El último informe del interventor municipal destaca que se supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería

Tras más de un año del incumplimiento del límite de 30 días para pagar a proveedores y con planes de tesorería realizados por la intervención incumplidos, “la Junta podría en los próximos días intervenir algunas competencias financieras del Ayuntamiento”, según el concejal Julián Moreno. Esto se podría traducir en reducción de gastos previstos o el aumento de tasas municipales, así como otras medidas de gestión de cobros y de pagos.

En un nuevo informe del interventor municipal, fechado el 26 de marzo de 2018 se recoge que “el periodo medio de pago global a proveedores del mes de febrero de toda la Corporación ha ascendido a 63,51 días, y teniendo en cuenta que en el mes de enero el citado periodo ascendía a 65,55 días, por esta Intervención se detecta que se supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012” de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria.

“Es la enésima vez que el interventor municipal alerta de los graves problemas que la mala gestión municipal puede acarrear a la ciudad. Ahora mismo nos enfrentamos a una posible ‘intervención’ de las cuentas por parta de la Junta de Andalucía”, ha reconocido Moreno, también diputado provincial de Participa Sevilla, que desde hace meses alerta de los graves peligros que la ciudad puede acarrear por los incumplimientos reiterativos de límite máximo de 30 días para el pago a proveedores por parte del Gobierno de Espadas.

Ante este incumplimiento reiterativo de la legislación y de las alertas del interventor y, según recoge el artículo 18.5 de la ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, la Junta de Andalucía “podrá establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la Corporación Local deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores”. Además, la Junta “deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.

“Por la mala gestión de Espadas y su equipo, se pondrían en riesgo numerosas medidas y actuaciones que las vecinas y los vecinos están esperando”, según Moreno, que ha recordado que no se trata de un problema de falta de liquidez o de presupuestos, sino “pura y dura mala gestión”.

De no volver a la senda de los 30 días en el pago a proveedores, se podría provocar la intervención de las arcas locales por parte del Ministerio de Hacienda y retener incluso los ingresos que el Estado transfiere mensualmente a los municipios (PIE) y que suponen una de las piezas claves de la financiación local.

Por último, Moreno ha recordado que la mala gestión de los pagos a proveedores ya ha costado muy caro a la ciudad. “Recientemente presentamos una auditoría del Plan de Pago a Proveedores por la que habíamos regalado a grandes bancos más de 8,2 millones de euros desde 2012”, ha recordado Moreno, que ha insistido en que esta situación se produjo por orden del ministro Montoro al incluirnos obligatoriamente en una línea de financiación que beneficiaba a las entidades financieras en vez de a la ciudadanía.