Tras veranear en el bunker de la Mareta, rodeado de medidas de seguridad similares a las de Kim Yong-un, Pedro Sánchez tardó más de una semana en salir de su refugio mientras se quemaba media España, y no solo ha salido bronceado sino también quemado como consecuencia de su inacción ante estos graves acontecimientos. Para dorar su imagen, acudió a una TVE amiga, “mensaje preparado, propagandistas listos”, como ha comentado Roberto Benito, pero se encontró con una televisión no tan entregada como la de la época de Ferreras o Inchaurrondo. La presentadora del telediario-2, Pepa Bueno, le formuló preguntas pertinentes, algunas de ellas incómodas para el presidente, de las que se zafo saliéndose por la tangente o diciendo más de una mentira. Así, cuando la ex directora de ”El País” le agradeció su presencia tras tanto tiempo sin conceder entrevistas, Sánchez le contestó que siempre estaba a disposición de los periodistas y que para él era un placer responder a sus preguntas. Sin embargo, ha estado más de un año sin conceder entrevistas y en ellas solo contestaba a los periodistas cercanos y raramente respondía a lo que se le preguntaba. Bueno no quiso hacer sangre y, cuando Sánchez se encontraba en apuros, no insistía en la suerte. No hay muchos periodistas que, como Carlos Alsina, se atrevan a preguntarle con naturalidad “¿Por qué nos miente tanto?”. El presidente puso las cosas en su sitio cuando le contestó que él no mentía, sino que cambiaba de opinión. 

La entrevista -que fue seguida por un millón y medio de espectadores- se celebró tras el telediario de la noche, en “prime time”, y duró 48 minutos. Sánchez contestó mal que bien a las preguntas que le formuló la entrevistadora sobre las cuestiones políticas más importantes del momento y sobre los temas que afectaban a él y a su entorno.

1.-Corrupción

Cuando se le preguntó por los casos de corrupción en el Gobierno y en el PSOE  realizados por personas de su máxima confianza -como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo Garcia-, Sánchez puso cara de inocente ofendido y afirmó que “no tenía ninguna información objetiva de que podían estar cometiendo actos de corrupción”. ¿Puede alguien creer que un secretario general que controlaba férreamente su Gobierno y su partido no supiera nada de las actividades ilegales de los miembros de la “banda del Peugeot”, quienes, desde que se formó el Gobierno, abusaron de su posición y montaron un sistema de exacciones ilegales y de cobro de mordidas, a través de las concesiones de obras licitadas por el Ministerio de Transportes?

Sánchez estaba en el guindo, pero, en cuanto se enteraba de que se producían casos de corrupción, no tolero ni uno, respondió con contundencia, colaboró plenamente con la justicia e hizo propuestas de regeneración democrática. Cuando aparecía un mínimo atisbo de corrupción, actuaba implacablemente, porque su forma de hacer política era incompatible con cualquier tipo de corrupción. Había exigido a los infractores que entregaran sus actas de diputados y renunciaran a sus cargos, los cesó y los expulsó del PSOE. Sin embargo, nunca explicó por qué había destituido a Ábalos, al que incluyó en las listas para el Congreso y -tras ser elegido diputado por Valencia- lo nombró presidente de la Comisión de Interior. Fue tan contundente con él, que solo tardó 16 meses en expulsarlo del partido. Entonces, le ofreció -a cambio de que renunciara a su escaño- el pago de su defensa y un puesto bien remunerado.

Tras el cese de Ábalos como secretario de Organización del PSOE, nombró a su otro hombre de total confianza, Cerdán, que se convirtió en el dirigente más importante del partido, con plena capacidad de actuación aunque no desempeñara ningún cargo en el Gobierno. Hasta que no se hizo público el demoledor informe de la UCO, Sánchez mantuvo su confianza y puso la mano en el fuego por él. En cuanto a Koldo -pese a su paupérrimo currículo de portero de puticlub- lo situó en altos puestos en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes y le dio carta blanca para que actuara como plenipotenciario de Ábalos y diera instrucciones a altos cargos. 

Preguntado por si se consideraba responsable por su culpa “in eligendo”, el presidente contestó que los que había elegido traicionaron su confianza, pero que él ya había asumido su responsabilidad, pedido perdón y expulsado del partido a los corruptos, por lo que estaba limpio como una patena. Asimismo afirmó  que no se había producido en el PSOE financiación irregular, como probaban las auditorías internas y externas realizadas. La sospecha generalizada, no obstante, es que una parte de las mordidas conseguidas de las empresas adjudicatarias de Obras Públicas iba a parar al bolsillo de los defraudadores y sus acólitos, y otra parte se destinaba a la financiación del PSOE. Habrá que ver lo que indiquen los nuevos informes de la UCO.

2.-Críticas a la justicia

Inquirido sobre la imputación de su mujer y de su hermano, Sánchez contestó que eran dos personas honradas que sufrían injustamente la pena del telediario,  por lo que defendió su honestidad y su inocencia. Todo provenía “de denuncias falsas, de recortes de prensa y de organizaciones ultraderechistas”, que se presentaban en determinados juzgados para abrir causas contra sus familiares y perjudicarle a él. Había un problema de desempeño y de instrucción, que estaban pagando dos personas por pertenecer a su familia. Inquirido por Bueno sobre sí estimaba que había jueces que incumplían con su deber de hacer justicia, respondió que la inmensa mayoría de ellos cumplía con la ley, pero que había jueces que no la cumplían y hacían política, así como políticos que hacían justicia, lo que causaba un gran daño al Poder Judicial. Aunque no los mencionara, estaba acusando implícitamente de prevaricación a Ángel Hurtado, a Carlos Peinado y a Beatriz Biedma. Había pedido al CGPJ que reflexionara sobre cómo  defenderse ante procesos que eran claramente muy defectuosos, tanto en el fondo como en la forma, y a valorar si estas causas tenían los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecían todos los ciudadanos.

Estas afirmaciones estaban llenas de falacias. Las demandas no fueron presentadas solo por organizaciones ultraderechistas, sino también por entidades como el Consejo de la Abogacía de Madrid y, aunque hubieran sido presentadas por organizaciones de dudoso prestigio, lo importante no era quién demandaba, sino qué se denunciaba. El proceso contra la infanta Cristina e Ignacio Urdangarín se había iniciado por una demanda del pseudosindicato “Manos Limpias” y al PSOE le pareció muy bien.  No se trataba de “recortes de prensa”, sino de concienzudas y rigurosas investigaciones periodísticas que -como en el caso de los ERE- habían sido realizadas por diarios como “El Mundo”. Tampoco se trataba de denuncias falsas, sino de demandas que habían sido examinadas por distintos jueces y admitidas a trámite, al considerar éstos que había indicios de comisión de delitos. Begoña Gómez está procesada por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. David Sánchez lo estaba por los de prevaricación y tráfico de influencia. Las decisiones de los jueces instructores habían sido avaladas por instancias superiores y, en algunos casos, partes de estas decisiones no fueron aceptadas, como cuando el Tribunal Supremo rechazó la propuesta de Peinado de imputar al ministro Félix Bolaños. Como ha observado el magistrado del TS, José Luis Requero, no se trata de tres trabucaires arbitrarios, sino de jueces que -tras examinar y valorar las demandas presentadas- tomaron decisiones que fueron convalidadas por Tribunales superiores, por lo que la crítica de Sánchez no iba dirigida solo a unos jueces determinados, sino a todo el Poder Judicial. Para el presidente, cuando un juez decidía en un caso que afectaba a un político estaba haciendo política. En lo único que lleva razón es cuando dice que había políticos que hacían justicia, pues le bastaba con mirarse al espejo. Él, por sí y ante sí, decide que su mujer, su hermano y su  fiscal general son inocentes, y que Díaz Ayuso es culpable.

La mayoría de las Asociaciones de Jueces han reaccionado con indignación ante las descalificaciones de Sánchez. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha comentado que el presidente ve como las causas penales acorralan a su mujer, a su hermano y a personas de su máxima confianza, y hace declaraciones que atentan contra la independencia judicial. Para el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, los jueces en España cumplen la ley y trabajan con profesionalidad. “Si alguien cree que un juez actúa mal, hay cauces legales. Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia”. El presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha afirmado que es irresponsable lanzar el mensaje deslegitimador de que hay jueces que no son independientes. La única que se ha desmarcado de esta actitud ha sido la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia, cuyo portavoz -Edmundo Rodríguez- ha señalado que “resulta indudable la instrumentalización de ciertos procedimientos judiciales por razones partidistas”.

3.-Apoyo incondicional a fiscal general

Sánchez ha pontificado al afirmar, como si fuera el presidente del TS, que Álvaro García era inocente y que él siempre estaría del lado de los fiscales que luchaban contra la corrupción. Se trataba de la acusación por un delito de revelación de secretos que no se ha podido probar. Se refirió al voto particular del magistrado de la Sala de Apelación del TS Andrés Palomo, en el que afirmaba que no se podía abrir juicio a una persona sin pruebas, ya que la supuesta filtración no se había podido probar. Sin embargo, tres de los cuatro magistrados que se pronunciaron sobre la cuestión estimaron que había indicios suficientes para formular una acusación contra el fiscal general y sería en la vista oral cuando el TS decidiría si esos indicios constituían pruebas.

Personalmente, creo que García Ortiz ha cometido el delito, pero -con independencia de lo que decida el Tribunal-, la conducta del fiscal general es a todas luces reprobable. Fue considerado inidóneo por el CGPJ para el cargo, condenado por desviación de poder por el TS -que ha anulado varios de sus nombramientos por su nepotismo-, borrado todos los archivos de sus teléfonos -oficiales y privados-, que ha sustituido por otros, y rechazado declarar ante el instructor del caso. Está pendiente de comparecer en juicio y, pese a ello, se ha negado a dimitir, dando lugar al escándalo, único en un Estado democrático de que la máxima autoridad de la Fiscalía y principal defensor de la legalidad está a punto sentarse en el banquillo de los acusados. Aunque sea nombrado por el Gobierno, el fiscal general es independiente del mismo, si bien Sánchez lo defiende a ultranza como si fuera uno más de sus ministros.

4.-Prescindibilidad de los Presupuestos Generales del Estado

Según el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Sánchez ha ignorado olímpicamente esta obligación constitucional y lleva dos años sin presentar presupuestos y prorrogando los adoptados en 2023 por el anterior Parlamento. Bueno tiró un pellizco de monja al presidente al reproducir un vídeo en el que el entonces líder de la oposición exigía a Rajoy que aprobara los presupuestos y que, si no lo conseguía, tenía que someterse a una cuestión de confianza y, si la perdía, convocar elecciones. Podría haber recordado otra intervención aún más gráfica realizada en 2018 ante el Comité Federal del PSOE: “Un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina”. La entrevistadora le preguntó si seguía manteniendo esa tesis o había cambiado de opinión, y Sánchez contestó que la situación era diferente, porque él tenía unos presupuestos que le permitían hacer frente a la agenda social de su Gobierno progresista y vehicular todos los fondos europeos concedidos hasta 2026. “Los presupuestos son un instrumento, no un fin”, y el fin de su Gobierno era crear empleo y reducir la desigualdad. Iba a pelear al máximo para aprobar los presupuestos de 2026, pero, si no lo conseguía, prorrogará un año más los presupuestos de 2023, por lo que no habría problema para gobernar. 

Convocar elecciones anticipadas sería un lío tremendo que había que evitar, ya que meter al país en un proceso electoral supondría la parálisis del mismo y una pérdida de la gran oportunidad de seguir creciendo económica y socialmente. Estos cínicos comentarios revelan el carácter autocrático del presidente, cuya única prioridad es mantenerse en el poder. Presentar anualmente un anteproyecto de presupuesto general no es una decisión opcional del Gobierno, sino una obligación constitucional que Sánchez ha ignorado, al igual que ha hecho con otras disposiciones de la Constitución que le resultan incómodas. La adopción de los presupuestos generales es una obligación básica de un Gobierno y, en los países democráticos, si éste no consigue aprobarlos, la vía adecuada es ofrecer al pueblo soberano la posibilidad de expresar su opinión en unas elecciones. Mas “Spain is different” y cada día se aproxima más a Venezuela o a Cuba. Como ha comentado Arcadi Espada, Bueno reflejó la inmoral oquedad del presidente en asuntos clave, como la permanencia en su puesto de fiscal general del Estado o su negativa a someterse al mismo rasero parlamentario que exigió a Rajoy.

5.-Quita y Pon

Sánchez justificó  la mal llamada “quita” a la deuda de Cataluña con el Estado por los compromisos parlamentarios asumidos. Una mentirijilla más, porque se trata de compromisos extraparlamentarios con ERC, en contrapartida a su apoyo a la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Para hacer aceptable semejante trágala, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha dorado la píldora ofreciendo una generalización de la quita a todas las Comunidades Autónomas de régimen común, conforme a una ingeniería contable que sigue beneficiando a Cataluña, mediante una mutualización de la deuda. Según la Ley de Lavoisier, “en la naturaleza nada se crea ni se destruye, únicamente se transforma”. Aplicando esta Ley a la Economía, la deuda catalana no desaparece, sino que se transforma en deuda de Estado a pagar por todos los ciudadanos de la nación a escote. Veamos un ejemplo ilustrativo: Si Cataluña debe 1000 y la Comunidad de Madrid 200, se aplica la quita a toda España y los ciudadanos de las dos Comunidades tienen que pagar 600 por barba. Las consecuencias de este truco son que cada ciudadano de Cataluña deberá pagar €410  menos y uno de Madrid €456 más. ¡Viva la igualdad! Encima se quiere penalizar aún más a la Comunidad de Madrid por su denostado dumping fiscal, consistente en  bajar impuestos y aumentar ingresos.

El Gobierno ha aprobado una quita de €85.000 millones sin consultar a la institución competente -la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal-, a pesar de  que su presidenta, Cristina Herrero, advirtiera en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera que se debería adoptar otra fórmula e imponer condiciones a los más beneficiados para no premiar a los despilfarradores. Montero ha ignorado también los avisos de las principales agencias calificadoras – como Standard§Poor y Moody- de que la quita debilitará la solvencia de España a largo plazo y supone un riesgo moral al beneficiar a los menos austeros. Según Carlos Segovia, implica un perdón contable a los Gobiernos autonómicos, pero no a sus ciudadanos, ya que se pasa la carga de la mochila regional a la estatal. La jugada es política y resiste mal a un análisis financiero serio.

Como ha señalado el presidente de la Comunidad andaluza, Juan Manuel Moreno, lo que las Comunidades necesitan no es un alivio de la deuda, sino la adopción de un modelo de financiación más equitativo. Con su habitual tendencia a la demagogia, Montero se ha preguntado cómo era posible que las Comunidades gobernadas por el PP -como su Andalucía- se negaran a que se les redujera la deuda, pues, al dejar las Comunidades de pagar €6700 millones de intereses, podrían invertir esos ahorros en gasto social como sanidad, educación o política de vivienda. Esto es, sin embargo, otra falacia, porque -según el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera- el ahorro de  intereses producido por la reducción de la deuda de las Comunidades no puede ser empleado en aumentar su gasto. Como ha señalado la AIREF, el ahorro por no pagar intereses no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas. La condonación no es tal para los ciudadanos, que seguirán asumiendo la misma deuda, pero ahora directamente en el Estado y no a través de su Comunidad. En opinión de Segovia, la quita mejorará la foto contable de las Comunidades más endeudadas, como Cataluña, para que puedan salir a los mercados.

¿Quién en su sano juicio podrá negarse a esta benéfica quita? ha insistido Montero. Pues ella misma, que, en su época de consejera de Economía en la Junta de Andalucía se opuso a una decisión similar del entonces ministro Cristóbal Montoro. Asimismo se oponen -al menos por el momento- las Comunidades gobernadas por el PP, que no han caído en la trampa saducea tendida por el Gobierno para tapar las vergüenzas catalanas. Según la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, no van a negociar ninguna condonación de la deuda, porque la misma favorece exclusivamente a las Comunidades que se han endeudado excesivamente por haber hecho un gasto ineficaz del presupuesto. “Necesitamos un nuevo sistema de financiación autonómica y no uno que lo único que hace es seguir el dictado del independentismo catalán”.

El “Pon” que complementa la quita es la generosa oferta del Gobierno de una financiación singular a Cataluña, acordada con ERC, que le concede un régimen financiero similar a que disfrutan el País Vasco y Navarra. ERC presentará la próxima semana en el Congreso una proposición de ley sobre el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. Oriol Junqueras ha supeditado el apoyo de su partido a la adopción de los presupuestos generales a los avances que haga el Gobierno en una reforma del sistema de financiación que favorezca a Cataluña, ya que “no habrá negociación presupuestaria mientras no haya un buen modelo de financiación”.

Para equilibrar el enfrentamiento fratricida entre las dos partidos independentistas catalanes, cuyos votos necesita el Gobierno para sobrevivir, Sánchez mandó a Bruselas a Illa para que blanqueara políticamente a Puigdemont. En su comparecencia televisiva, el presidente avaló este lamentable encuentro institucional y bendijo la iniciativa de su representante en Cataluña, una decisión coherente con la política de normalización que Illa considera indispensable y acertada. Rafa Latorre se ha preguntado en calidad de qué iba a mendigar el president una prórroga en el poder con el líder mesiánico de la derecha independentista, si no como un mero recambio de Santos Cerdán, hoy de baja forzosa como negociador. Antes, los contactos con el prófugo se hacían con cierta discreción en Suiza o en Bélgica, bajo los auspicios de un fantasmagórico mediador de El Salvador. Ahora se hacen sin recato a plena luz del día a través de otro Salvador, que ha recibido con pompa y circunstancia al expresidente fugado en la delegación de Cataluña ante la UE, después de haber retirado las banderas de España y de la Unión que pudieran molestar al ilustre visitante. La cita no es un síntoma de la “normalidad” recuperada en Cataluña al haber logrado -como presumen Sánchez e Illa- que los independentistas catalanes se integren en la gobernabilidad de España, sino que ha ocurrido lo contrario, pues el Gobierno ha sido el que ha pedido perdón a los secesionistas y aceptado sus demandas. Jorge Bustos se ha preguntado si Illa triunfará donde fracasaron Cerdán y Zapatero. Dos de los mancebos más audaces del socialismo español habían acabado siendo deglutidos por el minotauro de Waterloo ¿Será Illa su postre? ¿Qué nuevas concesiones le serán ofrecidos para aplacar su irrefrenable tendencia a tumbar votaciones parlamentarias? La próxima víctima será el propio Sánchez, ya que Illa ha ido a concertar un encuentro en la cumbre, en la que se produzca la plena rehabilitación política del ex-Honorable. Debería realizarse en el Palacio de la Generalitat, pero ello no es posible porque aun hay jueces en Madrid.

6.-Extrema polarización

Podría comentar otros aspectos de la entrevista, como la vivienda, la política exterior, los incendios o el cambio climático, pero ello alargaría en demasía el artículo. Quiero finalizarlo destacando un tema que pone de manifiesto la hipocresía y el cinismo del presidente. Sánchez se sintió estadista e hizo un dramático llamamiento en relación con su inocua propuesta de Pacto de Estado sobre el Cambio Climático. “A todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto, sino que dejemos este asunto al margen de las disputas competenciales, territoriales y partidistas, que estemos a la altura de lo que las circunstancias exigen y nuestra ciudadanía necesita y merece”. Afirmó que la polarización en España era asimétrica y culpó de ella a la oposición. Apeló a todas las fuerzas políticas a que dejaran de lado un escenario de insultos, que era la consecuencia de algo previo, ya que la causa estaba en la falta de respeto y de consideración. Les instó a que defendieran sus ideas con convicción y vehemencia, pero con un mínimo de respeto. “Queremos unos mínimos de convivencia, de respeto y de destierro del insulto”, y señaló con desparpajo que la culpa era del otro. “Yo no insulto”, exclamó en una exaltación de autocomplacencia. 

Esto lo decía una persona que, en su primer cara a cara en TVE como líder de la oposición con el presidente Rajoy, lo llamó “indecente”, que ha descalificado a los políticos de la oposición y a los medios de comunicación que no le bailan el agua llamándoles “fascistas” -miembros de la “fachosfera”- y corruptos, que en su discurso inaugural como presidente del Gobierno afirmó que levantaría un muro para dejar fuera de la institucionalidad a la oposición, que ha afirmado que la peor tragedia de España sería que ganaran las elecciones la derecha y la ultraderecha, que ha negado la legitimidad a la alternancia en el poder, y que ha recurrido a menudo a la mentira e incluso a la calumnia. Así, en su entrevista “conciliadora” calumnió una vez más -como ya hizo en sede parlamentaria- a Isabel Díaz Ayuso, cuando -refiriéndose al supuesto fraude de Alberto González Amador- afirmó que se trataba de un caso de corrupción que afectaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su novio, pese a ser consciente de que, cuando se produjo el presunto fraude, los dos no eran pareja y Ayuso no tuvo absolutamente nada que ver con el caso ¿Quién polariza? ¿Qué credibilidad puede tener un mentiroso compulsivo cuya prioridad es mantenerse en el poder a cualquier coste? Nadie se puede llamar a engaño. Sánchez se ha presentado tal como es y ha puesto de manifiesto su falta de empatía con los ciudadanos, su menosprecio a la oposición y sus enfermizas ansias de poder, para lo que sacrifica cualquier cosa.