A poco que se repasen los hechos de la Historia uno puede encontrarse paralelismos sorprendentes. La actitud de los gobiernos socialistas parece repetirse una y otra vez. Así sucedió durante la guerra civil española y vuelve a ocurrir con motivo de la cris sanitaria y económica que vivimos ahora. Misma imprevisión, misma capacidad de improvisación, mismos errores de tintes criminales e irresponsables, mismo desprecio por la verdad…

Así, a primeros del presente año, el recién nombrado gobierno de coalición de Sánchez se mostraba tan ensimismado y absorto consigo mismo, con sus planes, sus prejuicios e historietas internas, que no quiso enterarse ni reaccionar ante las múltiples y severas advertencias que llegaban de todos lados sobre la peligrosidad de una hecatombe sanitaria que podría arrastrar al país a la mayor debacle de los últimos 80 años, con miles de muertos y el colapso casi absoluto de su economía.

No lo vieron ni lo quisieron ver porque flotaban en una ola de autocomplacencia, componenda y sectarismo sólo comparable a la que reinaba en el ambiente de 1936, en cuyo mes de febrero, después de un pucherazo electoral épico y tras haber insistido durante la campaña el PSOE en que o ganaban ellos o iríamos a la guerra civil, no eran conscientes de lo que habían desatado y se disponían a acrecentar.

Un socialista, Indalecio Prieto, convencido, igual que Largo Caballero en esos años de que todo aquello desembocaría en una guerra civil, se encargó de avivar el fuego y uno de sus escoltas, en compañía de otros miembros de «la Motorizada», secuestró y asesinó a uno de los líderes de la oposición, José Calvo Sotelo, la noche del 13 de julio de ese año.

Sorprende que con todos esos antecedentes no hubiesen previsto que tanta leña en el fuego como habían volcado en los meses precedentes y con tan irresponsable acción criminal habría de desencadenar la tragedia total. La mejor prueba de la inconsciencia criminal tal vez sea que, una vez desatada la sublevación militar, el gobierno de la República… ¡no se había provisto de los medios necesarios para combatir el alzamiento militar que ellos mismos habían auspiciado!.

Al día siguiente, 19 de julio, fue nombrado José Giral presidente de gobierno y su primera medida consistió en distribuir armas a la población, generando un problema atroz de orden público, pero la segunda medida, el 21 de julio, apenas cuatro días después de la sublevación, fue (¡ojo al dato!), ordenar el envío urgente a París en avión de unas 40 toneladas de oro, «por las que el Tesoro republicano obtuvo 507 millones de francos que sirvieron para comprar armas y municiones antes que el Acuerdo de No Intervención se pusiera en marcha», lo que viene a demostrar que la izquierda se había lanzado a tumba abierta haciendo caso omiso de lo que ellos mismos habían generado en forma de una pandemia de crueldad y belicismo pero olvidando toda precaución sobre lo que se avecinaba. Les suena el nivel de improvisación.., ¿no?

No acaba aquí la cosa, pues dos meses después vean lo que sucedió… Ya con el socialista Francisco Largo Caballero al frente del gobierno y con Indalecio Prieto como ministro de Marina y Aire (ambos condenados por el golpe de Estado de 1934) y con Juan Negrín como ministro de Hacienda, el Consejo de Ministros decidió por unanimidad el 12 de septiembre de ese año sacar de Madrid las reservas de oro del Banco de España bajo la excusa, según la benévola tesis exculpatoria de las izquierdas, de que «no cayeran en manos de los sublevados o de grupos anarquistas de la FAI, que planeaban asaltar las bóvedas del banco y trasladar el oro a Barcelona, según había informado el presidente de la Generalitat Lluis Companys -otro condenado en 1934- a Largo Caballero».

La excusa resulta bastante infantil, pero dicha operación fue organizada por el ministro de Hacienda del nuevo gobierno, Juan Negrín, que ocho meses después pasaría a presidirlo, quien comunicó al presidente del Banco de España, el exministro republicano Lluis Nicolau d’Olwer que el destino del oro serían los polvorines de La Algameca en la base naval de Cartagena, a pesar de la oposición manifiesta del resto de los consejeros del Banco de España a dicha medida.

El argumento de que el objetivo era evitar el saqueo anarquista resulta tan falaz que menos de un mes después, el 15 de octubre, el presidente Largo Caballero comunicó al embajador soviético Marcel Rosenberg su petición de que aceptaran el depósito en Moscú bajo la custodia del gobierno soviético de la mayoría del oro guardado en Cartagena, 510 toneladas y a comienzos de noviembre, cuatro barcos soviéticos lo trasportaron al puerto de Odessa en el Mar Negro y de allí en tren llegó a Moscú a primeros de noviembre de 1936… e inmediatamente después, Largo Caballero ordenó el traslado de su Gobierno a Valencia: es decir, el objetivo era comprar las armas que no habían previsto obtener aun a sabiendas de que desembocarían en una guerra, y llevarse el oro consigo para dejar al Estado y al pueblo español sin anclaje económico en caso de que ganara la guerra el bando sublevado.

Aun así, según la versión más favorable a las tesis izquierdistas, el llamado «oro de Moscú» no fue «robado» ni se entregó graciosamente a Stalin, sino que se gastó en su totalidad -sostienen- en compras de material bélico (unos 518 millones de dólares en divisas generadas por las ventas del oro): «una tercera parte se quedó en la Unión Soviética para liquidar los suministros bélicos enviados a España y las otras dos terceras partes fueron transferidas a París, a la Banque Commercial pour l’Europe du Nord. Por su parte el Banco de Francia adquirió 174 toneladas de oro, una cuarta parte del total de las reservas, por las que pagó a la Hacienda republicana 195 millones de dólares».

En total, según esa versión, entre el «oro de Moscú» (tres cuartas partes de las reservas del Banco de España) y el «oro de París» (una cuarta parte) las autoridades republicanas «obtuvieron 714 millones de dólares que fue el coste financiero de la guerra civil para la República», explican.

«En Rusia -sostiene esa versión llena de falacias- no quedó nada del oro español y las reservas estaban prácticamente agotadas en el verano de 1938».

Pero lo que nos interesa ahora destacar a efectos de los paralelismos entre lo que ocurrió entonces y lo que ocurre ahora con la hecatombe sanitaria y la condenable imprevisión e improvisación del PSOE es que aquella inmensidad de dinero en valor oro se despilfarró cuando, según la misma tesis izquierdista, «los emisarios de la República fueron estafados por los traficantes de armas que les vendieron equipos obsoletos a precios mucho mayores del coste real». Y supongo que esto otra vez les resulta algo conocido y muy reciente…

A su vez, sigue sosteniendo esa tesis que trata de disculpar y justificar lo acontecido, «los gobiernos republicanos también fueron estafados por la propia Unión Soviética, como ha señalado Gerald Howson, o por Polonia y otros países que abusaron de la precaria situación republicana para venderles «chatarra bélica». Toda una confesión que cuadra a la perfección con lo que hemos visto durante la pandemia de coronavirus.

Aunque les cueste creerlo, no era el ministro Salvador Illa el que estuvo al frente de todo aquello, pero sí parece que el susodicho y el propio gobierno de Pedro Sánchez hubiesen estado al frente de aquel latrocinio feroz.

Ah, por cierto, las reservas de oro entregadas a Francia y que se encontraban depositadas en Mont-de-Marsans fueron devueltas a Franco por las autoridades galas apenas terminada la guerra civil.