Eminencia Reverendísima Juan José Omella
Cardenal-Arzobispo de Barcelona
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
MADRID

Estimado Sr. Presidente:

Hace algo más de un año, exactamente el 6 de marzo de 2020, le envié una carta para felicitarle cordialmente por su elección a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Le expresaba sinceramente mi preocupación por algunas de sus actitudes en relación con el proceso independentista de Cataluña y concluía mi misiva señalando que, en cualquier caso, le daba el beneficio de la duda y quedaba a la espera de ver cómo actuaba Vd. en su puesto de máximo dirigente de la Iglesia española.

Ahora, me ha sorprendido desagradablemente el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Tarraconense –de la que Vd. es vicepresidente- en favor de la concesión de indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación cometidos en 2017. En su declaración de ayer han destacado Vds el valor evangélico del perdón, pero, a fin de que se den las condiciones para el ejercicio del mismo, se requieren diversos requisitos, el principal de los cuales es el arrepentimiento del pecado -como se pone de manifiesto en la parábola del hijo pródigo-, condición que no se da en modo alguno en el caso de los presuntos beneficiarios del perdón.

La Iglesia ha cambiado últimamente en muchos aspectos de forma considerable y no sé si el cambio ha afectado también al sacramento de la confesión. Recuerdo de mis años mozos cuando me iniciaba en el aprendizaje de la religión católica, que el catecismo del Padre Ripalda requería para recibir el perdón por medio de la confesión el cumplimiento de las siguientes condiciones: hacer examen de conciencia, tener dolor de corazón y propósito de la enmienda, confesar los pecados al confesor, y cumplir la penitencia.

Es evidente que existe un paralelismo entre el plano moral y el político, entre la absolución del pecado y el indulto del delito, especialmente cuando –como en este caso- se trata del pronunciamiento de los Obispos de Cataluña, que se supone deben orientar espiritualmente a sus fieles. Si examinamos –“mutatis mutandis”- la conducta de las personas receptoras de la posible gracia del perdón a través del indulto, encontramos con que no han cumplido ni uno solo de estos requisitos.

¿Han hecho examen de conciencia? Más bien poco, porque están firmemente convencidos de que no han hecho nada incorrecto. ¿Qué hay de malo en sacar las urnas a la calle para que el pueblo catalán pueda expresar su voluntad sobre el futuro de Cataluña? El problema es que Cataluña no es una isla aislada en medio del océano, sino que, desde hace siglos, forma parte integrante de una entidad política denominada España, en la que los catalanes conviven con millones de ciudadanos que también son españoles y tienen algo que decir sobre el futuro de la Nación. Los políticos nacionalistas mantienen, sin embargo, que sólo los catalanes tienen “derecho a decidir” y son, por tanto, los únicos que estarían llamados a pronunciarse en una eventual consulta. Pero, entre los catalanes, hay unos que están a favor de la independencia y otros en contra. ¿Tiene acaso el Gobierno de la Generalitat en cuenta la voluntad de estos últimos? No lo parece, dado que en la llamada “Mesa del Diálogo” sólo participan las autoridades nacionalistas partidarias de la independencia y los representantes del Gobierno frente-populista de la Nación, que se muestran dispuestos a acceder a las demandas de los independentistas. Me permito recordarle que Vd. y sus colegas en el episcopado son los pastores de las ovejas de la región y si -como se indica en el Evangelio- el Buen Pastor cuida de hasta la última de sus ovejas, no puede éste abandonar a la mayoría de ellas y excluirlas del redil. Vd es además el presidente de la Conferencia Episcopal Española, por lo que tiene asimismo la responsabilidad de velar por los intereses de todos los católicos españoles.

¿Cómo van a tener los políticos catalanes dolor de corazón por su conducta si estiman que no han hecho más que cumplir con su deber, de conformidad con el mandato recibido del pueblo catalán? Parece ser que -a juicio de la Conferencia Episcopal Tarraconense- los líderes condenados no han cometido infracción alguna al violar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes nacionales y autonómicas, al incumplir sistemáticamente las sentencias de los tribunales nacionales y regionales, al derogar la Constitución mediante una ley autonómica de rango inferinor, al silenciar a la oposición en el Parlament y no permitirle participar en los debates, al impedir por la fuerza el cumplimiento de órdenes judiciales, al decidir la desintegración de España o al declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

Si no hay “dolor de corazón”, difícilmente podrá haber “propósito de la enmienda”. Pese a que la Ley de 1870 reguladora del indulto requiera para la concesión la existencia de “pruebas o indicios de su arrepentimiento”, no ha existido ni una sola. Antes al contrario, los condenados se han jactado en sede judicial y en declaraciones públicas de que “lo volverán a hacer”. Como señaló en su día el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás –asesinado por los terrorista de ETA-, “si el arrepentimiento consta, puede concederse el indulto; si no, no”.

Los políticos condenados no sólo no han confesado sus pecados-delitos al Tribunal Supremo que los juzgó, sino que se vanagloriaron de ellos de forma provocadora. Las defensas mantuvieron que el juicio no era más que un montaje del Ministerio Fiscal, que acusaban a sus defendidos por actos políticos realizados en el ejercicio de sus funciones gubernamentales o parlamentarias. Los acusados pronunciaron discursos políticos durante el juicio, adoptaron una actitud insolente, y no cesaron de verter injurias e insultos contra el Tribunal Supremo y de desacreditar a la Justicia española ante la opinión pública internacional.

El quinto requisito ha sido el único en haber sido parcialmente cumplido por los condenados, muy a pesar suyo, pero en condiciones privilegiadas merced a la descarada arbitrariedad de las autoridades penitenciarias de la Generalitat, que les ha dado tratamiento VIP y, con la concesión de los indultos, se soslayará este último obstáculo y los condenados irredentos podrán continuar abiertamente con sus intentos de destruir la unidad y la integridad territorial de España.

Han dicho Vds. que “el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley”. No sé si necesitará de algo más, pero sí sé que requerirá algo que no sea menos que la aplicación y el cumplimiento de la ley, porque -como Vd. bien sabe- sin ley no puede haber democracia.

Han afirmado Vds asimismo que “avanzar teniendo sentimientos de misericordia y de perdón sinceros, respetando la justicia, ayudará a que los acuerdos que todos esperamos se logren pronto”. El problema radica en que la concesión de indultos a unas personas que no se han arrepentido de sus delitos, y que están determinados a volverlos a cometer, no supone el respeto de la justicia. Según Aristóteles, la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, y para Ulpiano es “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. Pues bien, lo que corresponde a unos delincuentes que han cometido graves delitos que -como ha señalado la Fiscalía del Tribunal Supremo- ha consistido en “un deliberado y planificado ataque al núcleo esencial d, representado por la Constitución, la soberanía nacional, la unidad territorial y el respeto a las leyes, como principios vertebradores del Estado”, es una elevada condena, y demasiado benévolo ha sido el Tribunal Supremo que les ha condenado por sedición, cuando –en mi opinión y la de muchos otros juristas- cometieron un flagrante delito de rebelión. El indulto tiene un carácter excepcional que sólo se justifica cuando concurran circunstancias muy especiales de justicia y equidad, “que –s juicio de la Fiscalía- “aquí no se aprecian, y que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política”. Según el adagio latino, “ex iniuría nec oritur ius” -de la injusticia no nace el derecho-, pero tampoco puede nacer la concordia.

Han destacado Vds la fuerza que tienen las medidas de gracia y el diálogo en todas las situaciones de “conflicto” –aquí siguen Vds la terminología de los independentistas que sostienen la existencia de un conflicto entre Cataluña y España, que no es tal- . También recomiendan Vds, acertadamente, que hay que promover siempre el citado diálogo “como vía efectiva que dé respuesta a la esperanza de resolver las divisiones” y que, para ello, es preciso que éste sea serio, capaz y abierto, y suponga “renunciar a las propias exigencias para encontrarse en el camino con las renuncias del otro”.

El diálogo es –a juicio del profesor Antonio Elorza- un intercambio de opiniones entre dos partes para tratar de superar unas discrepancias, y no cabe hablar de tal si una de ellas adopta una actitud inamovible y procura imponer su posición a la otra, cual es el caso de los independentistas, que no renuncias al inexistente derecho de autodeterminación y a la concesión de una amnistía que está prohibida por la Constitución. La profesora Teresa Freixes se ha preguntado si se puede dialogar con quienes quieren separar en vez de unir y defienden que sólo aplicarán las leyes que consideren justas, o si se puede llegar a acuerdos con quienes desprecian los procedimientos legales y quieren imponer los que les parezcan adecuados, sin respetar las garantías propias de una toma de decisión democrática, que no puede ser otra que la preestablecida por la ley ¿Es legítimo pactar con quienes desnaturalizan las instituciones jurídicas tergiversando los conceptos y pretendiendo hacer creer a los ciudadanos que sería legal el ejercicio del mal llamado derecho a decidir, que encubre el derecho de autodeterminación? Lo peor del caso es que entre los engañados por estos argumentos falaces se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el que fue ex-Fiscal General con Felipe González, Eligio Hernández, el llamamiento al diálogo y a la concordia es una pura y simple operación de propaganda de Sánchez, que –aunque no crea en el diálogo- lo mantiene para permanecer a toda costa en la Moncloa. No se puede dialogar sobre el futuro de Cataluña y de España sin contar con la mitad de los catalanes que no son separatistas, ni con el 62% de los españoles que no están de acuerdo con la decisión del Gobierno de conceder unos indultos injustos e injustificados, que además han sido rechazados por los propios beneficiarios, que exigen la amnistía.

El perdón es una gran cosa y todos deberíamos estar dispuestos a concederlo, pero siempre que se cumplan unos requisitos mínimos por parte de los que aspiren a ser perdonados, especialmente los del arrepentimiento del culpable y el propósito de no volver a delinquir. Yo soy hijo de juez y crecí en un ambiente de respeto al derecho, por lo que no tolero la injusticia. Si mañana los condenados dieran muestras de dolor de corazón y se desdijeran de sus actos delictivos –aunque fueran insinceros o poco sinceros- sería el primero en cambiar de actitud y apoyar los indultos, y tengo la convicción de que los españoles opuestos a su concesión actuarían de forma similar. Lo que no se puede tolerar es que los culpables de tan graves delitos se refocilen en el incumplimiento de la ley y encima se burlen de los demás españoles que la cumplen, en un acto de intolerable de supremacismo, porque nadie está por encima de la ley.

Como buen latinista, probablemente conocerá Vd. la filípica que le dedicó Marco Tulio Cicerón a Marco Antonio en el Senado romano: “¿Qué hay más vil que quien habiendo atentado contra la soberanía del pueblo romanos, y después de haber sido condenado en un juicio, vuelve a realizar el mismo alzamiento por el que fue condenado?”

Reciba, Sr. Presidente, un cordial y respetuoso saludo de su hermano en Cristo

José Antonio de Yturriaga Barberán
Embajador de España