La II República, un sistema despótico y convulso.

La II República (1931-1936) no fue un régimen modélico y avanzado como tantas veces se pretende, sino un sistema convulso, que soportó desde el principio una violencia política considerable, y finalmente insoportable. Del desorden imperante dan idea los 21 estados de excepción, 23 estados de alarma y 18 estados de guerra producidos en cinco años. Aunque el régimen republicano llegó ganando espacios de libertad de la mano de figuras liberales moderadas, pronto fue desbordado por republicanos anticlericales de inspiración jacobina, socialistas revolucionarios, anarquistas, separatistas y finalmente comunistas, que pretendían, en todos los casos, la expulsión de la vida política de los considerados no republicanos y/o conservadores, y en el caso de las organizaciones “proletarias”, usar la “república burguesa” como trampolín hacia la revolución socialista. Sirva como ejemplo de lo primero, las presiones golpistas de Azaña sobre el presidente Alcalá para anular las elecciones ganadas por el centro-derecha del 33, por no ser los ganadores esencialmente republicanos, y como ejemplo obrerista, la revolución armada de 1934 organizada por el PSOE de Prieto y Largo, que pretendía claramente convertirse en un régimen sovietizante, claro precedente de la revolución que sobrevino a partir de julio de 1936.

La coacción política, la falta de respeto al orden y en general a los usos democráticos, vinieron de dos fuentes, que a veces confluyeron : unas veces desde los gobiernos, siempre de signo izquierdista (el centro derecha cumplió escrupulosamente la ley), con medidas arbitrarias o antidemocráticas, y otras, desde la calle, en forma de violencia, como atentados, agresiones políticas, insurrecciones, huelgas violentas, saqueos, atentados contra la propiedad, ataques con pistolas, quemas de iglesias, destrozos del Patrimonio, asaltos a instituciones o actividades religiosas, etc.; una violencia provocada siempre por organizaciones revolucionarias, a veces toleradas o apoyadas por dichos gobiernos, y sólo muy al final del periodo respondida por una minoritaria Falange. En general, los muertos de la izquierda vinieron de sus enfrentamientos con las fuerzas del orden.

La violencia callejera

Los dos momentos culmen de esa violencia callejera insoportable fueron: por un lado, como se dijo, la Revolución sovietizante y separatista (PSOE y ERC) de octubre de 1934 contra el gobierno legítimo de la República, que produjo 2000 muertos, y por otro, la Primavera Trágica de 1936, en la que murieron asesinadas alrededor de 400 personas en 150 días. 

Ya antes de la llegada del nuevo régimen, sus partidarios provocaron el primer derramamiento de sangre. En efecto, la oposición a la monarquía programó un golpe de Estado que fracasó por su organización de opereta. En cualquier caso, el paso de la monarquía a la república no se hizo de “la ley a ley”, ni la constitución republicana fue consensuada por izquierda y derecha, ni hubo un referéndum de consulta, como en la transición democrática del 78, sino que el cambio vino de un día para otro en unas elecciones municipales en abril de 1931, por cierto, ganadas ampliamente por los concejales monárquicos, aunque no en las grandes ciudades. Tras el resultado electoral, se produjo la agitación callejera incontenible de los republicanos y el desistimiento de la clase política monárquica: el rey marchó al exilio. En poco tiempo Alfonso XIII fue declarado culpable de alta traición, se le incautaron todos los bienes, a él y a su familia, y quedó prohibida la defensa de la monarquía como sistema.

Se habla siempre de un cambio pacífico, entendiendo por tal el que no hubiese oposición física a la coacción callejera del sistema hasta entonces legítimo, pero las primeras atrocidades tumultuarias llegarían pronto. A un mes de proclamarse la República, en mayo de 1931, las turbas quemaron y saquearon decenas de iglesias y conventos en muchas capitales españolas ante la pasividad de las autoridades republicanas. La mayoritaria población católica española quedó impresionada. Pero, analicemos primero las medidas antidemocráticas a cargo de los gobiernos de izquierda.

Las medidas antidemocráticas gubernamentales

Las coacciones gubernamentales se produjeron básicamente en los dos periodos en que gobernó la izquierda. En  el primer periodo, entre 1931 y 1933, hubo leyes que atentaron contra los derechos más elementales: la Ley de Defensa de la República de Azaña, que en la práctica dejaba las sanciones políticas en manos del gobierno y no de la Justicia, las disposiciones para repetir las elecciones municipales allí donde habían ganado los monárquicos, las leyes que prohibieron la enseñanza religiosa e incautaron los bienes de los jesuitas, las  que impidieron defender la monarquía, las que se promulgaron en contra del derecho de propiedad, y las que impusieron la censura de prensa: Justino Sinova demuestra que el periodo republicano fue el que más periódicos reprimió y cerró de la Historia de España. 

Este primer periodo acabaría con la matanza indiscriminada por parte de fuerzas policiales gubernamentales de 19 jornaleros tras el ataque anarquista al cuartel de la Guardia Civil de Casas Viejas, en el que mataron a dos guardias. Otro ejemplo de esa represión republicana, no vista antes con la monarquía, fue la destrucción a cañonazos de Casa Cornelio, en la Macarena de Sevilla, un bar donde se reunían las izquierdas locales más extremistas.

Peor fue aún el segundo y trágico periodo durante la primavera de 1936. El Frente Popular transgredió gravemente el estado de derecho primero perpetrando el fraude electoral de febrero de 1936 (Tardío y Villa), luego en el gobierno, con la destitución irregular del presidente republicano Alcalá Zamora, y a continuación, con medidas como la incautación ilegal de propiedades particulares y eclesiásticas, el cierre de periódicos conservadores, la depuración de jueces, funcionarios y enseñantes, sustituidos por otros afines al Frente Popular, la incorporación estatal de cuerpos parapoliciales partidistas, el cierre de colegios religiosos, las detenciones arbitrarias de miembros de derechas, la complacencia ante la violencia revolucionaria, y por fin la pasividad e incluso complicidad del gobierno ante el magnicidio cometido por fuerzas parapoliciales socialistas contra uno de los jefes de la oposición, Calvo Sotelo (al otro, Gil Robles, fueron a buscarlo pero no lo encontraron).