Los tribunales de Justicia intentan determinar la responsabilidad del senador y alcalde de Tomares, José Luis Sanz, en las adjudicaciones a un entramado empresarial donde la Fiscalía observa un posible delito continuado de prevaricación administrativa por parte del alcalde de la localidad aljarafeña que el sector perdedor del último congreso provincial del PP aspira que encabece la candidatura a la alcaldía de Sevilla

El Tribunal Supremo ha devuelto al Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla la investigación de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares a la sociedad Guerra 21 y a otras sociedades ligadas a ellas pertenecientes a un «entramado empresarial», según la Fiscalía, para que «pueda tomar declaración» a José Luis Sanz citándole como investigado «si voluntariamente se prestase a ello», a fin de «individualizar los indicios» que pesasen contra el alcalde, aforado por su condición de senador.

Este caso salió a relucir como consecuencia de la investigación de otro escándalo registrado en el ayuntamiento presidido por Sanz, en concreto, las retribuciones percibidas por el concejal del PP Juan Campos por elaborar unos informes de tres líneas cuando aún no formaba parte del gobierno municipal de la localidad. En aquella investigación la juez tuvo conocimiento por declaraciones de testigos la presunta creación de «un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014«, para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las «únicas adjudicatarias» de «determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual«.

El Ministerio Público pormenoriza quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, precisando que «un investigado es aforado», en relación a José Luis Sanz y su condición de senador. Dados los «indicios que pesan» sobre Sanz, al que la Fiscalía atribuye la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni «antecedentes administrativos», el Ministerio Público exponía que «debe procederse» conforme a lo reglamentado para este tipo de casos.  En el caso también se encuentran investigados el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el exresponsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa; la entonces concejal del PP Mercedes Fuentes; el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011; y la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro.