El secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, ha publicado en “El Mundo” un artículo sobre “La política exterior como política de Estado”, en la que refleja la política del Gobierno de Pedro Sánchez en la materia, que se ha plasmado asimismo en la “Estrategia Exterior para 2021-2024”. Ha señalado que hay que exigir de quienes diseñan y ejecutan la acción exterior de España un alto grado de lealtad hacia los valores y lealtades de nuestro país y de diálogo constante con la oposición, mientras de ésta se requiere responsabilidad, no llevar la política exterior al terreno de las pequeñas disputas y no usar el frente exterior como herramienta para derribar al Gobierno. En España vivimos inmersos en una duda permanente sobre nuestra capacidad para construir una proyección internacional coherente. ¿Está cumpliendo el Gobierno estos loables objetivos? Me temo que la respuesta sea negativa pues no tiene una idea clara de cuáles deben ser los objetivos de la política exterior, no dialoga lo más mínimo con la oposición y es el primero en tener una pésima opinión de la historia de España, próxima de la “leyenda negra”.

Ejes básicos de la política exterior

Muñiz ha vuelto a reseñar los ejes básicos de la política exterior española que –como los señalados en la “Estrategia Exterior”- son generalidades y declaraciones de intención, carentes del contenido concreto que debería tener: a saber, la defensa de la democracia y de los derechos humanos, la construcción de un nuevo contrato social en el seno de una economía globalizada, la promoción de un planeta verde y el avance hacía una Europa más fuerte en un mundo más multilateral.

Como decía el avezado diplomático y político príncipe de Tayllerand, los intereses de un Estado son permanentes y no deben ser supeditados a las convicciones y veleidades ideológicas. Las democracias de larga Historia consideran la dimensión internacional como política de Estado y, por consiguiente, procuran dotarla de unas bases doctrinales sólidas y de un consenso suficiente en su ejecución a medio y largo plazo. Por debajo de los vaivenes lógicos en la política interna e internacional de los distintos Gobiernos, debe mantenerse con claridad una línea de continuidad basada en los intereses nacionales y los valores mayoritariamente compartidos por los ciudadanos. Los gobiernos de turno deberían tratar de involucrar en la política exterior a la mayor parte de los partidos políticos –incluidos los de la oposición-, a las fuerzas sociales y a la opinión pública. Es indispensable dotarse de un marco doctrinal y pragmático que dé sentido a la presencia internacional de España en el mundo y sirva de guía a políticos, funcionarios y ciudadanos en general.

Esta continuidad se ha dado en España en lo fundamental durante la monarquía borbónica, la II República, el período franquista y la democracia surgida tras la Transición, pese a los notables cambios políticos habidos, tanto de regímenes como de gobiernos. Los objetivos básicos de la política exterior española fueron magistralmente formulados en 1992 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, como integración en Europa, proyección iberoamericana, solidaridad mediterránea y vínculo atlántico. Estos vectores han sido seguidos en lo esencial, aunque se introdujeran algunas variaciones en función de la orientación política del gobierno de turno, pero el núcleo principal permanecía invariable. La continuidad fue rota en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dio un giro de 180º a la política exterior seguida por José María Aznar e introdujo una quiebra con los principios establecidos en la Transición con su actitud de escaso interés por la UE, antiamericanismo, apoyo en Iberoamérica a los gobiernos bolivarianos o acercamiento a Marruecos en el tema del Sáhara Occidental.

El modelo de ZP está lamentablemente siendo seguido por el gobierno de Sánchez. La política exterior desborda el marco de la diplomacia tradicional e involucra al conjunto de la Administración, cuyos departamentos tienden a actuar de forma poco coordinada, si no contradictoria. Esta situación se agrava cuando dentro del Gobierno, hay otro Gobierno-bis –como el constituido por Podemos- que mantiene posiciones contrarias a la política exterior española sobre la OTAN y los pactos militares con Estados Unidos, los Gobiernos bolivarianos de Iberoamérica –especialmente Venezuela, Bolivia y Cuba-, la política de la UE para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, y aplicar su Plan de Recuperación, el apoyo a la libre determinación y eventual independencia de Cataluña y el País Vasco o el respaldo a los tribunales españoles frente a las decisiones de tribunales extranjeros. Los intentos de la diplomacia española de justificar ante la opinión internacional la posición de España como uno de los pocos países con una democracia bien asentada se hacen añicos, y deja desconcertados a los gobiernos extranjeros, cuando el vicepresidente del Gonierno, Pablo Iglesias, da la razón a al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, en su afirmación de que España no es una democracia completa porque tiene presos políticos y exiliados por motivos de conciencia, así como tribunales no imparciales, y que hay que indultar a estos líderes políticos y celebrar en Cataluña un referéndum de libre determinación. Y lo peor es que el socio minoritario está condicionando en gran medida la política exterior del Gobierno español.

Feminismo y diversidad sexual “à go-go”

El Gobierno se ha apartado de la tetralogía de Fernández Ordóñez para incluir en la estrategia exterior principios ideológicos ajenos a la auténtica política internacional como la exaltación del feminismo o la protección de los derechos del colectivo LGTBI+. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha vuelto recientemente a reivindicar ante la Comisión de la Mujer de la ONU la “diplomacia feminista” que impulsa el Gobierno español y afirmado que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas serán la columna vertebral y “la brújula que guíe nuestra actuación en las relaciones bilaterales, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en todos los ámbitos de la política exterior.[…] La diplomacia feminista representa la necesaria coherencia entre la política nacional y la acción exterior de España”.

Se ha vanagloriado de que las mujeres ocupaban en España el 48% de los ministerios, el 43% de los escaños parlamentarios y el 43% de la judicatura. Se le ha olvidado añadir que las cuatro vicepresidencias del Gobierno estarán ocupadas por mujeres y que, en su departamento, cuatro de los seis más altos puestos están a cargo de mujeres. En la “Guía de Política Exterior Feminista” presentada por Sánchez, el Gobierno se compromete a impulsar el papel de las mujeres en la política exterior, “tanto en la toma de decisiones, como en las negociaciones y en los proyectos de cooperación”.

Me parece una idea excelente que uno de los objetivos de la política exterior española sea la protección de los derechos humanos, pero el Gobierno parece reducir el amplio catálogo de estos derechos a la protección del feminismo y de los colectivos LGTBI+. Como he señalado en un artículo anterior –y pido excusas por la auto-cita-, la igualdad entre el hombre y la mujer o el control de una persona sobre su sexualidad entran dentro los derechos humanos, pero no son tales el feminismo o la diversidad sexual, que no pueden ser comparados con ellos, ni –menos aún- puestos en pie de igualdad.

Según Muñiz, España es el tercer país más feminista del mundo y ello exige una política exterior y de cooperación coherente con estos valores, que ayude a su consolidación allá donde se cuestionen. España se convierte así en adalid del feminismo en el mundo entero y deberá ir -como Don Quijote- desfaciendo entuertos por doquier. ¿Tratará la diplomacia española de lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en Irán, Arabia Saudita o los autocráticos emiratos del Golfo? ¿Deberán actuar los diplomáticos y las diplomáticas españoles como “pimpinelas escarlatas” para conseguir la igualdad de derechos de los homoxesuales y los transexuales en Rusia, los Emiratos Árabes Unidos o Afganistán? ¿Qué tipo de feminismo deberán exportar España, el de Carmen Calvo, el de Irene Montero o el de Cristina Alberdi? ¿Habrá que parafrasear el eslogan “orwelliano” y mantener que “todos los hombres y las mujeres son iguales, pero los homosexuales y las lesbianas son más iguales que los demás”? ¿Deberá la diplomacia española defender la doctrina “queer” en los foros internacionales?…Éstos y -muchos otros- interrogantes se plantean ante la nueva doctrina sobre el feminismo y la diversidad sexual amadrinada por González Laya.

Los esfuerzos para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer son imprescindibles y ya se ha avanzado de forma considerable en España. Se trata de mejorar la situación de la mujer proporcionándole igualdad de oportunidades y algún que otro empujón en caso de paridad, pero no de establecer una igualdad de cuota al margen del mérito, que constituiría un insulto a la mujer. Las mujeres españolas han demostrado que no están por debajo de los hombres, sino que están a la par, cuando son son superiores. No se puede imponer la paridad absoluta en los puestos directivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las Embajadas de la noche a la mañana por real decreto y de la noche a la mañana, sin tener en cuenta la realidad de que la mujer no se incorporó al servicio exterior hasta 1971. No se puede ascender a las secretarias o a las consejeras de embajada a la categoría de ministras plenipotenciarias, como no se puede ascender a las comandantes a generales de brigada, para lograr la ansiada paridad, pues es necesariamente una cuestión de tiempo. Por otra parte, para luchar contra la discriminación de la mujer no se debe discriminar al hombre, como se ha hecho en diversas leyes de protección al grupo LGTBI, en las que se ha invertido la carga de la prueba o hecho concesiones injustificadas y discriminaciones de signo contrario.

Protección de los derechos humanos

Si tanto le preocupa al Gobierno la protección de los derechos humanos, le sugiero que se ocupe de salvaguardar los derechos fundamentales violados a los venezolanos en Venezuela y en Colombia, a los refugiados rohingyas en Birmania y Bangla-Desh o a los sirios en Turquía o Líbano, a los chiitas hutíes en Yemen o a los tibetanos, yoigures y hongkoneses en China. Asimismo cabría proteger y defender a los cristianos perseguidos por el mero hecho de serlo en Irak, Arabia Saudita o China. Debería velar por los derechos de los refugiados y de las personas internacionalmente protegidas, y aumentar las concesiones de asilo, de residencia o permisos de trabajo a estas personas, en vez de expulsarlos del país como ha hecho con algunos refugiados venezolanos. Tendría que presionar a Marruecos para que acabe con sus chantajes migratorios –especialmente en Canarias- y su asfixiante cerco de Ceuta y Melilla, e influir en la Comisión Europea para que se refuercen las fronteras exteriores de la UE, se celebran acuerdos de repatriación con los países de origen o de tránsito de la emigración ilegal y –sobre todo- invierta financiera y tecnológicamente en los países africanos para crear riqueza “in situ” y paliar las razones que llevan a los emigrantes a arriesgar sus vidas para llegar a la Itaca europea. Éstos son objetivos de política exterior y no las milongas de la Estrategia Exterior patrocinadas por el secretario de Estado de España Global. Bien podía dedicar mayores esfuerzos de su departamento a contrarrestar las campañas de intoxicación y de desprestigio lanzadas permanentemente por el separatismo catalán, labor que ha bajado en intensidad en comparación con la institución similar creada por Josep Borrell.

También podría el Gobierno –ante las desastrosas perspectivas demográficas que amenazan a España-, realizar una política coherente y razonable de fomento de la natalidad –en vez de alentar el aborto y la eutanasia-, mediante ayudas fiscales y medidas de conciliación laboral, y promover la inmigración legal y controlada, especialmente la procedente de Iberoamérica y de los países de Europa oriental. Debería asimismo velar por los intereses de los habitantes del Campo de Gibraltar –en vez de por los de los gibraltareños- y de Ceuta y Melilla, que se sienten abandonados ante el bloqueo de Marruecos, y a los que los miembros del Gobierno no visitan para no incomodar al Sultán.

La auténtica memoria histórica

Lleva razón Muñiz cuando afirma que España es uno de los pocos países del mundo que tiene una percepción de sí misma peor de la que tienen los demás. ¿Qué hace el Gobierno para superar este masoquista complejo de inferioridad? No sólo no hace nada a través de una institución adecuada como es la Secretaría de Estado de España Global, sino que asume las calumnias de la “Leyenda Negra”. Ha aceptado las tesis de Podemos y del presidente mejicano Andrés López Obrador de que la colonización española de las Américas fue un acto de genocidio, a diferencia de la inglesa, que extendió su labor civilizadora sobre los indígenas de Norteamérica, que se extinguieron de pura satisfacción. Tenemos que pedir perdón a la humanidad por los desafueros de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Juan Ponce de León, fray Bartolomé de las Casas o fray Junípero Serra. Dejamos a Portugal que reivindicara la gesta de la primera circunvalación del mundo por parte de Hernán de Magallanes –cuando el reino portugués trató de impedirla con la fuerza de las armas- en detrimento de Juan Sebastián Elcano, y escondemos a Hernán Cortés bajo la alfombra de los prejuicios en sus respectivos centenarios. Aceptamos con mala conciencia –“¡Algo malo habrán hecho!”- el derribo en Estados Unidos de las estatuas de Colón, de fray Junípero y hasta la de Miguel de Cervantes, a los que sólo han defendido los italianos al primero y algunos latinos al segundo.

La Historia de la colonización de América no tiene cabida en la memoria de España y hay que pasar por ella como sobre ascuas. La única digna de recuerdo para el Gobierno es la que denomina memoria “histórica” o “democrática”, con la que pretende –siguiendo el modelo de los nacionalistas catalanes- reescribir y manipular la Historia de España, ganar la guerra civil a posteriori” y liquidar la nunca suficientemente alabada Transición.

Antes que salvar al mundo, salvemos a España

Según Muñiz, la acción exterior de España debería avanzar en la construcción de un nuevo contrato social en el seno de una economía global integrada y de un comercio internacional justo que eleve los estándares laborales y medioambientales, y alinearse estrechamente con la agenda climática para promover un planeta verde. Son deseos loables y piadosos, pero cuya realización escapa a las reducidas posibilidades de España, que lo más que podría hacer es contribuir modestamente a su logro. Bastante tiene con luchar contra la creciente desertificación, el aumento de los incendios y las inundaciones, el deterioro de sus costas y de sus ríos, la contaminación atmosférica o la fragilidad de los ecosistemas.

Antes de intentar salvar el mundo, deberíamos tratar de salvar a España, que se encuentra al borde del abismo económico, social y político por la incompetencia y la demagogia de su Gobierno. Según el dicho inglés, “charity begins at home”, que en román paladino podría traducirse por “la caridad bien entendida empieza por uno mismo”. El Gobierno español debería centrarse en resolver los gravísimos problemas a los que tiene que enfrentarse: altísima cifra de muertos y contagiados por la pandemia del coronavirus, desplome de la economía y reducción sustancial del PIB, máxima tasa de paro –especialmente entre mujeres y jóvenes-, colas de hambre, destrucción del tejido empresarial e industrial, hundimiento del turismo y de la hostelería, secesionismo catalán y vasco, campañas internacionales de calumnias y falsedades contra la democracia española, ataques a la independencia de la justicia desde dentro del propio Gobierno, bajísimo nivel escolar, acoso de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, aumento de la inmigración ilegal…etc. El Gobierno de Sánchez haría bien en seguir los consejos de la UE, del Banco Central Europeo, de la OCDE y del FMI –o, sin ir tan lejos, del Banco de España o de la AIREF- para reflotar su declinante economía y utilizar sensata y racionalmente las generosas ayudas económicas que va a facilitar la Unión, encargando el control de su distribución a un organismo técnico, neutral y no politizado, como han hecho Italia o Portugal.

A España le sobran filósofos e ideólogos buenistas para diseñar su política exterior, y necesita estadistas y políticos sensatos que defiendan los intereses permanentes de España, en vez de incurrir en ensoñaciones quijotescas para salvar al mundo a través de la exaltación del feminismo y de la diversidad sexual. Según los turiferarios de España Global, tenemo como presidente del Gobierno a un estadista genial, que ha salvado la vida a cientos de miles de españoles, inventado la vacuna contra el covid-19 y conseguido gracias a su prestigio personal –de ahí los pasillos triunfales de sus fieles ministros- que la UE nos regale miles de millones de euros para qué los pueda distribuir a su antojo entre sus cuates y paniaguados. Por favor, señores del Gobierno, dejen de salvar al mundo y traten de salvar a España.