El pasado 26 de junio, el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), Juan Agustín Carrillo, presentó una propuesta de resolución sobre “la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas, como la Fiesta del Cordero”. El enunciado de la moción era revelador de las aviesas intenciones del partido, que introducía una delirante relación de propuestas que prohibían la celebración de la citada fiesta y de  “otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones, por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad  y los usos y costumbres de la nación española […] en espacios públicos autonómicos o municipales, por tratarse de una práctica cultural ajena a España”. Instaba las autoridades impedir la consolidación de dichas prácticas foráneas, que incidían en la cuestión social y generaban “conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional”, y reivindicaba “el respeto y la protección de actuaciones propias del pueblo español en el espacio público, frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de división ideológica, electoralismo o presión económica”.

Los ediles del PP presentaron una enmienda a la totalidad, por la que se suprimían 6 de los puntos planteados por Vox, porque no se ajustaban al marco constitucional vigente, y solo aceptaron la conclusión final de instar a iniciar los trámites oportunos de modificación del Reglamento de Uso y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales, con el fin de que dichas instalaciones se destinaran exclusivamente “para el ámbito deportivo o actos y actividades organizados por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”. La enmienda fue adoptada el 28 de julio por la frágil mayoría popular, con el voto en contra de los concejales del PSOE y de Podemos, y la abstención de Vox. La resolución instaba también  al Gobierno municipal a promover actividades culturales que “defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”. 

Pese a que con la aprobación de la resolución decayera la moción original de Vox, la comunidad musulmana, el Gobierno y la propia Iglesia Católica han acusado al municipio de violar la Constitución (CE). La Comisión Islámica de España ha calificado la resolución  “anti musulmana, xenófoba y racista”, el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Mounir Benjelloun, ha afirmado que la decisión supone un acto de discriminación institucional contrario al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la CE -que prohíbe cualquier discriminación por razón de religión- y el artículo 16 -que garantiza la libertad religiosa y de culto-, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, y el Acuerdo de 1992 entre el Estado y la Comunidad Musulmana -que le reconoce el derecho a celebrar actos religiosos en espacios públicos-. 

La Conferencia Episcopal ha mantenido que las manifestaciones religiosas públicas están amparadas por el derecho de libertad religiosa protegido en el artículo 16-1 de la CE, y la única intervención posible de las autoridades públicas sería en caso de  perturbación del orden público. “La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Hacer esta restricción por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en una sociedad democrática”. La Delegación del Gobierno en la región de Murcia ha conminado al Ayuntamiento de Jumilla a anular la resolución y, en caso de no hacerlo en el plazo de un mes, presentará un recurso contencioso-administrativo. La alcaldesa de la ciudad, Severa González, ha manifestado que se había sacado todo de contexto, porque no se trataba de prohibir rezar a nadie, sino de regular el uso de las instalaciones deportivas, y que cualquier espacio público municipal estaba a la disposición de quien lo solicitara. La situación se puede analizar desde una perspectiva jurídica o política

Perspectiva jurídica

Un ayuntamiento es competente para regular el uso de sus instalaciones deportivas y su decisión de que se utilicen exclusivamente para fines deportivos o para otras actividades organizadas por el municipio no violan la CE u otra norma, ni produce discriminación contra una comunidad religiosa determinada, dado que tiene carácter “erga omnes” y se aplica a toda actividad cultural, social o religiosa, quienquiera que sea su organizador. Que pueda afectar a la Comunidad Musulmana de Jumilla o a la Comunidad de Regantes del Segura es irrelevante a efectos jurídicos, al no haberse vulnerado ninguna norma. Las citas de la Conferencia Episcopal son obviamente correctas, pero no hacen al caso, porque no se ha producido ninguna discriminación por razones de religión, ni se ha violado la libertad ideológica, religiosa o de culto de los musulmanes, ni como individuos ni como comunidad. Tampoco se ha vulnerado el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y a su manifestación de forma individual o colectiva, y tanto en público como en privado.

El profesor José  María Contreras ha mantenido que, si se hubiera aprobado la moción de Vox se habría violado la CE, porque ningún poder público puede pronunciarse a favor de una creencia frente a otra, porque violaría el principio de igualdad y produciría discriminación, pero no ocurre tal con la resolución adoptada, porque no se prohíbe un acto religioso concreto, sino todos los actos religiosos. Podría haber, a lo sumo, una “discriminación indirecta”. Igual opina German Teruel que considera que no cabe calificar como inconstitucional la decisión de reservar el uso de las instalaciones deportivas municipales a actividades deportivas, aunque la recomendación de que se protejan  los valores y manifestaciones religiosos tradicionales de España podría plantear problemas constitucionales de discriminación indirecta. “El Mundo” ha mantenido que, si bien la resolución no violaba la CE, chocaba con ella al recomendar al municipio la protección de dichos valores y manifestaciones, con lo que se vulneraría la neutralidad de los poderes públicos en cuestiones religiosas.

No comparto estas aprensiones, porque la resolución del Ayuntamiento no viola norma alguna. Desde un punto de vista político, se podrá criticar la pertinencia de esta petición, que no produce efectos jurídicos concretos al tratarse solo de una recomendación. Si se hubiera violado la ley y cometido un delito, la intención podría ser considerada como una circunstancia agravante, pero la intención -por perversa que sea- no basta por sí sola para tipificar un delito. No creo que tenga mucho recorrido judicial los recursos que puedan presentar el Gobierno o la FEERI contra la resolución.

Perspectiva política

Lo más grave es -a juicio de Teruel- la significación política de la cuestión. Vox ha encontrado en la lucha contra la inmigración y en la islamofobia unas bazas ganadoras que le está dando buenos resultados políticos según las encuestas. Ha presentado unas celebraciones que transcurren con normalidad en centenares de pueblos españoles como una fuente de inexistentes tensiones y conflictos. Detrás de su moción hay un discurso excluyente puramente identitario, que envenena y crea un clima de hostilidad contra los inmigrantes -en especial de los musulmanes-, que es incompatible con la convivencia pacífica. Vox y los Patriotas de Europa aprovechan cualquier oportunidad para hacer propuestas antisistema contrarias al orden democrático liberal de convivencia, y apelan al “reseteo” de Europa y de la democracia española establecida en 1978. Lo peor es que el PP cede al continuo chantaje de Vox y da la impresión que éste le marca el paso y le obliga a ir más allá más allá de sus principios en su lucha para evitar verse superado por su derecha, especialmente en la región de Murcia, donde Vox tiene una fuerte implantación, y donde el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, le ha hecho concesiones inaceptables para conseguir que la Asamblea apruebe los presupuestos de su Gobierno.

La propuesta de Vox era disparatada y totalmente inaceptable, pero ha encontrado respaldo en sectores del electorado que se proclama católico, lo que ha llevado a Santiago Abascal -que ve cómo aumenta su apoyo en estos sectores- a arremeter contra los Obispos y a afirmar que su ausencia de críticas al Gobierno se debía a su temor a perder las ayudas que de él recibe, directamente o a través de Cáritas, o por verse amordazada por la pederastia en su seno. Tras declararse ferviente católico (¿?), aseguró que tenía una responsabilidad política que iba a ejercer, y advirtió a la Conferencia Episcopal que “si otros no ejercen su responsabilidad, tendrán que dar cuentas ante otras personas o en otras instancias”. En respuesta a la afirmación del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, de que un xenófobo no podía ser un verdadero cristiano, Abascal lo ha descalificado por independentista y criticado una vez más el silencio la Conferencia Episcopal en relación con la política migratoria del Gobierno, que es contraria al pensamiento de la Iglesia católica.

El PP se encuentra atrapado en la pinza entre Vox y el Gobierno. Mientras el primero aumenta su presión con propuestas contra la inmigración a nivel nacional y autonómico, chantajeando a los Gobiernos regionales del PP que carecen de mayoría absoluta con impedirles la adopción de los presupuestos, el segundo insiste en su infundada argumentación de que la resolución el Ayuntamiento de Jumilla fue adoptada con el único propósito de discriminar a los musulmanes e impedirles que realizaran sus plegarias en público, cuando la medida se aplica a las actividades culturales, sociales y religiosas de todas las confesiones, y la alcaldesa de la ciudad ha ofrecido espacios municipales alternativos para la práctica religiosa de sus conciudadanos musulmanes.

Problemas de la inmigración

La inmigración es una cuestión sumamente delicada, que puede ser un problema o una solución, según sea o no debidamente regulada. La sociedad europea actual no tiene más alternativa que la inmigración por razones demográficas y económicas. España se acerca a los 50 millones de habitantes debido a la inmigración, porque su tasa de  natalidad de 1.2 -una de las más bajas del mundo- no permite el relevo generacional, para lo que se requiere un mínimo del 2.1. En 2024 se produjeron en España 318.115 nacimientos y 433.547 fallecimientos, por lo que, si ha crecido la población, ha sido gracias a la inmigración y a la alta fecundidad de las mujeres inmigrantes. Existen varias concausas para explicar esta situación, pero la principal es de origen moral: el declive como institución del matrimonio -pilar natural de la familia y garantía de estabilidad social-, que ha sido en buena medida sustituido por relaciones inestables, con un creciente número de divorcios, separaciones. Según Patrick Brown, la crisis matrimonial ha implicado la pérdida de la estructura social que históricamente ha sostenido la natalidad, por lo que es necesario devolver a la unidad matrimonial su papel central en la vida social, porque, sin familias estables, no hay futuro para una nación.

El envejecimiento de la población compromete el futuro económico y social de España, porque dicha población -insuficientemente relevada por personas jóvenes- se convierte en un lastre para la sostenibilidad de las pensiones, una pesada carga para la sanidad, y un obstáculo para el crecimiento económico. Por otra parte, muchos españoles se niegan a desempeñar labores en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería o el servicio doméstico, que son asumidas por los inmigrantes. Las Comunidades que más han crecido -Baleares, Madrid y Valencia- han sido las que más inmigrantes han recibido y las que menos -Extremadura, Asturias y Castilla-, que son las que menos inmigrantes han recibido.

El futuro queda, por tanto, en manos de la inmigración, que puede alterar la identidad y la cohesión social del país de acogida, ya que -incluso cuando es legal-, si es masiva y súbita, puede provocar choques multiculturales y producir una sensación de ansiedad identitaria y de inseguridad y deterioro de los servicios públicos. Los partidos de extrema derecha de Europa se aprovechan de esta emotividad provocada en la población nativa para acusar a los inmigrantes con argumentos irracionales pero efectivos. Según “El Mundo”, la solución no está en despreciar a la inmigración -como hace Vox con proclamas radicales y excluyentes ajenas a la institucionalidad-, sino entenderla y afrontarla con políticas racionales que favorezcan la integración y persigan con firmeza las manifestaciones que sean impropias de la cultura democrática de la sociedad de acogida.

Para Pau Luque, la inmigración no es causa de violencia ni de inseguridad. A Vox y a sus adláteres no les importa la cuestión de la inseguridad, sino que la afluencia migratoria pueda afectar a la identidad nacional de España. De ahí que, por puro oportunismo, recurran al riesgo de la inseguridad para producir  miedo y zozobra en la sociedad, ensalzando la xenofobia hacia unos extranjeros de piel oscura, agresivos y propicios a la delincuencia, a los que deshumaniza y convierte en los chivos expiatorios ideales a quienes culpar de todos los males de España. El PP tiene la responsabilidad de no hacer el juego a estos xenófobos, para conseguir que salgan adelante unos presupuestos o no perder votos, pero -como ha observado Victor Lapuente-, mientras Vox se ha tirado al monte, el PP está en babia. España es uno de los países con menor discurso excluyente de la inmigración entre sus élites políticas y no está condenada a seguir la senda europea, porque tiene un nivel de tolerancia hacia el diferente casi única en el mundo. “Somos una nación interlocutora por definición. Ojalá no lo perdamos por un puñado de votos”.

La principal responsabilidad recae sobre el Gobierno, que -según  Pilar Mera en su artículo en “El País”, “Contra la xenofobia”- debería colaborar con la mayoría de los partidos para adoptar una política migratoria realista e integradora, porque la integración es un problema demasiado complejo, como para caer en simplismos, oportunismos o demagogia. Para integrar hay que construir y asumir realidades plurales  y cambiantes, que partan de unos mínimos irrenunciables para la convivencia democrática, sin espacio para los guetos y combatiendo la exclusión social, que es la principal gasolina para incendiar los conflictos. Mas el Gobierno de Sánchez carece de una política migratoria coherente y adopta medidas contradictorias que, en ocasiones, producen un efecto llamada. Lanza proclamas demagógicas de acogida a los refugiados, pero hace bien poco para solucionar su situación. Los procedimientos para conceder el asilo o permisos de residencia y de trabajo se eternizan, y las soluciones favorables a los solicitantes son muy escasas. 

Un problema de especial gravedad y relevancia social es el de los menores no acompañados (Menas), muchos de los cuales no son tales, porque la media de edad excede de los 19 años. Los Menas acuden ilegalmente a las Canarias o a las ciudades de Ceuta y Melilla -18.967 en lo que va de año, un incremento del 140% desde 2021- y desbordan los  centros de acogida existentes. El Gobierno central ha eludido sus responsabilidades y las ha delegado en las Comunidades Autónomas, sin facilitarles los medios económicos requeridos para su atención. Ha pretendido redistribuir parte de ellos en la península con criterios no equitativos, con los que ha favorecido a las Comunidades que tienen Gobiernos nacionalistas. Incluso en el caso de los Menas que han demandado asilo, el Gobierno central se ha se ha inhibido de hacerse cargo de ellos, hasta el punto de que, el pasado 26 de marzo, el Tribunal Supremo dictó un auto por el que daba al Gobierno un plazo de 10 días para que se encargará del casi el millar de menores que se encuentran en esta situación. Durante 5 meses, el Gobierno ha incumplido la orden del Tribunal y hasta el 11 de agosto no se empezó a cumplir con el traslado a la península de 10 menores desde Canarias. Dando muestras de querer resolver con celeridad el problema, el Gobierno ha puesto en marcha un concienzudo plan para evacuar a la península 10 Menas a la semana, con lo que solo tardará varios meses en vaciar los saturados centros canarios, plazo que aún se prolongará más porque el segundo envío se ha suspendido y, mientras salían 10, entraban 12. Sánchez y sus ministros siempre están a pie de crisis, como demostraron durante la Dana de Valencia o ahora, cuando los fuegos arrasan las cuatro esquinas de España. Como ha afirmado el ministro Torres, los traslados -de momento el único traslado- se hacen “con rigor, compromiso y sin improvisaciones”( ¿?). Tras arduas negociaciones, el Gobierno ha accedido a hacer un segundo traslado a la península de 5 malienses.

Aumento de la islamización en España

La musulmana es la segunda confesión religiosa más importante del mundo, con 1.800 millones de creyentes, el 24% de la población mundial. Pero el Islam no es solo una religión, sino también un modo de vivir que condiciona no solo la actuación religiosa, sino también la social, política y económica de sus fieles. Además de las disposiciones incluidas en las suras del Corán -algunas de ellas contrarias a las normas vigentes en los países de acogida-se suman las fijadas por los “mullahs” y líderes religiosos, que afectan a su vida cotidiana. Los musulmanes difícilmente se adaptan a las “mores” de los países culturalmente cristianos a los que arriban y tratan de imponer las suyas. Siguen un doble estándar con el que demandan todo tipo de concesiones, mientras no hacen ninguna a los no musulmanes en sus países.

Un caso paradigmático es el de Arabia Saudita, país que lidera el Islam sunita en una de sus versiones más radicales, el wahabismo, que exporta a golpe de petrodólares. Exige toda clase de derechos a los musulmanes en España a los que financia -de la mezquita de la M-30 de Madrid  al Centro de Estudios Islámicos de la Puebla de don Fadrique (Granada)-, pero no permite la existencia de una sola iglesia en su territorio. Las veces que he estado en Riad, he tenido que ir a misa de tapadillo y al amparo de alguna embajada, porque el Reino saudita no permite la presencia de un solo sacerdote.

Los primeros inmigrantes trataron de adaptarse con dificultad a las normas y hábitos del país de acogida, pero las generaciones siguientes -muchos de ellos con la nacionalidad adquirida- dieron un paso atrás y, al sentirse discriminados y despreciados, se aislaron en sus barrios-guetos, donde impusieron sus leyes y costumbres, algunas de ellas en clara violación de las vigentes en el país. Gobiernos europeos -como los de Francia, Bélgica, Gran Bretaña o Alemania- han ensayado distintos medios de integración, pero fracasaron en su intento y dejaron de controlar los barrios donde se agolpaban los inmigrantes de segunda y tercera generación, en los que la policía ya ni se atreve a entrar y en los que han impuesto sus normas. En España no se ha llegado aún a estos extremos pero vamos camino de ello, especialmente en Ceuta, Melilla y Cataluña, en la que la Generalitat impulsó la inmigración marroquí en detrimento de la hispanoamericana, y ahora se encuentra con la reacción virulenta y xenófoba de partidos como la Alianza Catalana de Silvia Orriols en Ripolls, a la que se ha unido JxC para no cederle la exclusiva en la exitosa baza de la anti-inmigración.

España tiene el problema adicional de que el islamismo predominante es de origen marroquí y -al estar controlada por Marruecos y encontrarse Sánchez totalmente subordinado a los designios de Mohamed VI-, constituye un auténtico caballo de Troya en detrimento de los intereses españoles. Marruecos utiliza la inmigración como un arma política, como se revela con las facilidades concedidas desde el Sáhara Occidental ocupado para el envío de cayucos hacia Canarias, o con el envío regular de Menas a Ceuta -en la madrugada del 26 de julio, 54 menores llegaron a nado a la ciudad y, en la del 10 de agosto, un centenar trataron de hacer lo mismo-. El 60% de los Menas procede de Marruecos, donde no existe ninguna situación de opresión política sobre la población -salvo la saharaui- y no se trata de niños perseguidos, desamparados o  indefensos. En 2021 el Gobierno eliminó el límite de 18 años establecido en la Ley de Extranjería para que los inmigrantes pudieran obtener permiso de residencia, y permitió que los ex tutelados permanecieran en España, lo que ha aumentado el efecto llamada.

Todos los países occidentales admiten y favorecen la libertad de culto de los musulmanes, pero éstos deberán respetar las normas locales y no tratar de imponer las que son claramente ilegales, como la poligamia, la inferioridad de la mujer y su total sumisión al varón, la mutilación genital o los matrimonios forzados. Mientras los musulmanes mantengan estas imposiciones, no podrán integrarse en la sociedad y no es, por tanto,  aconsejable su presencia. Respecto a los que ya se encuentran en España, hay que respetar su libertad de creencia y permitirles la práctica de su culto incluso en público, pero hay que impedirles que incumplan las leyes españolas.

Los bienpensantes me acusarán de xenofobo y de enemigo de la inmigración, cuando soy justamente lo contrario, un decidido defensor de la inmigración por las por razones demográficas, económicas y morales anteriormente mencionadas, siempre que esté debidamente regulada. El Gobierno de turno deberá adoptar una política migratoria adecuada en beneficio del bien común, que reúna algunos de estos elementos: 1) Aplicación de distinta normativa a los inmigrantes políticos y económicos; 2) acogida de los refugiados políticos, flexibilización de las normas sobre asilo y aceleración de los procedimientos decisorios; 3) fomento de la inmigración procedente de Iberoamérica, Europa oriental y África subsahariana no musulmana; 4) regularización de las personas que estén trabajando, como han propuesto las Cortes y la Iglesia católica; 5) exigencia del cumplimiento de la normativa vigente en España y sanción de los infractores; 6) expulsión de los delincuentes, especialmente si son reincidentes; 7) distribución equitativa de los inmigrantes entre las distintas Comunidades, financiación por parte del Gobierno central de la atención a los mismos y asunción por parte de éste de sus responsabilidades con los solicitantes de asilo; 8) reconsideración del tratamiento de los Mena para evitar los abusos, en particular por parte de Marruecos; 9) reforzamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado del control de las fronteras, de forma especial en Canarias, Ceuta, Melilla, Gibraltar y Pirineos; 10) firmeza con Marruecos en la utilización de sus nacionales como instrumento de presión; 11) exigencia de que los dirigentes de las mezquitas estén debidamente cualificados; 12) admisión de inmigrantes económicos en función de las demandas del mercado de trabajo; 13) adopción de medidas para evitar los abusos de los empresarios con los inmigrantes; 14) Colaboración con la UE y con FRONTEX, y respeto de los Acuerdos de Schengen; 15) lucha a muerte contra las mafias traficantes de inmigrantes.