El 11 de octubre aparecieron esperanzadoras señales de que podría hallar solución el enconado conflicto de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), enquistado desde hace cuatro años por la falta de acuerdo entre el Gobierno -PSOE-y el principal partido de la oposición -PP-, necesario para alcanzar la mayoría de tres quintos requeridos por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuando inopinadamente Pedro Sánchez citó de urgencia a Alberto Núñez Feijóo, y en la entrevista se mostró propicio a buscar un una solución de compromiso. Titulé un artículo anterior “La situación del GPJ C podría desbloquearse en cinco minutos” y las circunstancias parecían darme la razón, pero el hálito de euforia ha sido de corta duración porque, 24 horas más tarde, Sánchez ha vuelto a las andadas y echado el freno de mano a su actitud constructiva, ya que ha cargado la responsabilidad para resolver el problema sobre las espaldas del PP, al afirmar durante la recepción en el Palacio Real con motivo del Día Nacional, que “yo creo que, tras cuatro años de bloqueo y la dimisión del presidente del CGPJ, el PP tiene que tomar una decisión”, y -para que no hubiera dudas sobre cuál debía ser ésta- señaló que “lo importante es subrayar la voluntad del Gobierno de España por que se cumpla la Constitución. Cuando el PP ha querido desbloquear la cosa, se resolvió en una tarde”, y añadió que la reforma que pretende ese partido “no va a ser”.

La elección de todos los miembros del CGPJ por las Cortes supone una lectura inadecuada del principio de separación de poderes establecido en la Constitución, porque permite un confuso maridaje del ejecutivo-legislativo con el judicial. Como ha observado Manuel Aragón, el gran retraso de cuatro años en la renovación del Consejo significa, sin duda, un incumplimiento de la Constitución, pero también resulta contrario a ella el sistema de reparto por cuotas políticas de la composición de ese órgano, “e incluso podría decirse que, entre esos dos males, es mayor el segundo, porque ha instalado en nuestra vida pública una imagen de politización del Poder Judicial absolutamente contraria a los principios que rigen nuestro Estado de Derecho”. No se trata solo de un justificado reproche político al inadmisible sistema de cuotas, sino un auténtico reproche jurídico “a un sistema que pervierte la base fundamental de nuestro Estado de Derecho: la independencia del Poder Judicial”.

Orígenes del conflicto

El origen del conflicto que está impidiendo la renovación del CGPJ se encuentra en la voluntad del PSOE de controlar todos los poderes del Estado, como puso de manifiesto Felipe González cuando modificó en 1985 la LOPJ de 1980, que establecía que los vocales del Consejo de procedencia judicial serían elegidos por los jueces y la sustituyó por la elección por las Cortes. A ello siguió el control absoluto del Gobierno sobre la Abogacía del Estado y la Fiscalía General -que han perdido su independencia y se han convertido en unos instrumentos más del Gobierno-, la tentativa de reducir el quorum para la elección de los miembros del CGPJ de tres quintos a simple mayoría, la prohibición a un Consejo en funciones de que haga nombramientos judiciales, la devolución de competencias al Consejo únicamente para la designación de miembros del Tribunal Constitucional (TC), y las amenazas y ultimatums al CGPJ y al PP.

Como ha observado Arcadi Espada, la izquierda cree que la Justicia debe ceñirse a las respectivas mayorías políticas, porque dejar el sistema de elección de sus miembros en manos de los jueces es arriesgarse a tener una Justicia conservadora, indemne a los cambios de las mayorías políticas. “Como los jueces son de derechas y machistas, la Justicia no puede ponerse en sus manos”. Jorge Bustos ha añadido que nadie que no sea político se explica por qué los políticos tienen que nombrar a los representantes de los jueces, pero así viene siendo desde que el PSOE concluyó que la Justicia era una cosa demasiado seria como para dejarla en manos de un díscolo estamento de individuos libres y bien formados. Introdujo una instancia de control partidista por la que el alcance de sus carreras quedaba sometida al dedo bipartidista. Desde entonces, ha seguido habiendo jueces ecuánimes, pero también otros políticamente incentivados, y no hay que mencionar nombres porque está feo señalar. A medida que crece ese incentivo cuando un Gobierno depende de partidos vocacionalmente peleados con la ley, “disminuye el número de héroes capaces de defender el interés general contra su interés particular”.

Según Bustos, el PP se está redimiendo de su larga complicidad con el pasteleo judicial al mantener la premisa reformista de la despolitización de la justicia, frente a la  desjudicialización de la política exigida por ERC y por Bildu, y consentida y avalada por el Gobierno en su mesa negociadora “de tú a tú” con Esquerra. Basándose en las tesis defendidas por el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia y la Unión Europea (UE), el PP se mostró dispuesto a elegir a los nuevos miembros del CGPJ, siempre que el Gobierno se comprometiera al mismo tiempo a cambiar el vigente sistema de elección y volver al establecido en la LOPJ de 1980.

La situación existente en España preocupaba tanto a la UE, que el 30 de septiembre envió a Madrid a su comisario de Justicia, Didier Reynders, para que tratara de mediar en el conflicto y facilitar una solución consensuada entre las partes. Reynders se entrevistó con el Gobierno, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, las asociaciones judiciales y los partidos políticos, y declaró al final de su estancia que “renovar es la prioridad, pero, – inmediatamente después- hay que comenzar con la reforma”. Y añadió una coletilla demoledora para Sánchez: “Lo mejor sería que la presidencia española de la Unión comenzarse con una reforma del sistema del CGPJ”. Con ella, el comisario daba la razón al PP y lanzaba un torpedo contra la línea de flotación del PSOE, al referirse a una fecha perentoria de 2023 en la que Sánchez se juega mucho, ya que cuenta con el protagonismo y la exposición pública que le dará el presidir la UE -amén del uso partidista de los fondos que generosamente ofrece- para tratar de cambiar las previsiones desfavorables que vaticinan los sondeos.

Dimisión de Carlos Lesmes

En medio del folletín del CGPJ, se produjo el 9 de octubre la dimisión de Lesmes como presidente el Consejo y del TS, con lo que se ha abierto una situación inédita en la historia del Poder Judicial. Lesmes ya había criticado por tercera vez en su discurso de apertura del año judicial la situación insostenible del CGPJ, y amenazado en privado con presentar su dimisión si no se resolvía el conflicto de forma inmediata. Durante sus últimos días en el puesto trató de conseguir que el Consejo nombrará a los dos magistrados del TC que le correspondían dentro del plazo que el Gobierno había fijado a modo de ultimátum, pero tanto los vocales conservadores como los progresistas se negaron a plegarse a la arbitrariedad gubernamental. A tales efectos, convocó un pleno extraordinario para el 13 de octubre -que no ha llegado a presidir, al haber dimitido-, en el que se ha planteado el problema adicional de quién debería ser en esos momentos su sustituto, tanto en el Consejo como en el TS.

Lesmes declaró que,” perdida toda esperanza de rectificación y ante el potente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no pude evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable”. Con todo mi respeto a Lesmes y a su positiva trayectoria en la presidencia de ambas instituciones, creo que su dimisión ha sido extemporánea. Como en el juego de las siete y media, uno corre el riego de pasarse o de no llegar. El presidente debería haber dimitido a raíz de su discurso, para presionar al Gobierno y a la oposición, o bien haber esperado hasta el desenlace del conflicto, pues -tras haber esperado cuatro años- podría haber seguido haciéndolo unos días más. Con su decisión, ha complicado aún más la situación, que ha alcanzado perfiles kafkianos.

No obstante, como “no hay mal que por bien no venga”, la dimisión de Lesmes ha producido efectos inmediatos, pues el Gobierno se ha dado cuenta de que semejante acto perjudicaba la imagen internacional de España -ya suficientemente desprestigiada por el propio Gobierno y sus aliados separatistas- , y ha abandonado -aunque solo sea por 24 horas- su política de ninguneo del PP y de reiterados ataques a su líder Feijóo. La dimisión -que ha pillado por sorpresa al Gobierno, porque creía que no se llegaría a producir- le ha sentado como un tiro, porque ha generado una crisis institucional con repercusiones internacionales. Ello le ha forzado a desandar el camino con el PP y a entablar con él una vía de diálogo de la que el presidente hasta ahora renegaba por considerarla estéril e innecesaria, pero que ahora estima fundamental. Sánchez convocó de urgencia a Feijóo en la Moncloa, donde mantuvieron una larga conversación, la primera desde el encuentro celebrado a raíz de la elección de aquél.

La decisión de Lesmes ha provocado asimismo daños colaterales al plantearse el problema de quien debería sucederle en los dos cargos que desempeñaba. Según un informe del Gabinete Técnico del CGPJ, debería hacerlo en ambos puestos el vicepresidente en funciones del TS, Francisco Marín Castán, pero semejante opinión no fue compartida por la mayoría de los vocales del Consejo, que estimó que el sucesor debería ser el miembro de mayor edad del Consejo, Rafael Mozo. El problema no es de fácil solución porque no se sabe con certeza qué es anterior, la gallina del CGPJ o el huevo del TS. El artículo 122-3 de la Constitución establece que el Consejo estará integrado por el presidente del TS y por veinte miembros. Esta disposición podría ser interpretada en el sentido de que el TS precede al CGPJ, pero el  párrafo 2 del citado artículo prevé que el Consejo -en cuanto órgano de gobierno del Poder Judicial- es competente para realizar nombramientos, incluido el del presidente del TS. Ello parece inclinar la balanza del lado de quienes mantienen que el CGPJ precede al Tribunal.

Hay el precedente de cuando Carlos Dívar dimitió en 2012 como presidente del CGPJ y del TS. Entonces, se rompió la unidad de cargo y se produjo una bicefalia, ya que fue sustituido en el primero por su vicepresidente, Fernando de Rosa, y en el segundo por el magistrado de Sala más antiguo, Juan Antonio Xiol. En el presente caso se ha seguido el precedente y, en su reunión del pasado día 13, los vocales del Consejo eligieron como presidente por amplia mayoría al miembro de más edad,  Mozo, y en el  el TS ha asumido la presidencia el vicepresidente en funciones, Marín.

Sensible a la posible acusación de inmovilismo, Sánchez -que es muy astuto y un maestro en el arte de la “resiliencia”- pareció dar un giro copernicano en su modo de proceder. Hasta el día 11, se sintió muy seguro en la firmeza y en la legalidad de su posición, y culpaba de la situación única y exclusivamente al PP por negarse a cumplir el mandato constitucional de que los miembros del CGPJ fueran renovados por las Cortes cada cinco años. Daba la impresión de que el ejecutivo y el legislativo no tuvieran responsabilidad alguna en el conflicto y que toda la culpa recayera sobre el principal partido de la oposición, que tenía fundados motivos para requerir que se cambiara el modelo elección de los vocales del Consejo, de conformidad con las recomendaciones de la UE y del Consejo de Europa, y de acuerdo con la práctica de los países democráticos de nuestro entorno.

Encuentro de Sánchez y Feijóo

Según ha informado la prensa, los resultados de la entrevista fueron muy prometedores. El PP condicionaba un acuerdo a que se realizara  de forma conjunta la renovación del CGPJ y del TC, se tuvieran en cuenta criterios de idoneidad y no de  afinidad ideológica para designación de los vocales del Consejo, y se requiriera una modificación de la LOPJ para que, en un plazo máximo de seis meses, el renovado CGPJ propusiera los cambios requeridos en la citada Ley. Había suavizado su posición de exigir que la elección de los vocales del Consejo se hiciera de forma simultánea con el inicio del proceso de reforma de la LOPJ, y se conformaba con el compromiso del Gobierno de modificarl. Para “El Mundo”, el PP ha logrado arrancar al Gobierno el compromiso de renovar a los vocales del CGPJ y del TC de forma conjunta y así evitar el atropello que el Ejecutivo quiso perpetrar para renovar unilateralmente los miembros del Constitucional, donde los socialistas buscaban asegurarse una mayoría favorable aprovechando la ausencia de un magistrado por enfermedad. El PP ha accedido a  renovar el Consejo conforme al modelo en vigor a cambio de recibir garantías del Gobierno de que el Consejo renovado presentará en un plazo de seis meses una propuesta de reforma del sistema de elección que cumpla con la despolitización reclamada por la UE. Está por ver que Sánchez acepte el cambio de modelo. 

En relación con esta fundamental cuestión, el presidente se ha mostrado de acuerdo en modificar la ley para mejorarla, pero sin cambiar el modelo de elección. El Gobierno quiere encontrar una fórmula salomónica de compromiso que sirva de punto intermedio entre las posturas de las dos partes. Según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, hay posibilidad real de llegar a un acuerdo. Sin embargo, el hallazgo de una posición intermedia resulta misión imposible, porque no se puede hacer la cuadratura del círculo. O los vocales judiciales son elegidos por las Cortes o lo son por los jueces.  Como reza el dicho español, “al vado o al puente”. Preguntado sobre lo que había conseguido en su reunión con Sánchez, Feijóo contestó que el hecho de que el presidente lo hubiera llamado para hablar sobre la renovación del CGPJ, que aceptara que eso no iba de nombres sino de requisitos de idoneidad, y que se pusieran de acuerdo sobre la necesidad de realizar una reforma de la Ley. 

El mismo sistema de urgencia al que se ha tenido que recurrir y el protagonismo asumido por Sánchez y Feijoo ponen de manifiesto la politización de la justicia y la continuada intromisión del poder ejecutivo -con la ayuda del legislativo- en el judicial. La Constitución trató de buscar un equilibrio entre los distintos poderes al prever que los vocales del CGPJ de origen judicial fueran elegidos por sus pares, y que los juristas de reconocida competencia lo fueran por las Cortes. El sistema de elección de éstos quedó establecido en la propia Constitución, mientras que el de aquéllos se remite a una futura LOPJ. La que adoptó el Gobierno en 1980 preveía la elección de los jueces por los jueces, pero en la modificación introducida en 1985, el Gobierno del PSOE se apartó del espíritu de la Carta Magna, al permitir la intromisión del poder legislativo en la elección de los miembros del poder judicial. En la consolidación de esta malhadada interferencia tuvo especial responsabilidad el TC, que -pese a ser consciente de que las Cámaras designarían a los vocales en función del reparto de las fuerzas parlamentarias- convalidó la reforma en su sentencia 108/1976, si bien dejó constancia de su mala conciencia, al aconsejar que convenía mantener el Poder Judicial al margen de la lucha partidaria. Y yendo de refranes, “consejos vendo, que para mí no tengo”. EL TC debería haber frenado la politización de la justicia, pero hizo (in)justamente lo contrario. “!Cada palo que aguante su vela!”.

El artículo 122-3 de la Constitución establece que los ocho juristas de reconocida competencia serían elegidos a medias por el Congreso y por el Senado, pero, de los doce vocales de origen judicial, no estableció su sistema de elección y lo remitió a lo que establezca una posterior LOPJ, y la Ley modificada en 1985 optó por que dichos vocales fueran asimismo elegidos a propuesta de las Cortes. Sin embargo, ni el Congreso ni el Senado han tomado iniciativa alguna para tratar de resolver el conflicto y han sido el presidente del Gobierno y el líder de la oposición quienes han intervenido en un intento de desbloquear la situación. Como ha observado Juan Manuel Maza en “Libertad Digital”, el mero hecho de que Feijóo acudiera a La Moncloa suponía una ofensa a la independencia judicial y una afrenta a quienes la defienden.

En uno de sus habituales cambios de humor, Sánchez ha vuelto a su cómoda postura de culpabilizar al PP y a Feijóo de la muerte de Manolete, al preguntarle de forma insolente si quería cumplir el pacto constitucional de 1978 o seguir la agenda de Casado. ”Nosotros –le dijo- llegamos a un acuerdo con la anterior dirección del PP donde dijimos que, si fuera necesario, nos abriríamos a mejorar el proceso de elección, pero las propuestas del PP en el Congreso han sido rechazadas por una mayoría parlamentaría y eso no va a cambiar” ¿Acaso el PSOE no forma parte de esa mayoría o el legislativo es un poder independiente del ejecutivo? Sánchez añadió que Feijóo sabía perfectamente que su propuesta era inaceptable, pero el principal negociador del Gobierno, Félix Bolaños, ha afirmado que la negociación progresaba adecuadamente.

Se muestra muy optimista y sus razones tendrá, aunque yo no las vea. Para llegar a un acuerdo ante la disparidad de las posiciones, alguien tendrá que ceder y espero que no sea el PP, que ya ha cedido bastante.

Veo sumamente difícil que se llegue a un acuerdo, salvo que Sánchez cambie una vez más de posición, como hizo al día siguiente -aunque en sentido contrario,- al cuestionar a Feijoo como hombre de Estado por negarse a pactar el desbloqueo de la renovación del CGPJ e incumplir, por consiguiente, la Constitución. Pero no se trata solo del presidente, sino que también la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha echado su cuarto a espadas, al afirmar que la petición del PP de reformar la ley de nombramientos era un pretexto para no proceder a la renovación del Consejo. “Zapatera a tus zapatos”, por muy magistrada que seas.  Feijóo le ha replicado que se equivocaba en su juicio, pero que no quería decir nada que pudiera perjudicar la negociación. Ha reiterado la exigencia de que conste por escrito el compromiso del Gobierno de que ésta sería la última vez que se utilizaría el vigente sistema de elección, y que se concedería más peso a los jueces en la elección de los vocales del Consejo. No sé por qué insiste tanto en la constancia por escrito, dado que es de sobra conocido la absoluta falta de respeto de Sánchez a sus compromisos. Si incumple la Constitución, con mayor motivo  incumplirá una promesa menor, ya conste en un pagaré o en un tratado internacional. Lo que debe procurar Feijóo es que Sánchez asuma sus compromisos con la Comisión Europea, que es la única capaz de forzarlo a que los cumpla, por la cuenta que le trae.

Más importancia tiene el compromiso asumido por el propio Feijóo de que, si accede al Gobierno, propondrá la modificación de la ley para que los jueces elijan en el futuro al menos a la mitad de los vocales del CGPJ. Ha dicho que era un compromiso no solo  electoral, sino también personal. Creo que esta segunda cualificación es irrelevante y no debería Feijóo seguir la errónea senda marcada por Sánchez, quien en su carta a su colega el rey de Marruecos se comprometió personalmente a garantizar el cumplimiento por España de las promesas que le hacía. Confío en que en esta ocasión el PP cumpla con sus compromisos, sean electorales o personales. Pese a la incertidumbre sobre el cumplimiento de una posible promesa por parte del Gobierno español, el PP debería mantenerse firme en su exigencia de cambio del sistema de elección y resistir a las presiones que se le hagan, porque lleva razón y está apoyado por las instituciones internacionales, especialmente por la UE. El tiempo en este caso corre en contra de Sánchez a medida que se acerca el momento de asumir la presidencia temporal de la Unión, sí ésta mantiene su exigencia de que el Gobierno realice el cambio de modelo antes del inicio de la presidencia española.

Según el proverbio inglés; “where there is a will, there is a way” –“donde hay voluntad, hay un camino”-. El problema es que Sánchez no tiene voluntad para encontrar una solución al conflicto que sea satisfactoria para todos: Gobierno, oposición y UE, quien ha puesto como tarea al presidente que demuestre que es posible cumplir con sus recomendaciones antes de que asuma la presidencia de turno de la Unión. “Sería un buen ejemplo, por tanto, que los cambios en el modelo judicial se aprobasen antes de julio de 2023”. Todo dependerá de la intensidad de las presiones que la Comisión Europea ejerza sobre él. Si tuviera voluntad política, el conflicto se resolvería en cinco minutos. Sánchez dará una respuesta, no en función de los intereses generales de España, sino de su interés particular, que consiste ante todo en mantenerse aferrado como sea al poder.