El Ayuntamiento de Sevilla ha despachado con la urgencia de un trámite menor la licencia para levantar un centro cultural islámico en el Polígono Sur, con minarete de 30 metros y pinta de mezquita, sin que le tiemble la mano. Lo escandaloso no es el edificio, sino el silencio sepulcral con el que se ha cocinado, ni los vecinos ni gran parte de la ciudad supieron del asunto hasta la víspera de que Urbanismo lo aprobara, como si se tratara de un secreto de Estado y no de una decisión que transformará el barrio.

La Comisión Ejecutiva de Urbanismo dio el visto bueno el 28 de julio, escudándose en que los informes técnicos y jurídicos avalaban la compatibilidad del proyecto y que no hacía falta molestar a los vecinos con debates innecesarios. Pero la Asociación Familiar de La Oliva ha destapado la farsa: los vecinos se enteraron «por la prensa y por Vox», y exigen transparencia, información y que se les tenga en cuenta, algo que el Ayuntamiento parece considerar un lujo prescindible.

Nuestro dilecto alcalde, gran aficionado a los charcos como hemos comentado en otras ocasiones, esta vez se ha subido a la barca legalista para evitar ahogarse. Según este, no aprobar la licencia habría sido prevaricar, porque los informes municipales decían que el uso era compatible. Pero esa excusa, que se niega taxativamente en el recurso de alzada que presentó ayer el concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo, no explica por qué se ha esquivado cualquier debate público en un suelo que, según el PGOU, solo permite uso sociocultural, no religioso principal, como si la ley fuera un traje que se estira o se encoge según convenga.

Que un proyecto de esta magnitud, un edificio de tres plantas, sótano, varias viviendas y un minarete de 30 metros, se haya tramitado a puerta cerrada huele a intereses que no quieren luz. ¿Se teme que la participación vecinal hubiera paralizado o modificado el proyecto? ¿Hay prisa por mostrar una imagen de «diálogo interreligioso» antes de las próximas municipales? ¿Cuántos votos suponen? ¿Qué más hay detrás que no sepamos?

El hecho de que el Ayuntamiento haya mostrado tanto interés en aprobar el proyecto sin informes jurídicos en profundidad, más allá de los trámites rutinarios, y sin hacer partícipes a los vecinos que están en contra, sugiere una operación de imagen en el mejor de los casos. El Ayuntamiento de Sevilla ha despachado con la urgencia de quien teme que le pillen el secreto como si el edificio fuera a brotar de la noche a la mañana por arte de birlibirloque.

Los críticos no solo alegan razones urbanísticas. En Cataluña, grandes mezquitas han sido focos de tensión social y policial. Desde la de Badalona, vinculada a redes de radicalización, hasta la de Lleida, donde se han detectado discursos de odio. El temor a que el Polígono Sur se convierta en otro Molenbeek, el barrio bruselés conocido por su islamismo radical, no es paranoia, sino prudencia ante precedentes que huelen a pólvora.

La Asociación Familiar de La Oliva advierte que los vecinos manifiestan su cabreo por la información que les llega de inseguridad, problemas de convivencia y pérdida de valor de sus viviendas, como si el barrio fuera un laboratorio social. Y Vox, que ha presentado un recurso de alzada de 44 páginas, insiste en que el uso principal del proyecto es religioso, no sociocultural, y que el PGOU no lo permite, aunque el Ayuntamiento haga oídos sordos.

La licencia de la mezquita de Sevilla se ha convertido más que en otro charco para el alcalde, en una laguna de la que no conocemos su profundidad, y ha dividido al Polígono Sur entre el rechazo, el miedo y la tolerancia. Pero más allá de las ideologías, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando un ayuntamiento actúa con secretismo y prisas, sin información ni participación, siembra la sospecha de que hay algo que ocultar. Y en democracia, la sospecha es tan dañina como la realidad.