PP y PSOE registraron el pasado 29 de diciembre y de forma conjunta una extemporánea proposición de reforma constitucional, que es absoluta y radicalmente inconstitucional. Y han puesto como excusa, para distraer la aberración, una burda cuestión semántica: la loable intención de cambiar el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”. Pero el fondo macabro de este asunto es de una gravedad extrema: se trata de introducir en la Carta Magna, esa que prohíbe expresamente toda discriminación por cuestión de sexo, una discriminación por cuestión de sexo.
El leit motiv, y la clave, de esta insólita reforma, es introducir en la Constitución española la frase diseñada en 2018 por la ultrafeminista Carmen Calvo, verdadera promotora de la misma: “Se atenderán particularmente las necesidades específicas DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS con discapacidad”. Cuando esta discriminación sexista se cuele dentro de la Constitución, como un virus troyano, quedará abierta la caja de Pandora para, por analogía, segregar, en su origen constitucional, cualquier derecho por una mera cuestión anatómica. A esta reforma infame, que discrimina hasta a los menores de edad, el tándem Sánchez-Feijoó ha querido darle, para mayor escarnio del Derecho, un trámite exprés, con aprobación directa en lectura única por la vía de urgencia, sin informes preceptivos y con un único debate en Pleno; conscientes de que cualquier informe jurídico expondría la flagrante inconstitucionalidad de su propuesta. Una reforma muchísimo más grave que la ley de amnistía contra la que los peperos no cesan de vociferar, porque no es que se apruebe una ley contraria la Constitución, como se hizo también con la Ley de Violencia de Género. El objetivo de esta perversión extrema del estado de derecho es desvirtuar la última barrera simbólica que nos quedaba para poder algún día regresar a los derechos humanos desaparecidos en España. Para poder regresar a una Constitución fundada en lo humano, último bastión frente a los grupos de identidad que los políticos han ido preformando hasta la disgregación total en que vivimos. Tristemente, la irrelevancia de VOX se expresa, una vez más, en su anuncio de que se abstendrán en esta cuestión crucial; cómo ya hicieran en 2021 con el Real Decreto que hoy permite a Pedro Sánchez disponer de los fondos europeos con casi total arbitrariedad.
El bipartidismo nacional vuelve, misteriosamente, al consenso progre en una cuestión que no tocaba, pero que le servirá a Sánchez para difuminar su latrocinio separatista, y contentar de paso al feminazismo insaciable; y al PP le servirá – o eso creen- para desmarcarse de VOX. Al precio de la Constitución. Inoculando la vulneración de un derecho fundamental -la igualdad ante la ley- en un artículo de la propia Carta Magna, el 49, que no pertenece a sus secciones troncales, cuya reforma sería mucho más exigente. Esta solapada reforma es la primera piedra de una Constitución aberrante fundada en el sexo, en la “perspectiva de género”, ese falsario discurso igualitario que ha venido a dividirnos como nunca antes lo estuvimos. Ya no pararán. Hasta que la Constitución sea otra cosa a la que seguirán llamando “La Constitución”. Como ha pasado con la Igualdad. O con la Justicia. O con la Democracia.
El totalitarismo nazi no se tomó la molestia de reformar la Constitución de la República de Weimar, le bastó con obviarla. Pero este nuevo totalitarismo blando con barniz democrático, más sibilino y rastrero, parece tener aspiraciones de perpetuidad. Por eso quiere reescribir no solo la historia, también la Constitución, y que los derechos humanos pasen a ser relativos, es decir, desaparezcan. Por eso es necesario, hoy más que nunca, seguir defendiendo lo obvio. Por muy obvio y cansino que nos parezca. Porque, de lo contrario, lo inverosímil será -como en el III Reich- lo único seguro. Porque lo inverosímil es ya hoy, en España, nuestra única certeza.
