El llamado “Tribunal Constitucional” ha terminado de perpetrar la fechoría. Los mandamases socialistas que organizaron una red de saqueo de dinero público en Andalucía destinado a cursos de formación para desempleados ya están en la calle. Recuerden el contexto: estamos, entre escándalo y escándalo, en una época de impunidad desvergonzada protagonizada por el Régimen pesoístico. En este caso concreto, los socialistas se pulieron casi 680 millones de euros (que se hayan podido demostrar porque algunos suben la cantidad malversada hasta los 1000 millones). Gran parte de este dineral se dedicó a beneficiar a amiguetes y cuñados, todos ellos muy buenas personas y amigos de sus amigos. Otra parte fue para pagar orgías de sexo y drogas, las cuales resultan muy progresistas si sus beneficiarios son de los que alzan el puño cuando están a gustito. Los implicados en el asunto y beneficiados por la amnistía encubierta, en vez de retirarse prudentemente de la escena dando gracias por lo bajini a sus compinches, ahora salen a los medios muy chulitos y ufanos quejándose de lo que llevan sufrido. Pobrecillos. Y encima advierten que tendrán derecho a una indemnización, con lo que nos volverán a meter la mano en el bolsillo estos vampiros de “lo público”.

La excusa que ha usado este malhadado órgano parajudicial para abrir la trena a los chorizos convictos es que los tribunales -los verdaderos tribunales- han conculcado el “derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia” de los condenados por los delitos de prevaricación y de malversación. Una razón verdaderamente increíble, ya que los mencionados delitos fueron apreciados en sentencias firmes en una serie de casos, tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como por el Tribunal Supremo, siguiendo el criterio, además, de la Fiscalía. Esta ahora corrige su propia doctrina agarrándose a la pintoresca afirmación de que se ha vulnerado el artículo 25.1 de la Constitución, como si los jueces -insisto, los verdaderos jueces- hubieran aplicado los delitos de malversación y prevaricación de forma indebida, por torpeza o mala fe. Recordemos que, en España, el privilegio de “interpretar” el sentido de la Ley es exclusiva del Tribunal Supremo cuando sienta su doctrina reiterada en la jurisprudencia. Ahora, ese órgano putrefacto al servicio del poder “ampara” a delincuentes condenados permitiéndose la reinterpretación interesada de que los referidos delitos no son aplicables a los acusados. No son aplicables y punto.

En España, el recurso de amparo se concede a un número ínfimo de solicitantes. Y es lógico, ya que no se trata de ninguna revisión de los casos juzgados, ni de ninguna casación. La aplicación supone un funcionamiento muy anormal de la administración de justicia, pues exige la vulneración de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna. En teoría, puede ocurrir, pero es extremadamente infrecuente. Sin embargo, los socialistas y sus amigos, casualmente, han sido agraciados con una serie de “sentencias” que prácticamente desautorizan el sistema judicial español, como si este estuviera compuesto por un conjunto de inútiles carentes de técnica legal. Todo ello en nombre de esa misma Constitución que llevan apuñalando desde hace décadas. Es todo tan nauseabundo…

Muchos advirtieron del indigno espectáculo que se podría producir si se les daba a los dos partidos hegemónicos la potestad de nombrar a dedo a “magistrados” que son verdaderos hooligans y activistas políticos. Justo lo contrario de lo que decía el artículo 117 de la Constitución. Pero los medios lacayos siguieron alertando del peligro de la ultraderecha y tomándose el asunto como cosa menor. 

Busque el lector interesado en internet la composición del TC y comprobará cómo sus miembros tienen la etiqueta de “progresista” y “conservador” ya adjudicada de antemano, según a quién deban agradecer su nombramiento. Lo peor es que ese nombramiento ya predetermina el sentido de sus resoluciones, que casualmente siempre se ajustan a lo que quiere la voz de su amo. En el caso de Chaves, alguno de los que han votado su exoneración es amigo personal suyo. ¿No tendría que haber tenido ese señor un poco de vergüenza para al menos haberse abstenido? Realmente, esto es peor que una república bananera: es el paraíso del político (progresista) y el infierno para el ciudadano de bien. El máximo beneficiario del sistema es siempre el PSOE, ya que el PP participa, pero apenas obtiene ventajas. Desde luego, parece poco inteligente tomar parte en determinados chanchullos para quedarte fuera del botín, pero no seré yo quien le anime a hacerlo. Algunos son más tontos que malos. Otros a la inversa. 

Si añadimos a este panorama los indultos y amnistías ya consumadas para políticos afines, la ajetreada vida de la esposa y el hermanísimo del César, las rebajas del Código Penal para delitos a los que los progres son muy propensos y las medidas que se anuncian desde Moncloa para frenar el “lawfare” judicial bien podremos asegurar que en España la justicia es un cachondeo. 

Pero recuerden, los problemas nacionales son los bulos de los pseudo-medios y las celebraciones de la selección de fútbol. ¡Cuánto fango!