El alcalde de Tomares y senador popular está siendo investigado por las adjudicaciones a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella.
El Ayuntamiento de Tomares se ha mostrado «satisfecho» porque la juez instructora del caso haya «atendido parcialmente su petición para declarar voluntariamente» y haya puesto fecha a la misma, reclamando no obstante la citada documentación.
Sus abogados solicitan en primer lugar el archivo de la causa y subsidiariamente la nulidad de las actuaciones y de proseguir la causa, que se les facilite copia íntegra de las actuaciones y de la Memoria razonada
No obstante, Sanz invoca las «garantías constitucionales» y muestra su confianza en que el juzgado le «facilite» antes de su comparecencia la memoria razonada y el resto de actuaciones.
El Tribunal Supremo había devuelto el caso al Juzgado de Instrucción número ocho porque aunque José Luis Sanz goza de la condición de aforado por su condición de senador, dado el estado de las actuaciones, procedía que la juez de instrucción tomase declaración al primer edil «si voluntariamente se prestase a ello».
Sanz tendrá que explicar las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la sociedad Guerra 21 y el «entramado empresarial» al que pertenecería la entidad, toda vez que la Fiscalía aprecia un posible delito continuado de prevaricación administrativa y ve «indicios» sobre el alcalde del municipio y senador popular por Andalucía.
Estas diligencias judiciales concretas se encuadran en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número ocho, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.
Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito.
En cualquier caso, en su escrito la Fiscalía pormenoriza quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, precisando que «un investigado es aforado», en relación a José Luis Sanz y su condición de senador. Dados los «indicios que pesan» sobre Sanz, al que la Fiscalía atribuye la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni «antecedentes administrativos», el Ministerio Público exponía que «debe procederse» conforme a lo reglamentado para este tipo de casos.
