Profesores de religión de centros públicos de Andalucía junto a los de otras comunidades autónomas confían en que el nuevo escenario político respete el actual estatuto jurídico y que se abrace la línea reformista y no rupturista para poder seguir «conviviendo en la diversidad»

Desde el colectivo de docentes, que recientemente han celebrado su asamblea anual en Segovia, el nuevo Gobierno debe respetar el actual estatuto jurídico de las enseñanzas de Religión y de su profesorado, un marco legal que tiene «raíces profundas» y que se asienta en el Estado de Derecho, confirmado por la última sentencia del Tribunal Constitucional.

Además, han reclamado que se siga una línea de reformas y no de ruptura para poder seguir conviviendo «en la diversidad y en el respeto» a uno de los «valores fundamentales» de la cultura española y de la humanidad como es la Religión Católica y las otras «confesiones religiosas de la sociedad plural actual».

«Las autonomías son Estado y, por tanto, no pueden actuar en contra los acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango internacional», recuerdan desde la asociación. Además, han puntualizado que el primer pacto educativo en toda la historia de la educación española se acordó por la mayoría de las fuerzas políticas, se firmó en 1978 y recoge el pacto escolar sobre las enseñanzas de la Religión que se refleja en los artículos 16 y 27 de la Constitución Española.

Desde la asociación han propuesto la mejora en la aplicación de dicho pacto respetando derechos constitucionales, el Acuerdo Iglesia-Estado sobre enseñanza, los convenios entre el Gobierno y otras confesiones religiosas y el estudio de la religión para entender la sociedad «sin radicalismos ideológicos» que, a su juicio, «rompen la convivencia y los puentes para el dialogo entre creyentes y no creyentes» y para que todos apoyen una «laicidad incluyente y positiva», como la que predomina en los Estados modernos.

El presente y el futuro de las enseñanzas de religión Confesional y de su Profesorado, continúa el comunicado, ha conducido a la defensa judicial de las horas de Religión en Andalucía, que deben completarse con otras actividades educativas cuya habilitación corresponde a la Administración Pública.