«¿Se imaginan que el Poder Ejecutivo, cuando acabe el mandato en 2023, no convoca elecciones y secuestra el gobierno hasta que ustedes rompan con Vox…?». Esta ha sido la siniestra y alarmante hipótesis en forma de pregunta que ha sugerido el portavoz de Unidas Podemos Jaume Asens Llodrà durante el debate en el Congreso de los Diputados sobre las enmiendas a la totalidad al Decreto-Ley del Gobierno, que pretende modificar el mecanismo de elección de los jueces por el CGPJ limitando sus poderes por encontrarse en estos momentos en funciones.

Es la primera vez que de manera tan explícita un representante del grupo populista-bolivariano en el Congreso anuncia la posibilidad de finiquitar la democracia mediante un enroque inaceptable en el incumplimiento de un mecanismo esencial de toda democracia.

El empeño del Gobierno en hacerse con el control del CGPJ, en contra de las advertencias realizadas no sólo por la oposición sino también por las más altas instituciones europeas, sigue adelante con este nuevo proyecto aprobado esta misma tarde y del que ya ha sido advertido por cuanto supone de intromisión en la separación de poderes al limitar las funciones del alto órgano de designación de los jueces con una modificación que limita sus competencias hasta que no se haya procedido a su renovación, para lo cual se necesita una mayoría cualificada de la que no disponen los socios del gobierno.

Hasta cuatro enmiendas a la totalidad han sido presentadas a este proyecto de Decreto del Gobierno por los grupos de PP, Plural, C’s y Vox para impedir este nuevo cerco al Poder Judicial y todas ellas han sido rechazadas con el apoyo de Bildu, ERC y los habituales socios de PSOE y Unidas Podemos.

A su vez, el PP había reclamado un pronunciamiento con carácter de urgencia, que no se ha producido, por parte del Tribunal Constitucional al no haber contado el Gobierno para este proyecto con el Informe preceptivo del CGPJ. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y las principales asociaciones de los distintos estamentos de la judicatura también habían alertado en los últimos días que la modificación legal que se pretende estaría incurriendo «en fraude de ley», mientras que el ministro de Justicia Juan Carlos Campo se salió por la tangente en las últimas horas considerando que se trata de «una polémica entre el Poder Judicial y el Congreso de los Diputados».

Esta misma mañana, el CGPJ, por una amplia mayoría de 18 votos, aprobó la designación de seis presidentes de Audiencia en plena fase de tramitación del decreto ahora aprobado y cuyas enmiendas a la totalidad fueron rechazadas por la mayoría del Congreso.

Para el portavoz de Unidas Podemos, «la derecha, cuando pierde las elecciones, se atrinchera en el Poder Judicial y no acepta la renovación de un órgano que tiene agotado su mandato».

A su juicio, según dijo desde la tribuna, se trata de una anomalía democrática y consideró que los gobiernos en funciones han de tener limitadas sus funciones.

Sin embargo, lo que el portavoz de Unidad Podemos no quiso contemplar es que la limitación de funciones que pudiera corresponder en ciertos casos no debe ni puede afectar al normal desenvolvimiento de las instituciones y al nombramiento de los titulares que ejerzan las mismas porque sería tanto como dejarlas caer en su total desplome, que es, a buen seguro, lo que se pretende con dicha reforma legal para tomar al asalto lo que la Ley ni las instituciones le permiten.

La negativa de las fuerzas de la oposición a pactar una renovación del CGPJ en semejantes circunstancias se debe a la convicción absoluta de que el nuevo reparto impuesto desde la exigua mayoría contribuiría al definitivo desmantelamiento de facto de la democracia española, ya que el PSOE y el Gobierno se niegan a una distribución acorde con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el pacto obtenido en su día por las fuerzas mayoritarias.