del Gobierno y adaptar los criterios jurídicos a la estrategia de los despachos”.

Auto de la Sala de Vacaciones del TC

La Fiscalía del TS pidió al juez instructor Llarena que emitiese una Orden Europea de Detención y Entrega, pero éste no accedió a la petición y se limitó a dictar un Orden de Detención Nacional contra Puigdemont y Comín por los delitos de malversación agravada y desobediencia, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE ) confirmara la sentencia dictada por su Tribunal General, en la que negaba que los dos eurodiputados mantuvieran su inmunidad en relación con los delitos cometidos con anterioridad a su elección al Parlamento Europeo. Sus defensas presentaron un recurso de amparo ante el TC en el que se solicitaba que se suspendiera  y anulara la orden de detención, y se revocara el procesamiento, por haberse violado sus derechos fundamentales, con el fin de que se adaptara el procedimiento “a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo”, ya que ninguno era responsable de “una reforma penal deplorable”. 

La mayoría de los miembros de la Sala de Vacaciones no admitió a trámite el recurso por estimar “la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo”. La competencia de la Sala para conocer y decidir sobre el recurso venía exigida por la necesidad de resolver sobre “la solicitud de adopción de la medida cautelarísima solicitada de suspensión de una resolución judicial que acuerda la privación de libertad”. La Sala estimó  que la petición de adopción de medidas cautelares por parte de los recurrentes avalaba la urgencia de la decisión y, por ende, la necesidad de pronunciarse sobre ella sin dilación. La negativa a tramitar el recurso se basaba en la “inexistencia de especial transcendencia constitucional’ en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales. La mayoría subrayó que los recurrentes habían sido desposeídos de su inmunidad por el Parlamento Europeo, decisión que había sido avalada por el Tribunal General de la UE.

CCP mantiene al TC bajo su absoluto control y en él no se mueve ni un folio sin su  anuencia, pero los calores del verano le han  hecho bajar la guardia y se ha encontrado con una desagradable sorpresa. Es justo y necesario que los miembros del TC tengan un merecido descanso, porque han trabajado últimamente a destajo bajo el látigo de su presidente. También es natural y lógico que sus Señorías prefieran ausentarse en las épocas más tórridas del estío y haya que hacer encaje de bolillos para organizar los turnos de vacaciones. El patrón no ha estado suficientemente alerta y ha tolerado que en la Sala de Vacaciones que estará en funciones hasta mediados de agosto existiera una mayoría de magistrados de sector conservador, que -en uso de su legítimo derecho- han dictado un auto que no ha placido a Sánchez porque ha incomodado a Puigdemont, ese oscuro objeto de deseo de la progresía. La magistrada progresista de guardia -la oficialista Díaz- se ha visto obligada a dar un grito de alarma y a presentar un voto particular para discrepar de sus incontinentes colegas conservadores.

Díaz se ha mostrado partidaria de admitir a trámite los recursos de Puigdemont y  de Comín y ha criticado a sus compañeros de Sala por la celeridad con la que han dictado el auto, cuando no había ninguna prisa y -dada la importancia del asunto- la resolución debería haber sido dictado por el Pleno. Ha estimado que el asunto sí tenía “transcendencia constitucional” por la importancia de los derechos fundamentales supuestamente violados. La Fiscalía General se ha mostrado de acuerdo con la tesis de Díaz y expresado su intención de presentar un recurso de apelación ante el TS. Según ha observado José Marí Brunet en “El País”, los fiscales han estimado que no había urgencia alguna par resolver el recurso, por lo que la Sala de Vacaciones había actuado fuera del límite de sus competencias (¿?).

Reacciones ante el auto de la Sala de Vacaciones

Los medios de comunicación afines al Gobierno como “El País” se han apresurado a salir a la palestra para criticar la decisión de la Sala de Vacaciones. Así, un editorial del diario titulado “Las urgencias del Constitucional”, la ha calificado de “sorprendente” e “inédita”, porque hasta ahora todos los recursos dirigidos contra resoluciones adoptadas en la causa penal del procès lo habían sido avocados al Pleno debido a su relevancia. Esta Sala tiene por misión resolver las cuestiones de especial urgencia que se refieren a medidas cautelares inaplazables, que se van a conceder y no a las que se van a denegar, ya que -en este segundo caso- la urgencia de la medida dejaría de existir (¿?). En este caso ha primado el criterio de una discutible urgencia para inadmitir un recurso  en el que están en discusión derechos fundamentales de especial peso, como son los de representación política y de inmunidad parlamentaria. Aunque Puigdemont sea un prófugo de la Justicia y el Tribunal General de la UE haya avalado el levantamiento de su inmunidad, eso no justificaba que se impidiera o redujera su capacidad para acudir al TC (¿?). Los magistrados conservadores Espejel y Tolosa estimaron que “debía atenderse principalmente a la urgencia del caso en plenas negociaciones para la investidura” (¿?). Concluye el editorial afirmando que “hay razones sobradas para que de este nuevo recurso vuelva a ocuparse el pleno del Tribunal y sin precipitación, de manera que no parezca que el ala conservadora de la justicia vuelve a transitar el peligroso camino de las injerencias políticas”(¿?). Estos comentarios me parecen poco rigurosos y tienen escaso fundamento jurídico.

1.-La Sala de Vacaciones no tiene limitadas sus competencias y su mandato consiste en resolver los problemas que requieran una atención inmediata. Solo a ella compete determinar los temas sobre los que deba pronunciarse y en qué plazos. La Sala ha motivado en su auto las razones por las que ha creído oportuno dictar sin demora su decisión por tratarse de una petición de medidas cautelarísimas. Que la decisión sea positiva o negativa no se puede determinar de antemano y dependerá de la apreciación del Tribunal.

2.-En el presente caso, no están en juego cuestiones de representación política ni de inmunidad parlamentaria, porque -de un lado- el procesamiento de Puigdemont ha sido causado por delitos cometidos antes de haber adquirido la condición de eurodiputado, y -de otro- el Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad de Puigdemont y esta decisión ha sido respaldada por el Tribunal General de la UE. Aunque el interesado pueda recurrir ante el TJUE -cosa que hasta ahora no ha hecho porque prefiere ganar tiempo- parece poco probable que el TJUE cambie la sentencia de su Tribunal General. A Puigdemont no se le está negando ningún derecho, antes al contrario, pese a tratarse de un prófugo que ha eludido la acción de la justicia y que -con la eficaz colaboración de su turbio letrado, Gonzalo Boye- lo único que pretende -como ha indicado la propia Sala- es “liar más procesalmente el asunto parra seguir planteando nuevas batallas en los Tribunales”.

3.-El periódico hace acusaciones infundadas a dos prestigiosos magistrados, al atribuirles que han resuelto el caso con celeridad para dificultar las negociaciones de Sánchez con Puigdemont para su investidura -como reza el refrán, “cree el ladrón que todos son de su condición”-. También resulta calumniosa la afirmación de que el “ala conservadora de la justicia” transita por el camino de la injerencia política ¿Quién ha denigrado al TS y a su ejemplar juicio y sentencia en el caso del procès? ¿Quién ha indultado a unos delincuentes irredentos que se han jactado de que volverán a dar un golpe de Estado en cuanto tengan una oportunidad? ¿Quién ha suprimido el delito de sedición y emasculado el de malversación? …No parece que sean los jueces conservadores, gracias a los cuales Cataluña sigue formando parte de España, sino más bien al ala progre de la “gauche divine” judicial, cuyos más cualificados representantes son CCP y sus cuates.

Según el profesor de la Complutense Juan García Fernández, si la Sala de Vacaciones se ha metido en estos berenjenales ha sido por una finalidad política por parte de una mayoría conservadora, porque -en términos jurídicos- era algo que podía haber esperado hasta septiembre. La Fiscalía ha hecho bien en recurrir el auto porque “el asunto queda contaminado por la precipitación” (¿?). Cuantas veces se ha criticado al TC por su lentitud en dictar sus sentencias y ahora se ele critica justo por lo contrario, por “precipitarse” en su actuación judicial.

La profesora de la Universidad de Sevilla, Ana Carmona, ha considerado que las prisas de la Sala carecían de la necesaria justificación, porque no concurría una situación de urgencia objetiva  que avalara su inmediata resolución, y porque se había quebrado la positiva dinámica hasta entonces seguida de avocar al Pleno la resolución de los recursos relacionados con el procès. Este recurso, sin embargo, es solo tangencial al enjuiciamiento de los responsables de dicho proceso. La fuga de Puigdemont y su negativa a ser juzgado por los Tribunales españoles no le han permitido gozar de las máximas garantías con las que han sido juzgados por el  TS sus cómplices en el golpe de Estado de 2017, y que hasta ahora ha logrado eludir el prófugo porque el sistema judicial español no permite los juicios “in absentia” del acusado. Según Carmona, el máximo garante de la Constitución se sitúa en el centro de las diatribas políticas  y de la erosión que de ello deriva, pero ¿quién tiene la culpa de ello? No creo que pueda achacárselo al sector conservador que se encuentra en minoría y a merced del autoritarismo y a las arbitrariedades de CCP, quien ha politizado al máximo al TC y lo ha puesto al servicio del Gobierno.

Incluso los que han criticado la actuación de la Sala han reconocido que una cosa es aceptar a trámite un recurso -cuestión procesal- y otra bien distinta acceder a las exorbitantes pretensiones de Puigdemont de que se anule su procesamiento -cuestión sustantiva-. Se pretende revocar una orden nacional de detención contra unas personas acusadas de los delitos de malversación y de desobediencia -se libraron de la acusación de sedición por la magnanimidad de Sánchez de suprimir ese delito para beneficiar a los sediciosos-, cometidos cuando no eran aun eurodiputados y carecían, por tanto, de inmunidad, como ha reconocido el Tribunal General de la UE. Si el prófugo ha podido hasta ahora eludir la acción de la justicia española se ha debido a la complicidad de los Tribunales belgas. Lo normal es que una persona procesada por tales delitos y que se encuentre en rebeldía sea detenida en el caso -harto improbable- de que pise suelo español. El recurso de Puigdemont es extemporáneo y procesalmente abusivo, por lo que es lógico que haya sido rechazado. El instructor Llarena y la Sala de Vacaciones del TC  no han hecho más que cumplir con su deber de permitir la actuación de la justicia, a diferencia de la Fiscalía, que, en contra de sus función de perseguir a los delincuentes, lo que está haciendo en el caso de Puigdemont es tratar de protegerlo.

Según Brunet, aun cuando la Fiscalía recurriera y el Pleno del TC admitiera a trámite el recurso de Puigdemont, era poco probable que prosperara su pretensión de anular la orden de detención, lo que supondría tumbar una decisión clave del TS en el curso de una investigación penal que afecta a un huido de la justicia. Si casi todo el mundo está de acuerdo sobre el fondo del asunto, ¿a qué viene este rasgado de vestiduras? Hay que buscar la causa de todo este embrollo, que es política y no jurídica. “!Cherchez la femme!, como dicen los franceses y, en el presente caso, no es una mujer, sino un hombre y se llama Puigdemont. El rechazo del recurso se ha producido lamentablemente para el Gobierno en el momento clave de sus negociaciones con el fugitivo para que, gracias a los votos de JxC, Sánchez pueda ganar la investidura.

Más ecuánime y atinada resulta -a mi juicio- la editorial publicada en “El Debate”. Según el diario digital, la Fiscalía ha acudido en auxilio de un prófugo de la justicia cuando un Tribunal intenta evitar su impunidad y hace lo posible para que rinda cuentas por sus actos. Ante una decisión del TC que debería ser rutinaria, el fiscal ha saltado como un resorte en defensa de un prófugo, al instar la celebración de un pleno en el que espera que se adopte una decisión más favorable para un dirigente político en cuyas manos está la investidura del presidente en funciones. La perplejidad es doble porque, de un lado, retrata a la acusación pública como una vulgar terminal del Gobierno; de otro, evidencia su control del TC, transformado en una extensión política del PSOE bajo la batuta  de CCP. A ello se suma el recurso ante el TS contra de la decisión de la Junta Electoral Central de no revisar el recuento de los votos nulos de Madrid. Todo ello conforma un cuadro desasosegante y escandaloso, un panorama en el que el sometimiento de los contrapoderes democráticos al presidente del Gobierno se combina con la sumisión posterior , por razones de estricto interés político, a quien encarna una amenaza al Estado y se quiere asegurar la impunidad. Lo normal sería que, ante un desafío a la esencia misma de la Constitución, todos los resortes del Estado actuaran al unísono y en la misma dirección, pero ocurre justamente lo contrario. La necesidad de Sánchez, por infame que sea, provoca la transformación de los diques de la democracia en trampolines para negociar con quienes la amenazan y, si en la última legislatura esta deriva sirvió para indultar a delincuentes y derogar sus delitos, es razonable pensar que en la siguiente valdrá para legalizar de un modo u otro sus objetivos. La inaceptable actitud de la Fiscalía y el previsible seguidismo del TC -donde prevalece la filiación política de la mayoría de sus miembros a su obligación jurídica- así lo sugiere. Todo esto hace aún más insólito -y también más peligroso- que se haga depender la designación del próximo presidente del Gobierno de un prófugo sin otra misión política que culminar el golpe de Estado que lo llevó a Bélgica. Que éste sea el plan de Sánchez es en sí mismo una prueba de su falta de límites y un indicio de hasta dónde puede llegar en sus concesiones para alcanzar su objetivo.

Conclusión

Como en el caso de la Fiscalía General, Sánchez podría encontrar a un periodista complaciente que lo entrevistara y que -al convertirse el entrevistado el entrevistador- le preguntara que de quién dependía el TC y, al contestar el plumilla que del Gobierno, el presidente concluiría satisfecho afirmando “pues eso”. Sánchez ha logrado convertir el principal contrapoder democrático y máximo instrumento de control del Gobierno en un apéndice del mismo. Y lo que ha conseguido con el TC, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, tratará de consolidarlo mediante el control del Consejo General del Poder Judicial, del TS y del conjunto de la judicatura, si sus trapicheos con el fugado de Waterloo y sus secuaces de Frankenstein-1 le permitieran -¡Dios nos valga!- que formara un Gobierno Frankenstein-2.

Esto sería sumamente grave y constituiría un serio riesgo para la continuidad de la democracia en España y del régimen del que nos dotamos los españoles en la ahora denostada Transición, vilipendiada por la falsa Memoria Democrática. Como ha señalado Michael Ignatieff, sin la protección de los controles y equilibrios contramayoritarios de la democracia liberal, las democracias corren el riesgo, en tiempos de emergencia, de acabar con la libertad que deben defender. Si estas instituciones contramayoritarias se debilitan por ser capturadas por un partido o una tendencia autoritaria, “la capacidad de la democracia para defenderse de sus supuestos defensores estará en grave peligro”.