Entrevista a Rocío Sánchez Lissen. Doctora en Economía por la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario y premio Ayuntamiento de Sevilla. Profesora Titular de Economía Aplicada de esa misma universidad, es autora de varios libros, entre ellos El Profesor Fuentes Quintana ante tres cambios fundamentales de la economía española (1997), Los economistas de la Escuela de Madrid (2007) y Economía y economistas andaluces (2013). Desde 2016 es Académica Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Un poco de historia, ¿por qué se elaboraron y firmaron los Pactos de la Moncloa en 1977?

Para empezar, hay que recordar que los primeros años de la transición política coincidieron con una grave crisis económica mundial derivada del fuerte aumento del precio del petróleo a finales de 1973, y tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977, fueron aprobados dos Pactos, el político y el económico, aunque me referiré únicamente a éste último. De sus enseñanzas se puede aprender para afrontar correctamente el fuerte impacto de la recesión económica que se avecina en estos momentos. Precisamente para salir de esa grave crisis de 1977, los Pactos fueron firmados el 25 de octubre en el palacio de la Moncloa por los partidos políticos con representación parlamentaria, entre los que se alcanzó un amplio consenso. El Pacto económico recibió en el Congreso un voto en contra y en el Senado tres votos en contra y una abstención. La mejora económica propiciada por ese Pacto, facilitó la posterior aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, dentro de un clima social más estable. 

En 1977 había una gran crisis económica y una gran cohesión social, ¿son tan grandes una y otra hoy día?

Al comparar la situación de aquellos momentos y la actual, se pueden apreciar importantes diferencias. De un lado en 1977 se registraba un fuerte aumento de la inflación, por encima del 25%, un grave déficit exterior y medio millón de parados. El gasto público suponía el 25% del PIB, no se registraba déficit presupuestario y la deuda pública era insignificante. De otro lado, el presidente del gobierno Adolfo Suárez nombró en el área económica a un equipo con una alta cualificación técnica, encabezado por Enrique Fuentes Quintana como Vicepresidente económico del gobierno y ministro de economía, principal artífice de la elaboración de los Pactos de la Moncloa. Al mismo tiempo los partidos políticos, conscientes de la dramática situación económica, llegaron a compartir un “diagnóstico básico” sobre la situación económica española, como señaló el propio Fuentes Quintana, lo que constituyó la principal fuerza del Pacto económico. Sin embargo en los momentos actuales no contamos con “un Fuentes Quintana”, con lo que ello supone en tres aspectos fundamentales: su autoridad moral sobre los economistas de los distintos partidos, su profundo conocimiento sobre el funcionamiento de la economía española, y la confianza absoluta que Adolfo Suárez tuvo en él para elaborar el Programa Económico del gobierno con el acuerdo del conjunto de los partidos políticos y de las organizaciones sociales. A ello se une la elevada deuda pública actual en relación al PIB, próxima al 100%, que no deja apenas margen de maniobra para un aumento del gasto público como el que ahora se necesita. Además, los partidos independentistas ya han mostrado su rechazo a cualquier planteamiento que no lleve a la defensa de sus posiciones políticas. En estas circunstancias, veo muy difícil que puedan reeditarse en estos momentos unos nuevos Pactos de la Moncloa.

Los Pactos de la Moncloa sumaron a partidos de ámbito nacional con partidos nacionalistas ¿en qué ha beneficiado al conjunto de España la contemporización con el nacionalismo?

España, una de las naciones más antiguas de Europa, ha ido sobrellevando históricamente los problemas que el nacionalismo (especialmente vasco y catalán) ha ido planteando, sobre todo en cuanto a medidas proteccionistas, subvenciones, y otras de carácter político. La unidad de España ha primado sobre esas reivindicaciones nacionalistas, para mantener también en lo posible la unidad de mercado. En esto creo que, al menos en parte, se ha beneficiado España a lo largo del tiempo, desde un punto de vista económico. 

 En 1977 se nos pidió un ajuste salarial a cambio de frenar la inflación ¿se aceptaría ahora un ajuste salarial a colectivos como los sanitarios, fuerzas de seguridad o personal del sector alimentario?

El ajuste de los salarios puesto en marcha entonces para reducir la inflación galopante, consistió en determinar el crecimiento salarial según la inflación prevista y no respecto a la pasada, que era como se hacía hasta entonces. Pero ese sacrificio exigido a los trabajadores, también se impuso a los grupos sociales con niveles de renta más elevados, mediante la creación de un impuesto personal y progresivo sobre la renta, que aumentó considerablemente la carga fiscal de esos grupos. De esta manera, el coste de la crisis económica y del gasto público que suponían los Pactos de la Moncloa, se repartían entre los distintos grupos sociales. Así por ejemplo, los principales economistas del partido comunista de España, Ramón Tamames y Julio Segura, dieron su plena conformidad a Santiago Carrillo con esas medidas económicas previstas y éste último como Secretario General del PCE, aceptó desde el principio firmar los Pactos.

En los momentos actuales, no tendría sentido que esos colectivos (sanitarios, fuerzas de seguridad o personal del sector alimentario), tuviesen que hacer sacrificios en su renta disponible, sino más bien al contrario, ya que merecen recibir una compensación, al exponer sus propias vidas para garantizar la de los demás.   

¿Qué opina sobre la renta básica universal como mecanismo de política económica?

No existe evidencia empírica que haya mostrado efectos económicos favorables en países que han puesto en marcha esa renta básica. El estado de bienestar español  dispone de mecanismos suficientes, aunque siempre mejorables, para proteger a los económicamente más débiles. Implantar en España una renta básica universal aprovechando la parálisis de actividad impuesta por el estado de alarma sería en mi opinión un grave error y un despilfarro de gasto público.

Si España está a una distancia similar del foco inicial de la pandemia ¿cómo se explica nuestra elevada tasa de mortalidad?

Aunque no tengo elementos de juicio suficientes para contestar a esta pregunta, las informaciones que en estos días han ido llegando a través de los medios, muestran que el gobierno empezó a reaccionar tarde ante la pandemia, no hizo acopio del material sanitario en su momento, y ha cometido errores en la gestión, como en el caso de la compra de los tests, teniendo en cuenta que podría haberlos adquirido a empresas españolas. Todo ello ha desembocado en que nuestro país registre en esta crisis del COVID-19, la mayor tasa de mortalidad del mundo en relación a su población en estos momentos. De haber actuado con diligencia, se podrían haber salvado muchas vidas.

Como docente ¿cree que la crisis estigmatizará el futuro profesional de los alumnos que obtengan su título este año?

Afortunadamente no ha afectado por completo al curso vigente y se dispone de numerosos recursos telemáticos para paliar la ausencia de clases presenciales y de pruebas de evaluación. Esa estigmatización de la que usted habla podrá verse reducida no solo por el interés que muestre el profesorado en su afán por cumplir con su obligación, sino también por el que tengan los propios alumnos, que deben saber interpretar esta especial situación como un reto a su formación, aprovechando al máximo el tiempo que están en casa.