VOX y el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Sevilla ven delitos contra los derechos fundamentales en concurso con un delito de coacciones, abuso de poder y prevaricación, tras el desorbitado despliegue policial del pasado 17 de marzo en la rueda de prensa pública de  Santiago Abascal.  

Sandra García y Carlos Toscano como responsables de la Policía Nacional, mientras que el Alcalde de Sevilla y su Delegado de Gobernación por la actuación llevada a cabo por parte de la Policía Local de la ciudad.  

La portavoz del Grupo Municipal, Cristina Peláez, recuerda  que “de nuevo cargos socialistas usaron presuntamente a  la Policía para fines particulares o políticos, emitiendo  órdenes injustas y manifiestamente ilegales”.  

VOX y su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de  Sevilla, han presentado una querella criminal contra las autoridades implicadas en los hechos acontecidos el pasado 17 de marzo en la Plaza Nueva  de Sevilla. Ese día el presidente de VOX, Santiago Abascal, había convocado una rueda de prensa al aire libre y unas horas antes de la hora fijada para la  rueda de prensa de Santiago Abascal, la Plaza Nueva fue acordonada en todos  sus accesos. Se llevó a cabo un importante despliegue de la Policía Nacional y  de la Local, impidiendo el acceso libre a la Plaza Nueva de cualquier  ciudadano.  

Concretamente, VOX se querella contra Sandra García Marín, Delegada del  Gobierno en Andalucía en aquel momento; contra Carlos Toscano Sánchez, subdelegado del Gobierno en Sevilla, hermano del alcalde socialista de Dos  Hermanas; contra Juan Espadas, alcalde de Sevilla; y contra Juan Carlos  Cabrera, Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores. Responsables los dos  primeros de la actuación de la Policía Nacional, y los dos segundos de la  actuación de la Policía Local.  

VOX entiende que se cometieron delitos contra los derechos fundamentales,  en concurso con un delito de coacciones, abuso de poder y prevaricación, de conformidad a los artículos 21 y 19 de la Constitución española, arts. 514,  172.1 y 557 bis del Código Penal, y contra cualquier otra persona que pudiera  resultar responsable a lo largo de las investigaciones y actuaciones a  practicar.  

Desde VOX se considera conculcado un derecho fundamental como es el  derecho de libre circulación de los ciudadanos, al impedir la policía, por  orden de sus superiores políticos, el acceso a la Plaza Nueva. Tal actuación  impidió que no sólo los cargos de VOX, sino cualquier ciudadano, pudieran  acudir y presenciar la rueda de prensa de Abascal. VOX comunicó, en fecha 16  de marzo y por el procedimiento de urgencia, previsto en la Ley, que a la  rueda de prensa acudiría público a la luz de la acogida que tuvo en la  población una rueda de prensa similar que se celebró en Murcia. Ante tal  comunicación, las autoridades no emitieron prohibición alguna (algo que,  además, sólo pueden realizar mediando causa grave).  

Cristina Peláez ha apuntado a que “de nuevo cargos socialistas usaron  presuntamente a la Policía para fines particulares o políticos, emitiendo  órdenes injustas y manifiestamente ilegales”.  

La cuestión se agrava, comenta Peláez, “porque daba la impresión de que allí había sucedido algo grave, parecía que estábamos ante un atentado terrorista  o en una situación bélica. Al día siguiente, por ejemplo, no se impidió una  concentración en el mismo lugar convocada por Podemos, UGT y CCOO”, lo  que denota la arbitrariedad de las autoridades implicadas.  

Para finalizar, la portavoz municipal de VOX entiende que “se trata de un  ataque a la libertad generada por motivos políticos. La situación pandémica  que nos asola y solo se traduce en un constante recorte de libertades y  derechos. Dependiendo del signo político en cuestión son admitidos o son  rechazados de plano, justificándose en argumentos meramente banales y  desmotivados que no pueden ser amparados en derecho”.