Aquellos que por cuestiones de edad han vivido en primera persona cuatro décadas de democracia española, jamás han visto sendas ruedas de prensa con la dureza de las encabezadas por Díaz Ayuso y García Egea, sobre todo tratándose de compañeros de partido, pues se les ha oído hablar con una contundencia que ni siquiera se les ha visto con sus mayores adversarios, pero en cualquier caso es un episodio que tiene tres beneficiarios directos: el PSOE, que ante las divisiones del principal partido de la oposición, tiene la ocasión de perpetuarse en el gobierno al desviar la atención de su deplorable gestión. Por otro lado, VOX, que, ante el descontento del votante popular por tan funesto episodio, podrá seguir captando votantes del ala derecha del partido (liberal-conservadora) y en un tercer plano, Ciudadanos, al que todos daban hasta ahora por muerte pero que tiene la posibilidad de resurgir captando electores del ala izquierda del PP (progre y socioliberal). 

A pesar de que haya partidos que puedan beneficiarse del hundimiento del PP, hay un gran perjudicado que es España, ya que se dificulta la formación de una mayoría alternativa al Frente Popular que lidera Pedro Sánchez, para lo que sólo caben dos partidos: uno, en el centro-derecha y otro, en la derecha, de modo que habrá no pocos votantes del PP que opten por la abstención al no poder ser capitalizados por VOX, lo que dificultaría la suma aritmética. 

La Dirección del PP no ha tenido conocimiento de unos hechos sospechosos por parte de uno de sus cargos públicos y a raíz de ello ha decidido investigarlo sino que, por el contrario, ha decidido investigar a Ayuso en busca de trapos sucios con los que chantajearle para evitar que se presentase a la presidencia del PP de Madrid y nombrar a alguien afín a Génova que le  sustituyera porque hace sombra a Casado, lo que ha dado lugar a comportamientos mafiosos que no son nuevos en el partido de la gaviota, ya que en el pasado se han perpetrado contra Feijóo, Aguirre y Cifuentes, entre otros, pues el PP no es ya un partido que traicione a sus votantes sino a sus propios dirigentes. 

A Feijóo le sacaron la fotografía a bordo del yate de un conocido narcotraficante que en aquel momento era un contrabandista de tabaco mientras que él ostentaba la condición de alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia, una imagen que por muchas sospechas que levantase no afloró la comisión de ningún delito. Por otro lado, a Cifuentes le sacaron un vídeo de seis años atrás en el que hurtaba dos botes de crema en un supermercado a pesar de que la Ley de Protección de Datos obligaba a destruirlo un mes después y a Esperanza Aguirre, como no le encontraron ningún comportamiento corrupto o irregular, se limitaron a filtrar su Declaración de la Renta del único año en el que trabajó en la empresa privada el mismo día de cierre de campaña para que no pudiese hacer declaraciones con las que defenderse, de modo que si los comunistas de Carmena han gobernado una legislatura en Madrid ha sido gracias a Génova, pues no cabe duda de que influyó en que se quedase a 7000 votos y a un solo escaño de sumar mayoría absoluta con Ciudadanos. 

En sus respectivas declaraciones, Casado y García Egea se han puesto en evidencia al manifestar la comisión de comportamientos presuntamente delictivos por ellos mismos, ya que negaron haber contactado con una agencia de detectives para investigar a Ayuso cuando la misma tarde dicha agencia confirmó que el propio PP les contrató. Por otro lado, Casado reconoció en una entrevista concedida en la COPE que recibió una información con datos fiscales y bancarios (que son datos que obran en poder de Hacienda) y que su filtración es un delito castigado con penas de cárcel incluso por aquel que los recibe y los utiliza, de modo que por mucho que nieguen que las fuentes vengan del gobierno, en el mejor de los casos supone dar credibilidad a un gobierno que nos ha mentido en todo: del famoso Comité de Expertos fantasma al IVA de las mascarillas, por citar sólo dos ejemplos. Por último, el número dos del PP negó filtraciones a la prensa, extremo desmentido por Isabel San Sebastián, que reconoció que García Egea se reunió con una veintena de periodistas para hacer circular dossieres.

Es fácil demostrar si hubo ilegalidad alguna en el contrato sobre el que se pretende extender sospechas, que fue una adjudicación directa porque era un contrato de emergencia al tratarse de un contrato de suministro en plena pandemia de una empresa en la que su hermano no es un trabajador sino un comercial que suministra clientes a la empresa, algo que no hace a raíz de la pandemia sino que lleva haciendo 26 años, desde que Ayuso estaba en la universidad, no percibiendo una comisión por intermediación sino por la prestación de su trabajo, de modo que con los datos que por el momento se conocen, no se puede deducir que la presidenta autonómica haya intervenido en lugar de inhibirse y ante esta situación, muchos hemos visto con vergüenza la actuación inquisitorial de Casado, insinuando sin prueba alguna presuntas irregularidades. 

Lo más lamentable ha sido el desprestigio a la que la han sometido los jefes de su propio partido, diciendo que se lo debe todo al PP y que Casado la nombró cuando no la conocía nadie, aunque ella ha aportado mucho al PP, siendo incuestionable el efecto Ayuso que se ha dado en Madrid de muchos que jamás votaron a los populares pero que lo hicieron por primera vez al ser ella candidata, algo que no harían en unas generales por ser Casado el candidato. Por otro lado, si la han nombrado ha sido porque tenía cualidades personales para ser una buena candidata como ha demostrado, ya que, de haber elegido a una persona inútil movidos únicamente por criterios de amistad y cercanía personal, diría mucho en contra de quien la nombró pero, sobre todo, no se debe olvidar que en sólo dos años, con una gestión de la pandemia elogiada incluso por la prensa internacional (como Financial Times), ha revertido la situación electoral del PP de Madrid, que ha pasado del peor resultado a rozar la mayoría absoluta, dejando sin representación a un desleal Ciudadanos y frenando el crecimiento de VOX en un momento en el que estaba en ascenso, que sólo subió un escaño más, por medio de un adelanto electoral que fue iniciativa suya y que Casado le desaconsejó. 

Si en su momento dije que Zemmour podría unir a la derecha en Francia, hoy afirmo que la única persona que por encima de siglas puede hacer lo propio en España es Ayuso, capaz de reeditar el logro de Aznar en 1990 al unir bajo unas mismas bases un espacio que abarca de los más liberales a los más conservadores, de los que están más al centro a los que están más a la derecha, algo que también presentaría notables inconvenientes, pues la Historia es pendular y después de Aznar vino Rajoy, que sirviéndose del voto cautivo traicionó a todos y condenó a su partido a la escisión. 

Naturalmente, Ayuso presenta limitaciones que muchos no compartimos y que entran en contradicción con su discurso de “socialismo o libertad” como su negativa a acabar con las leyes de ideología de género que socavan derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad de enseñanza y la libertad de expresión, su rechazo al PIN parental de VOX, su intención (frustrada por VOX) de implantar el pasaporte Covid, su discurso políticamente correcto en materia de inmigración y su apoyo al aborto, aunque sin duda, es con diferencia, lo mejor que tiene el PP al ser el mayor dique de resistencia al sanchismo, aplicando el programa más liberal de España en un gobierno, a lo que se suma su valiente y desacomplejada batalla de las ideas contra la izquierda y su negativa a arrodillarse y aceptar imposiciones en sus pactos por parte de aquellos que van de la mano de los herederos de ETA, lo cual le convierte (aunque no tenga su preparación y su talla intelectual) en la nueva Esperanza Aguirre. 

Resulta cuanto menos paradójico que el mismo Casado que en estos días se ha erigido en paladín de la ejemplaridad (diciendo que hay que ir más allá de la legalidad), no quiera recordar para aplicarse las directrices que predica que fue absuelto de un máster bajo sospecha por medio de una sentencia que reconoce que recibió un trato de favor, algo que debería hacer extensivo a sus colaboradores más cercanos, pues Alberto Casero (mano derecha de García Egea), que ha saltado a la fama porque su incompetencia ha dado lugar a que se pierda una votación, está siendo investigado (lo que en el pasado se denominaba imputado) por la Justicia por prevaricación en la adjudicación de contratos a dedo, pero en lugar de poner la lupa sobre él, es protegido por Génova, donde es secretario de organización, es decir, el número cuatro del partido, porque los incompetentes ejercen el autoritarismo al carecer de autoridad, sin importar la limpieza sino la afinidad, valor que para ellos cotiza en alza.